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Emilio Silva, activista por la memoria histórica: “En el PSOE no han hecho una ley que quite privilegios a un franquista”

El sociólogo y periodista se muestra contrario a la Ley de Memoria Histórica y advierte de que no supone ninguna incomodidad para la derecha: “Aquí hay unas víctimas que tienen todo el interés del mundo, que son las del terrorismo, y unas víctimas de tercera clase, que son las del franquismo”

La ilegalidad de la dictadura o un nuevo nombre para el Valle de los Caídos: las claves de la futura ley de memoria democrática

eldiario.es / Blanca Sáinz / 28/08/2022

Emilio Silva (Navarra, 1965) es sociólogo, politólogo, periodista y presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, y este miércoles estará junto a la periodista Olga Rodríguez en la Librería La Vorágine hablando sobre la nueva Ley de Memoria Democrática, que planea aprobarse próximamente. Con esta justificación, elDiario.es ha entrevistado a Silva unos días antes de un encuentro en el que se debatirá sobre víctimas, verdugos y sobre cómo el franquismo sigue estando presente a pesar de que concluyese hace 47 años.

¿Con Recuperación de la Memoria Histórica solo nos referimos a lo que ocurrió durante la Guerra Civil y la Dictadura?

No tiene un marco temporal sino que son acontecimientos recientes donde hay personas que los vivieron que no forman parte de la historia, en muchos casos, y que para conocerlos necesitamos la memoria de alguien. Pueden ser desde el golpe de estado del 18 de julio, pero hay muchas cosas por saber de la violencia de la Transición, de cosas que siguió haciendo la policía franquista o incluso de inercias del franquismo que están todavía en el presente. Hace un años destapamos la primera condecoración que le hacía disfrutar a un torturador como Billy el Niño de un incremento en su pensión. Lo que denunciamos es que en el presente se le estuviera pagando un premio por lo que en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de 1977 fue denominado ‘servicios extraordinarios’. En ese proceso de denuncia, lo que tratamos de sacar a la luz es lo que la historia oficial ha querido esconder.

¿Cómo valora la Ley de Memoria Histórica?

Está en proceso de aprobación, tiene que ir ahora al Senado y ahí puede haber enmiendas. Puede haber incorporación de nuevos artículos y todo es negociable entre los grupos parlamentarios. Curiosamente, el Partido Popular ha pedido que comparezcan en la comisión constitucional del senado grandes popes de la Transición como Rodolfo Martín Villa, como Marcelino Oreja, como Arias Salgado… El PP quiere confrontar el texto de esa ley con los santones de la Transición española. Como si fueran dos leyes que chocaran, y es todo una operación política. La Ley de Memoria Democrática no le causa problemas a ningún franquista ni a ningún heredero de privilegios de ningún franquista. Y, de hecho, el ministro Bolaños anunció que esa ley pretende que el 31 de octubre, que es el día en el que se aprobó en el Congreso de los Diputados el texto de la Constitución del 78 que luego iría a referéndum, pretende que ese día sean conmemoradas todas las víctimas de la guerra. Los golpistas y los que trataron de parar el golpe. Eso es bastante cercano a la política de reconciliación que propone el PP. Si en algo se puede caracterizar el espíritu de la transición es en crear impunidad para los franquistas y esta ley no va a romper con eso ni con en equiparar a los golpistas con los antifranquistas.

Toda esta cosa de Feijóo diciendo que la va a derogar, de querer llevar a los padres de la Transición al Congreso, es una sobreactuación. Realmente, en el contenido de la ley, con la configuración que tiene este Gobierno del Estado ahora mismo, la derecha española no puede sentirse ni amenazada ni puede encontrar en ella nada que la moleste.

Hemos tenido alcaldes de izquierdas que no han hecho nada por ayudarnos y alcaldes de derechas que sí. Tiene que ver con la empatía, con que haya un político que se ponga en el lugar de las familias y les quiera ayudar

¿Hay gente de derechas que condena el franquismo?

Algunos habrá. Yo conozco un alcalde impresionante del PP en el pueblo de mi abuelo que le puso una calle al alcalde republicano, participó en el homenaje a una madre que exhumamos y ese hombre se emocionó en el acto. Con alcaldes hemos vivido todo tipo de experiencias. Hemos tenido alcaldes de izquierdas que no han hecho nada por ayudarnos y alcaldes de derechas que sí. Tiene que ver con la empatía, con que haya un político que se ponga en el lugar de las familias y les quiera ayudar. La única ‘condenita’ que ha hecho el Congreso en la comisión constitucional se hizo en los años de la mayoría absoluta de Aznar. Yo creo que se hizo en 2002 porque Aznar ya sabía que nos iba a embarcar en una guerra para derrocar a un dictador en Irak. La idea era hacer como que en España condenaban la dictadura y ese era el motivo por el que iban a Irak a derrocar a un dictador porque no están a favor de las dictaduras. Es tan fácil como llenar un autobús con familiares de fallecidos, expresos políticos, les invitas un día a la Moncloa y luego haces una declaración institucional diciendo que el gobierno de una democracia tiene que estar al lado de estas personas: es económico pero debe ser muy caro políticamente porque en 45 años nadie lo ha hecho.

¿Y no hay un electorado detrás que penalice a los políticos?

Las bases del PSOE son totalmente distintas de sus dirigentes. Por eso en sus bases hay muchísimas familias de víctimas del franquismo y entre sus dirigentes había hijos de franquistas. En el proceso de selección hacia el poder, la condición de hijo de franquista en el PSOE ha funcionado. Bono era hijo de un alcalde falangista y Bermejo, el ministro de justicia que dimitió, también. La lista es muy numerosa. Es un problema de estructura social. Hay una clase surgida de la victoria de la Guerra Civil y de todos los beneficios que se consiguieron y defendieron. Mandaron a sus hijos a la universidad, se quedaron con propiedades del Estado… Construyeron una clase social dominante y que es la que ha gobernado España. Rubalcaba era hijo de un miembro de la aviación franquista que luego se pasó a la aviación comercial y ganó mucho dinero en Iberia. Manuel Chaves era hijo de un coronel del ejército franquista y su madre fundó la Sección Femenina de la Falange en Ceuta. El padre de Griñán era jefe de la casa de El Pardo, pero vamos, que se puede hacer una lista de personas con mucho poder en el PSOE que vienen de familia franquista. Ellos hablan mal de Franco pero nunca han hecho una ley que le pueda quitar un privilegio a un franquista. Y cuando hubo un juez como Garzón, que a mí tampoco me gusta, que pudo causarles problemas decidieron cargárselo. Han heredado pisos, patrimonio, empresas, bienes que se hicieron gracias a la corrupción de la dictadura.

El problema es de estructura social y los perdedores, las familias que sufrieron la dictadura, no han conseguido reunir suficiente fuerza política, social y cultural, e incluso académica para que el Estado haga políticas que realmente sirvan a las víctimas

¿Por qué hay tanto reparo, de forma general y no solo en los partidos de derechas, en condenar el franquismo? 

Hemos hecho un estudio con estudiantes de la universidad complutense en el que les hemos puesto a hacer el árbol genealógico de los ministros que hubo en España desde 1977 hasta el 2007. Si tú eliminas las siglas de los partidos que gobernaron en esos años vas a ver que los padres de casi todos esos ministros tienen el mismo origen. Están incrustados en la dictadura: quienes iban a las universidades en los 50, 60 y principios de los 70 eran, principalmente, hijos e vencedores en la guerra. Lo era Alfonso Guerra, que su padre era un miembro del Tribunal contra la Masonería y el Comunismo en Sevilla. Lo era el de Felipe González, que su padre tenía una vaquería pero fue soldado del ejército franquista y gracias a eso su hijo tuvo una beca para estudiar derecho.

