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Claves del boicot de España a la querella argentina contra el franquismo

La jueza argentina María Servini ha visto cómo la Fiscalía se opuso desde el minuto cero a la extradición de cargos franquistas o cómo se ha dado la orden de no tomar declaración en juzgados españoles.

La causa se abrió hace 6 años con las denuncias de víctimas y familiares tras quedar cerradas la vías de investigar en España, algo que intentó el juez Garzón. 

Rajoy incluso se negó a que se detuviera a exministros franquistas como ordenó la justicia argentina, alegando que las órdenes de Interpol no son vinculantes.

eldiario.es / Juan Miguel Baquero / 05-10-2016

El bloqueo de España a la querella argentina es firme. El Gobierno regatea cada paso de la jueza Servini en la persecución de los crímenes de la dictadura. Con dos jugadas maestras: la supuesta prescripción de los delitos y la aplicación de la ley de Amnistía del 77. Desde el inicio de la investigación –el 14 de abril de 2010–, cada pequeña fisura abierta en la impunidad del franquismo ha sido cerrada con urgencia y el último zarpazo llega desde la Fiscalía General del Estado, que ha parado las declaraciones judiciales de víctimas y cargos franquistas.

Desde Argentina buscan aplicar el principio de justicia universal. Pero la titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Número 1 de Buenos Aires, María Servini de Cubría, encuentra al otro lado del charco un muro infranqueable. Un oscuro manto tejido con la ley de Amnistía del 77 y la supuesta prescripción de los delitos que tapa, hasta ahora, cualquier posibilidad de juzgar a los 19 acusados, caso de Martín Villa o Utrera Molina.

La causa 4591/2010, denominada querella argentina, ha logrado hitos en los más de seis años de proceso. Organismos internacionales tercian en favor de la investigación de los crímenes: petición de Naciones Unidas, bronca del Consejo de Europa, denuncias de Amnistía Internacional… Todos contra el fin de la impunidad franquista. España, en cambio, sigue en sus trece.

Orden de detención contra torturadores:

Septiembre del año 2013 deja un momento clave cuando Argentina dicta orden de detención internacional contra cuatro torturadores franquistas. El juez Pablo Ruz, sin embargo,  no tomó medidas cautelares y fue acusado por las víctimas por incumplir el tratado internacional de extradición. Poco después la  petición formal llega a manos del Gobierno español que debe decidir si accede a que los acusados juzgados por crímenes de lesa humanidad… y se tomó su tiempo. El Ejecutivo deriva la citación a la Audiencia Nacional. Permite que el proceso, en teoría, siga su curso pero guarda un último as en la manga: volver a pronunciarse tras la decisión de la justicia. No le hace falta. Poco antes,  el PP se opuso a pedir al Gobierno que colaborase en la investigación de las desapariciones del franquismo.

Dos víctimas del franquismo, tras ser escuchadas en la Audiencia Nacional.

Enero de 2014. La  Fiscalía de la Audiencia Nacional se opone a la extradición de los presuntos torturadores, entre ellos el expolicía Billy el Niño o el exguardia civil Jesús Muñecas. El Ministerio Público rechaza su entrega porque España, dice, tiene preferencia para investigar los hechos. Deja así la puerta abierta aunque se agarra a que los presuntos delitos ya habrían prescrito y, en abril, acaba por rechazar las extradiciones pedidas desde Argentina.

Argentina pide la detención de altos cargos:

En octubre de 2014 la justicia argentina pide detener al exministro Martín Villa y a otros 19 imputados por crímenes del franquismo. La jueza argentina María Servini de Cubría emite la orden de detención y extradición contra 8 exministros franquistas, un excapitán, siete expolicías, dos antiguos jueces, un ginecólogo y un abogado.

Llega noviembre e  Interpol solicita la detención de los exfuncionarios de la dictadura de Francisco Franco ante el pedido del Ministerio Público argentino. Interpol España, en cambio, alega ante su Secretaría General con sede en Lyon (Francia) para no tener que detener a los reclamados. La citación permitía no aplicar el distintivo rojo que afecta a la situación de personas buscadas internacionalmente con orden de arresto. Una “artimaña”, denunciaban víctimas del franquismo.

La jueza argentina María Servini.

