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“Yo quiero que me entierren con él”

Ascensión Mendieta cumple a los 90 años el deseo de exhumar a su padre.
La fosa ha empezado a abrirse este martes gracias a la justicia argentina.

elpais.com / Natalia Junquera / 19-01-2016

Ascensión Mendieta ha logrado a los 90 años cumplir un deseo que ha ocupado casi toda su vida: sacar a su padre de la fosa común en la que yace desde el 15 de noviembre de 1939, cuando fue fusilado por las autoridades franquistas. Ella tenía entonces 13 años. Los 88 los cumplió en un avión a Argentina, un país donde no conocía a nadie y al que viajó en noviembre de 2013 para hablar con una sola persona: la juez que investiga los crímenes del franquismo desde 2010, tras el portazo del Tribunal Supremo a la causa abierta por Baltasar Garzón. Fue en el despacho de la magistrada argentina María Servini de Cubría, a 10.000 kilómetros del hogar de Ascensión, desde donde se envió el exhorto a España en febrero de 2014 para abrir la fosa. Los trámites judiciales se han prolongado casi dos años, pero esta mujer menuda que hoy no levanta el ojo de la tierra está acostumbrada a esperar. Eso sí, ayer casi no durmió. “Me desperté a las tres de la mañana y ya no pude volver a pegar ojo”.

Hace muchísimo frío en el cementerio de Guadalajara, donde está la fosa común, pero no hay forma de convencer a Ascensión para que vaya a tomar un café caliente. Tienen que llevárselo hasta la silla desde la que ahora ve llevarse en carretillas 76 años de tierra y olvido. “A mi padre lo enterraron de los primeros, debe estar al final de todo”.

Podría haberse acomodado en la resignación o hacer caso al cuerpo cuando le recordaba su edad, en forma de achaques, pero la voluntad de Ascensión era más fuerte porque, como explicó muchas veces, no le daba miedo morirse, sino hacerlo antes de poder recuperar los restos de su padre o pensando que no había hecho todo lo posible para lograrlo. No sabe decir a cuántas manifestaciones ha asistido para pedir ayuda para abrir las fosas del franquismo. A muchas fue con su hermana Paz, con la que le hubiera encantado compartir este momento, pero ella falleció en 2012. En todas llevaba colgado del cuello un cartel con la fotografía de sus padres.

“Mi madre se ha dejado sus ahorros, sus años y su vida en esto”, explica Pilar Vargas, hija de Ascensión. Preguntada por qué les dirían a los que les critican por remover el pasado responde: “Que se pongan en el pellejo de mi madre, que solo quiere los restos de su padre para hacerle un funeral y un entierro digno. Somos gente muy pacífica. No tenemos ningún rencor”. Lo primero que han encontrado al entrar en el cementerio ha sido un monumento a los caídos del bando nacional lleno de flores con los colores de la bandera española.

Timoteo Mendieta tenía 41 años y siete hijos el día que lo mataron. El más pequeño aún no caminaba. Era carnicero y, desde marzo de 1937, presidente de UGT en su pueblo, Sacedón (Guadalajara). “Los pobres no tenían dinero para comprar carne y los ricos no querían comprar en el puesto de un rojo. No le daban trabajo tampoco en el campo por lo mismo”, recuerda Vargas.

Cuando llamaron a su quinta, se incorporó al ejército del bando republicano durante la Guerra Civil. Un vecino y un militar lo denunciaron y en un consejo de guerra sumarísimo fue condenado a muerte por “auxilio a la rebelión”. Un día, su mujer, María, que vivía con sus hijos en Madrid desde el inicio del conflicto, recibió un telegrama de su hermana: “Baja a Guadalajara, urgente”. Todas las prisas no fueron suficientes. Cuando llegó, recuerda Ascensión, “le dijeron que ya lo habían enterrado”.

