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El PSOE se opone a la entrega de los ministros franquistas reclamados por Argentina

Infolibre.es/29-04-2015

-Los socialistas esgrimen que la Audiencia y el Supremo ya han defendido la prescripción de los delitos de los que se les acusa

-Izquierda Plural, autora de la moción, aún confía en poder transaccionar la enmienda con el principal partido de la oposición

El PSOE se opuso este miércoles en el Congreso de los Diputados a la entrega a Argentina de varios exministros franquistas reclamados por la juez María Servini, junto con otras autoridades del régimen, a las que acusa de crímenes contra la humanidad cometidos en España durante la dictadura de Francisco Franco.

El PSOE enmendó la moción consecuencia de la interpelación que el diputado de IU Joan Josep Nuet dirigió el pasado miércoles al ministro de Justicia, Rafael Catalá, en la que se reclamaba al Gobierno que reconsiderara su negativa a esta entrega. Propuso que, a cambio, se inste a la Fiscalía que investigue si los hechos de los que se acusa a una veintena de reclamados son constitutivos de delito en España.

Según esgrimió el diputado socialista Nacho Sánchez Amor en el hemiciclo, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo ya han defendido en pasadas ocasiones la prescripción de los delitos de los que se les acusa por lo que la interpretación de la legislación excluye la extradición.

Sánchez Amor reconoció que este hecho deja “una sensación amarga” pero recordó que actuar así es aplicar las leyes aprobadas en democracia y, por tanto, proceder de forma distinta a la de los verdugos. “En una democracia los verdugos también tienen derechos, nosotros se los hemos dado”, subrayó.

Que se cumpla la ley de 2007

El representante socialista reclamó la puesta en marcha de otra vía, distinta a la judicial, que pueda servir para la reparación de las víctimas y la recuperación de la memoria histórica. “Hay que explorar otras vías, pongamos en marcha lo que establecía la Ley de Memoria Histórica de 2007, que ha sufrido una derogación de facto por parte del grupo que ejerce la mayoría”, dijo.

Así, su enmienda reclama que se dé “inmediato cumplimiento y desarrollo” a esta norma y se recupere la Oficina de Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura y la labor de localización de fosas y se proceda al entierro digno de los que yacen en montes y cunetas y a la retirada de todas las menciones conmemorativas de la sublevación militar, la Guerra Civil o la dictadura. El PSOE también pide el traslado de los restos de Francisco Franco fuera del Valle de los Caídos y se prohíba que se celebren allí actos de naturaleza política.

Por su parte el PP, en boca del diputado Pedro Gómez de la Serna, recordó al resto de partidos de la izquierda presentes en el hemiciclo, y en particular al representante de Amaiur Xabier Mikel Errekondo, que el último gran genocidio sufrido en España es “el terrorismo de ETA” y otras organizaciones terroristas.

El parlamentario conservador cuestionó la entrega de los reclamados por la juez Servini. “Me niego a pensar que la justicia argentina sea de mayor calidad que la española”, dijo, y remarcó que esta cuestión, está jurídicamente resuelta.

Revocar el acuerdo

Nuet reclamó que el Congreso inste al Gobierno a revocar el acuerdo del 13 de marzo de 2015 por el que denegó la extradición de esas 20 personas reclamas por la jueza María Servini, tres de las cuales ya han fallecido, y entre las que se encuentran los exministros Alfonso Osorio, Rodolfo Martín Villa y José Utrera Molina.

Además, IU-ICV-CHA quiere que la Cámara emplace el Ejecutivo a “cumplir de inmediato la orden de detención preventiva cursada por Interpol” contra los 17 reclamados que continúan vivos, de manera que sean puestos a disposición de la Audiencia Nacional en cumplimiento de las leyes españolas de Extradición Pasiva, de Cooperación Internacional en Materia Penal y del Tratado Bilateral de extradición vigente ente España y Argentina.

Su iniciativa contará con el apoyo del Grupo Mixto, PNV y CiU mientras que UPyD adelantó que se abstendrá en la votación, que se hará mañana jueves. Nuet se comprometió a dialogar con el PSOE para transaccionar la enmienda presentada.

