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“Mi padre está enterrado con el asesino. ¡Es un insulto!”

Manuel Lapeña, de 92 años, relata la trágica historia de su familia y por qué pide exhumar en el Valle de los Caídos.

elpais.com / Natalia Junquera / 16-05-2016

Manuel Lapeña nunca fue a escuchar las misas de Bienvenido, el cura de Villaroya de la Sierra (Zaragoza). Cuando la Comisión de Incautaciones le citó a declarar en diciembre de 1937, el sacerdote dijo: “Manuel Lapeña era veterinario. Fue el fundador de la CNT y causante de todo el mal que ha ocurrido al pueblo, pues supo engañar a la juventud arrastrándola por estos derroteros tan nefastos. Un tipo verdaderamente cretino, hombre funestísimo por todos los conceptos, que fue fusilado”. Purificación, nieta de Manuel, enseña el documento de esa declaración que ha leído mil veces. “Hubo curas que salvaron, y por desgracia, hubo curas que se dedicaron a hacer listas de rojos”.

Lapeña no tuvo juicio, ni sentencia. Los falangistas le pegaron un tiro en julio de 1936 y lo arrojaron a una fosa. Pero un año después, el bando franquista abrió un expediente al muerto para imponer a su familia una multa de 1.000 pesetas y embargar sus bienes: un huerto. un corral. Tenía 44 años y cuatro hijos cuando lo mataron. El único que aún vive, Manuel, que hoy cumple 92, batalla para ahora para recuperar los restos de su padre.

Un juez de San Lorenzo de El Escorial, José Manuel Delgado, cree que “existe alta probabilidad” de que esté en el Valle de los Caídos porque las fosas de Manuel Lapeña y su hermano Ramiro, también fusilado, pudieron ser dos de aquellas en las que el Régimen robó cuerpos en 1959 para alimentar las criptas del mausoleo  franquista. El 30 de marzo ordenó dar “digna sepultura” a ambos fusilados. Es decir, exhumarlos. Ninguna de las partes personadas en la causa recurrió su decisión en plazo. Pero Patrimonio Nacional aduce que la orden “no es firme”. El abogado Eduardo Ranz llevará el asunto al Tribunal Supremo si no se ejecuta. Mientras, Manuel espera. Así relata la trágica historia de su familia.

“Salí a esperarlo a la puerta de casa, pero nunca volvió”. Manuel tenía entonces 12 años. Un vecino vio la bicicleta de su padre abandonada en mitad de un camino. Otro comentó por el pueblo: “Ha caído Manuel Lapeña…”. Pudo huir, pero no quiso. “La última vez que hablamos me dijo: ‘Tú no te preocupes que a mí no me van a hacer nada porque yo no he hecho nada’. Era un buenazo”.

Su madre había muerto antes del inicio de la Guerra Civil en el parto de su quinta hija, que tampoco sobrevivió. Así que aquel verano de 1936, Carlos, de 14 años, Manuel y Elisa, de 12, y Amelio, de 10, quedaron huérfanos. “Poco después vinieron tres camiones a casa de mi abuela preguntando por mi tío Ramiro. Estuvo como un perro escondido en el monte… Le dijeron que no le pasaría nada y fue tan tonto que se entregó”. Le mataron en octubre, tres meses después que a su hermano.Tenía 39 años, estaba casado y era padre de dos hijos.

La tragedia dispersó a la familia. Manuel, su hermano Carlos y su hermana Elisa, fueron enviados con unos tíos a Zaragoza. Solo Amelio, el más pequeño, permaneció en el pueblo. Falleció porque durante una pelea que había empezado por ser “hijo de rojo” se golpeó la cabeza, relata Purificación. Tenía 14 años.

La familia ha dedicado años a rastrear el paradero de Manuel y Ramiro y ahora batalla para sacarlos del  Valle de los Caídos. “Mi padre está enterrado junto al asesino, al mayor criminal. ¡Es un insulto!”, se indigna Manuel. “Quiero enterrarlo como es debido, junto a mi madre, en su pueblo”.

No es la única familia. Ellos, como Fausto Canales, que también tiene a su padre y a su tío enterrados en el mausoleo, llevaron su caso hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sin éxito. Las siete denuncias planteadas por la vía penal fueron archivadas por prescripción, por la ley de amnistía o porque no se podía perseguir al culpable. En noviembre de 2014, el abogado Eduardo Ranz, que ayuda desinteresadamente a familiares de represaliados, decidió intentarlo por la vía civil, recurriendo a la “perpetua memoria”, un procedimiento de jurisdicción voluntaria utilizado a principios del siglo XX para cuestiones de herencias que el Tribunal Supremo “rescató del cajón” en un auto de 2012 en el que cerraba la vía penal para investigar los crímenes del franquismo, pero señalaba la civil.

El año pasado, el Gobierno de Rajoy derogó los artículos de la ley de enjuiciamiento civil, de 1881 a los que Ranz había recurrido para solicitar la exhumación. No afectó al procedimiento porque se había presentado antes del cambio legal y el juez José Manuel Delgado ordenó que se llevara a cabo, pero complica que otras familias en situaciones similares puedan usarlo como precedente.

Declaración del cura del pueblo sobre Manuel Lapeña ante en la comisión de incautaciones, en 1937.

Una montaña de huesos

Pero existe otra dificultad, la técnica. Andrés Bedate, el forense enviado por el Gobierno socialista para examinar el estado de los restos enterrados en el Valle de los Caídos, emitió en febrero de 2011 un informe descorazonador. Filtraciones de agua habían destruido muchas de las cajas de madera y convertido el interior de algunas de las capillas y criptas en una “montaña de huesos”.

El mausoleo alberga los restos de 33.833 personas (el equivalente a la ciudad de Teruel), distribuidas en siete capillas y criptas. En la capilla Virgen de África y en la del Carmen los restos estaban en buen estado. En la de la Inmaculada, la de la Virgen de Loreto y la cripta del santísimo estaban “fracturados y aplastados”; La familia Lapeña cree que Manuel y Ramiro, como todos los cuerpos procedentes de fosas de Calatayud (hasta 81) fueron inhumados en un lugar que no fue examinado, el piso tercero de la cripta del sepulcro.

Bedate anotó en su informe que no había visto su contenido “por imposibilidad técnica de acceso”. Miguel Angel Capapé, el marido de Purificación y presidente de la Asociación para la Recuperación e Investigación contra el Olvido (ARICO), acompañó a un grupo de familiares a ver el interior de las criptas en 2011. “Había muchos huesos amontonados. En uno de los niveles se veía la tapa de una caja de madera, con un nombre individual y otra con el nombre del pueblo de donde procedían los restos. Pero el piso tercero, donde creemos que están Manuel y Ramiro no lo vimos”.