María se había casado con Timoteo en contra de sus padres, que no querían un yerno de izquierdas, así que no la ayudaron. En Madrid vivió durante algún tiempo con su suegra, su cuñado y sus siete hijos. “Diez personas en una habitación”, recuerda Ascensión. El más pequeño de sus hermanos dormía en la tapa de un baúl. Para sacar a su familia adelante cambiaba loza por judías y fue detenida dos veces. En Guadalajara, en una fosa con otros 21 hombres fusilados entre el 16 de noviembre de 1939 y el 9 de marzo de 1940, quedó el amor de su vida. Hasta ahora.

Las tareas de exhumación

El arqueólogo René Pacheco dirige las tareas de exhumación, que pueden prolongarse 14 días. El Gobierno de Mariano Rajoy eliminó las ayudas para la apertura de fosas del franquismo y la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) sufraga estos trabajos gracias a donaciones como la de un sindicato de electricistas noruego o premios como el de ALBA, el grupo estadounidense de Archivos de la Brigada Abraham Lincoln, que, en colaboración con la fundación Puffin, entrega anualmente un galardón para recordar la labor de los brigadistas internacionales que lucharon en la Guerra Civil.

Pacheco llama la atención sobre un detalle importante. En esta exhumación ha estado presente, durante unos minutos, un juez. También una fiscal. “En todas las fosas que abrimos avisamos al juzgado correspondiente del hallazgo de cuerpos con signos de muerte violenta, pero lamentablemente la justicia siempre dice que estos casos han prescrito y deja desamparadas a las familias”, explica.

Familiares de otro de los fusilados enterrados en la misma fosa se acercan a media mañana al cementerio. Quieren darle las gracias a esa mujer menuda que ha logrado que se abra la tierra, la única que hoy no tiene frío.

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Fotografía destacada: Ascensión Mendieta, en la exhumación en Guadalajara, este martes. Bernardo Pérez

Fuente:http://politica.elpais.com/politica/2016/01/19/actualidad/1453194638_672822.html

 

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El PP rechaza juzgar a los exministros franquistas y pide a la oposición que “deje en paz a los muertos”

La Comisión de Justicia del Congreso ha rechazado con los votos del PP la iniciativa del Grupo Mixto y la Izquierda Plural en la que se insta al Gobierno a extraditar a Argentina a una veintena de exaltos cargos franquistas por “genocidio” y “crímenes de lesa humanidad”, o bien a ser juzgados en España.

La portavoz del PP, Rocío López, ha sostenido que los delitos de “torturas” cometidos por el exinspector Billy el Niño y el excapitán de la Guardia Civil, Jesús Muñecas, “distan mucho de ser crímenes de lesa humanidad”.

eldiario.es / Carmen Moraga / 20-10-2015

El PP ha rechazado este martes en la Comisión de Justicia del Congreso la enmienda transaccional pactada por el PSOE con el Grupo Mixto y la Izquierda Plural, en base a la proposición no de ley presentada por ambos grupos, en la que se insta al Gobierno a extraditar a Argentina a una veintena de exaltos cargos del franquismo -algunos ya fallecidos- acusados de crímenes de lesa humanidad y genocidio, o bien, propiciar que se les juzgue en España.

La diputada del PP, Rocío López, ha acusado a los diputados autores de la propuesta de “querer reabrir heridas del pasado”, y les ha espetado: “Para eso con nosotros no van a contar. Dejen en paz a los muertos”.

En la lista que reclama la Justicia argentina figuran los exministros Rodolfo Martín Villa y José Utrera Molina, suegro de Alberto Ruíz Gallardón. Pero también el exinspector de la Brigada Político Social, Juan Antonio González Pacheco, apodado Billy el Niño, que está en libertad. El Gobierno de Mariano Rajoy rechazó la petición de extradición solicitada por la juez argentina, María Servini, argumentando que los hechos cometidos “habían prescrito” y la petición no estaba amparada por ningún tratado internacional.

Ese mismo hilo argumental ha sido el que ha utilizado la diputada del PP, Rocío Lopez, quien, además, ha recordado que hay dos autos de la Audiencia Nacional española tipificando como delitos de “torturas” los hechos cometidos tanto por Billy el Niño como por el excapitán Muñecas, que “distan mucho de ser considerados como de lesa humanidad o genocidio”.