Muchas veces se dice que cuando gobierna el PP nos gobiernan los hijos de, y lo cierto es que siempre hemos estado gobernados por los hijos de. Entonces, independientemente, de que el PSOE y el PP tengan discursos distintos acerca del franquismo, en sus hechos, en lo que han escrito en el BOE, nunca han legislado nada que suponga la pérdida de un privilegio de clase social. Si ves las hemerotecas, cuando Garzón se mete a investigar el franquismo, quienes van a perseguir a Garzón son María Teresa Fernández de la Vega y Federico Trillo. En ese momento, ellos apartan sus diferencias de partido y se comportan como una clase social. Fernández de la Vega es hija de un condecorado por Franco, y hace pocos años ella vendió la propiedad de unas empresas de energía eléctrica que el franquismo le consiguió a su familia. El problema es de estructura social, y los perdedores, las familias que sufrieron la dictadura, no han conseguido reunir suficiente fuerza política, social y cultural, e incluso académica para que el Estado haga políticas que realmente sirvan a las víctimas.

La verdad es que resulta llamativo que nunca haya habido un acto de un presidente del Gobierno con las víctimas de la dictadura.

Exactamente. Desde 1977 hasta hoy nunca ha ocurrido, y eso no deja de ser una forma de equidistancia. Es como decir: ni estoy con los verdugos ni con las víctimas. Si tú coges el texto de la Ley vas a leer 142 veces la palabra ‘víctima’ y 0 veces la palabra ‘verdugo’. Los malos, los que dieron el golpe de estado y los que decidieron que este país viviera durante 40 años una dictadura porque no les apetecía convocar unas elecciones que nadie les impidió convocar, no están en la ley, no se les señala y no existen. La ley está trufada de una especie de ejercicio en el que miramos a ese pasado, cerramos el zoom para ver a las víctimas y escondemos su contexto. Eso atravesó la ley de 2007 y eso atraviesa montones de cosas que puede hacer el gobierno para las que no necesita ninguna ley. Pedimos al Gobierno que cree una oficina que atienda a las víctimas del franquismo. Para eso no necesita una ley ni convocar subvenciones, simplemente ejercer un poder ejecutivo. Si mañana quisiera el presidente, que lleva más de cuatro años en el Gobierno, creaba una oficina de atención a las víctimas con una orden.

Aquí hay unas víctimas que tienen todo el interés del mundo, que son las del terrorismo, y unas víctimas de tercera clase, que son las del franquismo. Exhumar algunas fosas no es una solución, es una aberración en materia de derechos humanos, y nosotros exhumamos con nuestros recursos y no pedimos subvenciones. Es como si yo fuera a los atentados de Atocha, que hubo 191 muertos, y les dijera a las familias que se dividieran en grupos de diez y luego les dijera que me presentaran un proyecto porque voy a reparar a seis de los grupos. Esa es la política que se hace aquí: hacer competir a las familias de los desaparecidos para que unas dejen fuera de los recursos económicos a otras. El ejercicio de un derecho es que cualquier persona que quiera reclamar al Estado ese derecho sea asistida por el Estado. Es aberrante y es la política que ha tomado este Gobierno.

Leí hace unos meses un reportaje en El País que me llamó mucho la atención en el que hablaban sobre la pompa aristocrática. O sea, sobre que los ‘cayetanos’ y la relevancia que están recuperando en la escena pública…

Siempre la han tenido. El problema está en que esta gente en otros países como Alemania hubo un momento en el que se giró contra sus padres y los cuestionó, y aquí no se ha producido eso. No ha habido un conflicto generacional entre los hijos de esos franquistas y sus padres. Hay gente para la que la Transición ha sido la oportunidad de ser la élite de este país. Le entregas el Estado a las familias franquistas en los 70 y 80 y claro, ¿quién tenía un título universitario? El 98% era gente vinculada al régimen. Y el otro 2% eran personas brillantes que se habían colado ahí. Así que en las universidades no se ha investigado durante años, pero tampoco en la cultura, en el cine o en la literatura. En ninguna se encuentra un relato de las violaciones de Derechos Humanos de la dictadura. Y para asesinar a tantos civiles hay que orquestar una enorme violencia que no se refleja en el cine español. Se ha hecho un discurso a la medida de la derecha española. Pero como el martillo pilón hay que denunciar, enseñar y sacar cosas a la luz. Yo he estado con familiares de Paracuellos de Jarama en la fosa. He pasado 20 años contestando como si mi padre hubiera asesinado a esas personas. Y esas personas al final no dejan de ser personas detenidas y custodiadas por un gobierno democrático. Y claro que pienso que no debieron haber sido asesinadas, pero yo me he ido allí con una gente que me odia para que me expliquen lo que es eso, y me parece muy bien que se conozca porque es parte de la historia. No se trata de esconder. Pero esas familias de Paracuellos tuvieron becas para estudiar, pensiones…. No es lo mismo.

Y el Papa Francisco dijo hace dos años esto: “Siempre he defendido el derecho a encontrar los cadáveres. Una sociedad no puede sonreír al futuro teniendo sus muertos escondidos. Nunca vas a tener paz con un muerto escondido. Nunca”. ¿Qué piensa de ello?

Le hemos pedido al Papa que saque a la luz toda la documentación que tiene sobre la represión en España. Acaban de hacer pública un montón de documentación sobre la relación de la Iglesia con el nazismo, y podemos pedir lo mismo con el franquismo. Dicen que ciertos temas hay que dejarlos en paz, y después anuncian la mayor beatificación de la historia a 492 mártires de la Guerra Civil. Con una mano dicen que hay que dejar el pasado en paz, ese pasado que señala a la Iglesia como parte de los verdugos, y por otra parte ellos se ponen a trabajar para enseñarnos en el presente que fueron víctimas.

La Iglesia nunca va a enseñarnos todas las cosas que hizo con el franquismo. No olvidemos que en la Dictadura si querías trabajar en los primeros años necesitabas un certificado de buena conducta y el sacerdote era el que te lo daba. O sea, que si eras de una familia roja y te tenía que dar un permiso para trabajar, podía no dártelo y joderte porque no podías trabajar.

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Fotografía destacada: Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica e impulsor de la primera exhumación con métodos científicos en una fosa con personas desaparecidas por el franquismo.

Fuente:https://www.eldiario.es/cantabria/ultimas-noticias/emilio-silva-activista-memoria-historica-psoe-no-han-hecho-ley-quite-privilegios-franquista_1_9268670.html

 

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El revisionismo quiere blanquear el genocidio del dictador Francisco Franco

Los ejércitos de Franco, Hitler y Mussolini comenzaron aquí su camino para tratar de arrastrar al mundo hacia su infierno. Hay quienes quieren lavarles la imagen para allanar nuevos caminos hacia el fascismo.

elsaltodiario.com / Emilio Silva/Nieto de un civil desaparecido por la represión fascista en España / 23/08/2022

Durante muchos años de recuperada democracia no existió un debate en la sociedad española acerca de las consecuencias de las violaciones de derechos humanos de la dictadura. Las élites del franquismo, que han seguido siéndolo en democracia, conquistaron su impunidad a través de una Ley de Amnistía y establecieron un modelo de democracia en el que las instituciones del Estado se convirtieron en fábricas de ignorancia para ocultar ese pasado.

Durante veinticinco años tras la muerte del dictador, el Parlamento español no debatió sobre los crímenes del franquismo. Los libros escolares ocultaban la historia de la dura represión de la dictadura y todo ese silencio negacionista hizo sobrevivir en el imaginario colectivo el relato franquista que justificaba la necesidad de que un general fascista diera un golpe de Estado y asaltara violentamente el poder con ayuda de los ejércitos de Hitler y Mussolini.

En la transición, tras la dictadura, llamaron reconciliación a ocultar el pasado, a dejar que los fascistas normalizaran su presencia en la vida política democrática y a dejar sin justicia ni reparación a las víctimas.

