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El llanto de Concha mientras abraza los restos de su padre, recuperados 84 años después de su fusilamiento

“Nunca creí que llegaría este día”, ha dicho la mujer.

huffingtonpost.es / 19/12/2020

El Instituto Navarro de la Memoria ha devuelto a su familia, 84 años más tarde, los restos de Claudio Doroteo Diéguez Loza, vecino de Etxarri Aranatz detenido y fusilado en Alsasua el 13 de septiembre de 1936.

Sus restos, que fueron recuperados en las exhumaciones realizadas en la Sima de Otsoportillo en 2016 y 2017, pudieron ser identificados gracias a una muestra de su hija, Concha Diéguez, depositada en el Banco de ADN público del Gobierno de Navarra.

Esta hipótesis no se había contemplado ya que todos los testimonios apuntaban a que podía estar enterrado bajo la antigua carretera N-1 que pasa por el municipio.

En el acto, en el que han estado presentes 16 familiares, ha participado la hija de Claudio, Concha Diéguez, quien ha trabajado activamente en la búsqueda del paradero de su padre, arropada por familiares, instituciones y asociaciones memorialistas.

Al recibir la caja con los restos de su padre, Concha no ha podido evitar romper a llorar, rota de dolor por los años vividos. “Nunca creí que llegaría este día, pero no perdía las esperanzas”, ha reconocido en declaraciones a la televisión pública vasca.

Presidido por la consejera de Relaciones Ciudadanas, Ana Ollo, han estado presentes también el director general de Paz, Convivencia y Derechos Humanos, Martín Zabalza; el director del Instituto Navarro de la Memoria, Josemi Gastón; el presidente del Parlamento de Navarra, Unai Hualde, así como representantes de diferentes grupos políticos, asociaciones memorialistas, Sociedad de Ciencias Aranzadi, Nasertic, y los alcaldes de las localidades de Alsasua y Berriozar.

Durante el acto, la consejera Ollo ha recordado que Claudio Diéguez, “como la inmensa mayoría de víctimas de la represión franquista en Navarra, fue asesinado únicamente por sus ideas políticas y su actividad sindical”.

Asesinado en un paraje

Claudio Diéguez nació el 30 de octubre de 1900 en San Asensio (La Rioja) y residía en Etxarri-Aranatz, con su esposa y cuatro hijos. Trabajaba en el ferrocarril como fogonero y estaba vinculado a la CNT. El 13 de septiembre de 1936, cuando estaba trabajando en Miranda de Ebro, fue detenido y enviado a Alsasua.

Esa misma noche, según fue informada la familia, fue asesinado en el paraje de Sorozarreta y enterrado allí más tarde. Según diversos testimonios, a finales de los años cincuenta, durante la realización de unas obras en la carretera en aquel lugar, aparecieron unos restos humanos.

Había varias hipótesis al respecto: que se hubieran dejado en el lugar o próximamente, o que se hubieran trasladado a algún cementerio. Sin embargo, el laboratorio genético de la empresa pública Nasertic consiguió identificarlo entre los restos procedentes de la exhumación de 2016 y 2017 en la sima de Otsoportillo.

Esta era una hipótesis que no se había contemplado, y que apunta a que alguien decidió recoger los restos y trasladarlos a esta sima de la sierra de Urbasa, influido seguramente por su valor simbólico como lugar de asesinato e inhumación de víctimas de 1936.

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Fotografía destacada: Concha Diéguez se abraza a los restos de su padre, fusilado en la Guerra Civil. |ETB

Fuente:https://www.huffingtonpost.es/entry/concha-restos-padre-alsasua_es_5fde1e9ec5b6e5158fa761c2

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La fosa de las 10 mujeres de Uncastillo: dedales, peinetas y el honor de luchar contra el fascismo

Concluyen las labores de localización y exhumación de diez mujeres del municipio de Uncastillo, en la provincia de Zaragoza, asesinadas el 31 de agosto de 1936 en la localidad de Farasdués.

publico.es / Alejandro Torrús / 16/12/2020

“¿Sabes qué palabras me decía mi madre cuando bajábamos a la plaza del ordinario para estar a la fresca? Me decía: ‘Corazón sin trampa, perla dibujada, naricita de oro, perita confitada’. ¿Ves que palabras más cultas para una mujer de pueblo?”.

