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Una familia recupera la casa de su abuela que “robó” un alcalde franquista en 1936

La familia Moriche Ruiz descubre por azar que los golpistas rapiñaron la casa de la “abuela Ana” en Castellar de la Frontera (Cádiz) y han rescatado el hogar familiar

eldiario.es / Juan Miguel Baquero / 02/03/2021

Verano de 1936: los golpistas rapiñan Andalucía, pueblo a pueblo. Castellar de la Frontera (Cádiz) no será excepción y en el botín entra una casa en el castillo que corona el pueblo. Su dueña, Ana Ruiz Moya, morirá guardando el secreto. Hasta que el azar desvela la historia. 84 años después: sus descendientes recuperan el inmueble que robaron los franquistas. Un relato velado hasta ahora y que cuenta en exclusiva elDiario.es Andalucía.

“Hemos recuperado para nuestra familia la casa que el franquismo nos robó en 1936”, es el titular que dejan los tres descendientes de Ana Ruiz que han recuperado la casa. “Hemos puesto fin al crimen y hemos reparado a nuestra familia, víctima del franquismo desde que un alcalde fascista ‘okupara’ la vivienda de nuestra abuela”, explica Juan Miguel León Moriche, vecino de Algeciras, periodista y miembro del Foro por la Memoria del Campo de Gibraltar.

La familia había sido denunciada por una empresa inmobiliaria que alega ser la actual propietaria. Pero el juicio no ha llegado a celebrarse. Los Moriche Ruiz han presentado la escritura original de la casa y, con esta prueba en mano, la titular del Juzgado número 3 de San Roque ha notificado a las partes –con fecha 2 de marzo– que no hay materia penal contra los inculpados, Miguel León González y Paloma León Fernández, por lo que la acusación ha retirado la denuncia, según las fuentes consultadas por este medio.

La nueva Ley de Memoria Democrática pondrá sobre la mesa el saqueo continuado de los golpistas. Ellos no han esperado. Porque el expolio sigue vivo y el proceso para reconquistar el Pazo de Meirás (Sada, A Coruña, Galicia), que disfrutó durante décadas la familia Franco, es solo la punta de iceberg. En Andalucía, la región de España más castigada por la violencia rebelde, el robo a los derrotados afecta a unas 60.000 personas, según un trabajo coral que firman investigadores de las nueve universidades de la región.

La amenaza económica de los golpistas funcionó como una eficaz arma represiva. De ahí, quizás, el silencio eterno de “la abuela Ana” que rompió un trámite en el Registro de la Propiedad años después de que ella falleciera en 1997: La familia quiere vender su casa, piden una nota simple y aparecen dos inmuebles a nombre de Ana Ruiz Moya. De uno nunca habían tenido noticias. Y ya está “inscrita y aceptada como herencia” de sus descendientes. El apunte confirma que, legalmente, “la casa nunca dejó de pertenecer a la abuela Ana”.

Paloma y Miguel han recuperado la casa de su abuela

El hogar robado por franquistas

Corralete, 9. En esa calle, ese número, hay una casa que ha ido cambiando de manos durante décadas. “El 24 de agosto de 2020 recuperamos para la familia de mi madre la vivienda propiedad de los hermanos Ana y Juan Ruiz Moya, madre y tío de ella”, explica Juan Miguel León. La familia ha esperado estos meses antes de dar a conocer la historia –que conocía este medio desde entonces– “por la necesidad de terminar los trámites con el notario y así poder demostrar la justicia y la legalidad” de la recuperación del inmueble.

“Hicimos justicia. Hemos recuperado para la familia una casa que le fue robada por la violencia. El terror que sentían sus legítimos propietarios despojados, el miedo de sus hijos y la injusticia radical del orden jurídico vigente han perpetuado durante décadas este crimen que ahora nosotros reparamos”, cuenta León Moriche. “La casa de Corralete 9 vuelve a estar habitada por los herederos legítimos de Juan Ruiz Pro, Salvador Ruiz Jiménez y Ana Ruiz Moya”, sentencia.

La familia ya ha certificado que el hogar forma parte de su herencia, que acepta la casa inscrita en “documento público registrado en 1919 por Juan Ruiz Pro“, abuelo a su vez de Ana Ruiz Moya, a la que cedía la propiedad junto a su hermano Juan. Esa nota simple del Registro de la Propiedad de San Roque es la prueba del saqueo.

De un hurto más. Los fascistas robaron al menudeo, desde un reloj a una máquina de coser. Y a lo grande, con fincas, dinero republicano, fortunas cimentadas en la dictadura, trabajo esclavo y premios a los mecenas que le pagaron la guerra y el golpe a Francisco Franco y el resto de personajes de la conspiración armada contra la democracia. Hasta Meirás o el cortijo de Gambogaz para el genocida Gonzalo Queipo de Llano. O la casa de la calle Corralete número 9, ahora rescatada por los descendientes de aquellas víctimas.

Un “ejemplo para las víctimas”

La familia Moriche Ruiz también quiere que Corralete, 9 sea otra punta de iceberg. Como el Pazo de Meirás. “Sabemos que el de nuestra familia no es el único caso existente en este país”, manifiestan. “Nuestra casa es solo una parte pequeñísima de todo lo rapiñado en Andalucía por los sublevados contra el orden constitucional de 1936”, explican. Y quieren que su caso pueda servir “como ejemplo” a otras víctimas del franquismo. Que vean quizás una camino abierto a recuperar los bienes robados “y se atrevan a dar el paso”, dicen.

La historia de la casa y su actual recuperación arranca en el verano del 36. Muchos en el pueblo huyen en dirección a Málaga. Castellar va quedando medio vacío. Escapan del terror, como miles de refugiados andaluces. Entre los huidos está Salvador Ruiz Jiménez, padre de Ana. Y un golpista aprovecha el vacío: “el nombrado alcalde por los militares rebeldes, Francisco Ruiz Piña, ocupó y robó la casa”, apunta León Moriche, que ahora ha emprendido el recobro del inmueble.

