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La Asociación de la Memoria Histórica pide a Sánchez que por primera vez el Gobierno condene el golpe del 36

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha registrado una petición al presidente Pedro Sánchez para que esta semana, como presidente del Gobierno, haga una declaración institucional de condena del 18 de julio de 1936.

diariocritico.com / 12/07/2021

Este hecho sería inédito, puesto que hasta ahora no ha llevado a cabo ningún presidente del Gobierno desde la muerte del dictador Francisco Franco.

Para el presidente de la ARMH, Emilio Silva, “hay que terminar con la equidistancia en la que el Estado no se enfrenta a los verdugos y no repara a las víctimas, porque eso, además de ser una enorme injusticia con quienes sufrieron la dictadUra y la combatieron, debilita nuestra democracia y no confronta los discursos que desde el presente legitiman o justifican la necesidad de la dictadura franquista, como si pudiera ser una respuesta válida a los problemas políticos y sociales”.

Y añade: “La ley de la memoria que prepara el Gobierno mantiene esa equidistancia, no repara a las víctimas ni les garantiza la justicia a la que tienen derecho y no ejerce ningún tipo de sanción a los verdugos, por lo que sostiene y mantiene la impunidad”.

El texto de la petición pretende que el Gobierno, mediante una herramienta como la declaración institucional, le diga y le explique a las sociedad que “Un 18 de julio nunca más”. Y dice así:

El próximo 18 de julio se cumplen 85 años del golpe de Estado que dio inicio a una guerra y a la toma del poder de militares sublevados que conquistaron el país mediante la traición a un Gobierno elegido en las urnas, el uso de bienes públicos para asesinar y perseguir a cientos de miles de ciudadanos y la constitución por la fuerza de un régimen que durante cuatro décadas se negó a la celebración de elecciones democráticas y siguió asesinando, torturando y persiguiendo a quienes consideraba enemigos políticos o morales.

Transcurridos casi 46 años desde la muerte del dictador, no es comprensible que las altas instituciones del Estado no hayan llevado a cabo todavía una condena explícita y contundente de una dictadura que debe ser inaceptable para cualquier ciudadano demócrata, independientemente de su ideología. Sólo se ha llevado a cabo una pequeña condena en la Comisión Constitucional del Congreso el 20 de 2002, poco contundente y condescendiente con las élites de la dictadura.

Ni los plenos del Congreso y del Senado, ni la jefatura del Estado no electa, ni el Presidente del Gobierno ni el Gobierno al completo han llevado a cabo en estos años una declaración de rechazo y condena de la dictadura, y de reconocimiento a quienes fueron perseguidos por ella y/o se enfrentaron al régimen con el objetivo de que regresaran las urnas que durante la Segunda República habían permitido la elección de gobiernos de diferentes ideologías mediante la convocatoria de elecciones generales con sufragio universal, masculino y femenino.

Por eso instamos al Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a llevar a cabo una declaración institucional en torno a esa fecha, que termine con la equidistancia por la que ni los responsables de las violaciones de derechos humanos del franquismo han sido juzgados ni sus víctimas han accedido a sus derechos de ser asistidas por la justicia.

Esa mirada indiscriminada, hacia el pasado terrible de la dictadura, fomenta la debilidad de nuestra cultura democrática, mantiene un imaginario injusto con las víctimas, beneficia a quienes han disfrutado de una intocable impunidad y mantiene al Estado en una falsa neutralidad, ya que la pasividad de una institución ante la existencia de verdugos y de víctimas es un beneplácito para las élites franquistas y un menosprecio a las víctimas.

85 años después del golpe de Estado franquista y más de 40 del término de la dictadura han supuesto un tiempo insufrible de abandono para cientos de miles de víctimas que han muerto ignoradas por el Estado y sin la capacidad de acceder a sus derechos. Es momento de que se lleve a cabo esa condena y una disculpa del Estado ante los supervivientes y sus familias castigadas por haber ejercido y defendido derechos que hoy consideramos inherentes a cualquier ser humano e irrenunciables en una democracia.