La persona que habla es Soledad Ezquerra Casalé. Tiene 88 años y lo que cuenta es el único recuerdo que tiene de su madre, Josefa Casalé Suñén. Soledad iba a cumplir cuatro años cuando los falangistas sacaron a su madre de casa, en plena noche, para llevarla a prisión. Sería fusilada al día siguiente, un 31 de agosto de 1936. Soledad no recuerda su cara. Tampoco existe ninguna fotografía o retrato. Lo único que tiene de su madre son estas palabras y una carta. La que escribió Josefa la noche antes de su fusilamiento, un 30 de agosto de 1936, desde la prisión de Ejea de los Caballeros despidiéndose de sus hijas.

Josefa Casalé Suñén pedía a su hija mayor, de apenas 11 años, que cuidara de los otros tres niños, que quedaban huérfanos de madre. Le rogaba que los llevara siempre bien limpios y que no se olvidara de rezar. También que tratara de enseñar a sus hermanos las cosas buenas que ella le había enseñado. Apenas unas horas después de escribir la misiva, Josefa Casalé sería fusilada en junto a otras nueve mujeres de su mismo pueblo, Uncastillo, de la provincia de Zaragoza.

Sin juicio y sin guerra. Pura represión. Serían ejecutadas en Farasdués, una localidad del municipio de Ejea de los Caballeros, y tiradas a una fosa del cementerio local. Junto a Josefa, fueron ejecutadas y lanzadas a la misma fosa Lorenza Arilla Pueyo, Narcisa Pilar Aznárez Lizalde, Inocencia Aznárez Tirapo, Julia Claveras Martínez, Isidora Gracia Arregui, Melania Lasilla Pueyo, Felisa Palacios Burguete, Andresa Viartola García y Leonor Villa Guinda.

Parte de los restos de los cuerpos encontrados en la fosa de las diez mujeres de Uncastillo en Farasdués. Asociación Charata para la Recuperación de la Memoria Histórica de Uncastillo

Tenían entre 32 y 61 años. La historiadora Cristina Sánchez, autora de Purificar y purgar. La Guerra Civil en las Cinco Villasexplica a Público que se trata de la primera saca que se produjo en la cárcel de Ejea de los Caballeros. En los días y meses posteriores se habrían producido otras tres sacas: una que significó la ejecución de 12 hombres; después, otra con siete hombres y una mujer; y, por último, una saca de diez hombres, todos ellos del pueblo de Asín.

Ahora, 84 años después de aquellas ejecuciones impunes, la fosa ha sido localizada y exhumada en unos trabajos que han sido promovidos por la Asociación Charata para la Recuperación de la Memoria Histórica de Uncastillo junto con el Colectivo de Historia y Arqueología Memorialista Aragonesa (CHAMA), que ha contado con la ayuda de otras asociaciones de la zona. También han colaborado económicamente las instituciones de la Diputación Provincial de Zaragoza y de la Comarca de las Cinco Villas.

“Antropológicamente, a la espera de los informes, los cuerpos encontrados son de mujeres. Además, son precisamente diez. Muchos de los cuerpos aparecen acompañados de horquillas, peinetas o dedales, pequeños objetos que llevaban en el momento en el que fueron detenidas y solo un día después fueron ejecutadas”, prosigue Cristina Sánchez.

El arqueólogo encargado de los trabajos, Francisco Javier Ruiz, explica en la publicación Uncastillo, Mujeres del 36  que las víctimas fueron elegidas por haber haber participado en la transformación social que supuso el período republicano o como “venganza” por no poder encontrar a otros hombres de la familia que participaban en organizaciones izquierdistas. El caso de Josefa es de los primeros. Josefa estaba marcada por su manera de pensar y de hacer.

