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Las 105 víctimas del franquismo que han sido exhumadas gracias a Argentina

Argentina está investigando crímenes del franquismo y ha hecho cuatro peticiones para abrir fosas. Tres han sido rechazadas por juzgados españoles.

El caso de Timoteo Mendieta en Guadalajara es el único en el que ha salido adelante, con la recuperación de decenas de cuerpos.

Mientras la justicia argentina considera las desapariciones forzosas del franquismo como crímenes de genocidio y lesa humanidad, España los considera crímenes comunes y prescritos.

eldiario.es / Juan Miguel Baquero / 02-06-2017

La justicia argentina ha pedido cuatro veces a España que abra fosas comunes de Franco y en tres ocasiones la respuesta ha sido negativa. El único caso que ha sido aceptado es el de Timoteo Mendieta en Guadalajara y ha permitido recuperar los restos óseos de otras 50 personas mientras se buscaba a Mendieta.

La justicia española sin embargo ha devuelto tres exhortos del país austral: el de una petición que España ha clasificado de “confidencial” para exhumar en el Valle de los Caídos, la del represaliado Cipriano Martos, obligado a beber ácido, en Cataluña, y el de la mayor fosa común de Baleares.

Pese a la negativa de los juzgados españoles, la conocida como “fosa de Mallorca” sí salió adelante excepcionalmente, gracias a la colaboración entre el Govern balear, el Ayuntamiento de Porreres y asociaciones de Memoria Histórica, que sortearon la sentencia contraria de la justicia y lograron sacar de la tierra a 55 ejecutados por el franquismo. En total, directa e indirectamente, Argentina tiene el mérito de haber logrado desenterrar 105 cuerpos de víctimas de Franco.

¿Por qué Argentina pide y España niega? Las peticiones de intervenir en fosas del franquismo parten de las denuncias por desaparición forzada incluidas en la denominada querella argentina. De ahí, la jueza  María Servini de Cubría, que lleva el caso de la querella argentina, remite desde Buenos Aires el requerimiento a jueces españoles que han dado un “no” por respuesta en tres de estos cuatro casos.

La diferencia fundamental entre uno y otro país es la calificación de los crímenes de Franco. Para España son delitos comunes. Para Argentina se trata de crímenes por genocidio y lesa humanidad. ¿Qué motivos alegan los juzgados españoles para no atender los exhortos argentinos? Aplican la Ley de Amnistía, alegan que los crímenes han prescrito o inciden en que los hechos que se intentan investigar competen a la justicia española. Esas son las tres fundamentaciones principales de las comunicaciones denegatorias.

La misma interpretación que subraya la Fiscalía General del Estado en la circular enviada a las sedes judiciales como  guía para que los fiscales provinciales puedan negar el auxilio judicial y torpedear la investigación del franquismo que lleva a cabo Argentina. Esta orden interna del Ministerio Público acusaba a Servini de un interés “ajeno” a la justicia y recordaba la causa contra el exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por actuar como ella.

Del otro lado, Servini señala la imprescriptibilidad de las violaciones de los derechos humanos. Y de esta “forma diferente de plantear los hechos” llega el bloqueo de España, advierte Ana Messuti, abogada de la querella argentina.

Como ejemplo de la interpretación dispar, el Juzgado de Instrucción número 4 de Reus (Tarragona) dice que la razón de no ejecución y devolución del exhorto que pedía la exhumación de Cipriano Martos “es que no se aprecia relación alguna entre el auto judicial y la narración de los hechos”, afirma Messuti. Es decir, lo que para Argentina “es una sola causa de crímenes contra la humanidad” para España son “casos concretos”, comunes, y esto invalida la petición.

“Uno de los huesos” de Timoteo Mendieta

Con estas tres negativas (aunque el caso Mallorca se acabara resolviendo por otra vía), solo hay un caso bajo tutela internacional, el de Timoteo Mendieta. Un juzgado de Guadalajara (Castilla-La Mancha) recogía el guante del exhorto argentino y la exhumación se llevaba a cabo en enero de 2016 en el cementerio local y rescató a 22 desaparecidos forzados en presencia de Ascensión Mendieta, hija de Timoteo y querellante en la causa contra los crímenes del franquismo.