Los regates de España a la persecución argentina del franquismo hacen que el Estado no cumpla los tratados internacionales que obligan el arresto y posterior extradición de los imputados por la justicia argentina. Si cruzan la frontera, exministros como José Utrera Molina o Rodolfo Martín Villa hubieran sido detenidos por crímenes contra la humanidad.

Ya en marzo de 2015  el Gobierno de Mariano Rajoy dice abiertamente que no detendrá a los exministros franquistas porque las órdenes de Interpol no son vinculantes. El Ejecutivo del  PP justifica en una respuesta parlamentaria que prima sobre estas órdenes el derecho interno de cada país y los acuerdos de extradición firmados.

España gana tiempo ante Argentina:

En marzo de 2016 Servini pide interrogar en sedes judiciales españolas a los imputados franquistas. Las vistas serían entre los días 4 y 22 de abril en la Audiencia Nacional o en juzgados territoriales, según el pedido oficial. El Ministerio de Justicia, por su parte,  gana tiempo pidiendo a la jueza las preguntasque haría a los acusados. La magistrada acaba suspendiendo el viaje previsto.

La Fiscalía torpedea las declaraciones judiciales:

El Gobierno tramita al fin la petición argentina de interrogar a Martín Villa y otros 18 cargos franquistas. Corre septiembre de 2016. El Ejecutivo parece acatar el Tratado de Asistencia Judicial en materia penal suscrito entre Argentina y España y el Ministerio de Justicia rebota el exhorto a diferentes juzgados territoriales. Los tribunales debían citar a los investigados en octubre para “declaración indagatoria” en presencia de Servini.

A final del mismo mes, otra buena noticia para la querella argentina: los juzgados españoles ya han tramitado las declaraciones de los investigados. Solo queda entonces cuadrar agenda entre Buenos Aires y cada tribunal para citar a los acusados, en indagatorias que contarían con la presencia de la jueza argentina.

Exministros como Martin Villa, Eduardo Serra y Marcelino Oreja.

Y llega el último jarro de agua fría. Octubre de 2016, este martes, la Fiscalía torpedea las declaraciones de cargos franquistas y víctimas ordenada por Argentina. La primera suspensión se produjo este martes, cuando el exsecretario general del PCE Gerardo Iglesias, que declaraba como víctima, no pudo contar al juez su testimonio. La Fiscalía española aduce indeterminación del proceso y dice que es “incompatible” con el concepto de proceso penal. Y los querellantes ven este paso como la coartada perfecta para evitar que declaren los exaltos franquistas citados por la jueza Servini  para determinar si los crímenes cometidos pueden considerarse de lesa humanidad.

El antecedente, absolución (y condena) de Garzón:

Garzón, absuelto. Pero el antecedente de la investigación de los crímenes franquista quedaba y también la ‘condena’ implícita al juez. El Tribunal Supremo no condenó al magistrado por prevaricación. Poco importaba. Días antes –febrero de 2012– el CGPJ expulsaba a Baltasar Garzón de la carrera judicial por prevaricación en el caso Gürtel.

El exjuez español Baltasar Garzón.

Consideraba la sentencia que el juez cometió un “error” pero fue corregido luego por la Sala. Garzón se había declarado competente para investigar delitos cometidos durante la guerra civil y la dictadura. Decía el alto tribunal que incurriendo “en exceso en la aplicación e interpretación de las normas”. Que no cabe en el ordenamiento jurídico español juzgar al franquismo.

La única causa contra el franquismo en el mundo:

La querella argentina es la única denuncia abierta en el mundo contra los crímenes del franquismo. El proceso penal del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Número 1 de Buenos Aires, cuya titular es la magistrada María Romilda Servini de Cubría, recibe el nombre de ‘causa 4591/10 por los delitos de genocidio y/o crímenes de lesa humanidad cometidos en España por la dictadura franquista entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977’.

En España, la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CeAQUA) está formada por más de 100 asociaciones de todo el país y suma varios cientos de querellantes, entre ellos algunos ayuntamientos y diputaciones.

La jueza argentina ha cubierto ya un  diario de visitas a España en relación a la causa. Estuvo en Madrid, País Vasco, Andalucía… trayectos de trabajo que sin embargo no tuvieron la repercusión legal esperada ni la relevancia en la tramitación y aceleración del proceso perseguida. Toca seguir, que diría.