La opinión del forense Etxeberria

El forense Francisco Etxeberria ha abierto cerca de 200 fosas comunes del franquismo, algunas en lugares complicados como minas, pozos, cavernas… Ha examinado los restos de Miguel de Cervantes, de Lasa y Zabala, del expresidente chileno Salvador Allende o del poeta Pablo Neruda, pero exhumar en el Valle de los Caídos, asegura, sería su mayor reto profesional: “No hay ningún sitio igual en el mundo”. La familia Lapeña ha solicitado a Patrimonio Nacional que sea él quien asuma los trabajos.

Etxeberria conoce las fotos de “montañas de huesos” del informe del forense Andrés Bedate. “Es mucho más difícil esto que buscar una fosa común en un monte, pero es pertinente intentarlo. La familia tiene derecho”.

Si los restos están en el piso tercero de la cripta del sepulcro podrían haberse salvado de las filtraciones de agua, pero “es imposible saberlo hasta que no se abra”. La Asociación de Defensa del Valle de los Caídos amenaza con querellas si se ejecuta la orden del juez de San Lorenzo del Escorial. El forense niega que la exhumación pueda suponer una “profanación de tumbas”. “Somos profesionales cualificados, médicos. Hemos abierto fosas comunes en cementerios, junto a restos recientes, y siempre con el máximo respeto. De hecho, se podría aprovechar para dignificar los restos de las víctimas del bando franquista que ahora están amontonados y sustituir las cajas de madera por otras de materiales más resistentes”. El juez ya desestimó la petición de una mujer de Jaén para personarse en la causa porque su padre también está enterrado en el Valle. El tribunal estableció que los restos estaban muy lejos de los columbarios donde se cree que fueron inhumados Manuel y Ramiro Lapeña.

Exteberria opina que en España hay “un equipo de profesionales” capacitado para intentarlo, pero “sin crear falsas expectativas”. Todo depende del estado de la caja de Calatayud, si se encontrara. Y también de la “proporcionalidad”. De si, para identificar a dos personas hubiera que extraer ADN de decenas de restos; por ejemplo. Y del coste. El juez de El Escorial indica en su auto que la familia tendría que correr con los gastos.

La tarea es muy complicada, y ese fue uno de los motivos por el que la Comisión de Expertos designada en 2011 por el Gobierno de Zapatero para evaluar el futuro del Valle de los Caídos propuso sacar los restos de Franco del mausoleo. Era la forma más fácil de cambiar de significado al monumento y aliviar a los familiares cuyos seres queridos habían sido inhumados junto al dictador sin su consentimiento.

Manuel no ha pisado nunca el Valle de los Caídos y solo tiene intención de ir una vez: para ver cómo rescatan los restos de su padre y de su tío. Sabe que no es fácil, pero tiene una familia detrás que le apoya y no se rinde.

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Fotografía destacada: Retrato de Manuel Lapeña, fusilado a los 44 años

Fuente:http://politica.elpais.com/politica/2016/05/15/actualidad/1463311376_966731.html

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El antropólogo forense Francisco Etxeberria obtiene el premio Trece Rosas

El jurado ha valorado su compromiso en la exhumación de fosas.

asturias24.es / 13-04-2016

El antropólogo forense Francisco Etxeberria es el ganador de la séptima edición del premio Trece Rosas Asturias, que se ha fallado esta tarde. El jurado ha valorado su compromiso en la exhumación de fosas, entre ellas la de Valdediós, y su papel científico en la recuperación de la memoria histórica. El galardón está convocado por la Asociación Trece Rosas. El médico vasco se ha impuesto en la última votación al periodista asturiano fallecido Jaime Menéndez El Chato. También optaban al premio la abogada argentina Ana Messuti, la Asociación de Amigos Fosa de Parasimón y el pueblo de Fonsagrada.

Nacido en Beasain (Guipúzcoa) en 1957, Etxeberria es doctor en Medicina y especialista en antropología y biología forense. Actualmente desarrolla su actividad tanto en la Universidad del País Vasco como en el Instituto Vasco de Criminología. Etxeberria es un pionero en España en la recuperación de la memoria histórica. Participó en la primera exhumación de cadáveres en el año 2000 en un pequeño pueblo del Bierzo que sacó a la luz el olvido padecido por los muertos republicanos fusilados y enterrados en las cunetas durante el franquismo. Forma parte de la asociación de ciencias Aranzadi y ha colaborado en más de un centenar de exhumaciones que van del norte al sur de España. Un ejemplo claro es la fosa común de Valdediós.

Etxeberria, reconocido como un gran experto en medicina forense, ha participado en casos de fuerte relevancia mediática como el caso Lasa y Zabala en el año 1995, en el que confirmó que los huesos encontrados en Bussot (Alicante), diez años antes eran de los desaparecidos Lasa y Zabala. Por ese motivo fue elegido por el Gobierno Vasco para que formara un grupo de investigación sobre torturas en el País Vasco desde el año 1960 hasta el 2010, con la finalidad de establecer las reparaciones y las medidas necesarias para la prevención de las torturas.

Trabajos en el extranjero

También participo en investigaciones en el extranjero, como en la exhumación y autopsia de Víctor Jara en el año 2009, el cantautor chileno asesinado durante el golpe de estado del General Pinochet. También formó parte de un grupo de investigación internacional con la finalidad de confirmar que Salvador Allende se había suicidado y no había sido ejecutado en el Palacio de la Moneda.

Asimismo ha intervenido en casos de gran impacto social, como fue el de José Bretón y sus hijos. Etxeberria hizo un segundo informe pericial a solicitud de la madre de los niños y con los datos recogidos pudo establecer que los huesos encontrados en la hoguera eran de origen humano y no como se había establecido con anterioridad en un informe realizado por la policía. A partir de ahí, la investigación tomó otro giro y la policía le imputó a Bretón el delito de doble asesinato por sus hijos. También ha formado parte de la búsqueda del cuerpo Miguel de Cervantes Saavedra en la cripta del convento de monjas trinitarias.

En las anteriores ediciones de los premios Trece Rosas los galardonados fueron Cristino García, militante comunista asturiano, sindicalista y guerrillero; los españoles represaliados en Mauthausen, los maestros de la Segunda República, el juez Baltasar Garzón; Ángeles Flórez, más conocida como Maricuela, una madre coraje, perseguida por el franquismo y la Asociación de la Recuperación de la Memoria Histórica.