El juez decano de Guadalajara Jesús Villegas (i), saluda a Ascensión Mendieta, hija de Timoteo Mendieta, represaliado del franquismo, durante la segunda exhumación en el cementerio de Guadalajara. | EFE

Pero ninguno de los huesos pertenecía al padre de Ascensión, según el resultado de las muestras genéticas. La nueva oportunidad llegó en mayo de 2017 después de que el Juzgado número 1 de Guadalajara atendiera otro exhorto dictado por la jueza Servini y remitido por el Ministerio de Justicia español. La intervención del equipo arqueológico de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha exhumado a otros 28 represaliados por el franquismo (cuatro de ellos en enterramientos individuales) sumando un total de 50 víctimas asociadas al ‘caso Mendieta’ y que ha tenido un  efecto llamada para otras 15 familias.

Ascensión “sabe que ha sido asesinado, también sabe dónde se encuentran sus restos, pero nunca ha podido darle la sepultura que todo ser humano merece”, resume Ana Messuti como paradigma del olvido español a las víctimas del franquismo. Recuerda además un momento clave que propició que Argentina iniciara las peticiones de exhumación de fosas en España cuando Asunción Mendieta viajó a Buenos Aires con casi 90 años, “tomó la palabra” ante la jueza Servini y le pidió “sólo una cosa”: que le ayudara a encontrar “los restos de su padre” para, a su muerte, “llevarse consigo uno de los huesos”.

Cipriano Martos y su hermano, Antonio.

Martos, el último desaparecido del franquismo

En la solicitud de exhumación en el  Valle de los Caídos, la petición a través de la querella argentina fue rechazada y quedó casi silenciada por la “obligación de confidencialidad” del caso, según han relatado las fuentes consultadas por eldiario.es. No trascendió la identidad de la persona buscada ni del querellante.

Del otro caso rechazado sí se saben nombre y apellidos. Y cómo fue asesinado: Cipriano Martos, obligado a beber ácido en un cuartel de la Guardia Civil. Corría el año 1973 cuando fue detenido y torturado por repartir propaganda antifranquista. Luego le dieron el ‘cóctel de la verdad’. Murió a los pocos días y quedó enterrado en una fosa de beneficencia en el cementerio de Reus (Tarragona). Es el último desaparecido del franquismo.

A Cipriano “lo cogieron en la calle” por antifranquista y en un cuartel de la Guardia Civil fue obligado a tomar ácido. Su hermano quiere saber “la pura verdad de lo que hicieron con él, que se abra la tierra y sacar los restos”.

La familia Martos, emigrantes andaluces de  Huétor Tájar (Granada), participan como querellantes en la única causa que juzga los crímenes del franquismo, en el país austral. De ahí, y en una petición de la jueza Servini de Cubría, un juzgado de Sabadell (Barcelona)  tomó declaración a Antonio, el hermano de Cipriano. Un magistrado recogió el guante de la toma de declaraciones indagatorias, pero otro rechazó la búsqueda de los restos de Cipriano.

“Lo cogieron en la calle porque tenía un carnet clandestino del Partido Comunista de España Marxista-Leninista”, recuerda su hermano Antonio. Militó también en el Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP). “Prefería pasar hambre antes que ver a otra persona pasarla”, refiere para escenificar el “compromiso” social de Cipriano. “Hasta que cayó en sus manos”, repite. Desde entonces quiere ofrecer a su hermano una digna sepultura. “Quiero que se haga justicia, claro, pero más saber la pura verdad de lo que hicieron con él, que se abra la tierra y sacar los restos”.

La “fosa de Mallorca”, la mayor de Baleares

Trabajos de exhumación de la fosa de Porreres. | EFE

“El caso de Cipriano es muy importante”, dice Ana Messuti. Por sus características: el tipo de asesinato y la época, en los estertores del régimen de Franco. Y porque, a diferencia del juez de Guadalajara “que da cumplimiento al tratado internacional”, el Juzgado de Instrucción número 4 de Reus “no aceptó el exhorto remitido desde la justicia argentina”. La asociación Xarxa Catalana i Balear de Suport a la Querella Argentina contra els crims del franquisme critica “la posición de los jueces” que se escudan en el mandato de la Fiscalía.

El exhorto argentino para abrir  la mayor fosa común que la guerra civil española dejó en Baleares tampoco fue atendido por la justicia española. Pero la exhumación fue posible por la implicación del Govern Balear, el Ayuntamiento de Porreres, la Associació per la Recuperació de la Memòria Històrica de Mallorca y la Sociedad de Ciencias Aranzadi, que realizó la intervención arqueológica.

