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Recuerdan a Bolaños que tiene que expulsar a los monjes del Valle de los Caídos, el convenio extinguió en 2020

Como ya hicieron en febrero de 2021 con Carmen Calvo, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha vuelto a recordar al ministro Félix Bolaños que los monjes benedictinos que habitan en el Valle de los Caídos se encuentran ilegalmente en él desde el pasado 2 de octubre de 2020. En esa fecha quedó extinguido el convenio,  en aplicación de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público del año 2015,  por el cual el Monasterio de Silos enviaba un grupo de monjes benedictinos para habitar y ocuparse del Valle de los Caídos.

diario16.com / Eva Maldonado / 22/07/2022

La ARMH ya registró en febrero del año 2021 un escrito a la Fiscalía General del Estado para denunciar la permanencia ilegal de los monjes en las dependencias del Valle. La decisión de la Fiscalía fue trasladar el escrito a Patrimonio Nacional que depende del Ministerio de la Presidencia del que es titular Félix Bolaños. En ese momento la ARMH se quejó asegurando que no acudía a la Fiscalía para tener un servicio de mensajería sino que lo hacía para que sancionara y reestableciera la legalidad.

Desde el 2 de octubre de 2020 se extinguió el convenio que regula la presencia de un grupo de monjes benedictinos en el Valle de los Caídos. El convenio entre el  Estado y la Abadía Benedictina de Silos que desde 1958 regía la presencia de esa congregación religiosa en Cuelgamuros se extinguió ese día, al no ser renovado por el Estado y haber transcurrido cuatro años de la entrada en vigor de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público.

Para Emilio Silva, presidente de la ARMH “el Gobierno tiene dos opciones;  o echa a los monjes benedictinos inmediatamente y hace cumplir con la legislación vigente o si lo que quiere es la permanencia de los monjes en el Valle tendrá que renovar el convenio que ya no está en vigor. De lo contrario estaría prevaricando al incumplir las leyes que le obligan a tomar medidas”.

Conocer cuándo el Gobierno cumplirá con su deber de hacer cumplir la ley, aplicará la legislación vigente y desalojará a los monjes benedictinos del Valle de los Caídos como es su obligación desde la extinción del convenio firmado en 1958.

Conocer las sanciones que aplicará el Gobierno a la permanencia de los monjes benedictinos en las instalaciones del Valle de los Caídos sin un respaldo legal que lo permita.

Conocer las sanciones que aplicará el Gobierno a los monjes benedictinos por haber llevado a cabo una misa del 18 de julio que incumple la Ley 52/2007 que en su Artículo 16.2. determina que «En ningún lugar del recinto podrán llevarse a cabo actos de naturaleza política ni exaltadores de la Guerra Civil, de sus protagonistas, o del franquismo».

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Fuente:https://diario16.com/recuerdan-a-bolanos-que-tiene-que-expulsar-a-los-monjes-del-valle-de-los-caidos-el-convenio-extinguio-en-2020/

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ARMH: «El cuerpo de Nicolás López quedó sepultado en Trelles bajo nichos construidos en 1951»

Los restos de Nicolás López López quedaron sepultados en el cementerio de Trelle bajo unos panteones construidos en 1951.
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica los ha buscado por petición de su familia.
La ARMH solicitará al Principado de Asturias que señalice ese lugar como espacio de memoria y que lo recuerden a él y a otro asesinado, Manuel Bousoño.

tercerainformacion.es / 22/07/2022

Tras terminar sus labores en el cementerio de Villapedre, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha tratado de localizar, en el cementerio de Trelle,  los restos de Nicolás López López nacido en el barrio del Tesouro, Serantes, Tapia, en el año 1900.