El franquista ‘okupa’ incluyó “una nota marginal en la escritura” que usó “para hacer una segunda inscripción registral con la que dar apariencia de legalidad a la posesión de un inmueble que había robado por la fuerza a sus legítimos propietarios”. Desde entonces, “esta casa ha sido vendida y comprada basándose en aquella nota marginal ilegal que se hizo en 1945”, precisa Juan Miguel León.

La vivienda llevaba años deshabitada. Y la “abuela Ana” murió en 1997 sin decir nunca a sus hijos que era copropietaria de Corralete 9. “Lo tenemos claro, nuestro propósito es quedarnos en la casa de nuestra familia el tiempo que haga falta para que todos los descendientes de Ana y Juan Ruiz Moya disfruten de ella”, apuran.

“Hemos contratado la electricidad, el agua y el Internet, hemos saneado y pintado paredes y toda la familia espera que acaben las restricciones sanitarias para celebrar la recuperación de la casa. Lo haremos en el patio, junto a la torre almenada que vigila desde lo alto todo el Campo de Gibraltar”, en el hogar del castillo de Castellar de la Frontera que fue arrebatado a su familia por los golpistas en 1936.

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Fotografía destacada: Juan Miguel León Moriche y su hijo Miguel en la casa del Corralete | Cedida por la familia

Fuente:https://www.eldiario.es/andalucia/familia-recupera-casa-abuela-okupo-alcalde-franquista-1936_1_6400851.html

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El reparto del régimen franquista de obras de arte robadas en la posguerra (y del que la Iglesia fue la gran beneficiada)

Una investigación sobre las devoluciones del patrimonio artístico español durante la posguerra saca a la luz la diáspora de las obras que se dio por parte del régimen franquista. Miles de ellas entregadas en depósito a diferentes instituciones, la falta de un inventario estatal hace imposible su localización actual.

publico.es / Guillermo Martínez / 27/02/2021

¿Qué hizo el franquismo con las miles de obras custodiadas o evacuadas por la República durante la guerra? Esa es la pregunta que rondaba en la cabeza de Arturo Colorado Castellary desde hace años. Ahora encuentra respuesta. Un minucioso estudio publicado bajo el título Arte, botín de guerra. Expolio y diáspora en la posguerra franquista (Cátedra, 2021) da buena cuenta de cómo la devolución del patrimonio artístico español realizada por el régimen terminó con la desviación de multitud de obras que jamás fueron devueltas a sus dueños legítimos. Entre los agraciados, diferentes organismos (civiles y políticos, militares, culturales y centros educativos), pero también la Iglesia, con un patente trato preferente, y algunos particulares que no dejaron pasar la oportunidad de beneficiarse del momento.

Todo comienza con el estallido de la Guerra Civil, como tantas cosas que aún no tienen respuesta. La República desarrolló todo un plan de protección del patrimonio artístico creando la Junta del Tesoro Artístico (JTA), encargada de la búsqueda, recopilación y depósito de miles de obras. Junto a ella, un comité internacional constituido por las principales galerías de arte de los países democráticos, como el Louvre en París o la National Gallery de Londres, quienes propiciaron la evacuación de algunas de las obras más importantes del momento desde Madrid a València, de ahí a Catalunya y, después, su ubicación en el Palacio de la Sociedad de Naciones en Ginebra. Entre ellas, más de 500 obras selectas del madrileño Museo del Prado.

Colorado afirma que la protección del patrimonio artístico en la zona franquista fue ínfima: “Hay declaraciones de algún responsable del Ejército que decía que haberse preocupado por las obras de arte hubiera sido considerado como derrotismo. Realmente, la intervención que llevaron a cabo se ubica en la posguerra”, remarca el historiador catedrático de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). De esta forma, el escritor cierra una amplia y documentada trilogía que comenzó con la publicación de Éxodo y exilio del arte.La odisea del Museo del Prado durante la Guerra Civil y que continuó con Arte, revancha y propaganda. La instrumentalización franquista del patrimonio durante la Segunda Guerra Mundial, ambas monografías publicadas por Cátedra.

Fuentes del Ejército habrían afirmado que preocuparse por las obras de arte en la guerra sería considerado derrotismo

Al fin y al cabo, el presente volumen analiza la gestión franquista de aproximadamente 17.000 obras de las que prácticamente la mitad fueron desviadas hacia otros destinatarios que no eran sus propietarios y que, sin embargo, reconocían en muchos casos como suyas. Mientras las cárceles estaban ocupadas por 270.000 prisioneros por motivos políticos al inicio de la posguerra y el nuevo régimen ejecutaba a miles de republicanos que habían sobrevivido a la muerte en las cárceles y los campos de concentración en los que el hambre, la miseria y las enfermedades eran la tónica general, el Servicio de Recuperación Artística pasaba a la acción.

8.000 obras desviadas entregadas en depósito

Esta entidad, configurada para que gestionara el retorno del patrimonio mueble español a sus legítimos dueños, más tarde se pasaría a llamar el Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional (Sdpan) y actuaría, mayoritariamente, en Madrid y Barcelona. Pero las obras no siempre fueron devueltas a sus propietarios. Colorado utiliza la experiencia del duque de Alba como paradigma de la gestión franquista. ¿Qué ocurrió exactamente con él? “El ducado de Alba, lógicamente, tenía y tiene una de las grandes colecciones particulares de España, por no decir la mayor. El Palacio de Liria de Madrid, que le pertenecía, fue incautado por el Partido Comunista. Se conservó en perfectas condiciones, incluso se abrió al público como museo. En noviembre de 1936, un bombardeo del bando franquista, apoyado por italianos y alemanes, causó un incendio en el Palacio. Las obras de arte que albergaba fueron salvadas a hombros de los milicianos que lo custodiaban, algunas de ellas enviadas a Ginebra y otras depositadas en los grandes almacenes de arte de la República”, responde Colorado.