Las conquistas de las víctimas del franquismo:

Las víctimas del franquismo han llegado a prestar  declaración en la Audiencia Nacional y a finales de 2013 ocurre uno de los hitos principales del proceso: el viaje a Argentina de un grupo de 16 españoles para ofrecer su testimonio en el tribunal de Buenos Aires. Los impulsores de la querella esperaban que el acto acelerase la imputación de otros acusados, con las miras puestas en aquel momento en exaltos cargos de la dictadura como Rodolfo Martín Villa o José Utrera Molina.

En sedes judiciales españolas también se han venido sucediendo las citaciones a querellantes. “Yo tenía tres años, sacaron a mi madre de casa y la fusilaron”, contaba Antonio Narváez en Sevilla (83 años). Y Antonio Martínez (81), que perdió a su padre, ejecutado y arrojado a una fosa común: “ese día llevaban un camión lleno para el cementerio”.

Ninguno pudo hasta la fecha recuperar los restos de sus padres. Forman parte de los  más de 150.000 desaparecidos forzados que sitúan a España como la segunda mayor fosa del mundo, solo por detrás de la Camboya de Pol Pot.

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Fotografía destacada: La Fiscalía se opuso a la extradición de Billy el Niño a Argentina. EFE

Fuente:http://www.eldiario.es/sociedad/Claves-boicot-Espana-querella-argentina_0_566244249.html

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Solo “unos días” para que Timoteo Mendieta salga del olvido franquista

La familia reconoce que la espera “se está haciendo muy larga” para la hija del sindicalista fusilado en la Guerra Civil. Su caso es el primero de una exhumación bajo tutela internacional.

La abogada de la ‘querella argentina’, Ana Messuti, apunta que puede suponer un “precedente” y “crear un contexto general” para los crímenes cometidos en la época.

Ahora se plantea la duda sobre el destino de los otros 21 cuerpos exhumados junto al de Timoteo Mendieta en el cementerio de Guadalajara.

eldiario.es / Carmen Bachiller / 21-05-2016

“Es cuestión de días”, dice Ana Messuti, abogada de la llamada ‘querella argentina’ que la familia  de Timoteo Mendieta, fusilado por fuerzas franquistas en el año 1939 y enterrado en una fosa común en el cementerio de Guadalajara sepa si los restos encontrados tras la exhumación del lugar (donde se hallaron 22 cuerpos) corresponden a este sindicalista de UGT que murió a los 41 años dejando atrás a mujer y siete hijos.

El ‘Equipo Argentina’ de Anatomía Forense (EAAF) se encuentra comparando los restos de ADN facilitados por la familia Mendieta que serán comparados con los de cuatro de los cuerpos de la fosa de cara a su identificación. El resultado se comunicará a la familia en cuanto haya noticias.

Una de las hijas de Timoteo Mendieta, Ascensión, presentó una demanda para recuperar los restos de su padre. Lo hizo con la ayuda de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) que en el año 2010 presentó una querella en Argentina contra los crímenes franquistas durante la Guerra Civil Española. Ascensión Mendieta declaró en la causa que  se convirtió en la primera por la que una exhumación se realizaba bajo tutela internacional.

El pasado 19 de enero se iniciaban las labores de exhumación de una fosa común en el Cementerio de Guadalajara. Un juzgado de esta ciudad autorizaba a abrir la fosa tras el   exhorto de la jueza argentina María Servini de Cubría que lleva a cabo una investigación penal “acerca de las violaciones de derechos humanos de la dictadura franquista”.

El tiempo apremia para los Mendieta

La abogada de la familia, Ana Messuti, está “muy pendiente” del caso. El tiempo apremia. Ascensión Mendieta tiene ya 90 años y a su familia no le resulta fácil frenar las ansias de una luchadora mujer que espera noticias cuanto antes.

Francisco Vargas Mendieta, nieto de Timoteo Mendieta explica que la espera “se está haciendo muy larga, sobre todo a mi madre, aunque yo esperaba un proceso largo”. La familia intenta calmar los ánimos de Ascensión quien siempre ha mantenido la convicción de que su padre se encontraba en la fosa de Guadalajara. “Le decimos que esto va lento” pero confían en se “priorice” su caso dada la avanzada edad de la demandante.