Leonor Villa, Melania Lasilla y Julia Claveras, tres de las 10 mujeres exhumadas en Farasdués.  CHARATA

Era una mujer, según cuenta su hija, muy religiosa. Tenía su propio reclinatorio en la iglesia del pueblo, y también era abiertamente republicana. Había aprendido a leer y a escribir por su propia cuenta y cada noche impartía clases en su domicilio para aquellos que no habían podido ir a la escuela. “Y ya se sabe: la cultura lleva a la política”, añade Soledad. Además, tras la revolución de octubre de 1934, Josefa había estado vendiendo unas rosas rojas que preparaba con su cuñada para recaudar fondos para los presos.

Ahora, Soledad, junto con otras familias, aguarda noticias de las asociaciones encargadas de los trabajos en la fosa común. Ha donado su ADN para que pueda ser identificado el cuerpo exacto de su madre y explica que su voluntad es que las diez mujeres descansen juntas en el cementerio de Uncastillo. “Llevan más de 80 años juntas y las mataron por tener ideas similares. Me gustaría que siguieran juntas junto a un cartel que explicara por qué las mataron y quiénes son”, apunta Soledad.

Así, el cartel que desea Soledad tendría que explicar las razones por las que un grupo de falangistas en nombre de España, de Dios y de las autoridades franquistas hicieron fusilar a mujeres como Narcisa Aznárez, de apenas 32 años, madre de 3 hijas y cuyo único ‘delito’ era tener un hermano de la CNT que había huido al monte. O a Isidora Gracia, hornera, madre de tres criaturas y reconocida socialista. Sin olvidar a Melania Lasilla, asesinada por ser la hermana del alcalde republicano de Uncastillo, ni al resto de mujeres y hombres de Uncastillo que fueron ejecutados en el verano de 1936.

Fotocopia de la carta que escribió Josefa Casalé desde la prisión el día antes de su fusilamiento en agosto de 1936. — Cedida por la familia

De momento, a falta de una decisión definitiva, el deseo de Soledad está más cerca que nunca de cumplirse. Los trabajos de exhumación han terminado y ahora resta el trabajo en los laboratorios de identificación forense y los informes de los expertos. Después se verá cuál es la voluntad de todas las familias, asociaciones e instituciones para tomar una decisión final.

Soledad aguarda el momento a sus 88 años. “Estoy muy orgullosa de mi madre y de las cosas que me van contando de ella. También estoy orgullosa de sus ideas y de su lucha”, dice. Mientras tanto, recuerda las mañanas de su infancia en las que se escapó del colegio para no tener que sufrir la humillación de cantar el Cara al Sol. También relata el hambre y la miseria que sufrió en su infancia por culpa de la represión franquista. Una situación económica que comenzaría a mejorar cuando su hermana mayor, la receptora de la carta escrita por Josefa, contrajo matrimonio con un exmiembro de la División Azul que había regresado de Rusia.

“He pensado muchas veces en el dolor, en el sufrimiento y en el hambre que nos hicieron pasar porque mi madre tenía ideas republicanas. Y no lo puedo entender. Venimos a este mundo de paso y nos vamos a los dos días. No veo la necesidad de hacer sufrir a los demás tanta calamidad y tener tanto odio. Pero bueno. Lo que pasó, pasó. Eso no lo podemos cambiar, pero ahora hay que contarlo”, sentencia Soledad Ezquerra Casalé.

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Fotografía destacada: Un anillo aparecido en la exhumación de la fosa de las diez mujeres de Uncastillo.  Asociación Charata para la Recuperación de la Memoria Histórica de Uncastillo

Fuente:https://www.publico.es/politica/fosa-10-mujeres-uncastillo-dedales-peinetas-honor-luchar-fascismo.html

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Amnistía Internacional advierte de que el anteproyecto de Ley de Memoria no garantiza el acceso a la justicia para las víctimas del franquismo

Valora el anteproyecto como un importante avance en verdad, justicia y reparación, pero expresa su preocupación por “incumplimientos de estándares internacionales de derechos humanos”, como los obstáculos legales para la investigación judicial de los crímenes del franquismo o limitaciones al derecho de reparación o de acceso a la verdad, entre otros

eldiario.es / Olga Rodríguez / 15/12/2020

Hay aspectos muy positivos y grandes avances, pero quedan cuestiones en el tintero, algunas de ellas importantes. Esta es la valoración que Amnistía Internacional acaba de emitir sobre el anteproyecto de Ley de Memoria Democrática aprobado en septiembre en Consejo de Ministros y recién sometido a periodo de sugerencias antes de llegar al Parlamento.