Según explicó, no acceder a la entrega supone amparar la impunidad y proteger a personas sospechosas de haber cometido delitos internacionales. En su opinión, el acuerdo del Consejo de Ministros deja en “profundo desamparo” a los familiares de las víctimas. “Hagan un favor a nuestra historia, convivencia y reconciliación, pongamos a los verdugos ante los jueces y que sean ellos los que tengan la última palabra”, dijo.

Fotografía destacada: El líder del PSOE, Pedro Sánchez, durante la sesión de control al Gobierno de este 29 de abril. EFE

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2015/04/29/el_psoe_opone_entrega_los_ministros_franquistas_reclamados_por_argentina_32042_1012.html

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La ONU advierte a España de que está obligada a extraditar a los mandos franquistas

El Gobierno se negó a extraditar a los 17 altos cargos acusados por la justicia argentina.

El jefe para Derechos Humanos de la ONU dice que “no se está cumpliendo el derecho a la verdad de las víctimas”.

publico.es / EFE / 27-03-2015

España está “obligada a extraditar a los responsables de violaciones graves de los Derechos Humanos mientras no se tomen medidas para garantizar el acceso a la justicia y el derecho a la verdad de las víctimas ante las instancias legales españolas”, aseguró este viernes un grupo de expertos de la ONU en Ginebra.

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos explicó, en un comunicado, que la declaración emitida hoy por el grupo alude a la decisión del Gobierno español de no extraditar a 17 acusados por la justicia argentina de violaciones graves de los Derechos Humanos durante el régimen franquista, incluidos varios exministros.

“La denegación de la extradición deja en profundo desamparo a las víctimas y a sus familiares, negando su derecho a la justicia y a la verdad”, indicaron los expertos de la ONU.

En la nota, se explica que el grupo “ha mantenido comunicación con el Gobierno español en relación con las extradiciones ordenadas en octubre de 2014, en el marco de la llamada ‘querella argentina’,en la que se investigan fusilamientos, torturas, robo de bebés y otros delitos”, se añade en la nota.

La jueza argentina María Servini de Cubria había pedido la extradición para ser juzgados de 20 acusados en la causa que instruye desde 2010 contra crímenes del franquismo, entre los que figuran los exministros Rodolfo Martín Villa y José Utrera Molina.

Servini estableció que los delitos que investiga constituyen crímenes de lesa Humanidad y pidió poder juzgar a los responsables, bajo el principio de jurisdicción universal.

“Reconocemos que cabe entre las competencias del Estado español la posibilidad de denegar esta solicitud de extradición”, indicaron los expertos, pero, en ese caso, “tiene la obligación de garantizar, ante las jurisdicciones nacionales, el acceso a la justicia para las víctimas de violaciones graves de los derechos humanos y el derecho a la verdad”.

Los expertos independientes recalcaron que los argumentos preliminares presentados por el Gobierno español “carecen de base, pues parecen ignorar y contradecir las normas y estándares internacionales de los Derechos Humanos”.

“En particular, el Estado español no puede escudarse en los principios de prescripción y extinción de la responsabilidad penal para no extraditar o juzgar a los responsables de violaciones graves de los derechos humanos”, señalaron, al insistir en que “la tortura, las ejecuciones sumarias y la desaparición forzada pueden constituir crímenes de lesa Humanidad”.

Los expertos resaltaron que “el derecho internacional es muy enfático: los crímenes de lesa Humanidad y los delitos de tortura son imprescriptibles, es decir que no ‘vence’ la obligación del Estado de investigar y sancionar a los responsables”.

“Asimismo, la desaparición forzada es un delito continuado y una vulneración permanente de los Derechos Humanos. La obligación de investigar perdura hasta que se esclarezca la suerte y paradero de la persona”, aclararon.

El Gobierno español también invocó los principios de jurisdicción preferente y de no doble incriminación, pero, según los expertos de la ONU, estos principios no son aplicables en este caso, ya que “más de 40 años después de los hechos en España no se han iniciado investigaciones sobre estos delitos, que incluyen tortura, desapariciones o ejecuciones cometidas durante el franquismo”.