El primer proceso rescató del cementerio de Porreres los restos óseos de 55 personas –a finales del año 2016– y una segunda intervención espera elevar la cifra a alrededor de 120 víctimas. Al enterramiento ilegal se le conoce como la “fosa de Mallorca” porque los golpistas arrojaron allí a ejecutados de unos 30 pueblos. El colectivo Memòria de Mallorca interpuso además una denuncia penal por delitos de lesa humanidad (ante el Decanato de los juzgados de instrucción de Manacor) por aquellos asesinatos ocurridos entre 1936 y 1937 en el oratorio de la Creu de Porreres.

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Fotografía destacada: Primera exhumación en el cementerio de Guadalajara, en enero de 2016. | ARMH

Fuente:http://www.eldiario.es/sociedad/victimas-franquismo-Argentina-fosas-Espana_0_648835693.html

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Solo “unos días” para que Timoteo Mendieta salga del olvido franquista

La familia reconoce que la espera “se está haciendo muy larga” para la hija del sindicalista fusilado en la Guerra Civil. Su caso es el primero de una exhumación bajo tutela internacional.

La abogada de la ‘querella argentina’, Ana Messuti, apunta que puede suponer un “precedente” y “crear un contexto general” para los crímenes cometidos en la época.

Ahora se plantea la duda sobre el destino de los otros 21 cuerpos exhumados junto al de Timoteo Mendieta en el cementerio de Guadalajara.

eldiario.es / Carmen Bachiller / 21-05-2016

“Es cuestión de días”, dice Ana Messuti, abogada de la llamada ‘querella argentina’ que la familia  de Timoteo Mendieta, fusilado por fuerzas franquistas en el año 1939 y enterrado en una fosa común en el cementerio de Guadalajara sepa si los restos encontrados tras la exhumación del lugar (donde se hallaron 22 cuerpos) corresponden a este sindicalista de UGT que murió a los 41 años dejando atrás a mujer y siete hijos.

El ‘Equipo Argentina’ de Anatomía Forense (EAAF) se encuentra comparando los restos de ADN facilitados por la familia Mendieta que serán comparados con los de cuatro de los cuerpos de la fosa de cara a su identificación. El resultado se comunicará a la familia en cuanto haya noticias.

Una de las hijas de Timoteo Mendieta, Ascensión, presentó una demanda para recuperar los restos de su padre. Lo hizo con la ayuda de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) que en el año 2010 presentó una querella en Argentina contra los crímenes franquistas durante la Guerra Civil Española. Ascensión Mendieta declaró en la causa que  se convirtió en la primera por la que una exhumación se realizaba bajo tutela internacional.

El pasado 19 de enero se iniciaban las labores de exhumación de una fosa común en el Cementerio de Guadalajara. Un juzgado de esta ciudad autorizaba a abrir la fosa tras el   exhorto de la jueza argentina María Servini de Cubría que lleva a cabo una investigación penal “acerca de las violaciones de derechos humanos de la dictadura franquista”.

El tiempo apremia para los Mendieta

La abogada de la familia, Ana Messuti, está “muy pendiente” del caso. El tiempo apremia. Ascensión Mendieta tiene ya 90 años y a su familia no le resulta fácil frenar las ansias de una luchadora mujer que espera noticias cuanto antes.

Francisco Vargas Mendieta, nieto de Timoteo Mendieta explica que la espera “se está haciendo muy larga, sobre todo a mi madre, aunque yo esperaba un proceso largo”. La familia intenta calmar los ánimos de Ascensión quien siempre ha mantenido la convicción de que su padre se encontraba en la fosa de Guadalajara. “Le decimos que esto va lento” pero confían en se “priorice” su caso dada la avanzada edad de la demandante.

Familia de Timoteo Mendieta ARMH

Ana Messuti dice que el caso de Ascensión Mendieta no es el único. “Tenemos personas de mucha edad que quieren declarar ante el juez. Eso para ellos ya tiene mucho valor”. Hay que recordar que pese a su avanzada edad -tenía entonces 88 años- Ascensión Mendieta viajó horas en un avión para declarar en Argentina.

Las consecuencias legales del caso

El de esta familia con orígenes en Sacedón (Guadalajara) será un “precedente muy importante”, dice Messuti,  porque el proceso se ha realizado a través de un juzgado penal. “Se trató de un asesinato, de un fusilamiento ilegal. Fue una desaparición forzada”.