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Fotografía destacada: (Foto: Fundación Francisco Franco)

Fuente:https://www.diariocritico.com/nacional/pide-a-sanchez-que-por-primera-vez-el-gobierno-condene-el-golpe-del-36

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El borrador de Ley de Memoria no convence a las asociaciones ni a parte de las izquierdas: “Suspende en primero de antifascismo”

El anteproyecto, que llega este martes al Consejo de Ministros, ha incorporado la necesidad de humillación a las víctimas para que la apología del franquismo sea algo más que libertad ideológica, como aconsejó el Poder Judicial. Unidas Podemos y ERC piden más ambición para darle su voto en el trámite parlamentario

eldiario.es / Elena Cabrera / 12/07/2021

El Anteproyecto de Ley de Memoria Democrática supone un avance respecto a la Ley de Memoria Histórica de 2007, en eso hay consenso. En cambio, también se queda corta, al menos para los grupos memorialistas y parte de la izquierda, si se equipara con el estándar internacional en materia de derechos humanos. Los pasos que camina la democracia española para reparar las llagas de 40 años de dictadura, impresas en la piel de varias generaciones, no satisfacen todavía a estos colectivos.

En este enfoque de derechos son cinco las medidas que deben adoptarse tras un conflicto del calibre de una dictadura: verdad, justicia, reparación, memoria y garantías de no repetición. Tanto el movimiento memorialista como algunas fuerzas políticas de la izquierda ponen en cuestión que, en materia de justicia ni en reparación, la ley cumpla con los estándares esperados. A la versión de la ley que llega al Consejo de Ministros se le augura “un trámite parlamentario duro”, avanza Paco Gracia, responsable de Memoria Democrática de Podemos –cuya formación forma parte del Gobierno al cargo de la iniciativa–. Unidas Podemos apuesta por mejorar la ley vía enmiendas y no contemplan “otro escenario que no sea el de llegar a un acuerdo con el PSOE y con el resto de grupos parlamentarios”, añade Gracia. “Por el momento nos parece que es una ley cosmética, un brindis al sol y eso es una mala noticia”, puntualiza Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en el Congreso.

Para ambos grupos de la izquierda, el objetivo será “pelear” por introducir las reivindicaciones de las asociaciones memorialistas y equiparar la ley a las herramientras de otros procesos de reparación, “en la línea con la exigencia de verdad, justicia y reparación del Derecho Internacional y del relator Pablo De Greiff“, indica Paco Gracia. El enviado de la ONU recordó que los efectos de la Ley de Amnistía son incompatibles con los compromisos internacionales que ha suscrito España, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y que el problema no es tanto la ley sino la interpretación restrictiva que se hace de ella.

¿Una verdadera tutela judicial?

Las novedades del anteproyecto de ley al respecto de los procesos judiciales son la creación de un fiscal de sala específico, la garantía de la investigación de las violaciones de derechos humanos y las inscripciones en el Registro Civil de las personas desaparecidas. Dice el borrador de ley que garantizará la tutela judicial sobre los hechos que afectan a las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo pero, para las más de 50 asociaciones memorialistas y otras 75 entidades —agrupadas en la plataforma Encuentro por la Memoria—, no se permitirá el acceso a la tutela judicial efectiva hasta que no se deroguen dos puntos de la Ley de Amnistía de 1977 (los apartados e y f del artículo 2) que impiden investigar penalmente los crímenes del franquismo. Este será el principal caballo de batalla del grupo parlamentario de Unidas Podemos, partido de Gobierno, durante la tramitación parlamentaria. Este es también un punto imprescindible para otro de sus apoyos parlamentarios, ERC, que votará que no a la ley tal y como está redactada en este último borrador. Para Gabriel Rufián, “falta el reconocimiento de que el régimen y las sentencias fueron ilegales y que esto comporta una anulación efectiva de lo que dictaminaron sus tribunales”, así como la necesaria derogación de la Ley de Aministía que “equipara a asesinos franquistas con víctimas republicanas”.

La ley considera “ilegítimos” los órganos judiciales constituidos para imponer sentencias políticas durante la Guerra Civil, los que depuraron responsabilidades políticas entre 1934 y la sublevación militar y los Consejos de Guerra. También los tribunales que reprimieron la masonería y el comunismo entre 1940 y 1963, y el de Orden Público que funcionó desde ese año hasta el 77 para represaliar delitos políticos. Al respecto de la dictadura, se consideran nulas las condenas y sanciones contra quienes defendieron la República o lucharon en el antifranquismo. Pero se trata de una herramienta de reparación simbólica que no conlleva ningún tipo de indemnización.