El pasado parecía clausurado y resuelto, sin deudas pendientes. Pero en el año 2000, en una cuneta de un pueblo llamado Priaranza del Bierzo, un grupo de arqueólogos y forenses comenzaron a exhumar los cuerpos de 13 civiles republicanos asesinados por pistoleros fascistas el 16 de octubre de 1936. De allí nació la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica y un movimiento social que comenzó a denunciar los crímenes de la dictadura. Fue una pequeña grieta en un gigantesco muro de impunidad.

La sombra renovada del fascismo viaja en páginas de libros, en programas electorales y se extiende por ciudades, medios de comunicación y parlamentos

Así se puso en marcha un movimiento social para buscar a los desaparecidos por la represión franquista. Las imágenes de las fosas comunes comenzaron a circular en medios de comunicación. Personas que no conocían esos hechos se indignaron al conocerlos y otras que los habían vivido pero por miedo habían callado comenzaron a contarlos.

Ante esa evidencia física, científica, de la represión, los sectores de la derecha española vinculados al franquismo necesitaban dar una respuesta porque se estaba resquebrajando el relato monolítico impuesto en la transición. Y como no podían atacar a los hijos ni a los nietos de esos republicanos asesinados, enterrados lejos de cementerios y con orificios de bala en sus huesos, decidieron reconstruir editorial, mediática y culturalmente el relato franquista.

Dos autores, César Vidal y Pío Moa, se convirtieron en los principales defensores y difusores de la explicación franquista: la culpa de la guerra fue de la revolución de los mineros de 1934 o esa secreta intención del gobierno de la República de venderle España a Stalin para convertirla en una república soviética.

Quienes quieren lavar la imagen de Franco necesitan deslegitimar la República. Pero llevamos años viendo sus crímenes en miles de huesos, de vidas rotas y de civiles asesinados en cunetas

Pero lo cierto es que el dictador Francisco Franco dejó firmada en el Boletín Oficial del Estado la explicación de lo ocurrido. Se trata de Ley de 23 de Septiembre de 1939 que consideraba que eran no delictivas actuaciones llevadas a cabo desde el 14 de abril de 1931, día de proclamación de la Segunda República, hasta el 18 de julio de 1936, día de su golpe de Estado. Los actos que Franco no consideraba delitos fueron: cualesquiera de delitos contra la Constitución, contra el orden público, infracción de las Leyes de tenencia de armas y explosivos, homicidios, lesiones, daños, amenazas y coacciones cometidos por personas respecto de las que conste de modo cierto su ideología coincidente con el Movimiento Nacional. Es decir, cualquier asesinato, atentado terrorista o delito violento cometido por motivos políticos contra la república desde el primer día de su existencia era declarado legal. El objetivo de Franco no era poner orden, era mantener una estructura social casi medieval, con un altísimo nivel analfabetismo y un modelo de explotación de trabajadores infrahumano y muy beneficioso para los grandes propietarios del país, incluida la iglesia católica.

El fenómeno del revisionismo tuvo enormes apoyos mediáticos, entre ellos la televisión pública durante el Gobierno de José María Aznar. Pero el movimiento de recuperación de la memoria siguió exhumando fosas, ha enseñado miles de asesinatos, ha implicado a Naciones Unidas y ha convertido a millones de españoles en testigos de esos crímenes.

Al terminar la guerra, Franco recogió los cadáveres de “sus” muertos, reparó a sus familias con becas escolares, con pensiones especiales, con puestos como funcionarios para toda la vida, con reconocimiento social y todo el apoyo económico. Pero a las familias que no apoyaron su golpe de Estado no les dejaron buscar a sus muertos, les arrebataron sus bienes a punta de pistola y crearon un apartheid español donde los defensores del fascismo tenían derechos y beneficios sociales y las familias antifascistas podían servir, malvivir o emigrar, como hicieron cerca de dos millones de personas de familias republicanas que emigraron en los años 50 y 60.

En España hay 114.226 civiles desaparecidos por la violencia franquista y ningún responsable de ninguno de esos crímenes ha sido juzgado jamás

Franco hizo desaparecer al menos a 114.226 civiles; creó 300 campos de concentración, uno de ellos específicamente para homosexuales; aplicaba electroschocks a las lesbianas para curarlas de sus ‘aberraciones’; robó bebés a las presas republicanas con las teorías de un psiquiatra, Antonio vallejo Nájera, que investigó la transmisión de un supuesto gen marxista; incluso cuando compró las primeras vacunas contra la poliomielitis solo eran para hijos de vencedores.

La publicación en Francia de obras que justifican la dictadura franquista y la necesidad de su golpe de Estado,  que pretenden humanizar el fascismo, hay que entenderla como un fenómeno europeo. Las extremas derechas buscan un relato del pasado que no asuste y que explique que los viejos fascismos fueron útiles para salvar a Europa. La sombra renovada del fascismo viaja en páginas de libros, en programas electorales y se extiende por ciudades, medios de comunicación y parlamentos.

El revisionismo español justifica la dictadura de Franco asegurando que las autoridades de la república estaban fuera de la legalidad. Pero lo que realmente hizo el Gobierno de la República fue construir miles de escuelas para combatir el analfabetismo, separar a la iglesia del Estado, celebrar elecciones democráticas con sufragio universal masculino y femenino, tener gobiernos de izquierdas y de derechas, legislar el divorcio, tener la primera ministra de Europa Occidental o llevar la cultura al último pueblo de la geografía española para mejorar el país.

La transición a la democracia la hizo España en la década de los años 30 del siglo pasado. Lo que se hizo tras la muerte del dictadura fue recuperarla

En España se produjo la primera gran victoria militar del fascismo europeo. Los ejércitos de Franco, Hitler y Mussolini comenzaron aquí su camino para tratar de arrastrar al mundo hacia su infierno. Hay quienes quieren lavarles la imagen para allanar nuevos caminos hacia el fascismo. Mientras tanto, en España hay 114.226 civiles desaparecidos por la violencia franquista y ningún responsable de ninguno de esos crímenes ha sido juzgado jamás.

Las personas que construyeron la Segunda República estaban modernizando este país. La transición a la democracia la hizo España en la década de los años 30 del siglo pasado. Lo que se hizo tras la muerte del dictadura fue recuperarla.

Las personas que lucharon contra Franco querían defender esa democracia. Los republicanos españoles que salieron de España huyendo de Franco siguieron su lucha por la democracia en suelo francés, formando parte de la resistencia y de las fuerzas que liberaron París del nazismo. Sus cuerpos están enterrados desde Noruega hasta el sur de Francia.

Quienes quieren lavar la imagen de Franco necesitan deslegitimar la República. Pero llevamos años viendo sus crímenes en miles de huesos, de vidas rotas y de civiles asesinados en cunetas. La narrativa que quiere dulcificar el fascismo pretende allanar un camino y los únicos caminos que respetan la diversidad y protegen derechos transcurren por el territorio de la democracia.

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Fotografía destacada: Dos cráneos de represaliados por el franquismo en la fosa número 1 del cementerio de Guadalajara. ÁLVARO MINGUITO

Fuente:https://www.elsaltodiario.com/crimenes-franquismo/revisionismo-quiere-blanquear-genocidio-dictador-francisco-franco

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Acusan a una alcaldesa del PP de prevaricar con las exhumaciones en el Valle de los Caídos

Familiares de las víctimas han remitido una carta a la regidora de San Lorenzo de El Escorial para quejarse por no renovar la licencia urbanística

theobjective.com / Fran Serrato / 24/08/2022

Las exhumaciones en la cripta del Valle de los Caídos siguen varadas seis años después. Un juzgado reconoció en mayo de 2016 su derecho a dar una «digna sepultura» a las víctimas. El caso volvió al punto de partida cuando una asociación solicitó medidas cautelares. El Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial suspendió la licencia urbanística hasta que la sentencia fuese firme, pese a la petición de las familias. Tienen la intención de pedir amparo al Defensor del Pueblo. La Asociación Para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) estudia denunciar a la alcaldesa, Carlota López, del PP, a la que acusa de un delito de prevaricación administrativa.

