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“Mi padre está enterrado con el asesino. ¡Es un insulto!”

Manuel Lapeña, de 92 años, relata la trágica historia de su familia y por qué pide exhumar en el Valle de los Caídos.

elpais.com / Natalia Junquera / 16-05-2016

Manuel Lapeña nunca fue a escuchar las misas de Bienvenido, el cura de Villaroya de la Sierra (Zaragoza). Cuando la Comisión de Incautaciones le citó a declarar en diciembre de 1937, el sacerdote dijo: “Manuel Lapeña era veterinario. Fue el fundador de la CNT y causante de todo el mal que ha ocurrido al pueblo, pues supo engañar a la juventud arrastrándola por estos derroteros tan nefastos. Un tipo verdaderamente cretino, hombre funestísimo por todos los conceptos, que fue fusilado”. Purificación, nieta de Manuel, enseña el documento de esa declaración que ha leído mil veces. “Hubo curas que salvaron, y por desgracia, hubo curas que se dedicaron a hacer listas de rojos”.

Lapeña no tuvo juicio, ni sentencia. Los falangistas le pegaron un tiro en julio de 1936 y lo arrojaron a una fosa. Pero un año después, el bando franquista abrió un expediente al muerto para imponer a su familia una multa de 1.000 pesetas y embargar sus bienes: un huerto. un corral. Tenía 44 años y cuatro hijos cuando lo mataron. El único que aún vive, Manuel, que hoy cumple 92, batalla para ahora para recuperar los restos de su padre.

Un juez de San Lorenzo de El Escorial, José Manuel Delgado, cree que “existe alta probabilidad” de que esté en el Valle de los Caídos porque las fosas de Manuel Lapeña y su hermano Ramiro, también fusilado, pudieron ser dos de aquellas en las que el Régimen robó cuerpos en 1959 para alimentar las criptas del mausoleo  franquista. El 30 de marzo ordenó dar “digna sepultura” a ambos fusilados. Es decir, exhumarlos. Ninguna de las partes personadas en la causa recurrió su decisión en plazo. Pero Patrimonio Nacional aduce que la orden “no es firme”. El abogado Eduardo Ranz llevará el asunto al Tribunal Supremo si no se ejecuta. Mientras, Manuel espera. Así relata la trágica historia de su familia.

“Salí a esperarlo a la puerta de casa, pero nunca volvió”. Manuel tenía entonces 12 años. Un vecino vio la bicicleta de su padre abandonada en mitad de un camino. Otro comentó por el pueblo: “Ha caído Manuel Lapeña…”. Pudo huir, pero no quiso. “La última vez que hablamos me dijo: ‘Tú no te preocupes que a mí no me van a hacer nada porque yo no he hecho nada’. Era un buenazo”.

Su madre había muerto antes del inicio de la Guerra Civil en el parto de su quinta hija, que tampoco sobrevivió. Así que aquel verano de 1936, Carlos, de 14 años, Manuel y Elisa, de 12, y Amelio, de 10, quedaron huérfanos. “Poco después vinieron tres camiones a casa de mi abuela preguntando por mi tío Ramiro. Estuvo como un perro escondido en el monte… Le dijeron que no le pasaría nada y fue tan tonto que se entregó”. Le mataron en octubre, tres meses después que a su hermano.Tenía 39 años, estaba casado y era padre de dos hijos.

La tragedia dispersó a la familia. Manuel, su hermano Carlos y su hermana Elisa, fueron enviados con unos tíos a Zaragoza. Solo Amelio, el más pequeño, permaneció en el pueblo. Falleció porque durante una pelea que había empezado por ser “hijo de rojo” se golpeó la cabeza, relata Purificación. Tenía 14 años.

La familia ha dedicado años a rastrear el paradero de Manuel y Ramiro y ahora batalla para sacarlos del  Valle de los Caídos. “Mi padre está enterrado junto al asesino, al mayor criminal. ¡Es un insulto!”, se indigna Manuel. “Quiero enterrarlo como es debido, junto a mi madre, en su pueblo”.

No es la única familia. Ellos, como Fausto Canales, que también tiene a su padre y a su tío enterrados en el mausoleo, llevaron su caso hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sin éxito. Las siete denuncias planteadas por la vía penal fueron archivadas por prescripción, por la ley de amnistía o porque no se podía perseguir al culpable. En noviembre de 2014, el abogado Eduardo Ranz, que ayuda desinteresadamente a familiares de represaliados, decidió intentarlo por la vía civil, recurriendo a la “perpetua memoria”, un procedimiento de jurisdicción voluntaria utilizado a principios del siglo XX para cuestiones de herencias que el Tribunal Supremo “rescató del cajón” en un auto de 2012 en el que cerraba la vía penal para investigar los crímenes del franquismo, pero señalaba la civil.