Nicolás había sido detenido en la cárcel de Tapia. El día 26 de agosto de 1936 su hijo Joselín tuvo noticia de que su padre ya no estaba allí y la familia comenzó a buscar información, hasta averiguar que después de haber sido asesinado su cuerpo había sido trasladado al cementerio de Trelle. La partida de defunción dice que fue asesinado a las dos de la madrugada del 26 de agosto. Transcurridos unos años tras el final de la guerra su familia se atrevió a visitar el cementerio de Trelle, en el año 1944. Desde entonces ha tenido como referencia ese lugar para recordarlo.

Lamentablemente en el poco espacio en el que no se han construido nichos en este cementerio, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica ha buscado en el día de hoy sus restos pero se encuentran bajo algunos nichos que fueron construidos en el año 1951.

La ARMH solicitará al Principado de Asturias que señalice ese lugar en memoria de Nicolás López y de otro vecino de tapia cuyo cadáver fue trasladado al mismo cementerio. Se trata, según las investigaciones de Xosé Miguel Suárez, de Francisco Bousoño Fernández, nacido en 1882, vecino de, vecino de Bual y asesinado allí cerca, en Riufrío (Sarandías), a un par de kilómetros del Torzo. Después de cometer el crimen su cuerpo fue enterrado en el cementerio de Trelles.

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Fotografía destacada: Trabajos de búsqueda

Fuente:https://www.tercerainformacion.es/articulo/memoria-historica/22/07/2022/armh-el-cuerpo-de-nicolas-lopez-quedo-sepultado-en-trelles-bajo-nichos-construidos-en-1951/

 

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Inician la localización y exhumación de una fosa con los cuerpos de dos asesinados por la represión franquista en Villapedre, Navia, Asturias

Se trata de Manuel Pérez Méndez y José Pérez González, asesinados el 12 de agosto de 1936

diario16.com / Eva Maldonado / 20/07/2022

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha iniciado esta mañana los trabajos de búsqueda de una fosa común en el cementerio de Villapedre, Navia, Asturias). Busca los cuerpos de Manuel Pérez Méndez, natural de Vigo, concejo de Navia (Asturias); y de José Pérezs González, natural de Bárzana, Navia (Asturias), asesinados por los golpistas de la zona el 12 de agosto de 1936.

Los trabajos han sido solicitados por las familias de las dos personas asesinadas por los golpistas el 12 de agosto de 1936. La ARMH los lleva a cabo con sus propios recursos económicos y la dedicación de voluntarios, porque se opone al modelo de subvenciones del Gobierno y algunas comunidades autónomas “porque los derechos humanos no se subvencionan; los derechos humanos se garantizan”.

Historia de la fosa de Villapedre

La investigación histórica ha sido llevada a cabo por Xosé Miguel Suárez Fernández y, concretamente, gracias a su libro “Como augua de torbón. Guerra civil y represión franquista el estremo noroccidental de Asturias”.

Manuel Pérez Méndez “El pequenu” nació el 1 de septiembre de 1905 en Vigo (Navia). El 27 de febrero de 1927 contrajo matrimonio con María Natividad Méndez García, “Tiva,” con la que tuvo cuatro hijos y una hija: Laureano, José, Manuel, Fabricio y Beatriz. Sindicado en la UGT, ayudó en las labores de vigilancia y requisas de armas en los días posteriores al golpe de Estado. Él era de Ca’l Gatu y le llamaban el Pequenu. Aunque Tiva nunca habló  con los hijos de aquellos días trágicos, llegaban frases sueltas y comentarios de vecinos que muchos años después les ayudaron a reconstruir la historia.