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Fotografía destacada: Francisco Etxeberria. // EITB.ES

Fuente:http://www.asturias24.es/secciones/vivir/noticias/el-antropologo-forense-francisco-etxeberria-obtiene-el-premio-trece-rosas/1460573469

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Caridad y voluntariado para desenterrar a las víctimas del genocidio franquista

“No hay más fosas comunes por descubrir”. Con este argumento, el pasado jueves día 8 de octubre el Partido Popular se negó, por tercer año consecutivo, a dedicar una partida de los presupuestos generales a la recuperación de víctimas del genocidio franquista rechazando las enmiendas interpuestas en este sentido.

Sólo la Asociación por la Recuperación de la Memoria histórica (ARMH), que está atendiendo a los familiares de los desparecidos, tiene más de 1.500 solicitudes de exhumación en cola.

news.vice.com / Aitor Fernández / 27-10-2015

Desde 2006 y hasta 2011, el gobierno español había concedido entre 3 y 5,6 millones de euros para actividades relacionadas con la recuperación de la memoria histórica y el reconocimiento moral a las víctimas, pero el PP las eliminó en cuanto asumió el poder.

Algo que choca frontalmente con las recomendaciones de la ONU. En junio del año pasado, la ONU recordó al Estado español su obligación, por el derecho internacional y la Declaración sobre protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas —que ratificó en 2010—, de atender las solicitudes de los familiares de estos desaparecidos.

La ARMH, que es una entidad sin ánimo de lucro, siguen atendiendo, a contracorriente, las peticiones de exhumación de los familiares de las víctimas de la Dictadura franquista.

Desde que exhumaron la primera fosa de todo el Estado con métodos científicos, hace ahora 15 años, han investigado más de 3.000 muertes por desaparición forzosa, exhumado 162 fosas comunes y rescatado a 1.350 víctimas.

La entidad, a la que están asociadas más de 500 personas, cuenta con tres trabajadores a tiempo parcial. Sin embargo por ella han pasado más de 1.200 voluntarios, que representan —según la asociación— el 80% de la financiación que ha hecho posible el trabajo realizado.

“A finales del pasado año la situación era muy complicada y estuvimos a punto de cerrar”, explica René Pacheco, arqueólogo de la ARMH, a VICE NEWS. Sin financiación, el trabajo se había reducido un 75 por ciento y los tres trabajadores se ocupaban de la entidad de forma voluntaria en su tiempo libre.

“Potenciamos la búsqueda de socios y Elogit, un sindicato noruego de electricistas, donó 6.000 euros con los que llevamos a cabo cinco nuevas búsquedas y exhumaciones que ya estaban investigadas y programadas”, añade.

Poco antes de bajar la persiana, en mayo de 2015, la asociación recibió el premio al activismo de los Derechos Humanos de la ALBA Puffin Fundation, dotado con 100.000 dólares (89.700 euros), algo que ha permitido que el proyecto siga adelante.

Crowdfunding para exhumar fosas

El micromecenazgo online fue uno de los métodos que la ARMH se planteó para encontrar financiación, pero al final fue descartado. Al menos, tres iniciativas de crowdfunding han permitido financiar con éxito exhumaciones. Son los casos de Borriol, Valencia, en 2013; en Monte de Estépar, Burgos, en 2014, y en Velilla de Jiloca, Zaragoza, este año.

La ARMH siempre ha sostenido que no deberían ser las propias víctimas, sino la maquinaria del Estado, la que se responsabilice de esta labor.

La exhumación en Monte de Estépar fue dirigida por Francisco Etxeberría, médico forense y director de la Sociedad de Ciencias Aranzadi. La intervención permitió rescatar un centenar de cuerpos enterrados en cuatro fosas. La recaudación (15.350 euros) cubrió los gastos, pero no la mano de obra, que fue voluntaria.

“Yo no cobré absolutamente nada, colaboramos voluntariamente porque sólo había dinero para el alojamiento y la comida”, asegura a VICE News Etxeberría.

Uno de los mayores referentes en medicina legal, este médico forense que ha participado en miles de exhumaciones en España y en el mundo prefiere no utilizar esta fórmula de financiación. “Si yo cuento esta fórmula de financiación en Chile o Argentina se quedarían alucinados”, explica.

El 20 de noviembre de 2002 se condenaron de forma unánime en el Congreso los crímenes del Franquismo. En diciembre, el Lehendakari Juan José Ibarretxe hizo una declaración institucional diciendo que se debían apoyar todas las iniciativas en materia de memoria histórica.

Desde 2003, y hasta hoy, los distintos gobiernos de Euskadi, han apoyado aquellas actividades relacionadas con el reconocimiento de los Derechos Humanos y la memoria histórica.

Un Estado irresponsable y descoordinado

“En el País Vasco existe una ventanilla donde se pueden dirigir los ciudadanos, algo único en el Estado español”, relata Etxebarría. Las instituciones vascas han atendido y financiado 3.000 solicitudes, que han sido atendidas gracias a los técnicos de Aranzadi y de la Universidad del País Vasco.

“Yo creo que esto debe seguir siendo así, porque el tema es complejo y requiere de gente que sepa: un historiador, un documentalista, un antropólogo… Las instituciones deben tutelar, ofrecer garantías. Y me refiero a todas las instituciones, a todas las administraciones, desde la organización central hasta el ayuntamiento de mi pueblo”, considera este experto.

Etxebarría también sostiene que la participación de la Justicia es necesaria, pero que lo prioritario es recopilar información para generar la documentación. “A la causa argentina hay que ir con documentos y somos los técnicos los que los generamos”, sostiene Etxebarría.

En Argentina, la jueza María Servini instruye la única causa abierta en el mundo que investiga los crímenes cometidos durante la dictadura franquista. “Yo soy partidario de la propuesta que hizo Amnistía Internacional en 2006: la creación de una Comisión de la Verdad formalmente constituida gracias a la voluntad política e independiente de la Justicia.”

Las Comisiones de la Verdad —entidades oficiales, no judiciales y de vigencia limitada que se constituyen para esclarecer pasadas violaciones de Derechos Humanos— funcionaron en Chile o Argentina, países donde actualmente se encuentran activos decenas de juicios por crímenes de lesa humanidad.

“En el Sáhara encontramos el caso de civiles torturados y asesinados por las fuerzas marroquíes, los técnicos hemos generado unas pruebas y el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz utilizó todas las imágenes e informes para procesar a 11 militares marroquíes por genocidio. Eso es lo normal”, concluye Etxebarría.