“Valoramos positivamente el anteproyecto, creemos que constituye un importante avance en el reconocimiento de las violaciones de derechos humanos durante la Guerra Civil y el franquismo, pero también identificamos algunas debilidades. Hay margen de mejora, por eso presentamos este informe ahora, para que el texto que se presente en el Parlamento pueda estar lo más adaptado posible a los estándares internacionales”, indica a elDiario.es Daniel Canales, investigador de Amnistía Internacional España.

La organización defensora de los derechos humanos considera positivo que el anteproyecto atribuya responsabilidad y un rol activo al Estado en materia de búsqueda, exhumación e identificación de víctimas de desaparición forzada. También valora la creación de una Fiscalía especializada “desde la que deberían impulsarse procesos legales de búsqueda, identificación y localización de las víctimas”.

Celebra además la cobertura del Estatuto de la Víctima para quienes sufrieron violaciones de derechos humanos durante la Guerra Civil y el franquismo, “entre las que se incluye expresamente a los niños y las niñas sustraídos y adoptados sin autorización, y a sus familiares”. Y destaca otros aspectos del anteproyecto, como la nulidad de las sentencias injustas dictadas por los Consejos de Guerra o el Tribunal de Orden público, que se resignifique el Valle de los Caídos “para contribuir a la recuperación de la memoria con una función educativa y preventiva”, y que se incluya la memoria histórica en los contenidos curriculares de la ESO, Bachillerato y profesorado, entre otras medidas.

Sin embargo, hay varios aspectos que generan preocupación.

Concentración contra la impunidad del franquismo | Olmo Calvo

Derecho a la verdad, a medio camino

“Hay disposiciones que son positivas pero que se quedan a medio camino, en lo que tiene que ver con el derecho a la verdad, que el anteproyecto vincula con una finalidad de fomentar el conocimiento académico o científico, imprescindible sin duda, pero no con la promoción de verdad colectiva, ni con la necesidad de que ésta deba llevarse a cabo a través de investigaciones judiciales”, señala Canales.

En su informe Amnistía Internacional advierte de que “el Estado español no cumple así con las recomendaciones de Naciones Unidas, que le instaban a considerar la creación de un mecanismo independiente, que permita esclarecer las violaciones de derechos humanos cometidas en ese periodo y que podría adoptar la forma de comisión de la verdad”.

Por ello Amnistía recomienda “la creación de un órgano oficial temporal de carácter no judicial, con el mandato de investigar los abusos graves, según el derecho internacional, cometidos durante la Guerra Civil y el régimen franquista, para garantizar el reconocimiento de los hechos que antes se negaban”.

Obstáculos al acceso a la justicia

Otro de los aspectos esenciales que destaca Amnistía Internacional es el derecho a la justicia. Aunque el anteproyecto contempla la creación de una Fiscalía especializada, persisten “los obstáculos a la investigación de graves violaciones de derechos humanos cometidas en España en el pasado”. Amnistía Internacional advierte de que el anteproyecto no garantiza el acceso a la justicia para las víctimas del franquismo y solicita que ninguna amnistía pueda ser obstáculo para investigar las graves violaciones de los derechos humanos, en referencia a la Ley de Amnistía de 1977.

También muestra su preocupación por la sentencia del Tribunal Supremo de 2012, que ha impedido la investigación de estos hechos en España y la obstaculización de investigaciones iniciadas en otros países, como la querella en Argentina que investiga los crímenes del franquismo con base en el principio de jurisdicción universal.

“Sería deseable que, siguiendo las reiteradas recomendaciones de Naciones Unidas, la nueva ley establezca expresamente que ninguna amnistía pueda constituir un obstáculo para investigar graves violaciones de derechos humanos del pasado”, señala Daniel Canales.