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Fotografía destacada: Los exministros franquistas José Utrera Molina, Rodolfo Martín Villa y Fernando Suárez. EFE

http://www.publico.es/internacional/onu-advierte-espana-obligada-extraditar.html

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Franquismo: un nuevo rechazo de España a la justicia argentina

Investigación por los crímenes cometidos en ese país entre 1936 y 1977.

La jueza María Servini de Cubría había pedido el “arresto preventivo” de 20 personas acusadas por los crímenes del franquismo, y que fueran extraditadas a la Argentina. El gobierno español rechazó la orden por entender que los crímenes ya prescribieron. Ya hubo un pedido de extradición anterior, en 2013, y el país ibérico se negó.

Infojus Noticias / Juan Manuel Mannarino / 25-03-2015

En noviembre del año pasado, la jueza María Servini de Cubría solicitó que Interpol concrete el “arresto preventivo” de 20 personas acusadas por los crímenes del franquismo y que fueran extraditadas a la Argentina. Hace unos días, el gobierno español rechazó la orden por entender que los crímenes ya prescribieron. “Fue una decisión política tomada por el Consejo de Ministros. Es la primera vez que no actúa la justicia en estos casos, sino que es el actual gobierno español el que rechaza el pedido de extradición”, dijo a Infojus Noticias Ariel Dulitzky, presidente del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de las Naciones Unidas.

La justicia argentina había ordenado, a fines de su extradición, la detención de veinte ciudadanos españoles, entre los que se encuentra personal sanitario, ex ministros y personas vinculadas a las fuerzas de seguridad del franquismo. Son sospechosas de haber cometido crímenes de derecho internacional en España, como la tortura o sustracción de menores, y que constituyen crímenes de lesa humanidad.

Según los estándares internacionales y el tratado bilateral de extradición y asistencia Judicial en materia penal, “el Estado español debe proceder a la extradición si es que se niega a juzgar a los imputados en su tierra. Pero el gobierno de Rajoy, que tiene todo el derecho a negarse a una extradición, volvió a esquivar el juzgamiento de los crímenes del franquismo. Tanto en su tierra como en otros países. Y eso es lo que cuestionamos”, dijo Dulitzky.

Ya hubo un pedido de extradición y España no colaboró: en septiembre de 2013, la justicia argentina solicitó la cooperación de España para la extradición de los represores José Muñecas Aguilar y Juan Antonio González Pachelo, alias “Billy el Niño”, acusados de haber cometido torturas. En abril de 2014 se rechazó la extradición de ambos imputados.

Al igual que en la solicitud de extradición anterior, la jueza Servini de Cubría basó su competencia para investigar los presuntos delitos en el principio de jurisdicción universal, según el cual todos los estados están habilitados por igual para investigar los crímenes de derecho internacional, con independencia de dónde se hayan cometido dichos crímenes o de la nacionalidad de las víctimas o sus victimarios.

“El gobierno español debe cooperar”

“El gobierno español no cooperó en el pasado, pero debe cooperar ahora con la justicia argentina y proceder a la extradición de los ciudadanos españoles acusados de cometer delitos que constituyen crímenes de lesa humanidad durante el franquismo”, dijeron desde Amnistía Internacional, que lanzaron un comunicado tras la decisión del gobierno español y que adelantaron medidas junto con diversos mecanismos de Naciones Unidas, incluidos el Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas, el Comité para las Desapariciones Forzadas y el Relator Especial sobre verdad, justicia y reparación. Amnistía ya elaboró un informe sobre los crímenes del franquismo.

Los fundamentos del gobierno español aún no se hicieron públicos, pero Dulitzly adelantó que se amparó en el principio de la extinción penal. “Como representante de Naciones Unidas, dirigimos una carta al gobierno español. Expresamos la preocupación por esa medida porque deja en desamparo a las víctimas en su acceso a la justicia. Se ignora el derecho internacional, como disposiciones de la ONU que instan a España a cooperar con las leyes internacionales para investigar los crímenes de lesa humanidad”, concluyó Dulitzky.