Y la historia continúa: “Acabada la Guerra Civil, el grueso de las obras se devuelven al duque de Alba, pero otras se desvían a otros destinatarios. Así se demuestra que, incluso conociendo al propietario de esas obras, prefirieron desviarlas. De las 17.000 estudiadas, más de 8.000 fueron desviadas y entregadas en depósito”, relata el historiador. De esta forma, la monografía estudia las fórmulas utilizadas por el Sdpan para la devolución de las obras, en cuyos informes se diferenciaba claramente entre devolución al propietario y la entrega en depósito.

Para el primer caso, la fórmula habitual utilizada por el Sdpan era que la persona en cuestión “reconoce que son de su propiedad”. Así de simple. Después lo cambiaron, alineándose con la retórica impuesta por el nacionalcatolicismo, por lo que dicha persona “jura por Dios y por su honor reconocer como de su absoluta propiedad”. Más allá de estas fórmulas para entregar cientos de obras de arte, la entrega en depósito es la más controvertida. “¿Cómo se puede entregar en depósito una obra a quien dice que es suya? Ese es el tema fundamental de la investigación, y podemos concluir que hubo una auténtica diáspora de obras de arte en todo el territorio nacional”, agrega el propio Colorado.

La Iglesia, la gran beneficiada

Según el estudio, 3.761 piezas artísticas fueron entregadas en depósito a 35 museos, 2.330 a organismos, y 2.040 a la Iglesia. Esta última institución, erigida como baluarte moral del régimen franquista, tuvo un trato preferente en cuanto a las devoluciones. El propio Colorado lo define como una compensación a la Iglesia por las múltiples pérdidas ocasionadas durante la Guerra Civil por la “barbarie roja”, cuya “propaganda franquista en este sentido ha dejado una huella tan profunda en la mentalidad española que, en principio, a muchos podría parecerles justificado este trato preferente por parte del Sdpan”, advierte en el libro.

La Iglesia recibió regalos de gran valor por parte del régimen nazi

Por otra parte, la Iglesia también obtuvo un regalo de los nazis, que quisieron compensar los daños que habían sufrido durante la guerra. “Les entregaron un conjunto importante de piezas procedentes de Polonia, fundamentalmente orfebrería religiosa. Fue otra manera más de materializar la colaboración entre el nazismo y el franquismo”, explica Colorado.

El historiador explicita cómo hubo casos en los que la Iglesia se benefició de obras que ni le pertenecían ni habían perdido por los asaltos e incendios al comienzo de la guerra. Es el caso de León, donde la sublevación franquista había triunfado desde el primer momento y, por lo tanto, sus templos no sufrieron daño alguno. Sin embargo, tanto el Palacio Episcopal como el Obispado de la ciudad recibieron dos depósitos de piezas patrimoniales. En este caso en concreto de los tantos que el autor aporta en el libro, un hecho llamativo es que el Palacio Episcopal de León recibió una obra de procedencia conocida y que nunca sería devuelta a su propietario.

Expolio a las colecciones de los republicanos

Algo parecido sucede con algunas obras que fueron enviadas a Ginebra, perfectamente inventariadas, al igual que con las colecciones privadas de los republicanos exiliados o asesinados en el frente. “La colección de Pedro Rico, el alcalde republicano de Madrid, comprendía más de 25 pinturas que fueron repartidas entre diferentes organismos de la capital. Lo mismo sucedió con el coronel republicano José Sicardo y su mujer Mariana Carderera, que ya en la posguerra los franquistas entraron en su domicilio y se llevaron más de un centenar de objetos artísticos que distribuyeron a capricho. O el caso del nacionalista vasco Ramón de la Sota, cuyas 300 obras también fueron repartidas y algunas de sus pinturas decoraban el despacho de Ramón Serrano Suñer cuando era ministro de Gobernación”, ejemplifica Colorado.

Según Colorado, cientos de obras  de arte fueron robadas por los franquistas a altos cargos republicanos

El propio catedrático de la UCM agrega que con la llegada de la democracia a España se produjeron algunas recuperaciones por parte de las familias afectadas por este reparto desigual. Es el caso de la familia De la Sota, quien pudo obtener un conjunto de piezas que les habían arrebatado. Aun así, el historiador considera que el grueso de las obras diseminadas y entregadas en depósito sigue estando en el lugar al que fueron entregadas, aunque la falta de un inventario a nivel estatal en torno al patrimonio artístico español dificulta enormemente la tarea de su localización.

El arte robado como premio a los vencedores

Hubo obras que también fueron entregadas en depósito a particulares. Según la investigación, hasta 579 piezas localizadas a aquellos que las reclamaban como suyas, de las cuales 21 procedían del extranjero. Otro caso diferente fueron las piezas utilizadas para decorar las residencias de Francisco Franco, tanto las públicas, como el castillo de Viñuelas y el Palacio de El Pardo, como las privadas, como el Pazo de Meirás y el Palacio del Canto del Pico. Según la base de datos utilizada por el autor, hay 482 piezas en paradero desconocido.

Tal y como concluye Colorado, “se podría decir que con su política de devoluciones y entregas en depósito el franquismo estaba ejecutando una especie de amortización o una contradesamortización, viejo sueño pendiente de la derecha española. El arte se convertía en poder y en símbolo de la utilización política del patrimonio, lo que permitió saquear a los republicanos exiliados o en prisión y premiar a los vencedores. En última instancia, la instrumentalización política del patrimonio”.

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Fotografía destacada: Imagen recurso de una persona observando las obras de arte del pintor Joaquín Agrasot, en València.  Ana Escobar / EFE

Fuente:https://www.publico.es/culturas/reparto-del-regimen-franquista-obras.html

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Guerra Civil en Gipuzkoa: memorias de una fosa

Marcelo y Juan corrieron la misma suerte en 1936: fusilados y sepultados donde nadie pudiera encontrarles. Uno hizo su última comida con sus verdugos y otro fue expedientado en el trabajo por desaparecer. Sus familias ya saben dónde llorarles

amp.noticiasdegipuzkoa.eus / Mikel Mujika / 27/02/2021

Mientras unos dan “por cerrado el círculo” con la aparición de los restos de sus antepasados y el descubrimiento de la verdad, enterrada durante décadas; otros siguen queriendo saber más, verse cara a cara con los descendientes de los que fueron verdugos y contarles, “sin odio”, pero sin tapujos, “lo que sucedió”: cómo se llevaron a su tío-abuelo, cómo le dispararon e incluso se jactaban públicamente de su certero tiro.