«La decisión de la alcaldesa impide y cortocircuita una decisión judicial. Se pone de manera arbitraria de parte de quienes quieren impedir el derecho de las familias», subraya Bonifacio Sánchez, portavoz de la ARMH. En su opinión se dan las condiciones para llevar a la regidora a los juzgados por un presunto delito de prevaricación administrativa. El artículo 404 del Código Penal establece que «la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público».

La cripta del Valle de los Caídos

Sánchez afirma que la licencia estaba concedida. Se otorgó después de que un juzgado de Primera Instancia de San Lorenzo de El Escorial reconociera el derecho de varios familiares a inhumar a las víctimas del franquismo enterradas en Cuelgamuros. El Ayuntamiento la suspendió en noviembre después de que un juzgado estimara la petición de medidas cautelares solicitada por la Asociación por la Reconciliación y Verdad Histórica para detener el proceso. Familiares y Patrimonio Nacional solicitaron reanudar la licencia, pero el Consistorio se opone hasta que exista sentencia firme.

Los portavoces del Ayuntamiento han declinado hacer declaraciones a THE OBJECTIVE. «Alegan que existe un recurso, pero nos parece un argumento básico. No tiene sentido que se incumpla una sentencia anterior. Tampoco se tiene en cuenta el daño humano que se está causando», sostiene Sánchez. No le extraña que haya razones políticas de fondo. En su opinión, el Gobierno debe tomar cartas en el asunto porque el recinto en el que se encuentran los restos pertenece a Patrimonio Nacional.

Enterramiento en la cripta del Valle de los Caídos. | Foto: Europa Press

«No se puede utilizar un cargo público para impedir el ejercicio de sus derechos a decenas de familias que llevan años luchando. El deber de una representante y de cualquier ser humano es ayudar a cualquier persona a dar sepultura a un ser querido. Quien se oponga está suspendiendo e n primero de derechos humanos», insiste el portavoz de la ARMH. Sánchez pone de manifiesto que los descendientes de las víctimas son personas mayores y que muchas fallecen sin conseguir su propósito. Entre ellas Manuel Lapeña, de 97 años, que falleció hace uno tras toda una vida luchando por recuperar los restos de su padre y de su tío.

Los familiares de las víctimas han remitido una carta a la alcaldesa de San Lorenzo de El Escorial para pedirle que autorice una nueva licencia que agilice las exhumaciones. Entre ellas, la familia de José Antonio Marco Viedma, inhumado en el Valle de los Caídos «tras haber sido violada su tumba y profanado su cadáver» en la fosa común del Cementerio Municipal de Calatayud (Zaragoza). Una de las firmantes es su sobrina-nieta Silvia Navarro, que acusa a la regidora de poner trabas a un derecho que tienen reconocido. «Se basa en un supuesto informe jurídico del Ayuntamiento».

Recuperar los restos

«Lo justo sería denunciarla por prevaricación, pero llevamos tanto dinero gastado que no podemos permitirnos contratar a un abogado». Navarro se lamenta porque, a estas alturas, los descendientes de los republicanos tengan que estar luchando en los juzgados. Cuenta que son gente humilde, sin recursos, y que muchos desean recuperar los restos de sus parientes antes de morir.

Es el caso de Mercedes Abril, de 88 años, y de Francisca González, de 85, a cuyos padres asesinaron. El mausoleo franquista acoge los restos óseos de 33.833 personas, un tercio enterrados de forma anónima y sin el conocimiento de sus familias. Navarro afirma que están cansados de luchar. «No es una cuestión de derechas ni de izquierdas, sino de reparación».

Bonifacio Sánchez subraya que la ARMH va a interponer una denuncia por prevaricación administrativa para recordarles a las víctimas del Valle de los Caídos que no están solos. Navarro lo agradece, aunque explica que su interés es pedir amparo al Defensor del Pueblo español y europeo. El encargado de ese cometido es Íñigo Jaca, sobrino de un miliciano vasco inhumado en Cuelgamuros. No obstante, reconoce que no lo tendrán fácil porque estas instituciones piden que el proceso judicial está concluido.

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Fotografía destacado: Imagen del Valle de los Caídos. | Rafael Bastante (Europa Press

Fuente:https://theobjective.com/espana/2022-08-24/victimas-franquismo-prevaricacion/

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La ARMH critica que Asturias señalice fosas en vez de buscar a los desaparecidos

La asociación memorialista, que cuestiona «quién y para qué» asesora al Gobierno asturiano, propone crear una oficina de atención de las víctimas del franquismo

lavozdeasturias.es / 16/08/2022

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha criticado este martes que el Gobierno asturiano destine más de 102.000 euros para el estudio de 40 fosas de personas desaparecidas en la guerra civil y la dictadura franquista en vez de invertir esos recursos en ayudar a las familias a enterrar a sus familiares.

Su vicepresidente, Marco Antonio González, asegura que es más necesaria la ayuda en la búsqueda de los familiares desaparecidos que en señalizar las fosas comunes González considera que el empleo de un georradar para localizar estas fosas, como figura en el proyecto de Memoria Democrática, es una tecnología que se ha descartado hace años como «inútil» en la búsqueda de las fosas del franquismo, lo que les hace cuestionarse «quién y para qué» asesora al Principado.

La ARMH propone la creación de una oficina de atención de las víctimas de la represión franquista como existe en Euskadi y Navarra para que las desapariciones se consideren como «un derecho» y entiende que sería más lógico atender a los testimonios de las personas nonagenarias. La asociación ha llevado a cabo varias exhumaciones de fosas comunes en Asturias con sus propios recursos, entre ellas la semana pasada en La Garba, en Grado, contando para ello con la ayuda de voluntarios.

El Gobierno asturiano ha encargado ya a la empresa pública Tragsatec el estudio e investigación de 40 fosas comunes con el fin de determinar los emplazamientos donde puedan hallarse restos, concretar sus ubicaciones y documentar sus antecedentes históricos.

Para llevar a cabo estas tareas, solicitarán información a familiares y personas conocidas de las víctimas, como datos personales, fechas y lugares de enterramiento y, siempre que sea posible, la aportación de fotografías, documentos y otros objetos.

Una vez finalizada la investigación histórica, y con el objeto de completar con mayor precisión las fichas del catálogo de fosas comunes, se identificarán las localizaciones con georradar, lo que permitirá ubicar las 40 fosas y esclarecer si se conservan en ellas restos humanos. Los trabajos se realizarán en 40 fosas seleccionadas por el Instituto de la Memoria Democrática del Principado de Asturias en los concejos de Tineo, Cangas del Narcea, Salas, Candamo, Teverga, Laviana, Oviedo y Aller, informa Efe.

 

Asturias ultima un plan de exhumaciones de desaparecidos en la dictadura

El Principado destinará más de 102.000 euros al estudio de 40 fosas comunes con el fin de determinar los emplazamientos donde puedan hallarse restos

Asturias destinará más de 102.000 euros al estudio de 40 fosas de personas desaparecidas en la guerra civil y la dictadura franquista para actualizar el actual catálogo de enterramientos comunes y víctimas, y como paso previo al plan de exhumaciones que pretende impulsar.

El Gobierno de Asturias ha encargado ya a la empresa pública Tragsatec el estudio e investigación de 40 fosas comunes con el fin de determinar los emplazamientos donde puedan hallarse restos, concretar sus ubicaciones y documentar sus antecedentes históricos. El Principado cuenta con un catálogo de enterramientos y víctimas, en constante actualización, que se completará con este nuevo análisis, como paso previo para impulsar un plan de exhumaciones en la comunidad.