José Pérez González nació el 20 de diciembre de 1905 en Bárzana (Navia). El 17 de enero de 1931 contrajo matrimonio con Julia Pérez Méndez con la que tuvo una hija llamada Berta. Julia, la mujer de Pepe, fue a la carnicería de a Veiga y oyó tiros. Al volver a Bárzana y preguntar, le dieron la noticia y se desmayó. Quedaba viuda con una hija de siete años, Berta, y le costó salir adelante. Puede dar una idea del miedo y el silencio en la familia el dato de que los nietos siempre pensaran que al abuelo lo mataron y lo enterraron en el monte. Un hermano de Pepe más joven, Ángel, estuvo años escondido en el desván de la casa. A su hermana Ramira la obligaban todos los días a personarse en el cuartel de Navia a declarar. La presionaban de esta manera para que confesara dónde estaba su hermano. En algún registro casi lo cogieron y tuvo que escapar para un maizal. También se escondió en el desván de Severo en las Cañosas, hasta que éste hizo gestiones para que se pudiera entregar sin consecuencias. Al salir, decidió marchar para Santander y nunca volvió, excepto para el entierro de Ramira, que tanto pasó por él.

Los primeros días después de que el lugar cayera en poder de los rebeldes, Manuel y Pepe decidieron esconderse en el monte. Un vecino de Villapedre contó a la familia el recuerdo del día que los encontró escondidos comiendo una hogaza de pan en la Cuesta Regueral. Les avisó del peligro y les dijo que era mejor que se marcharan. «¡Se nun fixemos nada!», contestaron ellos. El día 12 de agosto llegó una cuadrilla a Ca’l Gatu, no se sabe si falangistas, guardias o soldados. Venían por Manuel. Sabía que lo iban matar. También detuvieron a otro vecino, Vicente Suárez García, de Ca’l Grillu de Villapedre. Parece ser que los llevaban al Pinar, un paraje cercano. Desde una ventana, la madre de Vicente gritaba que los dejaran. Le imploró al cura que no mataran a su hijo delante de ella y los asesinos decidieron dejar su muerte para después.

A la derecha de la puerta del garaje mataron a Manolo y a Pepe. Todavía se ven en la pared las marcas de los disparos. Después de matarlos, se pusieron a quitarle a uno de los dos cadáveres las botas nuevas que llevaba calzadas. «¡Por favor! ¡Inda ye queréis quitar las botas!», les dijeron algunos. La muerte de Vicente está registrada a las cuatro de la tarde de ese día en el Registro de Ḷuarca, donde, dicen en la anotación, fue enterrado en el propio cementerio de Luarca.

Los cuerpos de Manuel y José fueron enterrados por Xuan del Ríu, que cavó un agujero en la parte civil del cementerio y que llevó los cuerpos allí con ayuda de su hijo, Arturo, y otro chaval. Los acarrearon en unas angareñas hasta allí.

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Fotografía destacada: Inician la localización y exhumación de una fosa con los cuerpos de dos asesinados por la represión franquista en Villapedre, Navia, Asturias

Fuente:https://diario16.com/inician-la-localizacion-y-exhumacion-de-una-fosa-con-los-cuerpos-de-dos-asesinados-por-la-represion-franquista-en-villapedre-navia-asturias/

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Cuando el franquismo no quería mujeres en las universidades

Prejuicios y estereotipos acompañaron el camino de las mujeres de la época que buscaron y decidieron adquirir una formación universitaria

— Alberto Carrillo-Linares: “Las declaraciones genéricas de las universidades contra el franquismo saben a poco porque las sanciones fueron personales”

eldiario.es / José Ascanio / 18/07/2022

Represión, control y depuración. El orden social patriarcal y la voluntad de control por parte de la dictadura afectó a la vida de las personas, especialmente de las mujeres. Las mujeres pelearon por ocupar el espacio público y trabajar en la universidad, pero durante la guerra civil y la dictadura posterior su presencia no era bienvenida. Consuelo Flecha, catedrática de la Facultad de Ciencias de la Educación en la Universidad de Sevilla, afirma que al comenzar la guerra civil “ninguna profesora llegó a consolidar su puesto en la universidad, aunque lo intentaron; pero muchas de ellas concursaron a puestos docentes de los institutos de segunda enseñanza y a plazas de bibliotecas, archivos y museos”.