La organización solicita que ninguna disposición de la Ley de Amnistía de 1977 pueda interpretarse como una norma de impunidad que obstaculice las investigaciones y el acceso a la justicia. También pide que se adopten “los principios elementales de investigación de crímenes de derecho internacional, como son: la imprescriptibilidad de los delitos, la no aplicación de indultos o amnistías, o la obligación de investigar con independencia de la muerte de los presuntos responsables”.

Exhumación de Genara Fernández García, maestra republicana fusilada en 1941, en León | ARMH

Exclusión de la indemnización

Otro de los aspectos del anteproyecto de la Ley de Memoria es el que contempla el derecho a la reparación, pero sin indemnización con “medidas de restitución, rehabilitación y satisfacción”. También niega cualquier tipo de responsabilidad patrimonial del Estado que afecta especialmente a las personas a las que se les incautó su patrimonio, o que realizaron trabajo forzado, así como a quienes sufrieron condenas injustas. Amnistía Internacional recuerda que la reparación comprende, entre otros elementos, la indemnización.

Por ello considera que la restitución como forma de reparación “debe procurar la devolución de bienes en la medida de lo posible o, en su defecto, la reparación integral, incluyendo indemnización”.

Ausencia de una oficina centralizada para las víctimas

También inquieta a Amnistía que se contemple el desarrollo de exhumaciones al margen de procesos judiciales, es decir, la extrajudicialización de las mismas. Por ello propone que la administración de justicia intervenga durante todo el proceso de búsqueda, localización, exhumación e identificación de restos de personas que pudieran ser víctimas de desaparición forzada.

Además, lamenta que no haya un mecanismo u oficina de carácter estatal accesible para todas las víctimas, que centralice la gestión de la búsqueda de personas desaparecidas, y propone su creación, “sin dejar ésta al albur de otras autoridades o niveles de la administración”.

Acceso a los archivos privados

La organización ve una falta de previsión sobre el acceso a los archivos privados, como los eclesiásticos, relevantes para el esclarecimiento de violaciones de derechos humanos, y propone que se garantice el acceso efectivo a la información y documentación sobre violaciones de derechos humanos del pasado que hay en los diferentes archivos y registros, tanto públicos como privados.

También pide que “se avance en la desclasificación de información y adecuar estos procesos a los estándares internacionales de derechos humanos, entre otros, el principio general de transparencia, el requisito de legalidad de toda limitación, y la interpretación restrictiva de dichas limitaciones; así como asegurar que se garantiza, y que no se limita, el acceso a información para investigar los abusos y violaciones de derechos humanos cometidas en España en el pasado”.

Falta de formación en memoria democrática

Amnistía ha observado ausencia de planes de formación en memoria democrática para la judicatura y fuerzas de seguridad del Estado. Ante ello considera que la formación en materia de derechos humanos y de materias relacionadas con la historia de la Guerra Civil y el franquismo debe extenderse al Poder Judicial, “y que se asegure que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, como funcionarios de la Administración General del Estado, reciben también este tipo de formación”.

Trabajos de exhumación de la fosa común de Pico Reja en el cementerio de San Fernando de Sevilla, una de las más grandes de España, con unos 1.103 cuerpos enterrados, entre ellos podría estar los de Blas Infante, padre de la Patria Andaluza. EFE/Julio Muñoz/Archivo

Restricciones a la libertad de expresión

Amnistía Internacional considera que disolver o prohibir una asociación que hace apología del odio o incita a la violencia y la discriminación “persiguiría un fin legítimo”. Pero añade que en el anteproyecto de Ley no queda “claramente definido lo que podrían considerarse actos contrarios a la memoria democrática, por reflejarse de manera vaga y excesivamente amplia”.

La organización recuerda que conforme al derecho internacional, a la hora de imponer restricciones, como sanciones administrativas a la difusión de ideas o expresiones, a la celebración de reuniones o a la libertad de asociación, las autoridades deben ponderar si tales medidas son necesarias y proporcionales para proteger un fin legítimo, o si pueden convertirse en un obstáculo indebido a la libre circulación de ideas e información.