La diputada del PP ha afirmado que “el reino de España cumple las sentencias y es estrictamente riguroso con la leyes” y ha criticado a la oposición por realizar propuestas “que nos invitan a mirar al pasado y reabrir heridas” que ella considera ya cerradas. “Yo no tengo nada que ver con esa época. Dejemos que las nuevas generaciones miren al futuro”, ha pedido a los representantes de la izquierda la parlamentaria conservadora.

En defensa de la proposición no de ley han intervenido el diputado de Amaiur, Sabino Cuadra, y el de la Izquierda Plural, Ricardo Sixto. Ambos han coincidido en que la ley de Amnistía dictada en 1977 “no sirve para blindar esos crímenes” que han considerado sin lugar a dudas como de “lesa humanidad y genocidio”. Cuadra se ha centrado especialmente en el caso del exministro de Interior del gobierno de Suárez, Rodolfo Martín Villa, al que ha tildado de “gerifalte franquista, del PP, de UCD y ahora del Ibex 35”, y al que ha acusado de ser “responsable de las masacres” ocurridas en Navarra y en el País Vasco.

“Esperamos que en los próximos meses o en el futuro pueda ser reconocido el esfuerzo que están haciendo las asociaciones de víctimas del franquismo y que aquel episodio negro de la historia pueda ser blanqueado en base a los principios de justicia y reparación”, ha dicho Cuadra.

Por su parte, Ricardo Sixto ha reclamado al Gobierno que atienda a las víctimas “que siguen clamando por la justicia y por la recuperación de una memoria histórica que ha sido aplastada durante décadas”. “Es injustificable que el Gobierno niegue la extradición a Argentina o no propicie un juicio justo”, ha añadido Sixto.

La proposición no de ley, con la enmienda incluida, ha sido apoyada por el PSOE, cuyo portavoz, Pablo Martín, dejó claro que coincidían con la exposición de motivos de la propuesta. Y también por el PNV. El diputado de este grupo, Emilio Olabarría, mantuvo que “los delitos de lesa humanidad no prescriben nunca según la Corte Penal”, y que la ley de Amnistía “no puede impedir” tampoco que los exaltos cargos franquistas “sean juzgados”. CiU también votó a favor y UPyD se abstuvo.

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Fotografía destacada: Martín Villa, uno de los exministros acusado de crímenes del franquismo.

Fuente:http://www.eldiario.es/politica/Izquierda_Plural-crimenes_franquistas-Comision_de_Justicia-Congreso_0_443405861.html

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El caso Companys resucita el dossier irresoluto de los crímenes del franquismo

Vice.News.com / María Altamira / 8-10-2015

Arrestado el 13 de agosto de 1940 por la Gestapo, policía secreta de la Alemania nazi, en la ocupada población francesa de Baule-Escoublac. Encarcelado en la prisión de la Santé de París durante dos meses. Entregado a las autoridades franquistas que habían promovido su detención y trasladado a Barcelona el 3 de octubre. Sometido a un consejo de guerra [juicio desprovisto de las garantías constitucionales propias de un estado de derecho]. Ejecutado el 15 de octubre del mismo año.

Así fue el infausto final de Lluís Companys, ex presidente del gobierno regional de la Generalitat de Cataluña, que se exilió a Francia para huir de la represión del régimen dictatorial que sumió a España en el terror entre 1939 y 1975.

La Comisión de la Dignidad, una organización que lucha por el retorno de la documentación incautada durante la dictadura a sus propietarios, ha vuelto a poner encima de la mesa el caso de este ex líder del histórico partido independentista catalán Esquerra Republicana de Catalunya para pedir su reparación.

La historia de Companys está inextricablemente ligada al grueso dossier de los crímenes irresolutos cometidos durante la Guerra Civil (1936-1939) y, sobre todo, bajo el régimen franquista. Como él, más 50.000 personas fueron ejecutadas bajo el mandato del régimen militar una vez acabada la guerra.

Guerrillero antifranquista enterrado en la tumba familiar 64 años después de su muerte.

