Archivo de la etiqueta: 20 N

El fiscal jefe de Algeciras fue el primero en abrir diligencias tras la denuncia de los familiares en los medios de comunicación. Hasta ahora se han abierto dos vías, la que coordina la Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Ilegales (ANADIR) y la de la Memoria Histórica. Los primeros acudirán a la Fiscalía General del Estado, los segundos a la Audiencia Nacional.
 
NUEVATRIBUNA.ES / ISABEL G. CABALLERO 18.11.2010

Las denuncias por el robo de niños en España siguen aumentando y la justicia ha empezado a tomar cartas en el asunto. Ya no se trata sólo de casos ocurridos durante el Franquismo sino también en la década de los 80. Hasta el momento hay dos vías abiertas. Por un lado, ANADIR, la Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Ilegales, que ha contabilizado ya 130 denuncias y cuyo abogado, Enrique Vila, prevé presentar de forma conjunta el próximo 27 de enero ante la Fiscalía General del Estado. La otra vía se enmarca en la causa de la Memoria Histórica, en la que el letrado Fernando Magán ha recopilado alrededor de 80 casos que serán llevados a la Audiencia Nacional. El Tribunal Supremo decidirá quién debe investigar el asunto de los niños robados durante la dictadura, después de que la jueza María Concepción Rodríguez Acevedo decidiera devolver a la Audiencia la causa abierta por Baltasar Garzón por la desaparición de niños de familias republicanas.

Juan Cisneros, fiscal jefe de Algeciras, ha sido el primero en abrir diligencias. Fue el 22 de junio pasado, tras las denuncias hechas por varios familiares de casos ocurridos en la Línea de la Concepción. A él le siguió a principios de julio la fiscal jefe de Cádiz, Ángeles Ayuso, y se espera que en Málaga se sigan los mismos pasos.

Ayer mismo, la policía judicial llamó a declarar a Cristina Díaz Carrasco, que investiga la desaparición de su hermano, supuestamente muerto después de que su madre diera a luz en el hospital municipal de la Línea, donde ya se han denunciado más de veinte casos. Acompañada de su hermana Flor, Cristina declaró por espacio de cuatro horas, contando la historia que ya ha relatado a algunos medios de comunicación, entre ellos nuevatribuna.es, donde el pasado 29 de mayo informó de este escalofriante caso. El nombre del médico Abelardo García Balaguer figura en su testimonio. Junto a él, posiblemente sean llamados a declarar trabajadores del registro civil y del cementerio donde en teoría estaba enterrado pero no registrado el pequeño de la familia Díaz Carrasco.

En los últimos meses, nuevatribuna.es también se ha hecho eco de otros casos como el de Rosario Acebedo, una gaditana que en 1965 perdió a uno de sus gemelos tras dar a luz en un clínica de Cádiz; o Paloma Helguera, quien busca a su hermana supuestamente fallecida a los veinte días de su nacimiento en la maternidad de O’Donnell en Madrid; o Noemí Soria, para quien es difícil de explicar las circunstancias que rodean a la desaparición de su hermana.

Presuntos delitos que no prescriben como recuerda Cristina Díaz: “La sustracción de un menor mediante engaño, la falsedad documental, son delitos que no prescriben”, insiste; tampoco el genocidio, al que también alude de forma clara.

AFP/Gabriel Rubio/18-11-2010

CALZADA DE OROPESA, España — Más de setenta años después de la Guerra Civil, diversas asociaciones y familiares de víctimas siguen buscando restos de personas ejecutadas por los franquistas, casi con sus propios medios y sin apenas ayuda oficial del Estado o de la judicatura.

«Esto se está haciendo muy lentamente y con pocos medios», dice a la AFP Santiago Macías, vicepresidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH).

La búsqueda y exhumación de los cuerpos se lleva a cabo con los medios de cada asociación, mientras el Estado sólo prevé reparaciones simbólicas para las víctimas y subvenciones para las actividades de las asociaciones, hasta un máximo de 60.000 euros por organización, merced a la denominada Ley de Memoria Histórica, aprobada en 2007.

Desde 2006, el Gobierno socialista ha destinado un total de 19,4 millones de euros al desarrollo de la ley, de los que 5,9 millones se dedicaron a exhumaciones y el resto a homenajes, exposiciones, estudios, etc.

La ley «sirve para (reconocer) nacionalidades, para los brigadistas internacionales, para garantizarles los mismos derechos que a cualquier combatiente español, para arreglar algún tema de los hijos y nietos del exilio (a 93.344 de ellos se ha concedido la nacionalidad española) y dar un certificado de víctimas», según Macías, que critica su escasa operatividad práctica en las exhumaciones.