“En España no existe un archivo central que controle el número de fosas que se han exhumado, ni el número de solicitudes que se han atendido, por eso es tan difícil saber cómo se está haciendo el trabajo”, afirma a VICE NEWS Francisco Ferrándiz, científico titular delConsejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y coordinador del proyecto “El pasado bajo tierra”.

En “El pasado bajo tierra” científicos de diferentes disciplinas comparan el caso español con otros acecidos en distinto lugares del mundo.

“Hay regiones donde se ha exhumado mucho, como Euskadi o León, y lugares donde no se ha exhumado prácticamente nada, como Catalunya, pero es evidente que ha habido una parón general”, considera Ferrándiz.

El científico argumenta que, además de a la ausencia de subvenciones, hay otros factores como “los protocolos que encarecen las exhumaciones” —aquellos que exigen mayor personal técnico y encarecen demasiado su realización— o “la dificultad cada vez mayor para localizar las fosas.”

La ardua tarea continua

“Me sorprende lo que duró el debate público de la memoria”, sostiene Ferrándiz. Para este científico “se ha hecho mucho trabajo de memoria, pero llega un momento que la empatía pública se agota, la gente se acostumbra a las imágenes y ya no hay tantas cámaras en las exhumaciones, del mismo modo que ya no se habla tanto del tema de los refugiados”, sentencia.

Sin embargo, añade, que los que realmente han olvidado son las instituciones: “El presidente del gobierno nunca ha acudido a una exhumación”.

Francisco Etxeberría recalca que es importante ver cómo el movimiento de memoria histórica vive más allá de las exhumaciones. “Hoy día hay cantantes que componen canciones, artistas que hacen esculturas, escritores que dan conferencias… Es algo imparable. Estamos rodeados de víctimas y entre ellas se cuentan las víctimas del Franquismo.”

“Lo que sorprende fuera de España es que existan tantos desaparecidos”, afirma por su parte René Pacheco. “La falsa imagen de ‘Transición exitosa’ funciona en el mundo y se ha difundido como modelo en muchas universidades”, argumenta Ferrándiz.

“La mayoría de gente en España cree que esta labor [de recuperación] se ha frenado y la sociedad percibe que es un problema menor que afecta a pocas personas”, opina el arqueólogo de la ARMH.

“Creo que todos los partidos, independientemente de su ideología, deberían incluir este tema en sus programas, porque cualquier víctima tiene derecho a la memoria “, afirma Etxebarría, quien confía en que así sea.

“La ARMH ha conseguido financiación, Aranzadi nunca ha parado de exhumar y ayudar en lo que ha podido al resto. Vamos a ver lo que pasará en Andalucía y Navarra, donde se intentan aprobar políticas de memoria. Puede que la financiación estatal vuelva, pero debería hacerlo de forma más estructurada. Pero esto va a seguir, sin duda, a otro ritmo, con otro perfil”, concluye Ferrándiz.

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Fotografía destacada: Imagen por Aitor Fernández

Fuente:https://news.vice.com/es/article/caridad-y-voluntariado-para-desenterrar-a-las-vctimas-del-genocidio-franquista?utm_source=vicesportsestw

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Una juez de Soria abre una causa por crímenes del franquismo

El juzgado de Almazán solicita información sobre la ejecución de 10 hombres en 1936.
Reprimenda de la ONU a España por no extraditar a Argentina a 17 cargos franquistas.

El País / Natalia Junquera / 27-03-2015

Los mataron a plena luz del día, el 14 de agosto de 1936, hacia las dos de la tarde. En el lugar donde iban a fusilar a 10 hombres, Barcones (Soria), había en ese momento un grupo de niños jugando. Un falangista los echó, pero los menores se escondieron y presenciaron la terrible escena. Casi una vida después, en julio de 2013, Matías Bonilla, que tenía 9 años aquel 14 de agosto de 1936, señaló a antropólogos forenses el lugar donde habían sido enterrados. Y con un auto del pasado 17 de marzo, la titular del juzgado de instrucción 1 de Almazán acaba de iniciar, 78 años después, una investigación por aquellos asesinatos.

Esta es la única causa abierta en España por crímenes del franquismo y la primera después de la que le costó la suspensión al juez Baltasar Garzón en la Audiencia Nacional y un juicio por prevaricación ante el Tribunal Supremo del que finalmente salió absuelto. Hasta ahora, la única causa abierta en el mundo por crímenes del franquismo se instruía en Buenos Aires. Precisamente este viernes, cuatro expertos de la ONU —el presidente del grupo de trabajo para las desapariciones forzadas y tres relatores especiales— reprendieron con dureza a España en un comunicado por no atender la petición de extradición de la juez argentina María Servini de Cubría, que quiere interrogar a 17 excargos franquistas a los que imputa posibles delitos de lesa humanidad. “El Estado español no puede escudarse en los principios de prescripción y extinción de la responsabilidad penal [la ley de amnistía de 1977] para no extraditar o juzgar a los responsables”, ya que los delitos de los que están acusados [torturas y crímenes de lesa humanidad] “son imprescriptibles”, aseguran.

Iván Aparicio, presidente de la asociación Recuerdo y Dignidad de Soria, que acudió al juzgado de Almazán en representación de los familiares de los fusilados en Barcones, considera que la apertura de esta causa “es un paso de gigante”. Y su abogado, Eduardo Ranz, confía en que “se contagie” a otros juzgados españoles donde descendientes de cientos de víctimas del franquismo han planteado demandas similares.

El juzgado de Almazán sobreseyó inicialmente esta causa “por no resultar conocido el autor de los hechos”. Pero la asociación de familiares sugirió entonces a la juez la posibilidad de localizar documentación que arrojara luz sobre la identidad de los asesinos, y la magistrada ha atendido su petición. Así, ha librado un oficio a la Guardia Civil y a Falange para que le envíen al juzgado “las hojas de servicio” de los agentes el 14 de agosto de 1936, así como “posibles órdenes de ejecución” o “puestas a disposición” de las víctimas. La juez pide, asimismo, que “se averigüe” si esas ejecuciones fueron “únicas o sistemáticas”, es decir, si como plantean Recuerdo y Dignidad y todas las asociaciones de memoria histórica de España, no se trataba de delitos comunes, sino de un plan de exterminio de quienes no apoyaban el golpe militar de Franco.