Con cero condenados, un solo un juicio abierto en Argentina contra mandos dirigentes de la dictadura debido al coto impuesto por la Ley de Amnistía de 1977 [que impide llevar a cabo juicios en España] y la Ley de la Memoria Histórica congelada, el caso del ex presidente de la Generalitat es un símbolo de la impunidad con la que se cerró el capítulo más oscuro de la historia española.

La comisión envió una carta al presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, para pedirle que haga un “acto de condena inequívoca” de la detención, juicio y ejecución de Companys. En el texto invitaba al gobierno español a participar en los actos de conmemoración de la muerte del ex presidente catalán que se celebrarán el próximo 15 de octubre.

Unas solicitudes que, de no cumplirse, implicarían el envío del caso al Consejo de Europa de la UE.

“Queremos un reconocimiento político, pero también jurídico de los atropellos que se cometieron. Aún hoy, Lluís Companys aparece en la sentencia que dicta su muerte como culpable, solicitamos su anulación”, asegura a VICE News, Josep Cruanyes, portavoz de la Comisión de la Dignidad. Sin embargo, no es la primera vez que políticos e instituciones intentan reparar la figura de este emblemático político.

En 2013, ERC interpuso una querella contra el Estado español por “privación de libertad, tormento y homicidio calificado” a Companys. Hoy, la demanda, que fue admitida como pieza separada en la causa argentina abierta contra el franquismo por la juez María Servini, está en proceso de investigación. Cuatro años antes, el gobierno de la Generalitat pidió al Tribunal Supremo la anulación del juicio sumarísimo contra Lluís Companys.

La segunda carta, dirigida al ejército

Además, la comisión también ha hecho extensiva su solicitud al ejército con otro misiva dirigida al teniente general Francisco Boyero Delgado, máxima autoridad militar en Cataluña, a quien exige “una clara condena de esos hechos luctuosos” y al que insta a “participar en la ofrenda institucional [dedicada a Companys] que va a tener lugar en el mausoleo” del ex presidente.

La asociación también exige la devolución de los documentos institucionales de la Generalitat incautados en la operación en la que Companys fue detenido y que actualmente se encuentran en Ávila.

“Los archivos y la documentación institucional y personal incautada relativa a los años de la dictadura debe ser accesible y estar en el lugar al que pertenece”, afirma a VICE News Emilio Silva, presidente de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica. Para este defensor de la reparación a las víctimas y de la búsqueda de los cerca de 114.000 desaparecidos, el avance en la recuperación de la memoria histórica en España ha sido nimio.

Silva considera que el gobierno español no ha hecho prácticamente nada para resarcir a las víctimas y buscar a los desaparecidos. “Cuando nos sentamos a discutir la Ley de la Memoria Histórica [aprobada definitivamente en 2007] pedimos al gobierno se hiciera responsable de las exhumaciones, que las subvencionara y que hubiera un reconocimiento público de las víctimas”.

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La iniciativa legal, afirma, no recogió ninguna de estas demandas y se sólo se comprometió a facilitar las exhumaciones. “Los derechos no se facilitan, se garantizan”, sentencia. La realidad, dice, es que todavía existen al menos 2.000 fosas llenas de desaparecidos y sin exhumar.

“Vivimos de la caridad internacional. Ahora, costeamos las exhumaciones gracias a un premio que recibimos de EEUU, a la aportación de un sindicato de electricistas noruegos y a la colaboración de una organización argentina que realiza desinteresadamente las pruebas de ADN de los cadáveres y restos encontrados”.

A Silva, no le falta razón, al menos de acuerdo con el criterio de las Naciones Unidas. Pablo Greiff, relator especial de la ONU para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, presentó un informe sobre la cuestión en 2014 en el que expresaba su preocupación por “la indiferencia del Estado”, el discurso institucional según el cual es mejor evitar remover el pasado y la “privatización” de las exhumaciones. De hecho, Greiff pidió al gobierno que dejara sin efecto la Ley de Amnistía.

En este contexto, Silva asegura que la ley no era un instrumento necesario. De hecho, añade, “no se necesita legislar para abrir los archivos, buscar desparecidos, exhumar identificar e investigar; sólo hace falta voluntad política”.