La ARMH fue pionera hace diez años en la apertura de fosas y desde entonces ha abierto más de 150 y exhumado más de 1.500 cadáveres, los últimos esta semana, cuando el sábado se cumplen 35 años de la muerte del dictador Francisco Franco.

«Entre todas las asociaciones se habrán sacado unos 5.000 cuerpos», explica el arqueólogo de la ARMH René Pacheco, que dirige la exhumación de siete asesinados en noviembre de 1936, apenas cuatro meses después del inicio de la contienda española en Calzada de Oropesa.

«No habremos sacado ni un 10% de las (personas) que están enterradas. Se calcula que hay entre 105.000 y 130.000 desaparecidos» en fosas en España, añadió Pacheco, de 27 años, que dirige a un grupo de voluntarios que buscan con cuidado los cuerpos.

Los restos de Alberto García Simón, Manuel Gutiérrez Castaño, Antolín Gutiérrez Castaño, Germán Sarro García, Francisco Herreruela Arroyo, Lorenzo Polo Hernández y Enemesio Hernández Alvarez, vecinos del pueblo de Las Ventas de San Julián, van saliendo a la luz ante la emoción de algunos familiares. «Estoy contenta, aunque apenas lo recuerdo. Ahora vamos a poder sepultarlos», dice a la AFP Paula Polo González, de 78 años, que tenía cuatro cuando mataron a su padre, Lorenzo Polo.

Al igual que en la mayoría de los casos, el proceso de búsqueda se inició con algún familiar, que se suele dirigir a la ARMH enviándole información que se completa con investigación en archivos, entrevistas personales, etc, pero sin ayuda oficial o judicial. Pocos jueces se personan en el lugar cuando se descubre una fosa, pese a que, según la legislación, un magistrado debe estar presente «cuando hay signos evidentes de violencia en unos restos encontrados en medio del campo», critica Macías.

Cada vez que se encuentran unos restos, la ARMH cursa la correspondiente denuncia ante las autoridades, pero «los jueces habrán venido unas cinco veces tras más de 150 fosas abiertas», afirma. La incertidumbre todavía existente sobre el órgano judicial competente y el caso del juez Baltasar Garzón podría explicar en alguna medida las reticencias judiciales.

«Es bochornoso que la única persona perseguida en relación a los crímenes más graves que se han cometido nunca en este país sea el juez que intentó abrir el proceso», aseguró recientemente el magistrado de la Audiencia Nacional Ramón Sáez Valcárcel.

Garzón está en espera de juicio por prevaricación (dictar una resolución injusta a sabiendas de que lo es) por haber querido investigar sobre los desaparecidos de la Guerra Civil (1936-39).

Sin embargo, pese a estas dificultades, Macías cree que la recuperación de desaparecidos es un fenómeno imparable porque muchos de los que inician la búsqueda son jóvenes «y no es que se muera con la generación de sus abuelos o de sus padres, sino que pasa a ellos, y sus hijos van a querer hacerlo. No se puede estar como si no hubiera pasado nada», sentenció.

En una carta dirigida al presidente del Gobierno, la ARMH le interroga sobre la «aconfesionalidad» que debería tener un lugar perteneciente a Patrimonio.

Público.es/PATRICIA CAMPELO Madrid 17/11/2010

En el contexto del próximo aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha registrado una carta dirigida al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en la que preguntan al Ejecutivo socialista «hasta cuándo» tienen que seguir las víctimas del franquismo sufragando con sus impuestos «la tumba del dictador responsable del asesinato de decenas de miles de civiles«.

La ARMH, colectivo que aglutina principalmente a víctimas de la represión franquista y que recientemente conmemoró su X aniversario, considera que es una «humillación» que en una «democracia consolidada», las víctimas de violaciones de derechos humanos, tal y como reconocen las normas internacionales para el caso del franquismo, «sean obligadas por el Estado» a sostener con sus impuestos el enterramiento del dictador.

Silva pregunta porqué el Valle de los Caídos no es un lugar aconfesional si pertenece a Patrimonio

En ese sentido, la ARMH tampoco ve comprensible cómo un Estado democrático mantiene «con fondos públicos, ese gran mausoleo dedicado a quien tanto daño hizo a nuestra sociedad», indica la misiva.