Familia de Timoteo Mendieta ARMH

Ana Messuti dice que el caso de Ascensión Mendieta no es el único. “Tenemos personas de mucha edad que quieren declarar ante el juez. Eso para ellos ya tiene mucho valor”. Hay que recordar que pese a su avanzada edad -tenía entonces 88 años- Ascensión Mendieta viajó horas en un avión para declarar en Argentina.

Las consecuencias legales del caso

El de esta familia con orígenes en Sacedón (Guadalajara) será un “precedente muy importante”, dice Messuti,  porque el proceso se ha realizado a través de un juzgado penal. “Se trató de un asesinato, de un fusilamiento ilegal. Fue una desaparición forzada”.

De hecho, ha sido la primera vez que una exhumación se realiza por orden judicial y ha supuesto que la jueza Servini haya  remitido a España 30 nuevas comisiones rogatorias de las que dos son exhumaciones.

Para esta abogada lo interesante del caso es que “Ascensión Mendieta no solo tendrá los restos sino una resolución judicial que le diga que su padre fue asesinado”. Un caso individual que, sin embargo, sirve para crear “un contexto general” para todos los crímenes cometidos durante el franquismo, asegura Messuti. “Eso se enmarca en el ámbito de los crímenes contra la humanidad y sirve para que los casos no prescriban”.

Ana Messuti reconoce, sin embargo, que acudir a los tribunales no es fácil. “Cuesta mucho presentar una querella por vía penal, ninguno más de los afectados de Guadalajara lo ha hecho”, explica la abogada porque  “lo que quieren las familias son los restos de sus seres queridos y olvidar. Yo lo comprendo”. Sin embargo resalta la necesidad de que las víctimas “sean escuchadas”.

“Solo había que ver cómo estaban los restos durante la exhumación en Guadalajara, mezclados con tierra, como si fueran esqueletos de animales durante una sequía. Es terrible. Se trata de no dejarlo como quiso el verdugo” porque, añade, se trata de “evitar la impunidad” y eso no se consigue sin darle una respuesta a la víctima.

¿Qué hacer con los otros restos de la fosa de Guadalajara?

El problema ahora es saber qué pasará con los restos de los otros 21 cuerpos encontrados en la fosa común de Guadalajara. Ana Messuti explica que algunas familias ya han dejado muestras de ADN para encontrar a sus seres queridos.

“Hablamos de un móvil no jurídico sino emotivo que es el de tratar de devolver los cuerpos a las familias”. En este sentido, confía en que la ARMH pueda llevar a cabo los pasos necesarios “sin que nos pongan obstáculos desde el Ayuntamiento de Guadalajara”. Se trata de ir identificando los restos humanos sin nuevos trámites judiciales. “Sería una locura. Están todos exhumados. Y ahora inhumarlos para luego volver a sacarlos…No tiene sentido”, sostiene la abogada.

Toca esperar también que las familias reclamen los cuerpos. En caso contrario, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, como hizo en otras ocasiones, se ocuparía de darles una sepultura digna.

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Fotografía destacada: Ascención Mendieta, su hija y su nieta en una manifestación

Fuente:http://www.eldiario.es/clm/Apenas-Timoteo-Mendieta-olvido-franquista_0_517948935.html

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La jueza argentina solicita al Vaticano que aporte información sobre los crímenes del franquismo

María Servini ha aceptado varios pedidos que habían realizado testigos de la querella para avanzar en la pesquisa de los delitos del franquismo, según ha podido saber ‘Público’ en exclusiva. Algunos involucran a la Generalitat de Catalunya.

publico.es / Ana Delicado / 29-04-2016

La jueza argentina María Servini de Cubría, que instruye desde Argentina la única causa en el mundo que investiga los crímenes del franquismo, no ha quedado satisfecha con el silencio que obtuvo por toda respuesta del Gobierno español sobre su pedido para interrogar en España a los 19 cargos franquistas que están imputados en su expediente. Lejos de amilanarse, la magistrada ha recurrido ahora al Estado del Vaticano para que entregue toda información relativa al papel que desempeñó la Iglesia durante la dictadura franquista, según ha podido saber Público en exclusiva.