De hecho, ha sido la primera vez que una exhumación se realiza por orden judicial y ha supuesto que la jueza Servini haya  remitido a España 30 nuevas comisiones rogatorias de las que dos son exhumaciones.

Para esta abogada lo interesante del caso es que “Ascensión Mendieta no solo tendrá los restos sino una resolución judicial que le diga que su padre fue asesinado”. Un caso individual que, sin embargo, sirve para crear “un contexto general” para todos los crímenes cometidos durante el franquismo, asegura Messuti. “Eso se enmarca en el ámbito de los crímenes contra la humanidad y sirve para que los casos no prescriban”.

Ana Messuti reconoce, sin embargo, que acudir a los tribunales no es fácil. “Cuesta mucho presentar una querella por vía penal, ninguno más de los afectados de Guadalajara lo ha hecho”, explica la abogada porque  “lo que quieren las familias son los restos de sus seres queridos y olvidar. Yo lo comprendo”. Sin embargo resalta la necesidad de que las víctimas “sean escuchadas”.

“Solo había que ver cómo estaban los restos durante la exhumación en Guadalajara, mezclados con tierra, como si fueran esqueletos de animales durante una sequía. Es terrible. Se trata de no dejarlo como quiso el verdugo” porque, añade, se trata de “evitar la impunidad” y eso no se consigue sin darle una respuesta a la víctima.

¿Qué hacer con los otros restos de la fosa de Guadalajara?

El problema ahora es saber qué pasará con los restos de los otros 21 cuerpos encontrados en la fosa común de Guadalajara. Ana Messuti explica que algunas familias ya han dejado muestras de ADN para encontrar a sus seres queridos.

“Hablamos de un móvil no jurídico sino emotivo que es el de tratar de devolver los cuerpos a las familias”. En este sentido, confía en que la ARMH pueda llevar a cabo los pasos necesarios “sin que nos pongan obstáculos desde el Ayuntamiento de Guadalajara”. Se trata de ir identificando los restos humanos sin nuevos trámites judiciales. “Sería una locura. Están todos exhumados. Y ahora inhumarlos para luego volver a sacarlos…No tiene sentido”, sostiene la abogada.

Toca esperar también que las familias reclamen los cuerpos. En caso contrario, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, como hizo en otras ocasiones, se ocuparía de darles una sepultura digna.

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Fotografía destacada: Ascención Mendieta, su hija y su nieta en una manifestación

Fuente:http://www.eldiario.es/clm/Apenas-Timoteo-Mendieta-olvido-franquista_0_517948935.html

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La Justicia argentina recibe una denuncia para que investigue el asesinato de Federico García Lorca

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), que preparó el escrito, ha puesto en evidencia que la desaparición del escritor debe trascender la leyenda para que se indaguen las responsabilidades penales de su asesinato.

publico.es / Ana Delicado / 05-04-2016

La causa judicial que en Argentina instruye los crímenes del franquismo ha recibido un pedido para que investigue el asesinato del poeta Federico García Lorca. La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), que preparó el escrito, ha puesto en evidencia que la desaparición del escritor debe trascender la leyenda para que se indaguen las responsabilidades penales de su asesinato.

Así lo manifestó Ana Messuti, una de las abogadas de la querella que presentó este martes en Buenos Aires la documentación en el despacho de la jueza María Servini de Cubría junto con los abogados argentinos Máximo Castex y Carlos Slepoy.

“Lo importante es que un trabajo de la ARMH está recuperando la memoria de una muerte que se convirtió en una especie de mito, cuando en España se olvida la dimensión jurídico penal. Lorca ha pasado al imaginario colectivo por la desaparición de su cadáver, cuando en realidad hay un crimen que denunciar”, indica a Público la letrada.

Según la Brigada Regional de Policía, Lorca estaba acusado “de prácticas de homosexualismo, aberración que llegó a ser vox pópuli”

La denuncia que han entregado, sostiene Messuti,“pide que la punta del iceberg revele la campaña que se encuentra debajo”, una tarea difícil de llevar a cabo ante la ausencia de colaboración del Gobierno español, que continúa sin dar trámite al pedido de la jueza argentina para tomar declaración indagatoria a los imputados en su investigación.

Los querellantes mencionan en su oficio una información de la 3ª Brigada Regional de Investigación Social de la Jefatura Superior de Policía de Granada “en el que figura un relato que acredita de manera fehaciente las circunstancias de la detención y asesinato del poeta”.