El más joven de los 10 fusilados en Barcones tenía 25 años y el mayor, 54. Juan Ballano y Cándido Muyo eran agricultores; Mariano González, ferroviario; Juan Pablo Rica, concejal de cultura en San Esteban de Gormaz. Fue precisamente la hija de este último, Amelia, quien impulsó la exhumación al pedir ayuda a la asociación Recuerdo y Dignidad. Tenía entonces 92 años y quería recuperar los restos de su padre antes de morirse. “Desgraciadamente falleció a los 96, un mes antes de que lográramos abrir la fosa y exhumar los restos.También a ella le habían hecho la vida imposible: le raparon la cabeza, le hicieron beber aceite de ricino y la obligaron a pasear en camisón, sin pelo, por el pueblo ”, lamenta Aparicio. Fue el antropólogo forense Francisco Etxeberria, que acaba de participar en la identificación de los restos de Cervantes, quien dirigió los trabajos. El equipo localizó los cuerpos de seis de las 10 víctimas —no encontraron los de cuatro afiliados a la CNT— y uno más que no esperaban: el esqueleto de una joven musulmana que había sido enterrada allí en el siglo IX.

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Fotografía destacada: Exhumación de seis de los 10 fusilados en Barcones (Soria) llevada a cabo en julio de 2013 por el antropólogo forense Francisco Etxeberria. / RECUERDO Y DIGNIDAD

http://politica.elpais.com/politica/2015/03/26/actualidad/1427397890_580220.html

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LA MEMORIA DE LA TIERRA

El País Semanal/Texto: LOLA HUETE MACHADO Fotografías: SOFÍA MORO 14/11/2010

Al abrir una fosa no se desentierra a los muertos, sino la historia robada a muchos vivos. Allí dentro hay huesos de seres queridos, las balas que los mataron, la evidencia de lo sucedido. En el año 2000 se abrió la primera fosa con protocolo científico en Priaranza (León), en busca de Emilio Silva Faba y otras 12 personas. En esta década, un total de 5.277 de los más de 100.000 desaparecidos en la Guerra Civil han sido exhumados en 231 fosas. Arqueólogos, forenses, antropólogos, familiares y voluntarios lo hacen posible.

Veo cómo limpiáis cada hueso despacio, con la brocha, con tanto mimo, que parece que los estáis acariciando, y pienso en lo distinto que es hoy a como debió ser el día que los asesinaron…”. Lo comenta Anabel Lapuente, nieta de una de las personas que acaban de encontrar en una fosa de Ágreda (Soria) los expertos y voluntarios de la Sociedad Aranzadi, dirigidos por el forense Francisco Etxeberria y la antropóloga Lourdes Herrasti. Se hace el silencio. Y es entonces cuando las aludidas, cuatro estudiantes de Medicina de la Universidad del País Vasco (UPV), rompen a llorar. Y con ellas, todos los presentes.

 

Ágreda es austero y monumental. Tranquilo. Saltan corzos por las carreteras. Lo advierten los carteles. Mil desaparecidos durante la Guerra Civil se cuentan en Soria. El cementerio está esquinado, y aquí, en una zona en desuso, se ven los cuatro esqueletos tirados bocabajo, maniatados, liberados ya de la tierra apelmazada durante décadas y mojada por la lluvia del día. Algunos vecinos del pueblo lo repitieron: “Vimos cómo los echaban aquí y cómo los mataban allá arriba, en el paraje de Los Cabezos…”. Son Luis Torres (35 años, jornalero), Marcelino Navarro (17, aguacil), Gregorio Torres (alcalde) y Feliciano Lapuente (campesino, de 33). “Que consta fueron asesinados el 19 de octubre de 1936”, se lee en el informe preliminar del equipo, que indica además: “Se encuentra presente doña Pilar Pérez, alcaldesa de Torrellas”. Y aquí está ella hoy de nuevo. “No es habitual que un cargo municipal se implique tanto”, asegura Etxeberria al hilo de la indiferencia política nacional al uso. Nada extraño si se tiene en cuenta que la Ley de la Memoria Histórica (leymemoria.mjusticia.es) data en España de 2007, tan coja que Amnistía Internacional la definió como “alejada del Derecho internacional”, pues delega en asociaciones de víctimas una tarea que debía realizar el Estado. Y que Baltasar Garzón, el juez que abrió causa contra los crímenes del franquismo tres décadas después de la muerte del dictador, está inhabilitado desde mayo, como aviso para navegantes. Y ahí anda, en La Haya, en espera.

“Los cuatro de Morella”, llaman a estos hombres. Uno es menor, Marcelino. Lo explica el estomatólogo Claudio Albizu al mostrar uno de sus dientes. “Se sabe por esto”. Los otros tres deben ser identificados. Irán al laboratorio de la UPV junto a otros muchos en busca de un nombre que se les podrá dar o no: porque no haya ADN para comparar o esté contaminado. En los esqueletos, donde aparecen piezas de metal, han colocado bolas de colores; la mayoría son balas de pistola. Marcelino llevaba gemelos y una moneda de plata. Los muestran. Nadie se lo explica: “Quizá su madre le dijo al salir: ‘Hijo, ponte bien por si acaso”, comentan los lugareños. Pero se ve que dio igual.

Los familiares cuentan lo que sienten antes de que los cuerpos sean retirados. También es invitado Iván Aparicio, de la Asociación Soriana Recuerdo y Dignidad, a decir unas palabras. Dice varias: “Se habla de ‘muertos de la Guerra Civil’, pero estos no son muertos en la guerra, son civiles que no habían cogido un arma en su vida, sacados de sus casas y asesinados. Esto es lo que fue el fascismo en España, un crimen contra la humanidad. Y no puede ser que tengamos que corregir las violaciones de derechos humanos los voluntarios de cuatro asociaciones y los parientes. Esto es un acto de reparación hacia las familias. Pero aún hay que reparar a las víctimas. La legislación internacional vinculante incluye verdad, justicia y reparación. Hay que mostrar la verdad, hay que juzgar a los responsables, y hay que reparar. Sobre juzgar, en algún momento se tendrá que afrontar lo que pasó hace 74 años, pero también lo que pasa hoy con la Ley de la Memoria Histórica, que cumple la función de ley de punto final, y la falta de actuación de las Administraciones de justicia. Aquí tenía que haber un juez levantando un cadáver, esclarecer las señales de violencia, y no es así; así que alguna vez se tendrá que ver en el Tribunal de Derechos Humanos a los responsables de que se perpetúe la inmunidad del franquismo”. Y ciertamente, aquí juez no hay ninguno.