Emilio Silva, presidente de la ARMH y firmante del escrito, interroga al presidente del Gobierno sobre el tiempo que se continuará sosteniendo la «doble moral» que condena y penaliza el enaltecimiento de «determinadas violencias» y que otras sean enaltecidas pública y notoriamente sin que tenga ninguna consecuencia.  A este respecto, la asociación apunta a que el franquismo causó «muchísimos más asesinatos que cualquier otro grupo violento en nuestra historia», y, a pesar de ello, sigue siendo «honrado públicamente» a través de «numerosos símbolos y nombres de calles y plazas como la del Caudillo», que existe todavía en la ciudad de Madrid.

Misas en edificios de Patrimonio

Respecto al Valle de los Caídos, Silva, en nombre de la ARMH, lanza una meridiana interpelación: «¿No debería tratarse de un lugar aconfesional, tratándose de un patrimonio del Estado?», en referencia a las misas que, los monjes de la abadía benedictina de Cuelgamuros, continúan realizando gracias a los acuerdos a los que llegan con Patrimonio para que les permita continuar con sus ritos incluso mientras prosiguen las obras de restauración del conjunto.

En septiembre de 2002, la ARMH presentó, a todos los grupos con representación parlamentaria, un proyecto legislativo en el que solicitaban la conversión del Valle de los Caídos en un lugar de memoria en el que se rinda tributo a aquellos que fueron obligados a construirlo. Esta iniciativa planteaba que la nave central albergara una exposición en la que se explicara el porqué del conjunto, quiénes lo construyeron y cómo se hizo.

La ley 52/2007 de Memoria Histórica impide, en su artículo 14, cualquier acto político que exalte a los «protagonistas» del franquismo.

La Universidad de California amplia su archivo sobre la Guerra Civil, el mayor del mundo, con una colección de testimonios de víctimas de la represión.

Público.es/PATRICIA CAMPELO Madrid 17/11/2010

La Universidad de California en San Diego alberga el mayor archivo que existe con materiales de todo tipo relacionados con la Guerra Civil española, (libros, panfletos de todas las corrientes políticas, fotografías, carteles, etc). Se trata de una archivo único en el mundo creado a iniciativa del profesor Gabriel Jackson, que convenció al periodista e historiador norteamericano Herbert Southword, para que, en 1966,  donara la colección personal de pósters, libros y demás documentos que había acumulado durante su estancia en España en tiempos de la Guerra Civil.

En 2005, Lynda Claassen, directora de The Southworth Collection, nombre que recibe el archivo, preguntó a un recién llegado profesor español del departamento de Literatura, Luis Martín-Cabrera, cómo ampliar y dar a conocer la colección en España. A partir de ese momento nace el germen de lo que hoy es el Archivo Digital de la Guerra Civil Española y de la dictadura franquista, que refuerza y nutre el contenido del archivo original de Herbert Southword,  pero con una necesaria adaptación a la era tecnológica: el archivo incluye 124 testimonios audiovisuales de víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura, grabadas, editadas y disponibles, la mayoría de ellas, en una página web.

Primeros pasos

El proyecto que se inició formalmente en 2007 está llegando a su fin. En la etapa que viene ahora «se tratará de desarrollar materiales educativos y pedagógicos así como terminar la página web», indica Luis Martín-Cabrera, coordinador del proyecto.

Para la creación de este archivo, financiado en su totalidad por la Universidad de California, Martín-Cabrera junto con Scott Boehm, doctorando en la misma Universidad, decidieron que el primer paso sería reunirse en España con asociaciones de Memoria y de este modo contactaron con Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH).

«Las historias que recogemos no tienen nada que ver con el discurso norteamericano de los derechos humanos»

«Silva acogió la idea con entusiasmo», recuerda Cabrera, ya que una iniciativa de similares características se había impulsado desde la Universidad Complutense de Madrid pero no fraguó, «debido a un problema de financiación con el rectorado», explica Cabrera.

Tras esa primera toma de contacto con el movimiento memorialista en España, el siguiente paso fue hacerse con dos cámaras y grabar ocho entrevistas en el verano de 2007 a víctimas de la represión franquista. A su regreso a California, no les resultó difícil la tarea de convencer a los decanos de la división de Artes y Humanidades y a otros administradores del campus de la importancia del proyecto: «Rápidamente entendieron que se trataba de algo muy importante y necesario«, resalta Cabrera.

Para preparar a conciencia la iniciativa, el profesor de la Universidad de California visitó distintos archivos del holocausto «para ver cómo habían hecho las cosas», señala, y a continuación crear «el protocolo de entrevistas que se puede consultar en la web del proyecto».

Difícil financiación

En 2008, un equipo de seis estudiantes (cuatro en Madrid y dos en Sevilla), junto con Luis Martín- Cabrera y Scott Boehm, comenzó las entrevistas. «La financiación provenía de varios departamentos de la Universidad de California», aunque, apunta el docente, «era un puente para que lográsemos por nuestra cuenta dinero para sostener el proyecto a través de alguna fundación privada», algo que nunca pasó por varios motivos.