Están terminando las últimas pruebas de acceso a la Universidad en Andalucía en este 2022 y se ha rematado el curso en las distintas facultades. Unas facultades que se volverán a llenar de hombres… y de mujeres. De hecho, los últimos datos recogidos en 2018 por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades confirman que 51.331 (41,8%) mujeres son personal docente en las universidades, el 41,8% del total. Según apunta Flecha, en el curso académico 1932-1933 había 64 profesoras universitarias, un 3% del total. Datos que “no se pueden tomar como definitivos” porque había nombramientos de “ayudantes de clase prácticas”. No se han podido recoger los datos oficiales en la guerra civil y años posteriores, y no será hasta los años cuarenta cuando “algunas mujeres pudieron lograr una estabilidad” en la universidad.

En los años cincuenta y sesenta, mediante las oposiciones, comenzaron a ocupar cátedras universitarias; un nivel administrativo al que solo llegaba una pequeña proporción del profesorado y que, en el caso de las mujeres, se fue produciendo con “una llamativa lentitud”. Según publicó el Ministerio de Educación en 1974, figuraban once mujeres en el escalafón de cátedras de universidad.

Obstáculos y reticencias

Obstáculos y reticencias, prejuicios y estereotipos, desconfianza y cautelas acompañaron el camino de unas mujeres que, buscando alternativas al modelo femenino que se les exigía, decidieron adquirir una formación universitaria. La primera profesora auxiliar de la Facultad de Ciencias es un ejemplo, recogido en los documentos del Archivo Histórico de la Universidad de Sevilla. La figura de María del Rosario Montoya Santamaría, adscrita al grupo de Naturales, donde impartía las asignaturas de Biología y Geología en 1930. Cuando se produjo el golpe de estado, Montoya estaba en Madrid. Según cuenta Flecha, la protección de un catedrático favorable a la República y su imposibilidad de volver a Sevilla fueron suficientes motivos para que Rosario fuera depurada (echada de la universidad) y acabase dando clase en institutos.

El gobierno de Franco animaba a las mujeres a quedarse en casa y cuidar de la familia. Aún así, Flecha explica a este periódico que miles de mujeres no escucharon los consejos del dictador y opositaron para buscar y luchar por un futuro mejor. A pesar de que no estaba prohibido que las mujeres buscaran un futuro fuera del entorno del hogar expone que “las carreras jurídicas fueron donde más problemas tuvieron las mujeres”.

Exposición del Archivo Histórico de la Universidad de Sevilla en la Biblioteca General Rector Antonio Machado y Núñez. | José Ascanio

La depuración universitaria

La búsqueda por el control de la sociedad en el régimen franquista llegó a la educación para eliminar las raíces intelectuales del profesorado que no era “afín a la causa”. La persecución en la Universidad, contra los universitarios y el conocimiento, constituyó un objetivo de carácter estratégico-político concebido casi como si fuera militar. La nueva realidad política y educativa traía consigo un retroceso para la investigación y la docencia española. Así es como lo describe Alberto Carrillo, profesor del Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad de Sevilla, en su libro ‘Depurados, represaliados y exiliados: La pérdida universitaria durante el franquismo’.

Ejemplos de profesores depurados recogidos del Archivo Histórico de Sevilla

La depuración se llevó a cabo en todos los niveles de la función pública; completar un formulario hacía que siguieras en tu puesto de trabajo o implicaba, en los casos más extremos, el exilio exterior o interior. Alberto Carrillo afirma que las depuraciones consistían en una investigación personal para recabar datos sobre las personas y para comprobar el grado de afinidad con el régimen franquista. “El asesinato era el castigo máximo: en Granada fusilan a seis profesores, entre ellos, el rector Salvador Vila”. En Sevilla no fusilan a Francisco Candil Calvo, rector en la Universidad, pero sí lo suspenden de empleo y sueldo y lo inhabilitan para cargos directivos y de confianza. Lo relevó como rector Mariano Mota que, sin militancia política, se identificaba con la incipiente dictadura.