“En todo caso, dichas medidas deben ser definidas con precisión, sin poner en riesgo el ejercicio de la libertad de expresión”, explica el investigador de Amnistía Internacional Daniel Canales.

Amnistía Internacional mantuvo interlocución con la Secretaría de Estado de Memoria Democrática para conocer en detalle el anteproyecto de Ley y tras ello, en el proceso de consultas, ha enviado sus aportaciones, confiando en que éstas sean tenidas en cuenta para que la Ley de Memoria Democrática definitiva esté lo más adaptada posible a los estándares internacionales de derechos humanos.

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Fotografía destacada: Exhumación por la ARMH de una fosa en El Espinar el pasado mes de septiembre | Olga Rodríguez

Fuente:https://www.eldiario.es/sociedad/amnistia-internacional-advierte-anteproyecto-ley-memoria-no-garantiza-acceso-justicia-victimas-nquismo_1_6504836.html?fbclid=IwAR2EkTyP8wpVaEkdnECa0uVhfTlydXSL3vAm84Jh02yKLkLWH3eG7bttuSY

 

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Un centenar de firmas piden un memorial en el Parador de San Marcos de León, antiguo campo de concentración franquista

El manifiesto, encabezado por el premio Cervantes Antonio Gamoneda, cuenta con el apoyo de escritores como Almudena Grandes, Julio Llamazares o Manuel Rivas, músicos como Ismael Serrano o actores como Pilar Bardem o Juan Diego y pide “un memorial que conmemore a quienes allí padecieron la violación de los Derechos Humanos”

San Marcos, el parador reabierto que fue campo de concentración franquista

eldiario.es / 12/12/2020

El Parador de San Marcos de León, recién reabierto, fue entre 1936 y 1940 uno de los campos de concentración franquista “más letales y terribles”, donde se asesinó, torturó y ‘reeducó’ a miles de presos. Por eso más de un centenar de personas han firmado en las últimas veinticuatro horas un manifiesto, encabezado por el poeta leonés Antonio Gamoneda, Premio Cervantes, en el que instan a Paradores a instalar un memorial permanente como homenaje a las víctimas que allí sufrieron violaciones sistemáticas “de los más elementales Derechos Humanos”.

El texto, titulado Una puerta a la memoria: Parador Hostal San Marcos de León, está firmado por escritores como Almudena Grandes, Julio Llamazares o Manuel Rivas, por músicos como Santiago Auserón o Ismael Serrano, por historiadores como Secundino Serrano, autor de Las heridas de la memoria, Juan Carlos García Funes, de la Universidad Pública de Navarra, Ana Martínez Rus, de la Universidad Complutense, Javier Rodríguez González, profesor Titular de Historia Contemporánea en la Universidad de León, Francisco Carantoña Álvarez, catedrático en la misma universidad, Wenceslao Álvarez Oblanca, autor con Víctor del Reguero del libro La Guerra Civil en León, Antonio Castillo Gómez, catedrático de la Universidad de Alcalá, Ricardo Robledo, profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona o Ángel Luis López Villaverde, de la Universidad de Castilla-La Mancha, entre otros.

También lo suscriben la presidenta de la Fundación José Saramago, Pilar del Río, Aurora Fernández Polanco, profesora titular de Historia del Arte en la Universidad Complutense, Ángel del Río, profesor de Antropología Social en la Universidad de Sevilla, actores, actrices y cineastas como Carlos Bardem, Almudena Carracedo, Sergio Peris-Mencheta, Nathalie Poza, Juan Diego, Pilar Bardem o Juan Diego Botto, así como decenas de ciudadanos de otros ámbitos profesionales, muchos de ellos procedentes de León.

En él señalan que es “un deber de responsabilidad civil recordar a las víctimas inocentes de la barbarie y los crímenes de lesa humanidad en aquellos espacios donde sucedieron hechos execrables y atentatorios contra la dignidad humana”. Por ello, prosiguen, “estimaríamos como un menosprecio a la memoria ética de la ciudadanía el intento de tratar como mero suceso episódico la utilización, tras el 18 de julio de 1936, del edificio que hoy es Hostal de San Marcos, instalando la tortura y el asesinato, mediasen o no las sacas del amanecer hacia otros lugares, de miles de demócratas españoles”.