«No es un archivo completo porque muchas personas ya no podrán contar su testimonio»

«Además de la crisis financiera, no estábamos dispuestos a aceptar cualquier dinero», aclara Cabrera que sostiene que las historias que integran el archivo, «no tienen nada que ver con el discurso hegemónico norteamericano de los derechos humanos». Por otro lado, los entrevistados, «no son vidas abstractas, son personas que tienen o tuvieron una filiación política clara y sabían por lo que luchaban», y eso, en palabras del coordinador del proyecto, «no se presta a que te lo financien».

Cabrera considera que el hecho de haber salido adelante sin ayuda de benefactores privados, «es la prueba de que no hemos traicionado los ideales de las personas que entrevistamos».

Los 40.000 dólares de dinero público de la Universidad de California «se acabaron este verano» con la entrevista 124 y aunque no será un archivo completo, «llegamos tarde para muchas personas que no podrán contar su testimonio», apunta Cabrera, este trabajo ha creado «un lugar de memoria y un espacio virtual contra la impunidad y a favor de la justicia», concluye el coordinador del proyecto que ha contado con apoyos voluntarios: «El verano pasado, Jessica Córdova, estudiante, se fue a Barcelona a hacer entrevistas pagándoselo todo de su propio bolsillo».

Proyecto pionero

Por su parte, Scott Boehm, destaca que se trata de una iniciativa pionera ya que «el archivo audiovisual ha ocupado un espacio que antes no existía«, en referencia a que es la primera vez que una institución pública, como la Universidad californiana, acoge un proyecto de estas características.

«El Estado español ha negado a las víctimas del fascismo un espacio como el que ofrece el archivo audiovisual»

«La intención era crear un espacio institucional para las víctimas del fascismo en España, algo que les ha negado el Estado español», explica Boehm precisando que el «registro histórico» ha estado dominado por los «vencedores» que durante décadas «pudieron contar su historia».

Ahora, «con este archivo», subraya el doctorando estadounidense, «se pueden escuchar historias singulares y representativas de las miles de personas que lucharon contra el fascismo y sufrieron las consecuencias».

Los testimonios incluidos en el archivo audiovisual corresponden a víctimas que han sufrido todo tipo de represión. En ese sentido, Boehm apunta a casos de familiares de desaparecidos, torturas, prisión, exilio, campos de concentración, o represión «cotidiana»: hacia las mujeres, en las calle o en las escuelas.

Memoria «sin fronteras»

Respecto a la intervención de ciudadanos extranjeros en los procesos de recuperación de memoria histórica, Scott Boehm lo tiene claro: «La Guerra Civil fue un asunto mundial. No hay que olvidar la ayuda que tuvo Franco de nazis y de fascistas italianos, ni a las miles de personas que vinieron de todas partes del mundo para tratar de frenar el auge del fascismo en este país».

Es por ello que el doctorando invita a «no extrañarse» por ver extranjeros implicados en este proceso ya que, «no es una memoria con fronteras estrictas«, sostiene, para concluir que, «múltiples gobiernos tuvieron parte de la culpa en el triunfo de Franco, la normalización de su dictadura y la política del silencio y olvido de la Transición».

Material de la Guerra Civil española… en California

Desde que en 1966, el periodista y escritor Herbert Southworth donara su colección personal de documentos relacionados con la Guerra Civil española al archivo que lleva su nombre, la Herbert Southworth Collection no ha parado de crecer.

Cerca de 13.000 materiales entre panfletos, carteles, libros, periódicos, pósters y manuscritos configuran el fondo documental en el que se representan todas las corrientes políticas de los últimos años de la II República y de la Guerra Civil.

Manuscritos de Juan Negrín, Indalecio Prieto, Fernando de los Ríos o Ernerst Hemingway conviven con los de otros personajes de opuestas corrientes ideológicas como Primo de Rivera o Goebbels, ministro de propaganda en la Alemania nazi.

Unos 700 profesores fueron represaliados durante la Guerra Civil y la posguerra en Asturias, según un estudio de Leonardo Borque que se presenta esta tarde.