El trabajo que realiza este equipo (y otros, valga este de ejemplo) sigue un protocolo científico propio (recogida de información, prospección, exhumación, identificación) a falta de uno oficial que asegura Etxeberria ya está elaborado hace rato porque él mismo ha participado. Pero, sí, se diría que es ceremonia amorosa: excavan con dedicación la tierra, la criban; extraen los restos, los observan y, tras limpiarlos (esqueletos, ropas, zapatos…), los guardan en cajas para luego dotarles de genealogía: esposa, hijos, padres, currículo… Reconstruyen así biografías. Como estas de Ágreda en una fosa más, la penúltima de las 231 abiertas desde hace una década, de las 2.052 que existen, según el Gobierno. Un total de 5.277 personas han sido exhumadas, pero se calcula que los desaparecidos superan los 100.000. Garzón manejó en 2008 un censo elaborado por familiares de 143.353, porque no existe ninguno oficial. Algunas comunidades tienen elaborado ya su mapa de fosas; otras están en ello.

Más de 100.000 biografías. Como la de Bárbara Sebastián Vela, de 70 años, encontrada en Illueca (Zaragoza); la de la maestra María de los Desamparados Blanco, vista por última vez en Lario (León) cuando su hijo Florentino tenía 18 años, y a la que este ha exhumado ahora con noventa y tantos; la de Jerónima Blanco y su hijo Fernando Cabo, de tres años, a los que mataron y enterraron en el huerto de su propia casa en Ponferrada para forzar la vuelta del marido, Isaac Cabo, que les sobrevivió; la docena de enfermeras del hospital psiquiátrico en Valdediós (Asturias); las 15 mujeres y un adolescente de Grazalema (Cádiz); los siete muertos de Fontanosas (Ciudad Real), cuya ubicación desveló una carta anónima dirigida al alcalde por un miembro del pelotón de fusilamiento. O la de Julián Merino, cuya esposa, Teresa Pozo (recién fallecida), quedó sola a los 23, embarazada de siete meses, con dos hijos, represaliada. La única viuda que vivió lo bastante para presenciar en 2005, con 93 años, la exhumación de su marido en Covarrubias (Burgos).

“La dignidad de las víctimas de la represión franquista no se ha perdido nunca”, dijo el juez Garzón hace nada. “La dignidad la pierden los que en España no dan una respuesta adecuada a esos hechos”. Y añadió algo que todos los implicados en exhumaciones confirman: “Nunca, ni en Chile, ni en Argentina, ni en España, he visto a los familiares de las víctimas pedir venganza. Solo piden justicia, y eso es algo así de sencillo. Y tan complicado, parece ser, a la vez”. Nada extraño. Nada que no se haya hecho ya antes. En realidad, como dice la periodista Natalia Junquera en el prólogo del libro reciente Memoria histórica, del CSIC, se podría decir que la memoria histórica la inventó Franco: “Fue él el primero en pedir censos de desaparecidos, en encargar a expertos un protocolo de exhumaciones y, hasta ahora, el único que preservó por ley las fosas comunes para que no se construyera sobre ellas. Múltiples órdenes en el BOE dan cuenta de su afán por honrar a las víctimas. A las suyas”. Y hasta desplazó restos de republicanos al panteón de El Escorial cuando los suyos no le alcanzaron para llenarlo (la gran tumba pendiente).

Desde siempre hubo familiares que quisieron recuperar a sus seres queridos para darles sepultura, el acto que cierra el círculo y es primordial para muchos. Algunos lo intentaron por sí solos, con pico y pala por así decir, pero se dieron cuenta de que no era modo. Porque en la mayoría de las fosas se encuentran varios o muchos; fosas comunes se llaman por algo. Por eso juntos yacían 125 en la de Valdenoceda (Burgos), 80 en la de Magallón (Zaragoza), más de 300 en la del monasterio de Uclés (Cuenca), 2.840 en la del cementerio de San Rafael (Málaga)… ¿Y cómo saber quién es quién? La tarea de poner nombre y apellido a los desaparecidos en España tiene mucho que ver con la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH, www.memoriahistorica.org). Esta nació al calor de lo sucedido en 2000 en la cuneta de la carretera N-536 en Priaranza del Bierzo (León), cuando se abrió una fosa por vez primera con método científico. En ella se encontraba Emilio Silva Faba.

“A mí fue mi abuelo quien me enseñó a hablar. Aun muerto. Porque hasta el día que lo encontramos en Priaranza nunca fui capaz de hablar en público, ni levantar el dedo siquiera en la universidad para no significarme, tal era el miedo en mi familia”. Emilio Silva nieto (presidente de la ARMH) lo confiesa en su casa en Madrid, mientras Emilio Silva padre, 84 años, manos delgadas y piel transparente, asiente. Hablan de aquel hombre que les dio la vida, cosmopolita, que a principios del siglo XX residió en EE UU y Argentina, regresó un día a su pueblo natal para papeleos y allí se quedó para siempre tras conocer a Modesta Santín, con la que tuvo seis hijos. Pusieron tienda en Villafranca del Bierzo, al estilo almacén de coloniales, La Preferida se llamaba. De ella nos dirá luego Felisa Rubio, testigo de aquel tiempo y amiga de la familia, tumbada en su cama en Triacastela (Lugo) por el peso de sus 87 años, que vendía “las mejores aceitunas de la comarca y muchas alpargatas; era una casa con corredor hacia el río, allí jugábamos”. Emilio Silva hijo enseña una foto en la que aparece él con una pancarta reivindicando un centro escolar. Al fondo se ve La Preferida, en la esquina del viaducto donde hoy se levanta una casa moderna.

“Mi padre era azañista, se significó mucho, en Villafranca había mucho convento… Recuerdo el día en que empezó la guerra, y cómo los falangistas nos quitaban productos de la tienda; aquí tengo los recibos, mira. Mi padre sabía que su vida valía lo que la mercancía; cuando se terminó, se acabó”. Su desaparición le marcó. “Me hinché a llorar, lo que me ha cambiado la vida, pensaba. Mi madre quedó rota, yo era el mayor, 10 años, trabajé hasta de pastor”. Aun así, consiguió burlar al destino y tener la vida viajera que su padre habría querido. Emilio nieto añade: “Mi abuela murió cuando yo tenía 32. Siempre me sentí atraído por la figura del abuelo, pero nunca la oí hablar de él, y lo intenté”. Hasta que tomó una decisión: “Que dejara de ser un relato familiar. Sus restos estaban en un lugar que yo desconocía. Pero estaba dispuesto a cambiar el final de su historia”.