Desde el anonimato unos y a pecho descubierto otros. NOTICIAS DE GIPUZKOA les acerca dos historias, dos familias, la de Juan Zubiarrain Zabaleta, un guarda forestal del Ayuntamiento de Donostia que desapareció de la noche a la mañana en el 27 de septiembre de 1936 y apareció bajo el suelo por sorpresa durante unas obras en la zona del Puente de Hierro en 2009. Y la de Marcelo Lasa Zeberio, un joven de Olaberria que, con 17 años, realizó su última comida junto a sus verdugos y otros dos presos en la venta de Lizarrusti, ya en ruinas, muy cerquita del hayedo en el que lo fusilaron poco después, el 25 de agosto de 1936.

Sus restos, como los de otras 27 personas que fueron identificadas en las exhumaciones llevadas a cabo por Aranzadi desde comienzos de este siglo, fueron entregados a sus familiares. Los restos de otras 83 víctimas sin identificar reposan en el Columbario de la Dignidad de Elgoibar. 18 años de excavaciones en los que se han recuperado los restos de 110 personas. He aquí las memorias de solo dos de ellos.

‘Ya habían matado al más joven’

“Si algo he aprendido de todo esto”, dice Joxe Angel Munduate, sobrino-nieto de Marcelo Lasa, “es que la guerra se hizo en el pueblo, de vecino a vecino. Y entre hermanos también. Franco trajo a tropas, sí, es cierto, pero la guerra se hizo aquí”. A “Martzelo” lo ejecutaron dos jóvenes de la zona, “con nombres y apellidos”, dice. Joxe Angel y su familia no quieren que se olvide lo que pasó: “Si lo dejamos ahora así, se va a perder esta historia”.

Visitan con cierta frecuencia el lugar donde su antepasado yació durante 82 años, a 50 centímetros de profundidad, en pleno bosque, donde uno de los hijos del caserío Bengoetxe Garakoa perdió la vida a los 17 años tras el estallido de la Guerra Civil. En el alto de Lizarrusti.

Joxe Angel nos cuenta que su “hijo de 12 años ha estado presente en todo el proceso, acompañándonos también a buscar la fosa, incluso el día de la exhumación (en 2018), ha vivido todo a mi lado; si le preguntas, te quedarás sorprendido”, nos cuenta el propio Joxe Angel: “Hemos decidido hacer la transmisión y les contamos todo con naturalidad a nuestros hijos y solemos ir a visitar el sitio”.

“Vamos con ganas, pero qué te voy a decir, al mismo tiempo, una vez que paso de Lazkao, siento un hormigueo en el cuerpo, pensando que lo llevarían por esa misma carretera y qué le harían. Es como si lo viera”, asegura. Y cuando llega al alto y ve las paredes en ruinas de la venta Isabel, las emociones se disparan: “Ahí les dieron de comer a los tres presos y a los dos asesinos, fue su última comida; y después de comer, a las cuatro y media, le llevaron al hayedo y lo fusilaron“, asegura. A los otros dos los liberaron.

Marcelo Lasa no tuvo ni pizca de suerte. Lo capturaron junto a otros cinco vecinos del pueblo y un primo de uno de ellos intercedió por ellos y pidió que “soltasen a los de Olaberria”. Los informes son claros y en ellos la vida se muestra azarosa. “Para cuando llegó el aviso, ya habían matado al más joven“, dicen los documentos de la época: Marcelo, de 17 años.

Marcelo Lasa, en el centro de blanco, años antes de morir fusilado.

Nos cuenta quién detuvo a su tío Martzelo, fue un olaberritarra y quiénes lo mataron, eran dos jóvenes, uno de Olaberria de 24 años y otro de Ataun, quinto de la víctima. No había que ir muy lejos. Debían conocerse. La serenidad de Joxe Angel impacta. Nos cuenta que ha podido reunirse con familiares de aquellos “verdugos”.

“¿Nos has preguntado cómo nos sentimos por dentro?”, irrumpe en la conversación Bihotz, la esposa de Joxe Angel. “Pues mira, a nosotros lo que más nos impactó, en toda esta investigación, es saber que la gente de aquí le delató y le mató”, añade.

“Estaba a 600 metros de casa”

De forma distinta lo lleva la familia de Juan Zubiarrain Zabaleta. Descendientes de tercera generación que pese a que no conocieron a su antecesor, reconocen que “siempre supimos de su desaparición, y queríamos saber por qué”.

Cuentan que incluso “se le abrió un expediente en el trabajo, por no aparecer a su puesto” al día siguiente. “Ya nos temíamos que pudo ser algo así, pero siempre te queda la duda de si se fue con los makis o si zarpó hacia América. Pero estaba a 600 metros de su casa”, asegura un miembro de la familia.

La aparición de los restos de su familiar les provocó una “gran pena en su día, y la tenemos aún, pero con el conocimiento de dónde ha estado y qué pasó, damos el círculo por cerrado”, afirma. Círculo que cerraron, no sin antes intentar acudir a los tribunales. Tocaron incluso a las puertas de la justicia europea. Estaban cerradas. Hoy, nos cuentan su historia, pero prefieren mantenerse en el anonimato.

“Pues mira, fue muy curioso, porque estaban haciendo obras en el Puente de Hierro (2009) y aparecieron unos cuerpos (tres en la misma fosa y dos lograron ser identificados) y uno de nosotros tuvo un recuerdo y dijo: ¿no será un antepasado nuestro? Así que se pusieron en marcha y sí. Lo era.

José Zubiarrain Zabaleta había nacido en Leitza en 1894 y era vecino del barrio de Egia, en Donostia. Estaba afiliado a la CNT y fue detenido por miembros de Falange en su barrio y pasó a ser un desaparecido hasta el 1 de julio de 2009. Los botones de su camisa del uniforme, localizados en la hilera del tórax con la inscripción SS indicaba que debía ser funcionario del Ayuntamiento de Donostia. Hoy se le considera víctima del bando sublevado.