Soldados heridos descansan de la batalla en la retaguardia republicana, en primer plano aparece uno de ellos con las piernas amputadas y montado en un carrito | Archivo Histórico del Partido Comunista de España

Esto es diferente a lo que pide ERC: la “ilegalidad” más allá de la “ilegitimidad” y que todas las sentencias de los tribunales franquistas sean nulas de plano, ya que se está depositando la iniciativa en las víctimas y sus familiares para que estas emprendan un proceso judicial administrativo.

El anteproyecto no considera a los crímenes del franquismo como de lesa humanidad, tal y como los entendía el exjuez Baltasar Garzón en su auto de 2008. Eso hubiera asegurado su imprescriptibilidad y eludiría, sin tener que derogarla, la Ley de Amnistía. En ese mismo sentido, las asociaciones memorialistas piden que España ratifique la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad de las Naciones Unidas de 1968.

Qué es una víctima del franquismo

La ley dedica un amplio artículo a la definición de víctima del Golpe de Estado de 1936, de la posterior Guerra Civil y de la dictadura. Lo hace tanto de manera amplia como entrando al detalle de los diferentes daños que pueden haber sufrido estas personas, que van desde la muerte o desaparición, al encarcelamiento, la deportación, los trabajos forzados, la represión, la incautación, la depuración y otras muchas violencias, incluida la participación en las guerrillas antifranquistas o la masonería.

Sin embargo, para Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, “sigue habiendo víctimas de primera y de segunda”. A Silva, esta ley le parece que “de antifascismo tiene poco” puesto que es “una ley sin fascistas”, donde “se habla mucho de las víctimas y nada de los verdugos”.

En su declaración de 1985, la ONU hizo una definición de víctima de delito y abuso de poder que debería aplicarse sin distinción alguna. En esa descripción internacional y en el Estatuto de la Víctima se considera tal también a los familiares inmediatos de las directas, pero no así en la Ley de Memoria Democrática. De igual manera, no se habla de resarcimiento, de indemnización por parte del Estado, ni de asistencia, como indica Naciones Unidas. Entre 1979 y 2005, se destinaron 5,1 millones de euros a indemnizaciones, prestaciones y pensiones, en especial entre los años 1980 y 82. Se dio cobertura a 4.700 beneficiarios en forma de pensiones y prestaciones por mutilaciones. Pero no ha habido una compensación económica para las familias de los asesinados por los sublevados.

Dos soldados de las brigadas Internacionales con el casco puesto y la bayoneta calada | Archivo Histórico del Partido Comunista de España

Para Unidas Podemos, hay más víctimas que han quedado sin reparación y para las que se pide indemnización, como las personas obligadas a trabajar de manera forzosa. Cuando en 1990 se reconoció el pago de indemnizaciones a quienes habían sufrido privación de libertad durante más de tres años, no se incluyó a los que integraron los Batallones Disciplinarios de Soldados Trabajadores porque se consideró que no habían sido privados de libertad en sentido estricto. El Informe Interministerial para el estudio de la situación de las víctimas, que se encargó en el año 2006, ya señalaba que se trataba de una “exclusión difícilmente justificable”. Estaríamos hablando de supervivientes que hoy tendrían más de 90 años de edad.

Para Esquerra, las ayudas de los años 80 eran “asistenciales” y “carentes de un componente político”, señala Rufián. “No nos vale. Las víctimas tienen que ser reconocidas políticamente y sus familiares tienes que ser reparados económicamente, como ha ocurrido en otros países de Europa”, añade.

Una forma de reparación a los brigadistas internacionales es la concesión de la nacionalidad española, como propone el anteproyecto de ley. Pero este reconocimiento llega tarde y, por edad, es difícil que signifique algo. El último superviviente de las Brigadas del que se tiene constancia fue Josep Eduard Almudéver, que falleció el pasado mes de mayo a los 101 años. Por ello, Unidas Podemos propone que sea a sus descendientes directos que se hayan destacado especialmente por una defensa de los derechos democráticos a los que se les conceda la nacionalidad.

En la ley se fija el 31 de octubre como día de homenaje a las víctimas, por ser el día de la aprobación en las Cortes de la Constitución Española. “Ese día no tiene nada que ver con el fascismo”, explica Emilio Silva. “Fue un día en el que solo se habló de reconciliación pero nada se dijo sobre las víctimas. ¿Qué van a celebrar las víctimas ese día? Lo único que quiere el PSOE que se celebre: la transición”, añade, recalcando que le parece una ley “partidista”, “blandita con el fascismo”, que “trata de no molestar” y que “no se sale del marco de la impunidad”. “Es un regalo para los verdugos”, concluye el presidente de la ARMH.