Lo que sucedió luego lo saben bien los implicados: Julio Vidal, Paco Etxeberria, Daniel Fernández, Santiago Macías… Vidal, arqueólogo de León, hombre de gran preparación, muy viajado, que se define a sí mismo como “pesimista político”, y su esposa, la antropóloga María Encina Prada, se pusieron a su disposición desde el minuto uno. “Corre, corre, que por aquí hay muertos’, siempre oí de niño esa frase de mi hermana al pasar por un lado de la carretera. Mi madre era de Priaranza, y lo de la fosa era cercano a mí, a mis vacaciones… A raíz de un artículo en prensa de Emilio Silva en 2000 nos enteramos que quería recuperar el cuerpo de su abuelo. Nos ofrecimos a colaborar aplicando la metodología arqueológica y de la antropología forense… Contacté con Etxeberria, que no tardó ni dos segundos en plantarse aquí. Se formó un pequeño equipo, el Ayuntamiento prestó la excavadora”. Se pusieron a ello. Los lugareños sabían del lugar. “Pero sucede que las referencias espaciales y el paisaje cambian, así que no fue hasta el tercer fin de semana, ya desesperados creyendo que los cubría la carretera, cuando aparecieron restos de un zapato con pie”. Fue un impacto. Esos muertos eran casi leyenda. En ese instante pasaron a ser pura verdad.

Como lo serán seguramente los tres maquis cuya fosa andaba localizando Etxeberria en Ezcurra (Navarra), un valle hermosísimo, hace una semana a petición de la Asociación Navarra de Familiares. En Navarra hubo 3.500 víctimas aun sin guerra. Ángel Mariezcurrena, oriundo, lleva años soñando con destapar el suceso del que él supo por su padre. El propietario del terreno lo confirmó: “Fue una emboscada y los mataron”. Ese rincón era antaño zona de paso de los guerrilleros escondidos en Francia. “Ahora habrá que asegurar con el georradar”, dice el forense. Y allí sucedió que en el bar del pueblo los lugareños ampliaron detalles. “Antes eso era imposible”, cuenta Etxeberria, “en 10 años la gente ha perdido el miedo a hablar”. Un grupo de estudiantes alemanes está presente; realizan sus tesis sobre el fascismo. Han pasado ya por Gernika, van a la zona del Ebro, quisieron saber de fosas. “No entendemos que esto esté ocurriendo ahora y no antes”. Él responde: “Hay quien no quiere que se sepa nada, incluidos partidos con conciencia de izquierda, y hasta nos acusan de destruir pruebas. Pero esto es justo lo contrario. Un lugar como este pasa de ser anónimo para convertirse en una prueba histórica. Antes de Navidad estará abierto y será un hecho”. Mariezcurrena no puede dormir pensando que alguien abra la tierra por su cuenta. “Hace años alguien habría excavado, pero ahora ya no, basta pedir permiso, de prospección y exhumación se llama. Navarra, por ejemplo, nunca los negó, pero en otras comunidades… bueno, según qué zonas”.

“La fosa de Priaranza tardó en aparecer, lo cual fue positivo porque se empezó a correr la voz, a venir gente, incluso de derechas, a ayudar; otros, a preguntar, a ver si ellos también podían buscar a los suyos”, rememora el entonces alcalde de la localidad y ahora concejal socialista Daniel Fernández, que colaboró sin dudarlo (“a una persona que busca a su padre no hay que mirarle filiación”), subiendo las calles de Priaranza. “El dueño de la finca sabía lo que había, no puso el terreno en producción nunca, plantó nogales y esperó. Luego nos lo cedió”. Allí estaban los 13 hombres asesinados el 16 de octubre de 1936, la mayoría con dos tiros en la nuca. Como deseaba, Emilio sacó a su abuelo, y este se convirtió en el primer represaliado de la guerra identificado genéticamente. Lo llevó a Pereje, su pueblo natal, en el Camino de Santiago, a un bucólico cementerio en la ladera de un monte ante el que cruzan los peregrinos. Allí en el panteón se lee su nombre completo por expreso deseo de su viuda, como si ella siempre hubiera sabido que iba a regresar.

Del grupo, no todos fueron identificados, algunos nunca reclamados. “Eso es tremendo, vidas en suspenso”. Juntos yacen en un nicho del cementerio de Villalibre de la Jurisdicción bajo una placa: “A la memoria de todos aquellos que lucharon y dieron sus vidas por la democracia y la libertad”. El ex alcalde puntualiza: “Ni luchar pudieron, si los mataron en octubre”. Las historias que se cuentan en la comarca de El Bierzo son infinitas. La guerra está aún presente. Y la posguerra, aún más, “mucho hambre y mucho maqui; vete al Campo de las Danzas y verás”, sugiere una de las mujeres con zuecos mientras trabaja la huerta en esta tierra vigorosa. Los hombres se agolpan a la hora del café en el bar Inés, y también cuentan. Antonio Fierro, por ejemplo: “Los vi muertos en la cuneta, los niños bajamos a mirar”. No le impresionó. “Estábamos hechos a todo…, así eran esos tiempos”.

Santiago Macías, vicepresidente de la ARMH, 38 años, oriundo, llevaba desde los noventa reivindicando a los desaparecidos, interesado por los guerrilleros que abundaron en Castilla y León (de los que ha escrito). “Pero no es lo mismo organizar un homenaje que tener una fosa delante, la presencia física de los desaparecidos cambió completamente la historia, las evidencias transforman todo”, dice pisando hoy la acera de la N-536. “Emilio tenía un interés particular, y yo, general; coincidimos, y ahí nació la ARMH”, aclara. Su laboratorio se encuentra en Ponferrada, en una sala cedida por la Universidad de León. Es sobria, llena de fichas con el título “desapariciones forzadas”, cajas con restos humanos y prendas, informes para mandar a Presidencia a efectos de cuentas, recortes de prensa, una pizarra con fosas pendientes de abrir (la de Candeleda, en Ávila, quizá lo esté ya, dirigida por los forenses José Luis Prieto o Roxana Ferllini). Por las paredes cuelgan viñetas. Destaca una en la que una silueta del Rey dice: “La ley dice que cada vez que se encuentra un cadáver debe presentarse un juez para su levantamiento”. Y otra de Franco responde: “Es al revés. Primero hicimos el levantamiento y luego escondimos los cadáveres”.

Aquí trabajan René, Marco, Nuria, Aníbal, parientes de desaparecidos o profesionales de antropología o arqueología. Hablan de la entrega de restos a la familia como momento clave: “Es una ceremonia civil, se convoca a parientes y autoridades. En Carajal de Campos, por ejemplo, con alcalde del PP, el acto se realizó con normalidad. Otras veces los políticos no quieren saber, dicen que desean ser neutrales, y yo digo, ¿neutrales ante quién?”. El arqueólogo Julio Vidal ya antes de Priaranza había intentado hacer informe de fosas existentes, “pero la Junta de Castilla y León nunca quiso saber nada. Se trataba de concebir esas intervenciones como de Patrimonio, en lugar de 70.000 años, de 70 años atrás, porque el pasado nos importa a todos y todo”. La Administración debe implicarse, dice. “Pero no quisieron; para mí fue una frustración, son tus ciudadanos, es asunto democrático…”. Cree que las exhumaciones no deben hacerse por altruismo. Para él, las fosas deben ser catalogadas, protegidas, ser monumentos “contra la intolerancia y la barbarie”.