El equipo técnico que participará en el estudio está compuesto por Manuel Menéndez Díaz, Arantza Margolles Beran, Irene Faza Aladro, Adrián González López e Isabel Carballo Pérez, que se ocuparán, entre otras labores, de la recogida de testimonios, la documentación histórica, las exploraciones con georradar y la elaboración de fichas sobre personas desaparecidas. Para llevar a cabo estas tareas, solicitarán información a familiares y personas conocidas de las víctimas, como datos personales, fechas y lugares de enterramiento y, siempre que sea posible, la aportación de fotografías, documentos y otros objetos. Las entrevistas se grabarán y se transcribirán con el fin de asegurar su conservación.

Una vez finalizada la investigación histórica, y con el objeto de completar con mayor precisión las fichas del catálogo de fosas comunes, se identificarán las localizaciones con georradar, lo que permitirá ubicar las 40 fosas y esclarecer si se conservan en ellas restos humanos. La información recabada a través de testimonios, investigación documental y localización por georradar facilitará la elaboración de fichas con todos los datos verificados: denominación, localización, concejo, intervenciones, número de víctimas y fuentes historiográficas, entre otros.

Los trabajos se realizarán en 40 fosas seleccionadas por el Instituto de la Memoria Democrática del Principado de Asturias en los concejos de Tineo, Cangas del Narcea, Salas, Candamo, Teverga, LavianaOviedo y Aller, informa Efe.

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Fotografía destacada: Restos óseos hallados en la fosa común en El Rellán, en Grado, donde la ARMH ha retomado los trabajos de exhumación Eloy Alonso | EFE

Fuente:https://www.lavozdeasturias.es/noticia/asturias/2022/08/16/armh-critica-asturiassenalice-fosas-vez-buscar-desaparecidos/00031660646000287373620.htm

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Cuatro generaciones a pie de fosa del franquismo: “Esto ya va a acabar y van a ir juntines, ya toca”

La exhumación de La Garba congrega a hijas, nietos, bisnietas o jóvenes sin vínculo familiar con ganas de ayudar en la búsqueda: “Hay que saber de dónde venimos para saber a dónde vamos”. La ARMH ha encontrado restos de al menos seis cuerpos.

— Nietos y voluntarios ante una fosa: “Es el Estado el que debería encargarse de los desaparecidos. Los derechos humanos no se subvencionan”

eldiario.es / Olga Rodríguez / 13/08/2022

En torno a la apertura de una fosa surgen siempre grandes conversaciones. Se extraen huesos, objetos, pruebas de los crímenes, pero también relatos y palabras que llevaban décadas silenciados, pospuestos. Ha ocurrido estos días en La Garba (Grau, Asturias), donde el equipo de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha localizado y exhumado restos de al menos seis personas asesinadas y desaparecidas en 1938 y 1939 por la represión franquista.

Alrededor de la zanja abierta han surgido diálogos pendientes, intercambio de información y de afectos, como los que las personas voluntarias de la ARMH han mostrado hacia las hermanas Amparo y María Ángeles Arias, de 86 y 91 años respectivamente, hijas de José Arias, asesinado y desaparecido en esta fosa en 1938.

Ellos me fueron transmitiendo pinceladas desde pequeñina. Y de ese modo es como si yo misma lo hubiera conocido 

Sandra, bisnieta

“Ojalá nuestros hermanos mayores estuvieran vivos para poder presenciar esto. A mi madre le tocó una vida muy dura”, musitaba este jueves Amparo mientras observaba cómo dos arqueólogos de la ARMH cepillaban los huesos que asomaban en la fosa del prado Canto La Piedra.

“Esto ya va a acabar, ya van a estar juntines tu padre y tu madre, ya tocaba”, le contestaba una vecina de Grau. “Si identifican a mi padre queremos enterrarlo con mi madre”, explicaba Amparo.

María Ángeles, de 91 años, hija de José Arias, asesinado y desaparecido en La Garba en 1938. Con ella, el joven historiador José Manuel Doutón, de 22 años, voluntario de la ARMH | Olga Rodríguez

Hasta cuatro generaciones se han congregado en La Garba estos días. Sandra, una joven bisnieta de José Arias, recuerda cómo en su infancia escuchaba a su abuela y a sus tíos abuelos “contar la historia”: “Mi abuela y sus hermanos siempre tuvieron la pena por lo ocurrido. Ellos me fueron transmitiendo las pinceladas de la historia desde pequeñina. Y de ese modo puedes recordarlo, como si yo misma lo hubiera conocido”, explica con ojos expresivos.

“Cuando mi abuela ha sabido que al fin estaban abriendo la fosa, ha sentido alivio, como que ha descansado”, añade.

Una arqueóloga de la ARMH ante los restos de una de las víctimas de la fosa en el momento en el que encuentra un anillo. | Olga Rodríguez

Tres niños huérfanos escondidos en un pajar

Por aquí han pasado también los hermanos Josefa y Gustavo Díez Rodríguez, nietos del matrimonio formado por María Concepción García y Enrique Rodríguez Siñeriz, arrestados y asesinados juntos en 1938 y arrojados a la fosa. Tenían tres hijos, la mayor de once años. Los niños se quedaron varios días solos en casa, aguardando su regreso.

“Entró gente a robar varias veces a la casa y se escondieron en el pajar, muertos de miedo”, relata Josefa. “Allí estuvieron hasta que vino un familiar del pueblo que se hizo cargo de ellos y después se fueron con una hermana de mi abuela que ya tenía cuatro o cinco hijos”.

“Mi madre quedó marcada. En sus últimos años de vida tuvo Alzheimer y la pobre a mí me llamaba mamá. A su hija la llamaba mamá, buscaba a su madre, muerta cuando ella tenía 11 años. Qué cosas”, añade Josefa. “Al tener tres hijos pequeños podían haber dejado a mi abuela viva, pero no”.

Su hermano Gustavo prosigue: “Esas cosas parece que están tapadas en la memoria pero cuando esta empieza a deshacerse…”. “Ellos tenían unos amigos que se habían marchado a Francia exiliados, y le decían a ella que marcharan con ellos. Mi abuela decía que no, que para qué iban a ir, que no habían hecho nada malo”.

Esta bala se llevó por delante a una persona. De algún modo, se llevó por delante a una familia entera. Y, a gran escala, a un pueblo entero.

En primer plano, Malena García, David Fernández y Marina García, voluntarios de la ARMH | Olga Rodríguez

Jóvenes a pie de fosa

Entre la gente que ha visitado esta fosa ha habido varios jóvenes sin vínculos familiares con las víctimas pero con ganas de conocer la historia de su comarca y de ayudar en las tareas de búsqueda. Es el caso de Candela Fernández, una adolescente de quince años que llegó el martes ofreciéndose a colaborar:

“Me interesa mucho la memoria y quiero participar para que nuestro futuro sea mejor”, explica. “Ha venido dos días seguidos, se ofreció a echar una mano y ha estado aquí como una más cribando tierra”, cuentan integrantes de la ARMH.

“La gente joven tiene que conocer de dónde viene para saber a dónde van”, reflexiona Marina Solís, madre de Candela.

Marina y su hija Candela de 15 años, vecinas de la zona que se han ofrecido a ayudar al equipo de la ARMH en las tareas de exhumación. Aquí, cribando tierra | Oscar Rodríguez (ARMH)

En el equipo de voluntarios de la ARMH hay varios jóvenes que ya han participado en otras exhumaciones. Uno de ellos es José Manuel Doutón, de 22 años, licenciado en Historia y encargado estos días de cribar la tierra, de atender a las familias de las víctimas y de ofrecer información a periodistas y curiosos. “Me interesa mucho este aprendizaje, estar en un movimiento social para crear un mundo mejor y ayudar”, cuenta.

Julia Silva, de 24 años, trabajadora social, también ha participado en varias exhumaciones: “El sistema que rodea a cualquier persona es la familia. Incluso cuando parece que no, la familia siempre está presente. Una de estas balas que hemos encontrado aquí se llevó por delante a una persona. Pero no solo a ella. De algún modo, se llevó por delante a una familia entera. Y, a gran escala, a un pueblo entero, porque esto afecta a toda una comunidad”, explica.