Cruanyes también asegura que la legislación aprobada no respetó ninguna de sus demandas: “que se abrieran causas para juzgar a los responsables [de las encarcelaciones, desapariciones, asesinatos y otros abusos] cometidos hasta el final de la dictadura de Franco, en 1975, que se reparara a las víctimas o a sus familiares con indemnizaciones y que se anularan los procesos judiciales que se llevaron a cabo sin garantías legales”.

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La Ley de la Memoria Histórica declaró ilegítimos los juicios celebrados durante el franquismo, pero no los anuló. Además y entre otras cosas acordó la retirada de la simbología y nomenclatura franquista en los espacios públicos y la reconversión del Valle de los Caídos, donde está enterrado Franco, en un museo de la memoria. Algo, que implicaba la exhumación de los restos del ex dictador.

La nueva alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, prometió recientemente cumplir con la retirada de escudos, insignias, placas u otros objetos o menciones relativos al franquismo.

Sin embargo, por el momento, explica Silva, “sólo en la Comunidad de Madrid siguen existiendo más de 200 calles con nombres franquistas, el Valle de los Caídos continua albergando los restos de Franco y la ley se ha quedado sin fondos”. La realidad es que desde 2013 las asociaciones dedicadas a la recuperación de la memoria histórica no han recibido ni un solo euro. “Daban dinero para conferencias, documentales, congresos, y para subvencionar las exhumaciones de fosas pero ya ni eso”, asegura Silva.

“Excepto en el País Vasco, donde se he hecho un importante trabajo de reconocimiento público de las víctimas y de facilitar el acceso a los archivos de la época, las diferentes iniciativas autonómicas tampoco han sido muy significativas”, asegura el máximo responsable de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica.

A falta de un balance gubernamental sobre los avances alcanzados gracias a la aplicación de la ley, la situación no parece muy alentadora. Lo mismo pasa con la demanda de la Comisión de la Dignidad en relación a Lluís Companys. “Acusamos recibo de su correo electrónico que será tramitado lo antes posible”, respondió en un e-mail el Ministerio de la Presidencia respecto de las demandas de información de esta periodista sobre el asunto.

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Fotografía destacada: Imagen del Valle de los Caídos, el mausoleo de la Sierra de Madrid que acoge la tumba del dictador Francisco Franco. (Imagen por Paul White/AP)
Fuente: https://news.vice.com/es/article/caso-companys-resucita-dossier-irresoluto-crimenes-franquismo?utm_source=vicenewsestw

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Franquismo: un nuevo rechazo de España a la justicia argentina

Investigación por los crímenes cometidos en ese país entre 1936 y 1977.

La jueza María Servini de Cubría había pedido el “arresto preventivo” de 20 personas acusadas por los crímenes del franquismo, y que fueran extraditadas a la Argentina. El gobierno español rechazó la orden por entender que los crímenes ya prescribieron. Ya hubo un pedido de extradición anterior, en 2013, y el país ibérico se negó.

Infojus Noticias / Juan Manuel Mannarino / 25-03-2015

En noviembre del año pasado, la jueza María Servini de Cubría solicitó que Interpol concrete el “arresto preventivo” de 20 personas acusadas por los crímenes del franquismo y que fueran extraditadas a la Argentina. Hace unos días, el gobierno español rechazó la orden por entender que los crímenes ya prescribieron. “Fue una decisión política tomada por el Consejo de Ministros. Es la primera vez que no actúa la justicia en estos casos, sino que es el actual gobierno español el que rechaza el pedido de extradición”, dijo a Infojus Noticias Ariel Dulitzky, presidente del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de las Naciones Unidas.

La justicia argentina había ordenado, a fines de su extradición, la detención de veinte ciudadanos españoles, entre los que se encuentra personal sanitario, ex ministros y personas vinculadas a las fuerzas de seguridad del franquismo. Son sospechosas de haber cometido crímenes de derecho internacional en España, como la tortura o sustracción de menores, y que constituyen crímenes de lesa humanidad.