Carrillo explica que los procesos de “depuración” no eran tan raros. De hecho, en la República ya hubo un proceso de depuración en la universidad donde se intentó conocer quién estaba a favor de la recién estrenada Constitución del 1931. La diferencia con la dictadura es que el proceso de depuración del profesorado fue más sistemática, y durante la guerra se llevaron a cabo una serie de medidas y sanciones que se iban combinando: suspensión temporal de empleo y sueldo, traslado, cambio de servicio o la inhabilitación para cargos directivos y de confianza eran algunas de las medidas que imponían a los funcionarios de la educación si no pasaban el formulario. Carrillo explica que el fusilamiento era una medida extrema.

Según los datos recogidos por el profesor Carrillo en su libro, más del 40% del profesorado en España fue depurado, “un total de más de cien mil profesores, entre catedráticos, auxiliares y ayudantes de la Universidad”. En Sevilla, según recoge Marc Baldó en su artículo ‘Aterrados, Desterrados y Enterrados: La Represión Franquista del Profesorado Universitario’ de los 45 catedráticos que había en 1935, 10 fueron depurados y 11, inhabilitados.

La dictadura, en su intento por regular la educación superior, intentó instrumentalizar la enseñanza con objetivos similares a los intereses políticos del momento. Las depuraciones, procedimiento represor ya institucionalizado, se realizaron primero a través de la Comisión de Cultura y Enseñanza y, desde 1938, del Ministerio de Educación Nacional. “Fue un freno para España, ya que, si no hubieran depurado a los profesores, España se hubiera situado en otra órbita”, apunta Carillo.

La represión fue decreciendo conforme se asentaba la dictadura. Aún así, el profesor de la Hispalense añade que “seguían los procesos de depuración, las multas económicas y la creación de listas negras de estudiantes y profesorado”. Expone las dificultades con las que se encuentran los investigadores para la búsqueda en los archivos: “tienen que garantizarnos el derecho a la información para poder hacer afirmaciones con seguridad gracias a los archivos históricos”.

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Fotografía destacada: Carnet de María del Rosario Montoya Santamaría

Fuente:https://www.eldiario.es/andalucia/lacajanegra/franquismo-no-queria-mujeres-universidades_1_9061355.html

 

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Emilio Silva apela a la sensibilidad por los derechos humanos ante la “insuficiente” Ley de Memoria Democrática

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha registrado en el Congreso de los Diputados diez enmiendas a la Ley de Memoria Democrática “acordes al dolor que sufrió este país desde el golpe de Estado de 1936”. El registro coincide con la primera denuncia judicial ante la aparición de restos humanos con signos de violencia en una fosa común, también presentada por la entidad memorialista, hace hoy 20 años.

elsaltodiario.com / Ainoha  J. Vilató / 06/07/2022

Ya han pasado dos décadas desde que la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) presentó en el juzgado de Villablino la primera denuncia judicial por la aparición de restos óseos con signos de violencia en una fosa común de Piedrafita de Babia (León). A partir de la cual se fraguó la frase de “estos cuerpos carecen de interés judicial”, ante la clara relación entre las víctimas de desapariciones forzadas durante la guerra civil y el franquismo y los cuerpos hallados. Las autoridades competentes han negado así, durante 20 años, el derecho a la justicia al que toda víctima debería tener acceso.

La Ley de Memoria Democrática que se debate estos días tampoco mejorará en dicho sentido, a pesar de las insistencias del grupo republicano catalán, ERC, en la derogación de la Ley de Amnistía de 1977 que, en su artículo segundo e) y f), otorga impunidad y protege a los responsables de las violaciones de derechos humanos durante la dictadura franquista.