El arqueólogo Serxio Castro y los voluntarios de la ARMH Julia Silva y David Ramírez. | Olga Rodríguez

La solidaridad de la búsqueda

“No puedo evitar pensar que esta bota fue usada, tuvo vida, se aprecian las pisadas en el talón”, musita Malena García, voluntaria de la ARMH mientras retira la tierra que rodea a una bota que asoma en la fosa.

Un par de metros más allá, en la misma zanja serpenteante, el arqueólogo Serxio Castro cepilla pacientemente un cráneo aún incrustado en el suelo y el voluntario David Ramírez, experto en objetos, escruta unas gafas halladas el día anterior. A su lado, la arqueóloga Nuria Maqueda y el vicepresidente de la ARMH, Marco González, cavan y supervisan. Llevan más de una década participando en exhumaciones. Óscar Rodríguez, el fotógrafo de la asociación, documenta cada hallazgo.

A mi bisabuela la raparon y violaron dos días después de haber dado a luz. Tuvieron que subirla a un carro porque no se tenía en pie. 

También colaboran varios voluntarios de Asturias, como David Fernández o la historiadora Marina García, librera en Gijón. Algunos de ellos tienen familiares asesinados o desaparecidos por el franquismo. Es el caso de Marina:

“Mi bisabuela sale en un libro en asturiano sobre la represión en la zona occidental de Asturias. Ella lo contaba poco, pero supimos que la sacaron de casa, la raparon y la violaron. Había dado a luz dos días antes. Tuvieron que subirla en un carro porque no podía ponerse de pie”, cuenta mientras escarba la tierra.

Voluntarios de la ARMH hablan con Sabino Fernández, de 90 años, hijo de un desaparecido en la fosa del Rellán | Olga Rodríguez

Malena García se ha encargado estos días de tomar datos y muestras de ADN a las familias de los desaparecidos en esta fosa. Cerca de aquí se encuentra la fosa del Rellán, donde hace unos meses la ARMH exhumó restos de varias víctimas. La próxima primavera, cuando se ablande la tierra, retomarán las tareas. Mientras tanto, la identificación del ADN sigue su curso, a la espera de las pruebas del laboratorio. El proceso es lento.

“Si el Estado se encargara de tener equipos propios que impulsaran las identificaciones todo podría ir más rápido”, murmura un voluntario cuando llega hasta esta exhumación de La Garba Sabino Fernández, de 90 años de edad, hijo de un asesinado en la fosa del Rellán. Viene acompañado por su hijo: “Buenas tardes, amigos. ¿No sabréis cuánto queda para que tengamos el resultado de las pruebas?”, pregunta. El tiempo depende del laboratorio privado al que se han enviado las muestras de ADN.

El equipo de la ARMH se moviliza y corre hacia Sabino para tranquilizarle. Surgen muestras de cariño, palabras de aliento, miradas atentas. “Ochenta y cuatro son ya. Ochenta y cuatro años esperando”, murmura el hombre. “Gracias por todo, amigos. Gran trabajo hacéis”, dice su hijo. Cuando se alejan en su coche, se hace el silencio y a una voluntaria se le humedecen los ojos. En la solidaridad de la búsqueda no solo se resienten las rodillas y las lumbares.

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Fotografía destacada: Amparo Arias, hija de José Arias, asesinado y desaparecido en la fosa de La Garba en 1938, junto con hijas, nietos, bisnietas, integrantes de la ARMH y vecinos de la zona. | Olga Rodríguez

Fuente:https://www.eldiario.es/sociedad/cuatro-generaciones-pie-fosa-franquismo-acabar-juntines-toca_1_9237623.html

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Los horrores de la cárcel franquista de Can Mir, donde quien tenía ‘suerte’ moría primero

Tras el golpe de 1936, un almacén situado en pleno centro de Palma confinó entre miseria y torturas a más de 2.000 presos, sometidos a la práctica de las ‘sacas’: los reclusos eran ‘liberados’ y, conducidos bajo engaño por los falangistas, acababan fusilados. Ahora, este espacio es un cine, la popular sala Augusta

— Tomar el sol sobre las víctimas del franquismo

eldiario.es/illes-balears / Esther Ballesteros / 10/08/2022

Quien tenía ‘suerte’, era asesinado el primero. Los demás debían contemplar aguardando su turno. En numerosas ocasiones, los verdugos no anunciaban quién sería el siguiente: caminaban lentamente por la nave, entre los presos, haciendo amagos de aproximarse a uno u otro, mofándose del terror que emergía en sus rostros, para darse después la vuelta. Otros recibían la notificación de su fusilamiento apenas unas horas antes de llevarse a cabo y, para incrementar la tortura, dejaban espacios de una hora entre ejecución y ejecución mientras la angustia se apoderaba de los reclusos. En la mayoría de los casos, no les permitían despedirse de sus familiares. Si estos querían recuperar el cuerpo, debían hacerlo mediante soborno.

A mediados de 1936, un almacén de maderas situado en las céntricas Avenidas de Palma –desde donde la ciudad comenzó a expandirse tras el derribo de las murallas renacentistas que la cercaban hasta bien entrado el siglo XX– se convirtió en una de las prisiones más oscuras y trágicas de la represión franquista en Mallorca. Ubicada en el mismo lugar donde en la actualidad se levanta la popular sala Augusta –a la cárcel se entraba por el mismo acceso que cada año atraviesan miles de cinéfilos–, albergó durante cinco años a más de 2.000 presos, la mayoría vinculados a asociaciones obreras y partidos de izquierdas. La nave, de unos mil metros cuadrados, llegó a confinar al mismo tiempo, en un “ambiente nauseabundo”, a 1.004 prisioneros “dando incesantes vueltas por aquel antro”, como dejó constancia uno de los internos que permaneció tras sus rejas, el músico, escritor y político Lambert Juncosa.

Con Palma como punto estratégico en el desarrollo de la guerra al servir de base naval y aérea de las tropas nacionales, las autoridades comenzaron a habilitar distintos espacios de la ciudad -y del resto de Balears- para utilizarlos como cárceles y depósitos de detenidos. Como señala el investigador Bartomeu Garí Salleras, miembro fundador de Memòria de Mallorca, en La repressió a Mallorca durant la Guerra Civil espanyola, la represión fascista en la isla fue planificada meses antes del conflicto y perfectamente ejecutada por falangistas, militares, autoridades civiles, redes clientelares de derechas, capellanes e, incluso, por familiares de las propias víctimas.

“Desde el mismo momento del levantamiento fueron encarcelados muchos políticos y funcionarios acusados ​​de izquierdismo o que no habían querido adherirse a la nueva situación. Se inició una auténtica caza de sospechosos, que serían fusilados sin contemplaciones en las cunetas de las carreteras o en las tapias de los cementerios, sin ningún tipo de juicio y sin ningún motivo o muchas veces por motivos inconfesables”, afirma Garí con base en lo arrojado en Guerra Civil i repressió a Mallorca, del historiador Josep Massot Muntaner, uno de los estudiosos que durante la Transición más se volcó en esclarecer cómo se desarrolló el conflicto bélico en la isla.

Se inició una auténtica caza de sospechosos, que serían fusilados sin contemplaciones en las cunetas de las carreteras o en las tapias de los cementerios, sin ningún tipo de juicio y sin ningún motivo o muchas veces por motivos inconfesables

Bartomeu Garí Salleras — Investigador

Can Mir, próxima a la estación del tren de Sóller y a la prisión provincial, esta última instalada en el convento de los Capuchinos, se convirtió en una de las cárceles más sombrías de la isla: sin apenas contacto con el exterior, los presos convivían sin ninguna condición higiénica ni sanitaria, bajo un frío extremo en invierno, con una nube permanente de polvo planeando sobre ellos, sometidos a una extrema presión psicológica y prácticamente en penumbra, porque las bombillas, en torno a las que revoloteaban los murciélagos, apenas iluminaban y los ventanales situados en la parte superior tampoco dejaban traslucir la claridad.