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Fotografía destacada: Familiares de un fusilado en la Guerra Civil, Miren y Joxe Anjel Munduate. – Ruben Plaza

Fuente:https://amp.noticiasdegipuzkoa.eus/actualidad/politica/2021/02/27/memorias-fosa/1092838.html?__twitter_impression=true

 

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La Fiscalía remite al Gobierno la posible ocupación ilegal de los frailes del Valle de los Caídos

Los benedictinos y el Estado no han renovado el convenio desde hace cuatro años, como exige la ley, por lo que una asociación denuncia su “ocupación ilegal” de Cuelgamuros, mientras los religiosos publicitan el paraje como “monumento a la reconciliación”

eldiario.es / Jesús Bastante / 24/02/2021

¿Se han convertido los frailes del Valle de los Caídos en okupas? Para la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), desde el pasado 2 de octubre, sí. Hace unas semanas la asociación presentó una denuncia sobre posible ocupación ilegal de Cuelgamuros a la Fiscalía General del Estado, que ha remitido la misma a Vicepresidencia del Gobierno, encargada de la gestión de Patrimonio Nacional. Si se confirma la presencia ilegal de los frailes, la vicepresidenta Carmen Calvo podría proceder a la expulsión de la comunidad, algo que según ha podido saber elDiario.es el Gobierno no se plantea por el momento.

La ARMH ha revelado en un comunicado que la Fiscalía General del Estado ha remitido al Gobierno una denuncia sobre la posible ocupación ilegal del recinto por parte de los benedictinos desde el pasado 2 de octubre de 2020, cuando se cumplieron cuatro años sin que se renovara el convenio entre el Estado y la abadía benedictina de Silos, vigente desde 1958, tal y como obliga la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público.

¿Desalojo o un nuevo convenio?

El Ministerio Público ha remitido la documentación a Patrimonio Nacional, organismo que se encuentra dentro de las competencias del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática de la que es titular Carmen Calvo. De esta forma, ahora es el Gobierno el que tiene que decidir si desaloja el Valle de los Caídos y ordena a la comunidad benedictina que lo abandone, u opta por negociar un nuevo convenio, algo que según la ARMH “iría contra su promesa de convertir el lugar en un cementerio civil”.

El prior de la Basílica, Santiago Cantera, a su llegada al Valle de los Caídos

En todo caso, las asociaciones memorialistas lamentan que la Fiscalía “actúe como un servicio de mensajería” con el Gobierno, en lugar de “perseguir el incumplimiento de la ley”. La ARMH subraya que según la ley sostiene, de no haber sido renovados los acuerdos que permiten la existencia de Cuelgamuros, habrían quedado extinguidos el 2 de octubre del pasado año.

Al no haberse producido tal actualización, la asociación entiende que la comunidad benedictina debería haber abandonado ya el Valle de los Caídos y por ello, al no haberlo hecho, su estancia debe ser considerada “ilegal” por el Gobierno. Algo que, según las fuentes consultadas por este diario, no parece tan sencillo, pues la salida de una comunidad religiosa, y mucho más sin acuerdo entre las partes, podría chocar con algunos puntos de los Acuerdos Iglesia-Estado.

De hecho, fuentes gubernamentales precisaron a Europa Press que la razón esgrimida por la asociación no es correcta y que la futura Ley de Memoria Democrática, que está pendiente de volver al Consejo de Ministros para después enviarla al Congreso, regula la presencia de los monjes en el Valle de los Caídos.

El Valle, “monumento a la reconciliación”

Entretanto, los frailes de Cuelgamuros acaban de lanzar una versión remozada de su web, en la que defienden la persistencia del Valle de los Caídos como “monumento a la reconciliación”, y explican que la basílica, “como tantos otros monumentos históricos integrantes del mejor patrimonio de Europa y de España” han surgido “a raíz de un acontecimiento bélico”. En el caso del Valle, la Guerra Civil, que la web de los benedictinos define como “las circunstancias que concurrieron en la contienda española de 1936-39”.

¿Adónde irían los benedictinos en caso de salir de Cuelgamuros? Como adelantó elDiario.es, el obispo de Alcalá, Juan Antonio Reig, muy cercano a Santiago Cantera y a la comunidad del Valle –les ha visitado en varias ocasiones en los últimos meses–, les habría propuesto la gestión del complejo de Paracuellos, su cementerio y la llamada ‘catedral de los mártires’. Una propuesta que, al parecer, no ha terminado de definirse por las dudas del Vaticano a aceptar una solución que se atisba más problemática incluso que Cuelgamuros.

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Fotografía destacada: Vista del Valle de los Caídos. EFE/Mariscal

Fuente:https://www.eldiario.es/sociedad/fiscalia-remite-gobierno-posible-ocupacion-ilegal-frailes-valle-caidos_1_7249283.html

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La guerra contra la memoria: demandas contra investigadores e impunidad para crímenes franquistas

La demanda contra el historiador Fernando Mikelarena es la última de una serie de denuncias que buscan paralizar investigaciones sobre la represión franquista. Historiadores y memorialistas temen una judicialización de la investigación histórica como la que se está produciendo en Polonia

eldiario.es / Olga Rodríguez / 20/02/2021

¿Cómo puede afectar a un historiador una demanda por publicar datos documentados? ¿Y a un familiar de una víctima del franquismo que haya investigado, recogido indicios y publicado testimonios de testigos? La demanda presentada contra el historiador Fernando Mikelarena, de la que informó esta semana elDiario.es, ha causado revuelo en círculos de historiadores, memorialistas y familiares de víctimas del franquismo.

En ella Arturo del Burgo, hijo del exdiputado de UPN-PP Jaime Ignacio del Burgo, denuncia a Mikelarena por publicar que su abuelo Jaime del Burgo era jefe de requetés cuando se produjo la saca de Tafalla, la mayor matanza de republicanos en Navarra. Dicha información fue extraída por Mikelarena de varios documentos, entre ellos el diario Pensamiento Navarro.