Ese documento, fechado el 9 de julio de 1965, califica al escritor de socialista y masón, y relata que tras dos allanamientos a su casa, Lorca se refugió en la vivienda de unos amigos, antiguos falangistas, hasta que fue detenido por orden del Gobierno Civil.

“Se ha podido precisar”, añade el informe, que el poeta fue sacado de los calabozos del Gobierno Civil “por fuerzas dependientes del mismo”, y trasladado en un coche junto con otro detenido hasta que llegó a la localidad granadina de Víznar, donde “fue pasado por las armas” y luego “enterrado en aquel paraje, muy a flor de tierra, en un barranco, en un lugar que se hace muy difícil de localizar”.

“Veremos si a partir de ahí se puede pedir al Ministerio del Interior, que es de donde procede ese documento, que se abran los archivos de esta cartera”, enfatiza Adriana Fernández

Según la Brigada Regional de Policía, Lorca estaba acusado “de prácticas de homosexualismo, aberración que llegó a ser vox pópuli”, aunque también admitía que no había antecedentes. Por esta información, que procede precisamente de los archivos del Ministerio del Interior, la ARMH solicita a la Justicia de Argentina que envíe una comisión rogatoria para recibir copias certificadas de este documento y de todos los que se refieran a la detención y asesinato del poeta.

Una vez la jueza Servini acepte este pedido, algo que los abogados dan por supuesto, “saldría la comisión rogatoria, y se sortearía el juez de instrucción español al que se debe pedir esta información”, añade el abogado Castex. “España debería dar curso a la comisión rogatoria, porque está prevista en el tratado de Cooperación y Asistencia en Materia Penal entre Argentina y España”, afirma.

“Veremos si a partir de ahí se puede pedir al Ministerio del Interior, que es de donde procede ese documento, que se abran los archivos de esta cartera”, enfatiza Adriana Fernández, una de los tres querellantes originales que impulsaron la megacausa que investiga los crímenes del franquismo, además de representante de la ARMH.

La jueza aguarda a que España le dé la autorización para tomar declaración indagatoria a 19 altos cargos del Gobierno franquista y de la transición

Entre 300 y 400 querellas ha recibido el juzgado de Servini de Cubría para que investigue los delitos de lesa humanidad de la dictadura española, mientras siguen llegando denuncias a través de los consulados argentinos de todo el mundo. Hace dos años se superaron las 5.000, según el Ministerio Público Fiscal, así que ahora el número será mucho mayor.

Entre tanto, la jueza aguarda a que España le dé la autorización para tomar declaración indagatoria a 19 altos cargos del Gobierno franquista y de la transición, entre los que hay dos ex ministros, José Utrera Molina y Rodolfo Martín VIlla. El Ministerio de Justicia recibió el exhorto de la magistrada el pasado 9 de marzo, en el que planteaba su viaje entre el 4 y el 22 de abril. Todavía no ha respondido. En el juzgado de Servini, hoy asentían: “Pasa lo mismo con los exhortos”.

Falsas afirmaciones del ministro de Exteriores

El Ministerio de Justicia recibió el 9 de marzo un exhorto de la magistrada María Servini de Cubría, instructora de la causa, para poder viajar a España con el fin de tomarle declaración indagatoria a los 19 altos cargos del Gobierno franquista y de la transición imputados en su investigación.

Consultado por Público sobre el motivo por el que el Gobierno español no da trámite al pedido de la jueza María Servini de Cubría, el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel García-Margallo, repuso: “Entiendo que esto es algo que deben tratar las autoridades judiciales, y que el Gobierno se limita a transmitir las decisiones de las autoridades judiciales como ocurre en un Estado de derecho”.

Desde la Embajada española en Buenos Aires, donde se disponía a dar un homenaje a los españoles desaparecidos durante la dictadura argentina (1976-1983), el ministro agregó: “No es un expediente que haya seguido con especial atención, no conozco más detalles”.

El abogado Carlos Slepoy, representante de la querella en la causa judicial, contradijo a García-Margallo. “Lo que ha dicho el ministro es inconcebible. Primero, que no conozca el tema, y segundo, que ignore el hecho de que él dice que es un tema de la Justicia, cuando una comisión rogatoria tiene que ser habilitada en vía administrativa con anterioridad, y eso es precisamente lo que no han hecho”.