Una anulación de la norma que, a su vez, también ha pedido la ARMH, y sobre la que su presidente, Emilio Silva, ha dicho al respecto que en un estado democrático “no puede existir una ley que considere que, haber detenido ilegalmente, torturado, asesinado y escondido los cadáveres de más de 114.000 personas, no sea un crimen”.

Silva lamenta que en 44 años de democracia no haya habido un solo presidente que haya hecho un acto homenaje hacia presos políticas, militantes, estudiantes y demás personas que construyeron una sociedad para que se pudiera, entre otras cosas, hablar con libertad

La ARMH ya fue muy crítica con la antesala de la ley en 2021 y, aunque algunos partidos han conseguido calzar sus enmiendas, la ley no termina de agradar a quienes continúan en su lucha por el reconocimiento de la verdad, justicia y reparación.

Entre las enmiendas, la ARMH, ha hecho hincapié en el reconocimiento de la Iglesia como eje perpetuador de la dictadura franquista o el cese de subvenciones para la búsqueda de desaparecidos. También ha señalado la importancia de la creación de una lista de verdugos que complemente al de las víctimas, además de la reparación real de las personas afectadas. Un total de diez medidas para adecuar la Ley de Memoria Democrática a las exigencias del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

Exhumaciones

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica ha instalado una exposición fotográfica efímera de dos metros de alto por tres de ancho en la Plaza de las Cortes, frente al Congreso de los Diputados, con la idea de llevar al parlamento la realidad de las exhumaciones. Antes de su retirada, familiares de víctimas y voluntarios han paseado la muestra por las calles de Madrid hasta la Plaza de Neptuno en presencia de la mirada de los viandantes. Silva ha aprovechado las imágenes para referirse a la labor de la ARMH durante 22 años de la que ha dicho que no ha sido más que la de ayudar a familiares en la búsqueda de sus desaparecidos.

Aunque la ley delegue la responsabilidad económica de las exhumaciones en el Estado no obliga al mismo a efectuarlas

Emilio Silva durante el acto en las puertas del Congreso. ÁLVARO MINGUITO

Durante su intervención también ha aprovechado para pedir “responsabilidad estatal” ante la intención del Gobierno de continuar con la línea de subvenciones para la búsqueda de las víctimas de la guerra civil y la dictadura. A la vez que ha defendido que “los derechos humanos no se subvencionan”. También ha aclarado que el hecho de que la ley delegue la responsabilidad económica de las exhumaciones en el Estado no obliga al mismo a efectuarlas, evadiendo por tanto la obligación estatal de garantizar el derecho de los familiares a buscar a sus seres queridos.

La Ley de Memoria Histórica de 2007 tampoco obligaba al Estado en el ejercicio de sus obligaciones. Un hecho que aprovechó el gobierno de Mariano Rajoy para aplicar el famoso “cero más cero es igual a cero” y dejar en blanco la dotación presupuestaria para la ley de memoria.

El experto en justicia transicional de las Naciones Unidas Pablo de Greiff le recordó a España en 2017 que “el Estado tiene una obligación de atender los derechos de las víctimas y sus familiares y poner fin al sufrimiento de miles de ellas quienes aún hoy, a veces 80 años después de los hechos, más de 40 años desde el regreso de la democracia, siguen sin saber dónde se encuentran los restos de sus seres queridos”.

“Esta ley anuncia que apoyará a los familiares en las investigaciones de lo ocurrido, lo que quiere decir que no se va a responsabilizar de hacerlo, sino que va a dejar que las familias pregunten en los pueblos, en los archivos a los que no les dejan acceder, buscando testimonios”. Además, añade que “nadie entendería que esa dinámica se llevara a cabo con las víctimas del terrorismo”.

Para garantizar este derecho, la ARMH sugiere la creación de un organismo público que “atienda a los familiares de los desaparecidos, que las cuide, que investigue, que busque a los desaparecidos, que los identifique y que recoja pruebas que se conviertan en denuncias ante los órganos judiciales”.