Cómo abordar las fundaciones franquistas

El otro gran tema en cuestión en las semanas previas ha sido el abordaje que hacía la ley de las fundaciones franquistas. El primer borrador del anteproyecto contemplaba que la apología del franquismo era una causa de extinción de una fundación, ya que es contrario al interés general. No obstante, un controvertido informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aconsejaba que se incluyera en la apología la humillación de las víctimas; en caso contrario, la actividad de estas fundaciones entraría dentro de la libertad ideológica, que está protegida en la Constitución. El Gobierno lo ha aceptado y ha corregido el proyecto de ley, añadiendo el requisito adicional de menosprecio a las víctimas. Paco Gracia, responsable de Memoria Democrática de Podemos, considera que “la propia apología del franquismo es per se una humillación a las víctimas”, por lo que no habría que haber aceptado las objeciones del Poder Judicial. Para Gabriel Rufián, entender que el franquismo conlleva menosprecio y humillación a las víctimas o incitación al odio es “de primero de antifascismo”.

Varias personas asisten a una convocatoria de exaltación del franquismo en el Panteón de Franco de Mingorrubio (Madrid), el pasado 28 de marzo de 2021 | Europa Press

Según el Grupo de Memoria Histórica de la Eurocámara, aceptar el informe del CGPJ podría contravenir la Decisión Marco de 2008 que obliga a los Estados a tipificar como delito la apología, banalización o negación de los crímenes de lesa humanidad y la resolución del Parlamento Europeo de 2018 sobre el auge de la violencia neofascista en Europa que pide a los Estados miembros que adopten medidas suplementarias para prevenir, condenar y combatir la incitación al odio.

El Gobierno ha preferido la vía de extinguir las fundaciones franquistas a partir de la Ley de Memoria Democrática, incorporando la incitación al odio y el menosprecio a las víctimas, en lugar de otras opciones posibles como la modificación del Código Penal, de la Ley de Fundaciones o incluso apretando las tuercas del mecanismo de funcionamiento del Protectorado de Fundaciones, encargado de velar porque esta se atentan a sus fines por el bien del interés general. Será el Protectorado el encargado de instar judicialmente a la extinción de la fundación Francisco Franco o cualquiera otra que estime oportuno.

Hasta cuándo se extienden los tentáculos de la dictadura

El anteproyecto enmarca el periodo de persecución y violencia entre el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 y la promulgación de la Constitución Española de 1978. Las asociaciones piden que se extienda hasta 1983, pues en esos años “hubo más de 300 víctimas a manos de las fuerzas del orden y grupos parapoliciales de extrema derecha”. Y, en el caso de las niñas y niños sustraídos y adoptados sin legítimo y libre consentimiento de sus progenitores como consecuencia de la guerra y la dictadura, piden que se prolongue hasta 1999, año en el que deja de tener reconocimiento legal en España el parto anónimo o secreto. No obstante, al estar ya en tramitación —aunque lenta— parlamentaria una ley específica sobre los bebés robados, no parece que sean objeto de esta ley.

Todo lo que no se sabe

Cuando entre en vigor la ley, el Gobierno tendrá un año para modificar otra muy controvertida, la Ley de Secretos Oficiales, una norma de 1968 destinada a proteger las alcantarillas del franquismo. Los investigadores han reclamado la Es necesario abrir la apertura de esos ficheros para poder estudiar ese periodo. Con la ley quedará autorizado el acceso a los archivos históricos del Ministerio de Defensa anteriores a 1968 siempre que no quede “comprometida la seguridad o la defensa del Estado”, lo cual puede ser una puerta a las arbitrariedades. Este es un cabo suelto que Unidas Podemos va a solicitar sea eliminado.

La Ley de Secretos Oficiales, que será modificada o se creará una nueva previsiblemente en esta legislatura, no es la única que impide esclarecer hechos de la represión franquista. La Ley de Protección de Datos es a menudo la objeción para consultar algunos archivos, como el Regional de Madrid, como le ocurrió al presidente de la ARMH cuando quiso consultar los efectos de los bombardeos sobre Madrid mediante los expedientes de los hospitales.