Según los estándares internacionales y el tratado bilateral de extradición y asistencia Judicial en materia penal, “el Estado español debe proceder a la extradición si es que se niega a juzgar a los imputados en su tierra. Pero el gobierno de Rajoy, que tiene todo el derecho a negarse a una extradición, volvió a esquivar el juzgamiento de los crímenes del franquismo. Tanto en su tierra como en otros países. Y eso es lo que cuestionamos”, dijo Dulitzky.

Ya hubo un pedido de extradición y España no colaboró: en septiembre de 2013, la justicia argentina solicitó la cooperación de España para la extradición de los represores José Muñecas Aguilar y Juan Antonio González Pachelo, alias “Billy el Niño”, acusados de haber cometido torturas. En abril de 2014 se rechazó la extradición de ambos imputados.

Al igual que en la solicitud de extradición anterior, la jueza Servini de Cubría basó su competencia para investigar los presuntos delitos en el principio de jurisdicción universal, según el cual todos los estados están habilitados por igual para investigar los crímenes de derecho internacional, con independencia de dónde se hayan cometido dichos crímenes o de la nacionalidad de las víctimas o sus victimarios.

“El gobierno español debe cooperar”

“El gobierno español no cooperó en el pasado, pero debe cooperar ahora con la justicia argentina y proceder a la extradición de los ciudadanos españoles acusados de cometer delitos que constituyen crímenes de lesa humanidad durante el franquismo”, dijeron desde Amnistía Internacional, que lanzaron un comunicado tras la decisión del gobierno español y que adelantaron medidas junto con diversos mecanismos de Naciones Unidas, incluidos el Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas, el Comité para las Desapariciones Forzadas y el Relator Especial sobre verdad, justicia y reparación. Amnistía ya elaboró un informe sobre los crímenes del franquismo.

Los fundamentos del gobierno español aún no se hicieron públicos, pero Dulitzly adelantó que se amparó en el principio de la extinción penal. “Como representante de Naciones Unidas, dirigimos una carta al gobierno español. Expresamos la preocupación por esa medida porque deja en desamparo a las víctimas en su acceso a la justicia. Se ignora el derecho internacional, como disposiciones de la ONU que instan a España a cooperar con las leyes internacionales para investigar los crímenes de lesa humanidad”, concluyó Dulitzky.

En el comunicado, Amnistía citó un informe del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas, que presentó un duro documento en el que lamentó la situación de impunidad existente en España, “donde no existe ninguna investigación judicial en curso ni ninguna persona condenada”. Destacó, además, los obstáculos que el propio Estado está poniendo a las familias de las víctimas.

En este sentido, el informe aseguró, que “desde el retorno a la democracia se han dado tímidos pasos para asegurar la verdad, la justicia, la reparación y la memoria frente a las desapariciones forzadas cometida durante la Guerra Civil y la dictadura”. Dijo también que “estos avances se han logrado gracias a iniciativas impulsadas o llevadas a cabo principal o exclusivamente por familiares de las víctimas o por la sociedad civil. El Estado debería asumir su responsabilidad para asegurar que estas iniciativas sean parte de una política de Estado global, coherente y permanente”.

Más de cien mil desapariciones

Hace unos años, la Audiencia Nacional de España declinó su competencia sobre la querella presentada en 2006 por homicidios y desapariciones forzadas (114.266 desapariciones) cometidos en España entre 1936 y 1951 a favor de juzgados territoriales. Desde entonces, Amnistía ha realizado un seguimiento de la actuación de estos juzgados y ha constatado que de los 47 casos derivados, al menos 38 se han archivado.

El 27 de febrero de 2012, el Tribunal Supremo dictó la sentencia 101/2012 que estableció la imposibilidad de investigar los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo en base a argumentos que, para Amnistía Internacional, son contrarios al derecho internacional, entre ellos la vigencia de la Ley de Amnistía y la prescripción de los delitos de derecho internacional.