“Es evidente que este tipo de hechos pueden suponer una pesadilla para el demandado”, señala el historiador Francisco Espinosa, autor del libro Callar al mensajero, publicado en 2009, donde recoge una docena de casos de personas que han sido demandadas desde el año 1980. “Algunos fueron terribles, los denunciados lo pasaron muy mal”.

“Es lógico que ante este tipo de denuncias la gente opte por no incluir todos los nombres que la documentación ofrece, o por expresar un cuidado especial, conduciendo a cierta autocensura”, explica Espinosa. “Aunque la demanda quede en nada, los años de pesadilla hasta que se archive el caso están ahí”, añade.

Jefes de requetés en Navarra

“Los que ganaron la guerra quieren seguir escribiendo la historia”, señalaba este jueves en Twitter la escritora Edurne Portela, al hilo de la denuncia contra Mikelarena. Integrantes del Ateneo Basilio Lacort y profesores de la Universidad Pública de Navarra han expresado en dos comunicados su apoyo al historiador.

En ellos rechazan “la judicialización del quehacer historiográfico cuando los hechos investigados por Mikelarena se produjeron hace 85 años. No es un caso aislado. En días pasados se ha conocido que el Gobierno polaco ha condenado a dos prestigiosos historiadores por sus investigaciones en torno al Holocausto. Este es un camino peligroso para la libertad intelectual”.

La condena en Polonia contra esos investigadores de la represión contra los judíos y el interrogatorio a una periodista en ese país han encendido las alarmas y están presente en las palabras de investigadores, historiadores y familiares de víctimas consultados por elDiario.es. Advierten del riesgo que este tipo de demandas conllevan en un país como España, donde los crímenes del franquismo siguen sin ser investigados por la justicia, a pesar de las peticiones de Naciones Unidas y diversas organizaciones internacionales de derechos humanos.

Celebración en 1974 de una misa y diversos actos en Barcelona en conmemoración del 18 de Julio. En la imagen, el presidente de la Diputación de Barcelona, Juan Antonio Samaranch, junto al gobernador civil de Barcelona, Rodolfo Martín Villa. EFE

La demanda de la familia Franco

Uno de los casos que ha levantado ampollas en los últimos tiempos es la denuncia presentada por la familia Franco contra Carlos Babío, coautor del libro Meirás, un pazo, un caudillo, un expolio, por presunta vulneración del derecho al honor y la intimidad de la familia Franco, que le acusa de difamación por su intervención en un programa de televisión. También están denunciados varios periodistas.

“En estos momentos tengo dos demandas por injurias y calumnias contra Franco, una por lo civil y otra por la vía penal en dos juzgados diferentes”, relata a elDiario.es.

“Es como si yo atraco un banco y no valen los indicios, ni los testimonios, ni las pruebas que recopila la policía, y el juez me pide el acta del atraco. Si tengo que demostrar que a mi abuela o a otras personas les tomaron las propiedades, y para ello me piden entregar un documento firmado por Franco o por su gente reconociendo que abusaron de las personas colindantes, evidentemente ese documento no existe”, explica.

Y añade: “Los Franco pueden demandar a todo el mundo y pasearse por los platós de televisión diciendo lo que no les gusta. Volvemos a la impunidad de la presunción de veracidad que tiene el franquismo. Franco construye un relato que es propaganda, y cuando intentas demostrar que solo era propaganda, afrontas acusación de injurias y calumnias. Las víctimas están sometidas al acoso y los Franco siguen gozando de impunidad”.

De derecha a izquierda, Carlos Babío, (denunciado por los Franco), Manuel Pérez Lorenzo y Abel López posan ante el Pazo de Meirás. Son algunas de las personas que han luchado para recuperar Meirás del expolio franquista

La demanda del hijo de Baena Tocón

Otra demanda llamativa es la que afecta al catedrático de Literatura Juan Antonio Ríos Carratalá, denunciado por el hijo de Antonio Luis Baena Tocón por haber contado que su padre participó en el juicio contra Miguel Hernández. Esa querella señala también a un número tan elevado de periodistas, medios de comunicación -entre ellos, elDiario.es- y editoriales, que sus nombres ocupan una página entera, sin puntos y aparte.

Cuando Baena presentó su denuncia la Universidad de Alicante decidió en un primer momento borrar de dos artículos digitales el nombre de Baena Tocón. Poco después rectificó, entendiendo que “los fines de la investigación histórica, la consideración de autoridad pública y el concepto de investigación” prevalecen sobre la ley de protección de datos.

La propia Agencia de Protección de Datos rechazó que se borrara del buscador Google el nombre de Baena Tocón por tratarse de documentos para “mantener informada a la sociedad” y estableció que “no hay injerencia” con el respeto a la vida privada.

El catedrático Ríos Carratalá, demandando por el hijo de Baena Tocón

“Hay un avance de la extrema derecha”

Sin embargo, Ríos Carratalá está aún pendiente de la demanda. “La experiencia es traumática porque creo haber realizado un trabajo correcto y, desde el principio, me puse en contacto con el hijo del alférez para recabar cualquier documento o testimonio que me pudiera facilitar y que fuera susceptible de modificar mis conclusiones”, indica Ríos Carratalá en conversación con elDiario.es.

“El caso del hijo de Baena Tocón en Alicante es escandaloso, dice que se acoge al derecho al olvido, pidió que apareciesen solo las siglas de su padre, la Universidad accedió en un primer momento, lo cual da la medida de cómo estaba el ambiente. Ríos Carratalá contó algo que puede comprobar cualquiera, y es que el padre de Baena Tocón formó parte del juzgado de instrucción que llevó adelante la causa de Miguel Hernández. Y no solo esa causa, otras más”, señala el historiador Espinosa.

“Este tipo de demandas pretenden detener el tipo de trabajo que llevamos haciendo los historiadores que investigamos estos asuntos. Ahora se sienten envalentonados con el avance de la extrema derecha dada la situación española, europea y mundial. Y piden el derecho al olvido”, añade.