La jueza ha liberado un exhorto para que que el Estado de Vaticano aporte toda la documentación que tenga “relativa a las relaciones entre la Iglesia Católica y el Estado español entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977”, el período que abarca su investigación.

El Vaticano también debe dar cuenta de toda la información en su posesión relacionada con “los religiosos católicos que fueron objeto (…) de persecución, sanciones, cárcel y torturas”, de acuerdo a la solicitud que realizó la querella argentina.

En paralelo, Servini ha realizado el mismo pedido a los arzobispados de 14 ciudades españolas: Barcelona, Burgos, Granada, Madrid, Badajoz, Oviedo, Pamplona, Santiago de Compostela, Sevilla, Tarragona,Toledo, Valencia, Valladolid y Zaragoza. La magistrada remitió comisiones rogatorias a los juzgados de cada una de estas ciudades para que ordenen a las archidiócesis la entrega de la información.

Pedidos a la Generalitat

La magistrada ha ido más allá en la causa y aceptó una catarata de pedidos que había realizado la querella para avanzar en la pesquisa de los delitos del franquismo. Para empezar, involucra a la Generalitat de Catalunya. Tres testigos de la querella denunciaron “la presencia de restos de seres humanos, presuntamente víctimas de asesinatos, que tuvieron lugar en Catalunya en escenarios diversos de la Guerra Civil Española y posterior dictadura, durante el período comprendido entre 1936 y 1977”.

La jueza accedió a liberar un exhorto a los juzgados de Barcelona, Tarragona, Mataró y La Fatarella a fin de que ordenen a la Generalitat de Catalunya “que haga uso de todos los recursos disponibles para la identificación de los restos ya exhumados de posibles represaliados y cotejen las huellas genéticas obtenidas con los perfiles genéticos de las personas que buscan a sus familiares”. Ese material está disponible en el Laboratorio de Genética Forense en la Facultad de Medicina de la Universitat de Barcelona, que cuenta con un banco de ADN gracias al depósito genético que realizaron centenares de familias.

Los tres querellantes que solicitaron este exhorto elaboraron un listado sobre los emplazamientos en donde yacen los restos de los cadáveres, “principalmente en dependencias diversas bajo la custodia del Gobierno catalán”, destacan en el expediente de su pedido.

Esos lugares son principalmente laboratorios de universidades catalanas, en concreto, los del Área de Antropología Física de la Universidad Autónoma de Bracelona, en el municipio de Cerdanyola del Vallès de la provincia barcelonesa, así como en la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona. También hay restos en “diversas empresas privadas de antropología y arqueología, contratadas por la administración catalana para estos trabajos”, y en El Memorial de Les Camposines, en Lleida.

Exhumaciones y declaraciones testimoniales

La jueza también liberó otro exhorto para que se exhumen los restos de 13 personas enMallorca que se encuentran en la fosa común que alberga el Cementerio Municipal de Porreres, y cuya desaparición forzada fue denunciada por la Asociación Memòria de Mallorca.

En otro requerimiento, la magistrada ordenó a través del juzgado de Madrid que la Guardia Civil aporte los expedientes de siete agentes que participaron en el arresto deCipriano Martos Jiménez, un sindicalista afiliado al PC que fue detenido por esa fuerza policial en 1973, antes de ser torturado y asesinado con la ingestión forzada del contenido de un cóctel molotov, llamado de forma socarrona el “cóctel de la verdad”. Tenía 18 años. Servini también solicita que declare como testigo el hermano de Cipriano, Antonio, ante el juzgado de Sabadell, en Barcelona.

Además exige la exhumación del cadáver de Cipriano, que fue enterrado en secreto en el cementerio de Reus, en Tarragona. La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) se ha ofrecido a realizar la tarea, y ya comenzó a elaborar un informe técnico de la fosa.

Por último, la jueza solicitó tomar declaración testimonial a cinco testigos del País Vasco a través de la instrucción de los juzgados en donde vive cada una de estas personas, que por su avanzada edad no pueden trasladarse hasta Buenos Aires. La misma disposición ha adoptado en relación a otros seis querellantes en Catalunya.