El año pasado, el Gobierno de Rajoy derogó los artículos de la ley de enjuiciamiento civil, de 1881 a los que Ranz había recurrido para solicitar la exhumación. No afectó al procedimiento porque se había presentado antes del cambio legal y el juez José Manuel Delgado ordenó que se llevara a cabo, pero complica que otras familias en situaciones similares puedan usarlo como precedente.

Declaración del cura del pueblo sobre Manuel Lapeña ante en la comisión de incautaciones, en 1937.

Una montaña de huesos

Pero existe otra dificultad, la técnica. Andrés Bedate, el forense enviado por el Gobierno socialista para examinar el estado de los restos enterrados en el Valle de los Caídos, emitió en febrero de 2011 un informe descorazonador. Filtraciones de agua habían destruido muchas de las cajas de madera y convertido el interior de algunas de las capillas y criptas en una “montaña de huesos”.

El mausoleo alberga los restos de 33.833 personas (el equivalente a la ciudad de Teruel), distribuidas en siete capillas y criptas. En la capilla Virgen de África y en la del Carmen los restos estaban en buen estado. En la de la Inmaculada, la de la Virgen de Loreto y la cripta del santísimo estaban “fracturados y aplastados”; La familia Lapeña cree que Manuel y Ramiro, como todos los cuerpos procedentes de fosas de Calatayud (hasta 81) fueron inhumados en un lugar que no fue examinado, el piso tercero de la cripta del sepulcro.

Bedate anotó en su informe que no había visto su contenido “por imposibilidad técnica de acceso”. Miguel Angel Capapé, el marido de Purificación y presidente de la Asociación para la Recuperación e Investigación contra el Olvido (ARICO), acompañó a un grupo de familiares a ver el interior de las criptas en 2011. “Había muchos huesos amontonados. En uno de los niveles se veía la tapa de una caja de madera, con un nombre individual y otra con el nombre del pueblo de donde procedían los restos. Pero el piso tercero, donde creemos que están Manuel y Ramiro no lo vimos”.

La opinión del forense Etxeberria

El forense Francisco Etxeberria ha abierto cerca de 200 fosas comunes del franquismo, algunas en lugares complicados como minas, pozos, cavernas… Ha examinado los restos de Miguel de Cervantes, de Lasa y Zabala, del expresidente chileno Salvador Allende o del poeta Pablo Neruda, pero exhumar en el Valle de los Caídos, asegura, sería su mayor reto profesional: “No hay ningún sitio igual en el mundo”. La familia Lapeña ha solicitado a Patrimonio Nacional que sea él quien asuma los trabajos.

Etxeberria conoce las fotos de “montañas de huesos” del informe del forense Andrés Bedate. “Es mucho más difícil esto que buscar una fosa común en un monte, pero es pertinente intentarlo. La familia tiene derecho”.

Si los restos están en el piso tercero de la cripta del sepulcro podrían haberse salvado de las filtraciones de agua, pero “es imposible saberlo hasta que no se abra”. La Asociación de Defensa del Valle de los Caídos amenaza con querellas si se ejecuta la orden del juez de San Lorenzo del Escorial. El forense niega que la exhumación pueda suponer una “profanación de tumbas”. “Somos profesionales cualificados, médicos. Hemos abierto fosas comunes en cementerios, junto a restos recientes, y siempre con el máximo respeto. De hecho, se podría aprovechar para dignificar los restos de las víctimas del bando franquista que ahora están amontonados y sustituir las cajas de madera por otras de materiales más resistentes”. El juez ya desestimó la petición de una mujer de Jaén para personarse en la causa porque su padre también está enterrado en el Valle. El tribunal estableció que los restos estaban muy lejos de los columbarios donde se cree que fueron inhumados Manuel y Ramiro Lapeña.

Exteberria opina que en España hay “un equipo de profesionales” capacitado para intentarlo, pero “sin crear falsas expectativas”. Todo depende del estado de la caja de Calatayud, si se encontrara. Y también de la “proporcionalidad”. De si, para identificar a dos personas hubiera que extraer ADN de decenas de restos; por ejemplo. Y del coste. El juez de El Escorial indica en su auto que la familia tendría que correr con los gastos.