La Justicia argentina continúa investigando la querella interpuesta en 2010 por crímenes cometidos en España entre 1936 y 1977. Las autoridades judiciales argentinas han solicitado información en dos ocasiones a las autoridades españolas. La Fiscalía española, en sus informes respondió –sorprendentemente- que se está investigando, pese a reconocer el archivo de al menos 22 causas. Y ha pedido a Argentina que se abstenga de investigar, asegurando que es España quien tiene preferencia en la misma.
JMM/RA

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Fotografía destacada: Ariel Dulitzky, presidente del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU. Foto: Infojus Noticias

http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/franquismo-un-nuevo-rechazo-de-espana-a-la-justicia-argentina-7958.html

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El Gobierno argumenta en favor de los ministros franquistas que firmar penas de muerte no era delito

El titular de Justicia aduce que los hechos han prescrito y que España podría juzgarlos para rechazar la extradición a Argentina.

Publico.es / Ana Pardo de Vera / 13-03-2015

El Consejo de Ministros ha actuado este viernes como era previsible que lo hiciera: rechazando la extradición de veinte personas —entre ellas, exministros franquistas—, reclamada por la jueza argentina María Servini por presuntos delito durante la dictadura de Franco: haber firmado penas de muerte. El Gobierno se ha pronunciado al fin tras recibir la petición de Servini e información complementaria que se le solicitó posteriormente y que llegó el pasado mes de diciembre.

El titular de Justicia, Rafael Catalá, ha argumentado ampliamente los motivos por los que su Departamento considera que miembros del Gobierno franquista como Rodolfo Martín Villa o José Utrera Molina no tienen que ir a comparecer a los tribunales argentinos. Por un lado, según ha indicado Catalá en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el “principio de jurisdicción preferente” convierte a España en el país competente para juzgar los presuntos delitos cometidos por españoles en territorio ídem.

Por otro lado, según el “principio de doble incriminación” al que apela el Gobierno, los delitos que presuntamente habrían cometido Martín Villa o Utrera Molina, entre otros y según la jueza Servini, no eran hechos delictivos con la legislación de la dictadura. Es decir, con Franco no era delito firmar penas de muerte. Además y, por último, el ministro de Justicia ha asegurado que conforme al “principio de extinción de la responsabilidad”, aunque se hubiera cometido el delito, éste habría prescrito transcurridos 15 años.

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Fotografía destacada: La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, junto al ministro de Justicia, Rafael Catalá, y la ministra de Fomento, Ana Pastor, durante la rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros./ EFE

http://www.publico.es/politica/gobierno-rechaza-extraditar-exministros-franco.html

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Grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas de Naciones Unidas recibió a familiares de víctimas del Franquismo y la Guerra Civil Española

Amnistía Internacional Argentina participó hoy en Buenos Aires de una audiencia con el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas, acerca de la investigación judicial que se lleva adelante en la Argentina sobre los crímenes cometidos durante la Guerra Civil Española y el Franquismo (1936-1975).

amnistia.org.ar / 09-03-2015

La organización junto con los querellantes Inés García Holgado, Darío Rivas y Adriana Fernández y el abogado Máximo Castex, informó al Grupo de trabajo durante una audiencia sobre la marcha de la causa. El grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas está sesionando esta semana, al cumplirse 35 años de su creación, en la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) en Buenos Aires.

Los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas de crímenes de derecho internacional cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo siguen siendo denegados en España, que ni investiga ni colabora con investigaciones llevadas a cabo por otros países.

Durante la Guerra Civil y el franquismo fueron muchas las víctimas de graves abusos que el derecho internacional prohibía y condenaba, como desaparición forzada, tortura, ejecuciones extrajudiciales, ataques contra población civil, persecución política, religiosa o racial, encarcelamientos arbitrarios, trabajos forzados y otros actos definidos como crímenes contra la humanidad.

Amnistía Internacional ha reclamado en numerosas oportunidades al gobierno español que, en lugar de obstaculizar, colabore con la causa que lleva adelante en la Argentina la jueza federal María Servini de Cubría, en aplicación del principio de jurisdicción universal para los crímenes de lesa humanidad.

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Foto destacada: La organización junto con los querellantes Inés García Holgado, Darío Rivas y Adriana Fernández y el abogado Máximo Castex./Amnistía Internacional Argentina

http://www.amnistia.org.ar/noticias-y-documentos/archivo-de-noticias/franquismo-4

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