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Fotografía destacada: La jueza María Servini de Cubría, en el Parlamento Europeo.- IRENE LINGUA/DISOPRESS

Fuente:http://www.publico.es/politica/jueza-argentina-solicita-al-vaticano.html

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La Justicia argentina recibe una denuncia para que investigue el asesinato de Federico García Lorca

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), que preparó el escrito, ha puesto en evidencia que la desaparición del escritor debe trascender la leyenda para que se indaguen las responsabilidades penales de su asesinato.

publico.es / Ana Delicado / 05-04-2016

La causa judicial que en Argentina instruye los crímenes del franquismo ha recibido un pedido para que investigue el asesinato del poeta Federico García Lorca. La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), que preparó el escrito, ha puesto en evidencia que la desaparición del escritor debe trascender la leyenda para que se indaguen las responsabilidades penales de su asesinato.

Así lo manifestó Ana Messuti, una de las abogadas de la querella que presentó este martes en Buenos Aires la documentación en el despacho de la jueza María Servini de Cubría junto con los abogados argentinos Máximo Castex y Carlos Slepoy.

“Lo importante es que un trabajo de la ARMH está recuperando la memoria de una muerte que se convirtió en una especie de mito, cuando en España se olvida la dimensión jurídico penal. Lorca ha pasado al imaginario colectivo por la desaparición de su cadáver, cuando en realidad hay un crimen que denunciar”, indica a Público la letrada.

Según la Brigada Regional de Policía, Lorca estaba acusado “de prácticas de homosexualismo, aberración que llegó a ser vox pópuli”

La denuncia que han entregado, sostiene Messuti,“pide que la punta del iceberg revele la campaña que se encuentra debajo”, una tarea difícil de llevar a cabo ante la ausencia de colaboración del Gobierno español, que continúa sin dar trámite al pedido de la jueza argentina para tomar declaración indagatoria a los imputados en su investigación.

Los querellantes mencionan en su oficio una información de la 3ª Brigada Regional de Investigación Social de la Jefatura Superior de Policía de Granada “en el que figura un relato que acredita de manera fehaciente las circunstancias de la detención y asesinato del poeta”.

Ese documento, fechado el 9 de julio de 1965, califica al escritor de socialista y masón, y relata que tras dos allanamientos a su casa, Lorca se refugió en la vivienda de unos amigos, antiguos falangistas, hasta que fue detenido por orden del Gobierno Civil.

“Se ha podido precisar”, añade el informe, que el poeta fue sacado de los calabozos del Gobierno Civil “por fuerzas dependientes del mismo”, y trasladado en un coche junto con otro detenido hasta que llegó a la localidad granadina de Víznar, donde “fue pasado por las armas” y luego “enterrado en aquel paraje, muy a flor de tierra, en un barranco, en un lugar que se hace muy difícil de localizar”.

“Veremos si a partir de ahí se puede pedir al Ministerio del Interior, que es de donde procede ese documento, que se abran los archivos de esta cartera”, enfatiza Adriana Fernández

Según la Brigada Regional de Policía, Lorca estaba acusado “de prácticas de homosexualismo, aberración que llegó a ser vox pópuli”, aunque también admitía que no había antecedentes. Por esta información, que procede precisamente de los archivos del Ministerio del Interior, la ARMH solicita a la Justicia de Argentina que envíe una comisión rogatoria para recibir copias certificadas de este documento y de todos los que se refieran a la detención y asesinato del poeta.

Una vez la jueza Servini acepte este pedido, algo que los abogados dan por supuesto, “saldría la comisión rogatoria, y se sortearía el juez de instrucción español al que se debe pedir esta información”, añade el abogado Castex. “España debería dar curso a la comisión rogatoria, porque está prevista en el tratado de Cooperación y Asistencia en Materia Penal entre Argentina y España”, afirma.

“Veremos si a partir de ahí se puede pedir al Ministerio del Interior, que es de donde procede ese documento, que se abran los archivos de esta cartera”, enfatiza Adriana Fernández, una de los tres querellantes originales que impulsaron la megacausa que investiga los crímenes del franquismo, además de representante de la ARMH.

La jueza aguarda a que España le dé la autorización para tomar declaración indagatoria a 19 altos cargos del Gobierno franquista y de la transición

Entre 300 y 400 querellas ha recibido el juzgado de Servini de Cubría para que investigue los delitos de lesa humanidad de la dictadura española, mientras siguen llegando denuncias a través de los consulados argentinos de todo el mundo. Hace dos años se superaron las 5.000, según el Ministerio Público Fiscal, así que ahora el número será mucho mayor.