En el comunicado, Amnistía citó un informe del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas, que presentó un duro documento en el que lamentó la situación de impunidad existente en España, “donde no existe ninguna investigación judicial en curso ni ninguna persona condenada”. Destacó, además, los obstáculos que el propio Estado está poniendo a las familias de las víctimas.

En este sentido, el informe aseguró, que “desde el retorno a la democracia se han dado tímidos pasos para asegurar la verdad, la justicia, la reparación y la memoria frente a las desapariciones forzadas cometida durante la Guerra Civil y la dictadura”. Dijo también que “estos avances se han logrado gracias a iniciativas impulsadas o llevadas a cabo principal o exclusivamente por familiares de las víctimas o por la sociedad civil. El Estado debería asumir su responsabilidad para asegurar que estas iniciativas sean parte de una política de Estado global, coherente y permanente”.

Más de cien mil desapariciones

Hace unos años, la Audiencia Nacional de España declinó su competencia sobre la querella presentada en 2006 por homicidios y desapariciones forzadas (114.266 desapariciones) cometidos en España entre 1936 y 1951 a favor de juzgados territoriales. Desde entonces, Amnistía ha realizado un seguimiento de la actuación de estos juzgados y ha constatado que de los 47 casos derivados, al menos 38 se han archivado.

El 27 de febrero de 2012, el Tribunal Supremo dictó la sentencia 101/2012 que estableció la imposibilidad de investigar los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo en base a argumentos que, para Amnistía Internacional, son contrarios al derecho internacional, entre ellos la vigencia de la Ley de Amnistía y la prescripción de los delitos de derecho internacional.

La Justicia argentina continúa investigando la querella interpuesta en 2010 por crímenes cometidos en España entre 1936 y 1977. Las autoridades judiciales argentinas han solicitado información en dos ocasiones a las autoridades españolas. La Fiscalía española, en sus informes respondió –sorprendentemente- que se está investigando, pese a reconocer el archivo de al menos 22 causas. Y ha pedido a Argentina que se abstenga de investigar, asegurando que es España quien tiene preferencia en la misma.
JMM/RA

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Fotografía destacada: Ariel Dulitzky, presidente del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU. Foto: Infojus Noticias

http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/franquismo-un-nuevo-rechazo-de-espana-a-la-justicia-argentina-7958.html

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El Gobierno argumenta en favor de los ministros franquistas que firmar penas de muerte no era delito

El titular de Justicia aduce que los hechos han prescrito y que España podría juzgarlos para rechazar la extradición a Argentina.

Publico.es / Ana Pardo de Vera / 13-03-2015

El Consejo de Ministros ha actuado este viernes como era previsible que lo hiciera: rechazando la extradición de veinte personas —entre ellas, exministros franquistas—, reclamada por la jueza argentina María Servini por presuntos delito durante la dictadura de Franco: haber firmado penas de muerte. El Gobierno se ha pronunciado al fin tras recibir la petición de Servini e información complementaria que se le solicitó posteriormente y que llegó el pasado mes de diciembre.

El titular de Justicia, Rafael Catalá, ha argumentado ampliamente los motivos por los que su Departamento considera que miembros del Gobierno franquista como Rodolfo Martín Villa o José Utrera Molina no tienen que ir a comparecer a los tribunales argentinos. Por un lado, según ha indicado Catalá en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el “principio de jurisdicción preferente” convierte a España en el país competente para juzgar los presuntos delitos cometidos por españoles en territorio ídem.

Por otro lado, según el “principio de doble incriminación” al que apela el Gobierno, los delitos que presuntamente habrían cometido Martín Villa o Utrera Molina, entre otros y según la jueza Servini, no eran hechos delictivos con la legislación de la dictadura. Es decir, con Franco no era delito firmar penas de muerte. Además y, por último, el ministro de Justicia ha asegurado que conforme al “principio de extinción de la responsabilidad”, aunque se hubiera cometido el delito, éste habría prescrito transcurridos 15 años.

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Fotografía destacada: La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, junto al ministro de Justicia, Rafael Catalá, y la ministra de Fomento, Ana Pastor, durante la rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros./ EFE

http://www.publico.es/politica/gobierno-rechaza-extraditar-exministros-franco.html

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