Silva lamenta que en 44 años de democracia no haya habido un solo presidente que, en el ejercicio de sus funciones, haya hecho un acto homenaje hacia presos y presas políticas, militantes, estudiantes y demás personas que construyeron una sociedad para que se pudiera, entre otras cosas, hablar con libertad. “A esas personas les tengo que dar las gracias”. Y añade que este país no ha hecho nada por ellas, “las ha tratado como si fueran una casta intocable, como si fueran apestadas. Y eso es una vergüenza, lo miremos desde donde lo miremos”.

“Tenemos tiempo, esta ley tiene un debate en el que todavía le pueden ocurrir cosas y tiene que ir al senado donde también puede haber cambios. Los 350 asientos que hay ahí dentro – en referencia a los diputados y diputadas del Congreso – tienen la posibilidad ahora mismo de hacer algo digno, y es lo que venimos a pedir”, ha concluido Silva.

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Fotografía destacada:Álvaro Minguito

Fuente:https://www.elsaltodiario.com/memoria-historica/emilio-silva-apela-sensibilidad-derechos-humanos-ante-insuficiente-ley-democratica

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La ARMH registra en el Congreso mejoras de las ley de Memoria Democrática

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica ha registrado en el Congreso de los Diputados un decálogo de medidas que considera imprescindibles para poder decir que la Ley de Memoria Democrática que tramita el Parlamento hace verdadera justicia a las víctimas de la dictadura.

tercerainformacion.es / 05/07/2022

Voluntarios de la ARMH ha llevado hasta la plaza del Congreso fotografías de exhumaciones en gran formato de 2 x 3 metros. La idea era que si el Congreso de los Diputados no va a las exhumaciones imágenes de las exhumaciones vayan al Parlamento.

El texto que ha pasado por registro dirigido a todos los grupos políticos es el siguiente;

El texto del Proyecto de Ley de Memoria Democrática, que próximamente se someterá a votación en el Congreso de los Diputados, carece todavía en su contenido de las exigencias del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. Eso significa que es insuficiente en las garantías que debe dar, para el ejercicio de sus derechos, a las víctimas de la dictadura franquista. Por ello, desde la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, que inició en el año 2000 las exhumaciones científicas de desaparecidos por la represión franquista, y en agosto de 2002 presentó ante la ONU la primera documentación acerca de los desaparecidos del franquismo, queremos señalar algunas medidas indispensables para que se garantice a las víctimas del franquismo su derecho a la verdad, y nada más que la verdad; a la justicia, y nada más que la justicia; y a la reparación, y nada más que la reparación. Lo hacemos además un 5 de julio, la misma fecha en la que en el año 2002 presentamos en el juzgado de Villablino (León), la primera denuncia judicial por la aparición de restos humanos en la exhumación de una fosa común. Ocho años después de un tortuoso periplo judicial, fuimos los promotores de la querella argentina contra el franquismo, el 14 de abril de 2010. Se trata de dos hitos que explican la larga e interminable lucha de las víctimas de la dictadura para obtener la garantía de sus derechos y poner fin a la impunidad que, desde la muerte del dictador, ha protegido a los verdugos y ha desamparado a sus víctimas.

 

DIEZ MEDIDAS QUE NO ESTÁN EN LA LEY DE MEMORIA DEMOCRÁTICA Y DEBEN ESTAR 

1-.Derogación del articulado de la Ley de Amnistía de 1977 que blinda con impunidad y protege a los responsables de las violaciones de derechos humanos de la dictadura franquista. No puede existir legislación vigente que no considere crímenes los asesinatos y la desaparición de los cadáveres de 114.226 civiles, cometidos por los golpistas de 1936.