“Creemos que tan significativos sucesos históricos no pueden continuar siendo invisibilizados. Con una voluntad que mantendríamos en términos más rigurosos, pedimos que se emplace de forma inmediata, en debida reparación a cuantas personas padecieron las trágicas consecuencias del autoritarismo, un memorial que conmemore, en permanente y público reconocimiento, a quienes allí padecieron la violación irreversible de los más elementales Derechos Humanos”, añaden.

Por último los firmantes advierten contra el negacionismo y el olvido: “Pensamos, en consecuencia, al sostener esta demanda, que la dignidad y la memoria de sus vidas ha de prevalecer, por encima de cualquier otra ocasional consideración, contra todas las formas de daño que supone el negacionismo y el olvido de la atrocidad franquista”.

Entre los firmantes hay decenas de ciudadanos leoneses, como el propio Gamoneda o el poeta Juan Carlos Mestre, los escritores Rogelio Blanco, Noemí Sabugal o Sol Gómez Arteaga, el fundador de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, Emilio Silva, los periodistas Jesús Maraña, Olga Rodríguez, Eloísa Otero, Carlos Fidalgo y Ana Gaitero, entre otros. También lo suscriben los periodistas Rosa María Artal, Javier Gallego ‘Crudo’, Carlos Hernández, autor del libro Los campos de concentración de Franco, Ana Pardo de Vera, Antonio Maestre o Fernando Berlín.

San Marcos reunió los elementos más perversos de los campos de concentración: enfermedades, falta de asistencia médica, torturas, humillaciones. Como en tantos otros lugares, sus archivos desaparecieron, por lo que no hay cifras exactas de presos y fusilados, pero diversos investigadores calculan que por allí pasaron al menos 15.000 personas. Entre 1.500 y 2.900 murieron por enfermedades o maltrato, fueron fusilados con sentencia o paseados, ese eufemismo empleado para referirse a los asesinatos extrajudiciales. Además, fue uno de los pocos campos de concentración que tuvo mujeres prisioneras.

Por todo ello la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) pedía la pasada semana a Paradores que coloque una placa visible en un lugar destacado del Parador de San Marcos, en homenaje a las víctimas de aquél lugar, cuyo pasado es desconocido aún para mucha gente. A la iniciativa de la ARMH se suma ahora la de este manifiesto ciudadano que seguirá recogiendo firmas en los próximos días.

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Fotografía destacada: Presos en el patio del campo de concentración de San Marcos de León.

Fuente:https://www.eldiario.es/sociedad/puerta-memoria-centenar-firmas-piden-memorial-parador-san-marcos-antiguo-campo-concentracion-franquista_1_6500829.html?fbclid=IwAR3edGR7EWLRa1tcXBSQjrQ-Ma40jrHZmYaxWuJ4i4z1D_ZN2z9yUw5vSdw

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La ARMH a acusa a la Junta de querer usar los fondos de memoria histórica para beneficiar a los franquistas

La Asociación de Recuperación de la Memoria Histórica acusa a Igea de ocultar las reparaciones del franquismo a los muertos afines a la dictadura y considera un “acto de negacionismo político” la petición del vicepresidente de la Junta para que la nueva ley defienda “a todas las víctimas” del conflicto.

ileon.com / Agencia ICAL / 11/12/2020

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) criticó hoy las declaraciones del vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, en las que invita a que la nueva Ley de la Memoria Democrática que ultima el Gobierno defienda “a todas las víctimas”.

El colectivo con sede en Ponferrada, que es crítico con el proyecto de ley de memoria histórica del Ejecutivo central, subrayó que las víctimas que el régimen consideró afines obtuvieron reparaciones en forma de puestos vitalicios en la función pública, licencias de gasolineras, estancos, pensiones especiales y otro tipo de beneficios económicos.