Imagen del almacén de maderas Can Mir antes de convertirse en prisión franquista | Fotografía cedida por Manel Suárez

“Vivían sin ninguna condición de habitabilidad ni salubridad y muy pocos tenían derecho a salir al pequeño patio que había justo a la entrada. Entraban con lo puesto y algunos tenían que dormir con una manta en el suelo. La gente que entraba allí difícilmente podía salir: era una prisión destinada a eliminar físicamente a todas aquellas personas que el nuevo régimen consideraba que tenía que asesinar”, señala, en declaraciones a elDiario.es, el investigador Manel Suárez Salvà, autor del libro La presó de Can Mir. Un exemple de la repressió franquista durant la Guerra Civil a Mallorca, editado por Lleonard Muntaner. La repercusión de la obra fue tal que comenzaron a aflorar nuevos testimonios y datos que dieron pie a la publicación de un nuevo volumen, Suborns i tretes a la presó de Can Mir.

La comida, normalmente boniatos cocidos con la tierra aún adherida a la piel y huesos de vaca sin limpiar, les causaba malnutrición. “El alimento era tan pésimo que dudo de que muchos perros o cerdos lo hubieran querido probar”, relató otro de los presos, Josep Muntaner Cerdà, Fusteret, en sus memorias No eren blaves ni verdes les muntanyes. Los problemas de vista, la tuberculosis, las gastroenteritis, los problemas de riñones y algunos casos de demencia “ante la angustia y el terror de estar encerrados sin ver la luz del sol durante semanas y sin saber qué sería de ellos y de sus familiares” eran el pan de cada día en la cárcel de Can Mir. De puertas para afuera, cuando lograban comunicarse con su familia, intentaban ocultar la realidad de lo que sucedía en el almacén, mintiendo sobre las míseras condiciones en las que vivían y sobre el trato que recibían.

El alimento era tan pésimo que dudo de que muchos perros o cerdos lo hubieran querido probar

Josep Muntaner Cerdà — Preso en Can Mir

“Sé que muero siendo bueno”

Los cautivos intentaban, además, demostrar en todo momento su inocencia, especialmente en la última carta que se les permitía escribir horas antes de su fusilamiento. “Sé bien que muero siendo bueno y que no he cometido ningún delito, por eso es que no muero por la justicia sino por la bondad. Por lo tanto, os ruego que me tengáis presente toda la vida, igual como yo os tengo a vosotros”, manifestaba Antoni Amengual Morey, el 30 de octubre de 1936, en una misiva dirigida a sus padres. Tres horas después era fusilado en la tapia del cementerio de Palma.

Dibujo de los presos de Can Mir, por J. Pla Imagen extraída de la web sobre la represión en Mallorca Fideus

Entre 1936 y 1937, la actividad más dura e intensa de la represión en Mallorca se centró en los hombres encarcelados en Can Mir. Allí se implementó y normalizó la práctica de las ‘sacas’: los presos eran ‘liberados’ y, conducidos bajo engaño por grupos de falangistas, acababan asesinados en las cunetas de las carreteras. Era el “juego macabro” de los represores, como señala Suárez. Cuando más tarde los familiares, en la creencia de que su hijo, hermano o marido continuaban presos, acudían a la cárcel para llevarles ropa limpia, los guardias les indicaban que habían sido liberados y que posiblemente habían huido a otro lugar, como así sucedió con Juan Cañellas Capllonch, miembro de UGT y presidente interino de la Casa del Pueblo en Esporles, calificado como “socialista peligroso”. De este modo, el crimen permanecía oculto.

Como explica el investigador, el poder adquisitivo de la familia determinaba, por 500 pesetas, la muerte o la puesta en libertad de los presos. Para ello, los guardias disponían de un sofisticado sistema de transmisión de información que permitía, en el mismo momento que el preso iba a ser ‘liberado’, avisar a sus allegados para que reuniesen la mayor cantidad de dinero posible y ‘comprar’ así la vida de su ser querido. Era una de las corrupciones que reforzaban la idea de que había listas previamente establecidas.

Las ‘sacas’ comenzaron a llevarse a cabo prácticamente desde el principio, pero se acentuaron a partir de septiembre de 1936 y se prolongaron hasta la primavera de 1937. ¿Qué sucedió en este periodo para que se incrementase esta práctica de exterminio? Suárez explica que en 1936 fue nombrado gobernador civil de Balears Mateu Torres Bestard, amigo personal de Franco y uno de los principales impulsores de las desapariciones forzosas en las islas, y Francisco Barrado Zorrilla como director de la Policía. “Estos dos individuos tenían una red de sobornos por el cual la vida de una persona valía 500 pesetas. Y durante su mandato, aparte de desplegar esta red, se dedicaron no solo a tolerar, sino a fomentar la práctica de las ‘sacas’”, afirma el historiador.

No en vano, Torres Bestard llegó a dirigir una carta a Franco, fechada el 10 de septiembre de 1936, en la que se lamentaba del trato ‘favorable’ que recibían los presos: “Entre la enormidad de detenidos figura gente significadísima que hasta después de detenidos han hecho manifestaciones contrarias al movimiento y, nada, aquí costando un dineral su manutención. Menos mal que Falange hace alguna limpia [en alusión a las ‘sacas’]”, manifestaba en la misiva, recogida por Massot Muntaner en Guerra Civil i repressió a Mallorca. Finalmente, Torres Bestard y Barrado acabaron destituidos, siendo nombrado delegado de orden público Víctor Enseñat Martínez, quien manifestó entonces: “Se han acabado las noches lúgubres en esta casa”. Las ‘sacas’ y desapariciones ilegales tocaron a su fin, pero fueron sustituidas por las ejecuciones institucionalizadas y dictadas por los tribunales franquistas contra los desafectos al nuevo régimen.

Entre la enormidad de detenidos figura gente que hasta después de detenidos han hecho manifestaciones contrarias al movimiento y, nada, aquí costando un dineral su manutención. Menos mal que Falange hace alguna limpia [en alusión a las ‘sacas’]

Mateu Torres Bestard — Gobernador civil de Balears y amigo personal de Franco

Testimonios de las ‘sacas’

Suárez recoge el testimonio de Antoni Tomàs, quien recuerda perfectamente la ‘saca’ a la que fue sometido su padre en Can Mir: en la tarde del 18 de marzo de 1937, un camión ruso del ejército comandado por soldados y falangistas entró en el patio de la prisión y cargó con doce o trece hombres. Su madre, quien se encontraba allí esperando para hacer llegarle un paquete, lo presenció todo. En el instante en que el vehículo abandonó la prisión, la mujer corrió tras él hasta llegar al santuario de La Sang. No dejaron aproximarse a nadie y, acto seguido, el camión continuó su trayecto por las Ramblas, la Costa de sa Pols y de ahí Porreres, en la fosa común de cuyo cementerio han sido recuperados decenas de cuerpos de quienes allí fueron fusilados. Nunca más volvió a ver a su marido.

Fosas comunes en el cementerio de Porreres CAIB

Otros eran conducidos a un centro policial o ante el Crist de La Sang, obligándoles a besar los pies de la imagen, para devolverlos de nuevo a Can Mir. El del preso Miquel Òleo, “inocente capitán de un fantasmal ejército”, como se refiere a él Llorenç Capellà en el Diccionari Vermell (en el que ya en 1989 llegó a identificar con nombres y apellidos a cerca de novecientas víctimas mortales de la represión franquista), se recuerda como uno de los casos más crueles que protagonizó el capellán de la prisión provincial, Atanasio de Palafrugell.