2-.Que la celebración de un día de conmemoración en memoria de las víctimas del franquismo denuncie cada año a los responsables de los crímenes de la dictadura y rechace cada año la imposición violenta de ideas que llevaron a cabo las autoridades franquistas. Por ejemplo: 18 de julio Nunca más. Que se conmemore el 19 de noviembre como Día de la Democracia, porque en esa fecha de 1933 se celebraron en España las primeras elecciones democráticas con sufragio universal, masculino y femenino, en el marco de la Constitución de 1931, la de la Segunda República.

3-.Que con la nulidad de las sentencias el Estado actúe de oficio para que las familias recuperen los bienes incautados, se les devuelva el importe actualizado de las sanciones y se rehabilite públicamente desde todas las instituciones el buen nombre de las personas que fueron injustamente condenadas. Que los plenos de todos los municipios del Estado reparen ante sus vecinos el nombre de las personas perseguidas, depuradas, difamadas, reprimidas por su opción de género, por su militancia o atacadas de cualquier modo por las autoridades golpistas.

4-.Que además del censo de víctimas previsto en la ley se lleve a cabo un censo de verdugos y de personas que se beneficiaron sin escrúpulos de la violencia ejercida por los fascistas y de la enorme corrupción política y económica de la dictadura. Que en los centros de enseñanza se favorezcan los contenidos que den a conocer la historia del fascismo español y de quiénes y cómo destruyeron un régimen democrático para implantar una dictadura.

5-.Que se incluyan en las investigaciones y en la exigencia de responsabilidades a la iglesia católica, que participó del golpe de 1936 y fue parte del Estado franquista; a las empresas que utilizaron mano de obra esclava y se enriquecieron gracias a la represión. Y que las empresas que esclavizaron a presos políticos señalicen las obras hechas por ellos e indemnicen a sus familias.

6-.Que se incluyan de manera prioritaria en los programas de formación del ejército y de las fuerzas de seguridad del Estado materias relativas a la memoria histórica y a los derechos humanos.

7-.Que se acabe con la política de subvención de las exhumaciones; los derechos humanos no se subvencionan, los derechos humanos se garantizan. Se debe crear un organismo público que atienda a las familias de las personas desaparecidas, que las cuide, que investigue, que busque a los desaparecidos, que los identifique y que recoja pruebas que se conviertan en denuncias ante los órganos judiciales. Que se indemnice económicamente a las familias de los desaparecidos y que se acabe con la discriminación que supone que algunos partidos y sindicatos sí hayan sido reparados por el Estado, por el patrimonio incautado por el franquismo, pero no se haya hecho ni se haga lo mismo con las familias represaliadas.

8-.Que se retiren de las bibliotecas de todo el Estado los libros que siguen amputados por la censura franquista. Que se haga una comisión cultural que repare y rehabilite libros, películas y cualquier otra manifestación artística perseguida por el franquismo en la que permanezcan las consecuencias de la censura.

9-.Que se digitalice toda la documentación relacionada con la represión y se facilite el acceso a copias gratuitas para las familias de víctimas. Que se investigue la dimensión de la destrucción de documentos en la transición, encabezada por Rodolfo Martín Villa. Que los archivos relacionados con la represión se doten de suficiente personal y recursos materiales para minimizar la espera de familiares que buscan documentos.

10-.Que se acabe con la discriminación entre víctimas de distintas violencias. Los mismos beneficios sociales que tienen las víctimas del terrorismo deben ser accesibles a las del franquismo. Que el Estado promueva y publicite una gran investigación sobre las medidas de reparación que llevó a cabo el franquismo sólo para los suyos pero con el dinero de todos. Que el Estado rechace y condene públicamente el golpe de Estado de 1936 y cada minuto de existencia de la dictadura y que rinda homenaje a quienes lucharon contra el fascismo que deben ser el horizonte moral de nuestra democracia.

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Fuente:https://www.tercerainformacion.es/articulo/memoria-historica/05/07/2022/la-armh-registra-en-el-congreso-mejoras-de-las-ley-de-memoria-democratica/

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