Lne.es/Eduardo GarcíaOviedo/17-11-2010

Inés Rodríguez era una romántica. Tenía edad para serlo: 23 años. Cuando estalló la Guerra Civil colaboró en la recaudación de fondos para poner en marcha orfanatos para hijos de milicianos fallecidos. Pertenecía a la Asociación de Trabajadores de la Enseñanza de Asturias (ATEA), y acabó siendo fusilada junto a cinco hombres en el puerto de Somiedo. Había una «terrible» acusación de por medio: había sido vista por la calle Uría, de Oviedo, con una insignia «de los rojos». Fue detenida cuando se presentó en la cárcel de Pola de Somiedo para protestar por la detención de su amiga Gabriela Lana. En aquellas horas de celda común las dos jóvenes sellaron el pacto de que quien saliera viva de la encrucijada pondría el nombre de la amiga a su primera hija. Gabriela cumplió la promesa.

Inés Rodríguez es una de los aproximadamente 700 maestros republicanos damnificados, en algún grado, durante la Guerra Civil en Asturias. Alto número, en torno a un 30% sobre un total de 2.500 maestros a los que les tocó la guerra en el ejercicio docente. Más de un centenar de ellos acabaron asesinados en «paseos» o ejecutados «legalmente». Algunos más murieron en la cárcel mientras esperaban destino vital y a otros muchos se les conmutó la pena capital.

El libro «La represión violenta contra los maestros republicanos en Asturias», de Leonardo Borque, será presentado en el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA. Borque investigó durante años cientos de casos que en el libro (Ediciones KRK) se individualizan en toda su crudeza, aunque la labor aún no ha llegado a su fin. «Falta un estudio nacional sobre la represión de los maestros, y por eso nadie sabe la cifra de muertos en España», señala el autor, para quien la especial saña contra los maestros republicanos tiene explicación: «Eran un símbolo de las reformas de la República, y ya se sabe que se ataca siempre a los símbolos».

Pero Borque matiza que en esos años de Gobierno republicano «los maestros de izquierda en Asturias eran una rigurosa minoría. En los años previos a la guerra se había iniciado un discurso criminalizador hacia ellos, y ese señalamiento previo suele acabar en muerte».

Los que se libraron de los «paseos» organizados por falangistas acabaron frente a consejos de guerra «que en la mayoría de los casos se celebran sin ninguna formalidad jurídica». Haber quitado el crucifijo en el aula o haberse casado por lo civil eran «pruebas» que acercaban al pelotón de fusilamiento. Muchas de las acusaciones tenían que ver con la actuación de los maestros no tanto en el aula como en labores sociales y tareas de gestión durante la guerra, desde comités de abastos a gestoras municipales.

Algunos lograron exiliarse, como Miguel Díaz, el padre del que fuera vicealcalde de París, Díaz Ron, fallecido hace días. Miguel Díaz fue alcalde de Villaviciosa, un concejo en el que el enfrentamiento civil fue particularmente enconado. «Era de Izquierda Republicana y logró contener muchos excesos».

Los maestros de Izquierda Republicana, al menos en su gran mayoría, salvaron la vida. Ocurrió justamente lo contrario con los maestros de filiación socialista o comunista. «Se puede asegurar que ningún maestro que hubiera tenido el más mínimo contacto con una organización de izquierdas se vio libre de la violencia», señala el historiador.

Los «paseos» fueron especialmente numerosos en el Occidente. Quizá los casos más representativos fueron los del matrimonio formado por Ceferino Farfante (33 años) y Balbina Gayo (34). Él era primo del escritor Alejandro Casona. Ella, a tan corta edad, ya era directora del colegio público de Cangas del Narcea. La matan de un tiro en la nuca el 10 de septiembre de 1936.

Los que se quedaron, porque no pudieron o no quisieron poner tierra de por medio, soportaron en muchos casos años de cárcel. «Hacia 1942 comenzaron los indultos y reducciones de pena. La mayoría logró sobrevivir dando clases particulares o haciendo contabilidades, lejos de lo que era su trabajo. En los años sesenta hubo alguna readmisión, pero la mayoría no logró nunca reingresar en el cuerpo docente», explica Leonardo Borque, quien da cuenta en el libro de algunos casos sorprendentes.

Uno de ellos fue protagonizado por el maestro de Pruvia, en Llanera, Eduardo Menéndez. Detenido y encarcelado, sufrió un consejo de guerra en mayo de 1938 del que salió con una condena a muerte. Las acusaciones fueron muy variadas pero una de ellas hacía referencia a la quema de una iglesia en su localidad. Se le conmuta la pena por la de veinte años y un día y, con el tiempo, logra reunir diversos testimonios que probaban que él no estaba presente durante aquel verano de 1936, cuando ardió la iglesia. Prueba su inocencia pero no se le quita ni un año de prisión.

Leonardo Borque investigó en los archivos de Salamanca y Ferrol y en el Archivo General de la Administración del Estado, en Alcalá de Henares.