El 27 de enero de 1938, a las seis de la mañana, Òleo era conducido hasta la pared del cementerio de Palma para ser fusilado una hora más tarde. Justo cuando iba a subir al camión que lo llevaría hasta allí, apareció el eclesiástico para obligarle a besar la cruz que portaba colgada de un cordón atado a la cintura. Ante la negativa del preso, lo agarró del cabello y le restregó el crucifijo por los labios hasta hacerle sangrar. Tras ello, los ejecutores se dispusieron a atormentar al recluso, que no murió de inmediato tras los disparos: lo dejaron arrastrarse por la tierra, agonizando, hasta que el definitivo tiro de gracia acabó con su vida.

El escritor Jean Schalekamp, por su parte, dejó constancia en su día del testimonio de varios represaliados en su libro Mallorca, any 1936. D’una illa hom no en pot fugir. Uno de ellos es el de Antoni Llodrà, quien relata el pánico que se propagaba entre los internos cuando sabían que se iba a producir una ‘saca’: “El día que sabíamos que venían a sacar a gente, una hora antes se hacía un silencio abrumador, total. Oprimidos por el miedo, nos sentábamos en el suelo (…). Después, venían y gritaban: ‘¡Atención!’ y comenzaban a leer las listas. Cuando se decía un nombre y después el apellido, entre el momento de acabar de pronunciar el nombre y de comenzar a decir el apellido, pasa un tiempo imperceptible, unas milésimas de segundo. Yo soy Antoni y hasta que comenzaban a pronunciar el apellido, porque es un nombre muy corriente, parecía que pasábamos meses enteros. ‘Antonio…’. y hasta que no habían pronunciado el apellido uno creía siempre que lo matarían”.

El primer director de la cárcel, Antoni Canyelles, quien había sido secretario del Ajuntament de Selva y director del barco-prisión Jaume I, se mostró rotundamente en contra de la práctica de las ‘sacas’. Varios testimonios recogidos por Suárez lo recuerdan como una “buena persona” que ayudaba a los familiares cuando querían introducir comida para los reclusos. Cuando tuvo conocimiento de lo que sucedía dentro de Can Mir, manifestó firmemente su oposición a las ‘sacas’ (“Este tipo de libertad no me gusta”, llegó a proclamar), lo que acabó provocando su destitución y su ingreso en la prisión de la calle Missió. Lo sustituyó en el cargo Bartomeu Fullana, quien endureció su trato con los prisioneros.

Carta escrita por Jaume Matheu Siquier, asesinado el 15 de enero de 1937 víctima de una de las ‘sacas’ de Can Mir Imagen extraída de ‘La repressió a Mallorca durant la Guerra Civil espanyola (1936-1939)’, de Bartomeu Garí Salleras

Ametralladoras y carabinas en alto: “Queremos la cabeza de los presos”

Como documenta Suárez, durante los últimos meses de 1936 se llevaron a cabo varias manifestaciones fascistas en Palma y concentraciones muy duras en los alrededores de Can Mir cuando el desarrollo de la guerra no era el que esperaban, exigiendo que les entregasen a los presos para ejecutarlos. Lambert Juncosa fue uno de los presos que vivió aquellos momentos: “Recuerdo el día en que los falangistas regresaron de Eivissa, donde hallaron a muchos de sus compañeros fusilados por los ‘rojos’ de allí. Volvieron furibundos. Era una noche de octubre, ventosa y desapacible”.

“Estábamos ya sobre nuestros jergones”, prosigue, “cuando oímos un ruido espantoso en la avenida frente a nuestra cárcel. Llegaban los ‘valientes’ enardecidos, cantando sus himnos y gritando: ”¡Queremos la cabeza de los presos!“ (…). Ametralladoras, cestos con bombas de mano y las carabinas en alto. Intentaron forzar las rejas de la entrada, otros se esparcieron por los flancos del edificio y desde los andenes de la estación de Sóller y de la calle hoy llamada María Cristina intentaron agujerear las paredes para entrar por allí a la cárcel y matarnos como a ratas”.

Algunas de las caricaturas realizadas por José López Bermejo durante su reclusión en Can Mir Imágenes extraídas del libro ‘La presó de Can Mir’, de Manel Suárez Salvà

Los campos de concentración de Balears

Como explica, por su parte, el investigador Antoni Oliver en La vida als camps de concentració a Mallorca, la acumulación de detenidos en Can Mir, la prisión provincial y el Castell de Bellver llevó a las autoridades fascistas a plantearse, coincidiendo con las nuevas necesidades defensivas de Mallorca, trasladar a los presos en los campos de concentración itinerantes que fueron abriéndose desde diciembre de 1937 a lo largo de la costa de Mallorca, donde eran obligados a trabajar en la construcción de carreteras y otras obras públicas y a dormir en los reposaderos del ganado, en barracones de madera o en tiendas de campaña.

También se refiere a estos enclaves el periodista Carlos Hernández en su libro Los campos de concentración de Franco, donde relata cómo la Comandancia Militar de Balears gestionó a sus prisioneros con gran autonomía y, poco después de la sublevación, comenzó a utilizarlos como mano de obra esclava, abriendo y cerrando campos de concentración según sus necesidades laborales.

Entre todos ellos asomaba el de Sa Colònia, próximo al puerto de La Savina, en Formentera. “Sa Colònia fue el lugar de reclusión franquista más temido de toda Balears durante los primeros años de la posguerra”, asevera Oliver, quien señala que en 1941 llegaron a concentrarse 1.500 prisioneros a la vez: “Todos, naturalmente, eran republicanos, principalmente gente humilde que no siempre había tenido una participación destacada en la Guerra Civil”. La mayor parte de quienes allí acabaron habían pasado por el penal de Can Mir.

Placa en memoria de los presos que estuvieron encarcelados en la prisión de Can Mir, instalada en el edificio que en la actualidad ocupa el cine Augusta de Palma

En la actualidad, las certificaciones relativas a la estancia de los presos en Can Mir son prácticamente inexistentes. Y es que, según Suárez, el capellán de la prisión, Antoni Garau Plaza, recogió todos los expedientes de los prisioneros que durante su cautiverio no se habían movido de la cárcel, se los llevó y, muy posiblemente, los destruyó, escondiendo así todas las pruebas que pudiesen relacionar los asesinatos durante los primeros meses de funcionamiento. La desaparición de la documentación supuso un grave problema para todos aquellos que necesitaban certificar su paso por la prisión para poder percibir las indemnizaciones previstas por el Estado. “La sombra de la represión, del misterio, del miedo y de la injusticia que supuso el antiguo almacén de maderas aún abarcaba las postrimerías del siglo XX”, subraya el investigador.

Además de los propios testimonios de los reclusos, han sobrevivido al paso del tiempo los dibujos que realizaron algunos de los presos, como José López Bermejo, recluso destinado a los trabajos de oficina que ocupaba parte de su tiempo haciendo caricaturas de sus compañeros, a menudo en hojas oficiales de la prisión. López logró sacar de la prisión 150 dibujos que en la actualidad pertenecen al archivo familiar.

Hoy, una placa recuerda el destino de quienes sufrieron en Can Mir las consecuencias de la represión franquista. Durante años compartió espacio con la que hasta 2021 daba nombre a la principal vía de Palma: Avenida de Juan March Ordinas, contrabandista, banquero y empresario erigido en uno de los principales financiadores del golpe de Estado de 1936. La prisión cerró sus puertas en 1941 y, siete años después, era transformada en el emblemático cine Augusta de Palma. Durante décadas, los antiguos prisioneros identificaron la sala de proyecciones con el nombre de “cine Angustias” ante el miedo, la miseria, las torturas y la muerte a la que muchos se enfrentaron tras sus paredes.

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Fotografía destacada: Una de las pocas imágenes existentes del interior de la prisión de Can Mir | Fotografía cedida por Manel Suárez

Fuente:https://www.eldiario.es/illes-balears/sociedad/horrores-carcel-franquista-can-mir-tenia-suerte-moria_1_9220290.html

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