En ese sentido, el presidente de la ARMH, Emilio Silva, calificó de “acto de negacionismo político” las palabras del vicepresidente, al que acusó de “hacer electoralismo” con este asunto.

“Querer difundir la idea de que sólo se está reparando a las víctimas del franquismo es atentar contra la dignidad de miles de familias que fueron represaliadas por la dictadura, que vivieron cuarenta años vigiladas y castigadas y que tienen a sus seres queridos todavía desaparecidos”, afirmó Silva, que consideró que “Igea muestra una amplia ignorancia acerca del pasado de este país”.

Al respecto, invitó al vicepresidente a “exigir todas las medidas de reparación económica, política, simbólica, religiosa y cultural que llevó a cabo el franquismo solo para los suyos” y le pidió que “deje de dirigirse a la sociedad como si los adeptos al franquismo nunca hubieran sido reparados”.

En la misma línea, consideró que las declaraciones de Igea “demuestran por qué la Junta no quiso escuchar en las cortes a las víctimas del franquismo en el proceso de elaboración de la precaria legislación en materia de memoria que ha llevado a cabo”.

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Fotografía destacada: Los restos de uno de los ‘paseados’ de los llamados 13 de Priaranza, recuperados por la ARMH

Fuente:https://www.ileon.com/actualidad/114226/la-armh-a-acusa-a-la-junta-de-querer-usar-los-fondos-de-memoria-historica-para-beneficiar-a-los-franquistas?fbclid=IwAR3jaPuwUSpRfPjHCdV-rukakEBLmDkwkvAjOxWopWqRWpm9hPWWg583EmE

 

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La ARMH insta al Gobierno a perseguir judicialmente a la familia del dictador por expolio y apropiación ilegal

“Los descendientes del dictador han ocupado ilegalmente un pazo que era de propiedad pública, y eso debe tener una sanción tras la devolución del mismo”, sostiene el colectivo.

nuevatribuna.es / 09/12/2020

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) espera que el Gobierno sancione a la familia del dictador Francisco Franco “por los años de uso ilegal del Pazo de Meirás y por las evidencias del saqueo que han llevado a cabo al patrimonio español”.

El colectivo que ha solicitado permiso al Gobierno para llevar a cabo un homenaje a las víctimas del franquismo en los jardines del Pazo, considera que el intento de venta que la familia del dictador llevó a cabo la pasada semana de los bienes que son propiedad de Patrimonio del Estado, y que se encuentran expoliados en el Pazo, debería ser tratado como un delito y tener las consecuencias judiciales de quién intenta vender patrimonio público o de quién hace uso ilegal del mismo.

Consideran además que la Policía Judicial debería entrar en otras propiedades de la familia para comprobar vistas las evidencias del Pazo de Meirás “si el hecho de que se hayan comportado como una banda organizada para el expolio les ha llevado al apropiamiento ilegal de más patrimonio público, porque la impunidad de la que disfrutan después de haber hecho uso ilegal del pazo y de haber participado del expolio de todos esos bienes públicos no puede ser sostenida desde los poderes del Estado”, afirman.

A juicio del colectivo, “se trata de la misma impunidad con la que la Fundación Francisco Franco ostenta ilegalmente la propiedad de miles de documentos que son patrimonio del Estado” y que la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica denunció ante la Fiscalía qué derivó el caso al Ministerio de Cultura que en más de 2 años no ha dado respuesta al requerimiento.

“Es intolerable un país que ha dejado morir sin la oportunidad de recuperar sus bienes expoliados a miles de personas represaliadas por el franquismo no persiga con todas sus herramientas a quienes han hecho uso del expolio y del saqueo que se inició a punta de pistola el 18 de julio de 1936”, explica Emilio Silva, presidente de la ARMH.

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Fotografía destacada: Pazo de Meirás.

Fuente:https://www.nuevatribuna.es/articulo/actualidad/piden-causa-judicial-franco-expolio-apropiacion-ilegal-pazo-meiras/20201209174438182163.html?fbclid=IwAR0ekKd0rgzFsO9sLwfJTVkngxkJnO1F4YkV6hycqqv4FLAtbG4d2tYG-VE

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