Entre tanto, la jueza aguarda a que España le dé la autorización para tomar declaración indagatoria a 19 altos cargos del Gobierno franquista y de la transición, entre los que hay dos ex ministros, José Utrera Molina y Rodolfo Martín VIlla. El Ministerio de Justicia recibió el exhorto de la magistrada el pasado 9 de marzo, en el que planteaba su viaje entre el 4 y el 22 de abril. Todavía no ha respondido. En el juzgado de Servini, hoy asentían: “Pasa lo mismo con los exhortos”.

Falsas afirmaciones del ministro de Exteriores

El Ministerio de Justicia recibió el 9 de marzo un exhorto de la magistrada María Servini de Cubría, instructora de la causa, para poder viajar a España con el fin de tomarle declaración indagatoria a los 19 altos cargos del Gobierno franquista y de la transición imputados en su investigación.

Consultado por Público sobre el motivo por el que el Gobierno español no da trámite al pedido de la jueza María Servini de Cubría, el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel García-Margallo, repuso: “Entiendo que esto es algo que deben tratar las autoridades judiciales, y que el Gobierno se limita a transmitir las decisiones de las autoridades judiciales como ocurre en un Estado de derecho”.

Desde la Embajada española en Buenos Aires, donde se disponía a dar un homenaje a los españoles desaparecidos durante la dictadura argentina (1976-1983), el ministro agregó: “No es un expediente que haya seguido con especial atención, no conozco más detalles”.

El abogado Carlos Slepoy, representante de la querella en la causa judicial, contradijo a García-Margallo. “Lo que ha dicho el ministro es inconcebible. Primero, que no conozca el tema, y segundo, que ignore el hecho de que él dice que es un tema de la Justicia, cuando una comisión rogatoria tiene que ser habilitada en vía administrativa con anterioridad, y eso es precisamente lo que no han hecho”.

El letrado afirmó que el Gobierno español es un Ejecutivo en agonía que va a ser inmune a cualquier pedido que se haga, “pero confiamos en que las nuevas autoridades políticas tengan una actitud diferente y de colaboración con la Justicia argentina”.

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Fotografía destacada: La causa judicial que en Argentina instruye los crímenes del franquismo ha recibido un pedido para que investigue el asesinato del poeta Federico García Lorca.

Fuente:http://www.publico.es/politica/justicia-argentina-recibe-denuncia-investigue.html

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La jueza argentina solicita venir a España a interrogar a Martín Villa y Utrera Molina

La magistrada María Servini envía un exhorto a la Audiencia Nacional para poder interrogar a los imputados en España: el Ministerio de Justicia estudia en estos momentos su petición.

Alberto Pozas/ Cadena Ser/ 22-03-2016

Primero pidió la extradición de dos expolicías acusados de torturas, y la Audiencia Nacional se negó. Después pidió la extradición de varios exministros, y fue el Gobierno el que se negó. Después de estas dos negativas, la jueza María Servini ha decidido que vendrá desde Buenos Aires hasta España para investigar los crímenes del franquismo: en un exhorto, la magistrada ha solicitado a la Audiencia Nacional que lo prepare todo para que en abril pueda interrogar a los imputados en su causa contra los crímenes de la dictadura, entre ellos los exministros Rodolfo Martín Villa  o José Utrera Molina.

La idea de la magistrada, según su exhorto, es acudir a España en el mes de abril acompañada de tres funcionarios de su juzgado, con las preguntas preparadas en un sobre cerrado y con la intención de poder tener un magistrado español de apoyo para aclarar “las respuestas confusas o incompletas, y repreguntar cuestiones que no hayan sido debidamente contestadas”.

La jueza investiga hechos ocurridos entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977 en los que se pudieron vulnerar los derechos humanos en España: diecinueve imputados que incluyen a Rodolfo Martín Villa, José Utrera Molina, Antonio Carro, también el abogado que redactó la sentencia de muerte de Salvador Puig Antich o el expolicía ‘Billy el Niño’.