El poeta Miguel Hernández

Otros casos

El listado de personas afectadas por denuncias de este tipo incluye al historiador Dionisio Pereira, que en 2007 fue denunciado por la familia de un alcalde falangista. Trescientos cincuenta historiadores y académicos salieron en su defensa, pidiendo protección al Tribunal Contitucional.

También fueron víctimas de estas demandas la periodista Dolors Genovés, denunciada por los hijos del falangista Trías Beltrán, Carmen García, hija de un fusilado, demandada en 2019, con 90 años de edad, por el que fuera alcalde de su pueblo por acusarle de robar tierras, o Fernando Ruiz Vergara, condenado en 1982 a no poder exhibir su documental Rocío, por incluir el testimonio de un vecino que identificaba con nombres y apellidos al presunto cabecilla de la represión en Almonte.

La historiadora Ana Martínez Rus teme que “estas dinámicas de demandas afecten sobre todo a la gente joven a la hora de elegir un tema para una tesis, por ejemplo, valorando que es un riesgo que no les compensa porque aún no cuentan con los mecanismos de protección o con el salario precisos. En mi caso concreto no me siento achantada, seguiré haciendo mi trabajo como siempre, pero evidentemente abre una senda peligrosa porque se cuestiona la investigación histórica, se judicializa”.

¿No podemos investigar el franquismo hasta dentro de tres generaciones?

“El riesgo es que haya una sentencia perjudicial para la investigación histórica y que siente jurisprudencia. En ese caso ¿qué hacemos? ¿No podemos estudiar el franquismo hasta dentro de tres generaciones? Este es un problema de los descendientes con su pasado”, indica Martínez Ruz en conversación con elDiario.es.

El historiador y archivero Sergio Gálvez comparte la misma advertencia. “Estamos en un momento de ofensiva de la extrema derecha y nos arriesgamos a que el revisionismo y el negacionismo franquista puedan causar estragos”, alerta.

Portada del libro Callar al mensajero, del historiador Espinosa

Hay una hiperinflación del derecho al honor de los muertos, que suelen ser los que tienen responsabilidad en la represión

El profesor de Derecho de la Universidad de Sevilla, Bartolomé Clavero señala que “la jurisprudencia ha tendido a ponderar en favor del derecho al honor para personas que ya no están vivas, por encima del derecho a la información. Hay una hiperinflación del derecho al honor de los muertos, que casualmente suelen ser los que tienen responsabilidades directas o indirectas en la represión de la dictadura”.

El jurista explica que en este apartado la Constitución española -los artículos 18 y 20- es prácticamente igual a la alemana, pero que “a nadie en Alemania se le ocurriría emplear el derecho al honor para proteger el pasado nazi de alguien. No ha habido ningún caso que haya trascendido en Alemania en el que la justicia haya amparado la memoria antidemocrática del nazismo”, indica en conversación con elDiario.es.

Un franquismo sin franquistas

Ríos Carratalá es autor de un libro titulado Un franquismo con franquistas, en el que señala que en realidad en España se nos ha presentado a menudo un franquismo sin franquistas, salvo unas pocas figuras históricas:

“Hemos asumido, con dificultades, un pasado dictatorial, pero va a ser mucho más difícil aceptar una obviedad: ese pasado tiene numerosos protagonistas más allá de las grandes figuras históricas. La presencia de sus nombres en las investigaciones históricas, aunque sean rigurosas y cuenten con pruebas, todavía incomoda en unos sectores sociales incapaces de observar esa época como una materia histórica”, señala.

El historiador Mikelarena comparte la idea de que este tipo de demandas, como la que él mismo ha recibido, “intentan fomentar que no se investiguen estos temas”.

Miembros del Gobierno aplauden, de pie, tras haber sido aprobada la proposición de Ley sobre Amnistía, con 296 votos a favor, 2 en contra, 18 abstenciones y 1 voto nulo, en 1977. / EFE

El presidente de la Asociación para Recuperación de la Memoria Histórica, Emilio Silva, considera que “este problema surge del vacío de un Estado que no trabaja para que se relate y conozca la verdad de lo que pasó durante el franquismo, y delega su responsabilidad en investigadores que están expuestos a la judicialización de sus intentos por difundir quiénes fueron los responsables de las violaciones de los derechos humanos de la dictadura”.

“Cuando el Estado no combate la impunidad del franquismo es la sociedad civil la que se enfrenta, desprotegida, a quienes se escudan en el honor para esconder la verdad”, añade Silva.

Fuera del ámbito de los historiadores y de los familiares de víctimas del franquismo también se han producido demandas, como la recibida por la diputada andaluza Teresa Rodríguez, quien fue condenada por un tuit contra el ministro franquista Utrera Molina en el que le atribuía responsabilidad en el asesinato de Puig Antich.

El denunciante se arriesga a que el pasado que quiere esconder o cuestionar sea divulgado mucho más 

Rodríguez ha llevado su caso al Supremo, alegando “que la negativa de Utrera Molina a conceder el perdón a Puig Antich, bajo la forma de “enterado de la sentencia” que firmó el propio Utrera Molina”, es una forma de responsabilidad.

Esa condena a Rodríguez contrasta con la decisión del Tribunal Supremo de archivar la querella contra el diputado de Vox Ortega Smith, por mentir al decir que las Trece Rosas “torturaban, asesinaban y violaban”.

En todo caso, estas demandas también pueden tener un efecto bumerán y lograr que el pasado que el denunciante pretende esconder o cuestionar termine siendo divulgado mucho más, al convertirse en noticia el motivo de la misma.

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Fotografía destacada: Rostros de personas fusiladas o desaparecidas por el franquismo.

Fuente:https://www.eldiario.es/sociedad/guerra-memoria-demandas-investigadores-e-impunidad-crimenes-franquistas_1_7233036.html

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Identificado un militar fusilado en la Guerra Civil gracias a su anillo de casado y el de su esposa

Pertenecían al cabo Alberto García Martínez cuando, a los 43 años, fue ejecutado en 1940.

amp.20minutos.es / EFE / 14/02/2021

Dos oxidados anillos hallados en los restos exhumados en las fosas comunes del cementerio de San Fernando (Cádiz), han sacado a la luz la historia de Alberto García Martínez, un militar de Cartagena (Murciaejecutado hace 80 años por permanecer leal a la República.