El letrado afirmó que el Gobierno español es un Ejecutivo en agonía que va a ser inmune a cualquier pedido que se haga, “pero confiamos en que las nuevas autoridades políticas tengan una actitud diferente y de colaboración con la Justicia argentina”.

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Fotografía destacada: La causa judicial que en Argentina instruye los crímenes del franquismo ha recibido un pedido para que investigue el asesinato del poeta Federico García Lorca.

Fuente:http://www.publico.es/politica/justicia-argentina-recibe-denuncia-investigue.html

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La jueza de la “querella argentina” pide exhumar una víctima en Guadalajara

La jueza argentina María Romilda Servini de Cubría, que instruye la denominada “querella argentina” contra los crímenes del franquismo, ha emitido un exhorto para que se exhume una supuesta víctima de la Guerra Civil en Guadalajara.

eldigitalcastillalamancha.es / EDCM/EFE / 22-07-2015

Así lo ha dado a conocer hoy en una rueda de prensa que ha dado en Barcelona la abogada de la Querella argentina, Ana Messuti, que ha precisado que la primera respuesta que se ha dado a la magistrada argentina ha sido negativa y que ahora está en fase de recurso.

Messuti ha explicado que media docena de víctimas que han denunciado crímenes y torturas durante el franquismo en el marco de la querella argentina han empezado a testificar ante los juzgados españoles, para no tener que desplazarse a Argentina, donde una juez mantiene abierto un proceso amparada en la Justicia Universal.

Ha indicado que en las últimas semanas ya han declarado en juzgados españoles, ante jueces españoles, media docena de víctimas, mientras que al menos otras cinco están citadas para los próximos meses.

Querella argentina

La querella argentina fue interpuesta en 2010 ante el Tribunal Oral Federal de Argentina, creado especialmente para la defensa de los Derechos Humanos, por parte de un grupo de exiliados españoles por los crímenes cometidos por el franquismo entre 1936 y 1975, cuando España recuperó la democracia.

Desde entonces, la juez María Romilda Servini de Cubría, que instruye la causa, ya ha tomado declaración en Argentina a varios de los denunciantes -tanto víctimas directas como hijos de víctimas del franquismo- y también se ha desplazado a España para facilitar que comparecieran algunos de ellos.

Además, intentó tomar declaración a varios testigos mediante vídeo-conferencia desde consulados argentinos en España, aunque esta vía no acabó prosperando.

Ante esta situación, en las últimas semanas la magistrada ha remitido varios exhortos para que sean los jueces españoles los que tomen declaración a las víctimas, para evitar que se tengan que desplazar a Argentina, lo que ha sido acogido muy positivamente por los denunciantes.

Juan Martínez

Una de las víctimas directas, Juan Martínez, que ya ha comparecido ante un juzgado de Rubí (Barcelona), ha celebrado la posibilidad de poder declarar ante la justicia española.

Ante el juez, Martínez relató su historia: tras llegar a Terrassa (Barcelona) procedente del sur de España, se afilió al PSUC, en 1956, e inmediatamente fue detenido y torturado en comisaría, donde recibía más de dos palizas diarias mientras era interrogado para que delatara a sus compañeros de organización.

Pere Fortuny también ha comparecido ante un juez de Mollet del Vallès (Barcelona), a quien explicó que cuando tenía seis años su padre fue fusilado por orden del alcalde y del cura del pueblo.

“El cura vino a casa, cuando nuestro padre estaba en prisión, y nos dijo que iba a la cárcel y que haría una gestión que recordaríamos toda la vida. Pensamos que ayudaría a que le liberaran. Toda la familia nos pusimos de rodillas y le besamos las manos. Al día siguiente, supimos que fusilaron a nuestro padre de madrugada”, ha recordado hoy, con la voz entrecortada.

Tampoco no ha podido evitar romper a llorar Lluis Serra, que ha sido citado a declarar en los próximos días por el fusilamiento de su padre, el exalcalde del Prat de Llobregat Lluis Serra Giribert, en el Camp de la Bota.

“Mi padre era una persona muy activa en la defensa de los derechos de los trabajadores y de la justicia social. Esto lo significó”, ha recordado hoy su hijo, que ha mostrado su confianza de que algún día se pueda la justicia repare su “trauma tan tremendo”.

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Fotografía destacada: María Romilda Servini de Cubría.

http://www.eldigitalcastillalamancha.es/piden-desde-argentina-la-exhumacion-de-una-supuesta-victima-del-franquismo-en-la-region-192292.htm

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