La tarea es muy complicada, y ese fue uno de los motivos por el que la Comisión de Expertos designada en 2011 por el Gobierno de Zapatero para evaluar el futuro del Valle de los Caídos propuso sacar los restos de Franco del mausoleo. Era la forma más fácil de cambiar de significado al monumento y aliviar a los familiares cuyos seres queridos habían sido inhumados junto al dictador sin su consentimiento.

Manuel no ha pisado nunca el Valle de los Caídos y solo tiene intención de ir una vez: para ver cómo rescatan los restos de su padre y de su tío. Sabe que no es fácil, pero tiene una familia detrás que le apoya y no se rinde.

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Fotografía destacada: Retrato de Manuel Lapeña, fusilado a los 44 años

Fuente:http://politica.elpais.com/politica/2016/05/15/actualidad/1463311376_966731.html

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El fallo del Valle de los Caídos permite exhumar a 22 leoneses

El número de enterrados no está cerrado ya que aún queda documentación sin estudiar.

diariodeleon.es / Manuel C. Cachafeiro / 11-05-2016

Sobre todo del bando nacional, pero tampoco es una lista «cerrada», porque hay documentación, como la que custodian los benedictinos, que no ha sido lo suficientemente estudiada. Al menos 22 leoneses con nombres y apellidos figuran como enterrados en el monumento que erigió Franco para ser inhumado junto a José Antonio Primo de Rivera y caídos de los dos bandos de la guerra civil, en la sierra de Madrid, y que ha vuelto a la actualidad después de que un juez de El Escorial haya autorizado la exhumación de los restos mortales de dos hermanos fusilados en Calatayud (Zaragoza) y posteriormente trasladados al Valle de los Caídos.

En la provincia de León no hay denuncias similares, de víctimas del bando republicano enterrados en fosas y posteriormente trasladadas a uno de los grandes símbolos del franquismo, «pero eso no quiere decir que no las haya», aclara Marco González, de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica.

En el auto, el titular del Juzgado de Primera Instancia Número 2 de San Lorenzo de El Escorial estima la petición de la nieta de los fallecidos para recuperar los restos mortales de Manuel y Antonio Ramiro Lapeña Altabás y reconoce su derecho a darles una «digna sepultura». Ambos pertenecían a la CNT de esa localidad aragonesa.

De los traslados desde León, la ARMH conserva un documento del 3 de abril de 1959 del Gobierno Civil, sacado del Archivo General de la Administración, con 20 nombres, todos del bando nacional. El listado, firmado por el entonces gobernador civil lleva como epígrafe «Relación de héroes». El traslado desde León costó a las arcas del franquismo 14.265 pesetas.

En la misma documentación recogida por la ARMH se informa que una familia no pudo ser localizada, porque sus descendientes residían en Argentina, y en otro caso está documentado que murió atropellado en Torre del Bierzo. En el documento se aclara también que cuatro de ellos fueron sacados de una fosa común.

En el Valle de los Caídos yacen los restos mortales de 33.833 personas que fueron llevados desde toda España a partir del año 1959 en 491 envíos. De ellos, 21.423 están identificados y 12.410 son de desconocidos, según explica el Ministerio de Justicia en su página web, donde desde 2011 se publica un listado con todos los nombres, aunque en el caso de la provincia de León no coincide con los datos del Gobierno Civil, puesto que de esa veintena de nombres, sólo se citan ocho. Además, en otros listados figuran otros dos leoneses más hasta los 22.

Por Decreto-Ley de 23 de agosto de 1957 se creó la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos y se constituyó una comisión para estudiar los traslados. Para los enterramientos colectivos, con restos total o parcialmente identificados, fue necesaria «la conformidad familiar». Los restos no identificados, pudieron ser exhumados y trasladados, «siempre que estos no estuvieran bajo el cuidado ni atención de alguna entidad, organización o persona».

La exhumación de los restos mortales de los hermanos Manuel y Ramiro Lapeña está pendiente de la autorización de Patrimonio Nacional, organismo que administra el Valle de los Caídos, que dispondrá de 45 días hábiles para pronunciarse.

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, dijo el lunes que es «de justicia» que todas las instituciones apoyen a las personas que buscan los restos mortales de sus familiares muertos durante la guerra civil.

En cambio, la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos ha pedido a Patrimonio Nacional que deniegue cualquier actuación. En su escrito señala que es indemostrable que los restos mortales de Manuel Lapeña y Ramiro Lapeña reposen en la basílica, más bien todo lo contrario, puesto que ni en los listados oficiales, ni tan siquiera en el mapa de fosas elaborado por el Ministerio, aparecen referencias.

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Fuente:http://www.diariodeleon.es/noticias/leon/fallo-valle-caidos-permite-exhumar-22-leoneses_1068269.html

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