Tras la fosa de Priaranza, el movimiento de reivindicación de los desaparecidos se convirtió en una suerte de marea empujada por la generación de nietos y por la apertura de una fosa tras otra. Adquirió notoriedad. Tiene picos, cuentan en la AHRM: el intento frustrado de encontrar a Lorca en Alfacar (Granada), lo de Garzón, cuando los muertos hallados son muchos… El interés internacional y de investigadores fue y es inmenso. Como las invitaciones a participar en congresos, conferencias, libros. Y los voluntarios de todo el mundo: “Solo tenemos eso, capital humano, unos 400 voluntarios. La asociación no tiene ni sede, cuenta con una subvención de 48.000 euros, nos ayuda la gente con su trabajo, los mismos familiares dando de comer al equipo o alojándolo. Hemos exhumado unas 1.600 personas, otras tantas están reclamadas”.

Ellos y el resto de organizaciones (bien Foro de la Memoria, Federación de Foros de la Memoria, agrupaciones de asociaciones de víctimas o familias que actúan por su cuenta) consiguen sacar adelante lo que el Estado no saca. Con su trabajo rehacen un pedazo de la amnesia que España ha tenido durante siete décadas, dicen muchos. Pero Santos Juliá, en su libro Hoy no es ayer, asegura que no es tal, sino que fue puro pacto: “Guardar los cadáveres de uno y otro para que no se interpongan en el camino de la democracia”. Y señala dos circunstancias hoy que lo alteran: la aparición en la escena pública de una nueva generación que no guarda recuerdo personal del régimen de Franco y la llegada de la derecha al poder.

“En Priaranza no éramos conscientes del desarrollo e impacto que iba a tener nuestro trabajo. E incluso a pesar de la frustración de muchas familias que opinan que no se hace nada, creo que se ha avanzado mucho. Hasta gente del PP nos ha dicho: ‘Es lo menos que se puede hacer’. Sí, sé que aún es insuficiente. Pero nos quejamos de que el Gobierno no hace esto, lo otro… sí, pero también hay que preguntarse: ‘¿Y tu universidad y tus estudiantes?, ¿dónde están los intelectuales que deberían hablar de esto sin parar? Vivimos aún con la impronta de un tiempo preconstitucional”, dice Etxeberria en su laboratorio de la UPV, que destila el estilo funcional de los edificios docentes. Nada destacado salvo que está repleto de secretos, que él sabe manejar. Muchas cajas de cartón y plástico que lucen los nombres en colores de lugares llenos de muerte: La Predaja, Villalba de Duero, Milagros… Y números por todas partes: individuo número uno, dos, tres… Además de huesos, hay balas, casquillos, monedas… Enseña los restos de un cuerpo completo y no pierde oportunidad: “Por aquí entró la bala, por allá salió, este tenía ya una patología…”. Donde puede, él enseña. Es siempre el centro, por ser puro hombre enciclopédico e incansable, acorde con esa Sociedad de Ciencias para la que trabaja (a la que el Gobierno vasco asignó ocuparse de las exhumaciones; existen ayudas desde 2003 en el País Vasco). Etxeberria también forma parte del equipo de investigación del CSIC que, bajo la dirección del antropólogo imprescindible Francisco Ferrándiz, acaba de publicar un balance sobre el impacto sociopolítico de esta década de exhumaciones (politicasdelamemoria.org) y participa en un proyecto para Presidencia titulado Base de datos de gestión documental de las exhumaciones realizadas en España. “Aspiro a que podamos saber, por ejemplo, personas muertas por disparo, tantas”.

Calavera en mano, confiesa que en las fosas también tiene sus momentos: “Cuando terminas de limpiar y dices a la familia: ‘La fosa es vuestra’, y bajan… uff, gran emoción. O se les dice: ‘El numero tres es tu padre’, y ellos: ‘Mi padre son todos”. Hasta tiene sus ritos Etxeberria. “Me quedo con una piedra de cada fosa. Pienso: ‘Si tapó el crimen, tantas piedras, tantos lugares liberados”. ¿Abrió fosas franquistas? “Sí, dos, en Camuñas (Toledo) y en Villasana de Mena (Burgos)”. ¿Y? “Yo soy forense, no pregunto, víctimas son víctimas”. Luego enseña los informes, uno tras otro, de distintas tumbas, con las medidas físicas de los enterrados, datos de posiciones, mil detalles de vidas perdidas. “Los de ahora son más completos, más ilustrativos, la fotografía digital abarata mucho los costes, basta un ordenador”.

En su propia casa tiene Etxeberria un equipo multidiciplinar completo: trabaja con su esposa, Lourdes Herrasti, codo con codo. Y también con su hija Igone, que se encarga de lo audiovisual. Ella, crecida al calor de las fosas, representa algo así como el paradigma del voluntario joven. Hija única, tenía dos meses cuando pisó una excavación. “Para mis compañeros de Medicina, hablar de 1936 no representa mucho, pero para mí, sí. Creo que se ha esperado demasiado, lamentablemente, ya no se podrán devolver los restos a todos con ADN demostrado, pero sí se puede reconstruir sus historias. Me impacta ver la emoción de las familias, cómo rozan de repente un hueso y dicen: ‘Ya, no necesitamos más’. Es especial. Sí que me gustaría que esto terminara. Pero si es solo por callar bocas, no. Hay que hacerlo despacio, curar esa herida, no se trata de sacar los huesos y ya. Hay que informar, hablar con los familiares, escucharlos, darles tiempo para que cuenten y reparen mientras se extraen los huesos. Para muchos es una liberación. ¿Si me imagino que sucediera una guerra así hoy? Uf, supongo que esto que hacemos debe servir para que ya no ocurra nunca más”.

Iván Aparicio, en Ágreda, allá donde saltan corzos por la carretera, lo tiene también claro: “El fundamento de todo esto es sencillo: si permitimos que quede impune una barbaridad como aquella, volverá a suceder”. Pero quizá quien mejor lo expresó fue una señora mayor un día a pie de fosa: “Si no los hubieran metido, ahora no los tendríamos que sacar”.

Publicado por ARMH