Gracias a esos dos anillos, que tenían grabadas dos inscripciones con los nombres de Dionisia y Alberto, se ha identificado a uno de los 106 militares que se estima que fueron ejecutados y sepultados en el cementerio de San Fernando.

Una pista fundamental para los investigadores

Su hallazgo ha sido como un regalo para el equipo de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Democrática, Social y Política de San Fernando (Amede) que desde 2017 trabaja en las excavaciones de las fosas comunes del cementerio local.

Se calcula que en ellas están los restos de 229 personas que fueron ejecutadas desde el inicio de la Guerra Civil hasta 1940.

Hasta el momento sus trabajos han permitido exhumar 108 cuerpos. De ellos, tan sólo tres han podido, hasta el momento, ser identificados de forma “presuntiva”, a la espera de la confirmación con pruebas de ADN.

El dato da idea de las dificultades que entraña la tarea de identificar los restos de las fosas y de la gran ayuda que, en este caso, han aportado estos dos viejos anillos.

Los llevaba puestos en el índice de su mano derecha el cabo fogonero Alberto García Martínez, natural de Cartagena, cuando, a los 43 años, fue ejecutado a las seis de la mañana del 18 de junio de 1940 en la tapia del cementerio de San Fernando tras ser sentenciado a muerte por el delito de rebelión.

El registro secreto de los sacerdotes

Cuando los arqueólogos descubrieron las inscripciones, pudieron enseguida relacionar los nombres con uno de los últimos apuntes que José Casado Montado incluyó en 1992 en Trigo Tronzado, un libro en el que este vecino de San Fernando había reunido un listado de los fusilamientos ejecutados en la ciudad por las tropas y el régimen franquista, entre ellos el del alcalde y sus tres hijos.

Para ello este vecino, fallecido dos años después de culminar el documento, había acudido a la Iglesia Mayor de San Fernando, porque sabía que allí había un volumen llamado Libro único secreto, en el que los propios sacerdotes anotaban día a día los datos de los fusilados.

De forma clandestina, diciendo que investigaba a las cofradías locales, José Casado accedió a este libro y tomó anotaciones.

Entre ellas estaba la referencia a Alberto García Martínez, junto a su edad, que era cabo fogonero del buque militar ‘Almirante Valdés’, su domicilio y que dejaba dos hijos, una niña de 9 años, y un niño de 17 meses. “Confesó y comulgó”, añadían los sacerdotes en aquel libro.

“La intención de los sacerdotes de llevar ese registro no la sé, pero la Iglesia estuvo del lado de los golpistas. Asistían a los fusilamientos y su única preocupación era confesar y dar la comunión a las personas que iban a ejecutar, no se opusieron”, explica el antropólogo social.

Los buques militares leales a la República

El ‘Almirante Valdés’ era uno de los buques de la Armada que no se sumaron al levantamiento contra la República. Se sabe que partió de Cartagena el 5 de marzo de 1939 hacía Túnez y que de allí se dirigió a Cádiz.

Era el final de la Guerra, estaba ya claro que la República no tenía nada que hacer. Seguramente habían pactado entregarse en Túnez y allí les debieron engañar para que partieran hacia Cádiz. Cuando llegaron les metieron en el campo de concentración de Rota“, relata Javier Pérez.

La identificación del cabo fogonero ha llevado, gracias a la difusión en las redes sociales, a la localización de uno de sus nietos.

La publicación del listado de militares que iban en ese buque, o en otros como el destructor ‘Sánchez Barcáiztegui’, que tuvo un final paralelo al ‘Almirante Valdés’, ha permitido en las últimas semanas que otras cuatro familias puedan empezar a tener pistas de dónde pudieron acabar sus vidas y sus restos.

La asociación AMEDE se puso en contacto hace unos años con el Ministerio de Defensa para reclamar su ayuda en las tareas de exhumación de los 106 militares represaliados por el franquismo cuyos restos están en el cementerio de San Fernando.

“La primera respuesta fue que no tenían constancia y en la segunda reconoce que hay una fosa, pero no se implica más, dice que no es de su competencia”, cuenta el antropólogo.

Sin esperar esta ayuda, la asociación tiene esperanzas en lograr una nueva subvención: “Si la conseguimos esperamos tener el proceso de esta excavación acabado en un año”, dice Javier Pérez, que confiesa que se siente “agotado” por un trabajo que, como los profesionales de distintos campos y los voluntarios que forman parte del equipo, lleva a cabo por el compromiso de resarcir la memoria de las víctimas y el dolor de sus familiares.

Un arduo trabajo poco valorado

La asociación, que ha luchado por formar su propio equipo para llevar a cabo la excavación, recibió en los inicios una ayuda de la Junta de Andalucía. Después ha contado con el apoyo logístico del Ayuntamiento y subvenciones de la Diputación de Cádiz y del Ministerio de Presidencia.

Las subvenciones, cuenta el presidente de la asociación, no dan para mucho más que para pagar los gastos de los trabajos.

“La tarea que hay detrás, no sólo de la exhumación de los restos, sino la de identificarlos y localizar a sus familiares, a veces recurriendo incluso a la guía telefónica, muchas veces no se valora“, explica este antropólogo social.

Una labor -también de bucear en la historia, siguiendo rastros en los archivos y en cualquier tipo de documentación- sin la que no hubiera sido posible saber que los anillos oxidados hallados pertenecieron el cabo fogonero Alberto García Martínez.

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Fotografía destacada: Los anillos con los nombres de Alberto y Dionisia grabados encontrados en la fosas comunes del cementerio de San Fernando en Cádiz.|EFE

Fuente:https://amp.20minutos.es/noticia/4583623/0/identificado-militar-fusilado-guerra-civil-anillo-casado-esposa/

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