No está claro, en cualquier caso, que este exhorto de la jueza María Servini vaya a tener algún efecto práctico: esta petición se realiza directamente entre los juzgados – no como en una extradición, en la que interviene el Gobierno – pero es el Ministerio de Justicia el que actúa como intermediario. En este momento, fuentes del departamento de Rafael Catalá aseguran que están estudiando el exhorto para tramitarlo correctamente.

http://cadenaser.com/emisora/2016/03/22/radio_madrid/1458679268_450995.html

Fotografía destacada: El exministro Rodolfo Martín Villa. Cadena Ser

 

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La desaparición de Lorca será denunciada ante la jueza argentina que investiga los crímenes del franquismo

La ARMH recupera documentos incluidos en un informe policial de 1968 en los que se apunta que el poeta fue sacado del Gobierno Civil “por fuerzas dependientes del mismo” y ejecutado y enterrado en Viznar en un lugar “difícil de localizar”.

elplural.com / 18-08-2015

Coincidiendo con el 79 aniversario del asesinato del poeta Federico García Lorca, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha anunciado que presentará una denuncia por esta desaparición ante la jueza argentina, María Servini de Cubría, que desde abril de 2010 investiga las violaciones de derechos humanos de la dictadura franquista.

Nuevos documentos sobre las últimas horas del poeta
La decisión está relacionada con la aparición de unos documentos que la ARMH ha custodiado varios meses antes de que salieran a la luz hace unas semanas y con origen en una investigación de la Jefatura Superior de Policía de Granada en 1965. En uno de los documentos de aquella investigación se hace un relato de las últimas horas de vida de Federico García Lorca, así como de las razones por las cuales fue tomada la decisión de asesinarlo. Este es parte del texto con el que se redactará la denuncia para poner en conocimiento de la jueza argentina, María Servini de Cubría. La existencia de tal documentación:

“En un documento de la 3ª Brigada Regional de Investigación Social de la Jefatura Superior de Policía de Granada, de fecha 9 de julio de 1965 figura un relato que acredita de manera fehaciente las circunstancias de la detención y asesinato del poeta Federico García Lorca, que paso a resumir….

Mediación para su libertad…

…..Una vez efectuada la detención, se condujo a García Lorca a los calabozos del Gobierno Civil. Se interesaron por él, y por su libertad, los hermanos Rosales Camacho y el Jefe Local y el Jefe de Milicias de Falange, además de otras personas cuyos nombres se han ocultado en el documento. Tras entrevistarse con el entonces Gobernador Civil de la provincia, no consiguieron la libertad del detenido pero “obtuvieron la impresión de que ya no corría peligro la vida de Federico García Lorca”.

Fuerzas dependientes del Gobierno Civil se lo llevan para la ejecución
A continuación el documento asevera lo más grave de lo ocurrido a partir de ese momento:

“se ha podido precisar” que García Lorca fue sacado del Gobierno Civil “por fuerzas dependientes del mismo” y conducido en un coche al término de Viznar, provincia de Granada, junto a otro detenido cuyas circunstancias personales se desconocen, y que en las inmediaciones de un lugar conocido como Fuente Grande “fue pasado por las armas”. Dice el documento que fue “enterrado en aquel paraje, muy a flor de tierra, en un barranco (…) en un lugar que se hace muy difícil de localizar”.

Acusaciones de “homosexualismo”
Señala la Brigada Regional de Policía que García Lorca estaba “tildado de prácticas de homosexualismo, aberración que llegó a ser vox pópuli”, aunque reconoce que no hay antecedentes de casos concretos en tal sentido. El documento termina refiriéndose a las “duras recriminaciones” sufridas por la familia Rosales Camacho por haber amparado a García Lorca y al “evidente peligro de una grave sanción de la Autoridad gubernativa” que pesaba sobre algunos de sus miembros, pero “que evitó la Falange granadina”.

Esperanza de que la jueza argentina ayude a esclarecer el crimen
La ARMH solicitará a la jueza que reclame al Gobierno de España cualquier documentación similar que pueda servir para conocer el paradero de desaparecidos y esclarecer los hechos que desembocaron en sus detenciones ilegales y posteriores asesinatos.

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Fotografía destacada: El poeta Federico García Lorca – EFE

http://www.elplural.com/2015/08/18/la-desaparicion-de-lorca-sera-denunciada-ante-la-jueza-argentina-que-investiga-los-crimenes-del-franquismo/

Publicado por ARMH