La Asociación de Archiveros Españoles en la Función Pública propuso que la ley incluyera la creación de un censo de fondos documentales para la memoria democrática para conocer todos los archivos públicos o privados potenciales suministradores de evidencias sobre violaciones de derechos humanos. La ley, en cambio, lo que plantea es adquirir todos los documentos posibles e incorporarlos al archivo del Centro Documental de la Memoria Histórica (CDMH), en Salamanca, con un presupuesto anual. Para los archiveros, la unificación física de todos estos documentos en el CDMH “está condenada al fracaso”, así como el “acumular fondos, originales o copias, a través de la compra de archivos”, por lo que proponen que su Censo sea un sistema de acceso unificado vía internet a todos los fondos. Esquerra reclama, en este mismo sentido, que centralizarlo todo en Salamanca no es la mejor idea y que los archivos municipales están llenos de información importante. “Hay que tener en cuenta que hay una relación entre la reparación económica y el contenido de ciertos archivos”, por lo que es necesario abrirlos, indica Rufián.

Soldados trabajan para el comisariado de propaganda guillotinando hojas y preparando periódicos | Archivo Histórico del Partido Comunista de España

Además de los públicos, hay otros dos tipos de archivos que preocupan: los privados y los de las Presidencias del Gobierno. Hay que señalar que algunas de las fundaciones franquistas que están en la mirilla de esta ley, son poseedoras además de archivos de difícil acceso: la Fundación Francisco Franco que custodia el archivo personal del dictador, del que no envió 133 documentos cuando se le solicitó una copia; el archivo del periódico El Alcázar en la Fundación José Antonio Primo de Rivera o todo el archivo del General Yagüe en la Fundación María Eugenia Yagüe Martínez Del Campo. La nueva ley de memoria declarará que todos documentos obrantes en archivos privados y públicos relativos a la Guerra y la Dictadura se conviertan en Patrimonio Documental y Bibliográfico, lo cual permitiría una expropiación forzosa si los que los poseen no los conservan adecuadamente. Además, tendrán que ser apuntados dentro del censo que mantiene el Ministerio de Cultura.

Por último, la ley regula los archivos presidenciales posteriores a 1978, lo cual “no tiene sentido alguno” en esta ley, según la Asociación de Archiveros Españoles. El anteproyecto propone la creación de una Fundación del Sector Público para mantener, preservar y cuidar los archivos que genera cada Presidente, como es el caso del que posee la Fundación Felipe González. Los archiveros se oponen a ello porque “vendría a avalar el expolio que pudieran haber cometido los expresidentes que se hubieran apropiado ilegalmente de la documentación producida como consecuencia del ejercicio de su función presidencial”, lo cual incumple la Ley del Patrimonio Histórico Español. Lo que se pide, por tanto y “con urgencia”, es una Ley General de Archivos, que no existe en España.

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Un museo de la memoria para un país de amnésicos

Casi medio siglo después de la muerte de Franco, España no cuenta con un memorial sobre la guerra y la dictadura. La Ley de Memoria Democrática que ultima el Gobierno sería un marco idóneo para su creación

ctxt.es / César G. Calero / 10/07/2021

A finales de 2017 el Museo de la Memoria y Derechos Humanos de Chile acogió una exposición reveladora, “Secretos de Estado”, en la que se representaban de forma sugerente varios episodios de la intervención de Estados Unidos en la caída del gobierno de Salvador Allende. Cuando el visitante descolgaba el teléfono que sonaba en una esquina de la sala, se convertía en testigo de la trama urdida en Washington. Las voces de dos actores recreaban la conversación que habían mantenido en su día el presidente Richard Nixon y su asesor de seguridad nacional, Henry Kissinger, el 12 de septiembre de 1973, un día después del golpe de Estado: “Nosotros no lo hicimos… Bueno, les ayudamos, creamos las mejores condiciones posibles…”, informaba Kissinger a su jefe. La exposición partía del análisis realizado por el investigador estadounidense Peter Kombluh de 23.000 documentos de la CIA sobre el apoyo de la Casa Blanca a Pinochet. Una selección de esos cables decoraba las paredes de la sala. Espacios como el chileno, en los que se fomenta una cultura de la memoria con exposiciones, conferencias, debates, visitas guiadas de escuelas, homenajes a las víctimas, etc., han surgido en los últimos años en varios países de América Latina y existen ya desde hace tiempo en algunos países europeos. Transcurrido casi medio siglo desde la muerte de Franco, España todavía sigue mirando de soslayo cuando se habla de reparar a las víctimas del franquismo. Ni la Ley de Memoria Histórica, aprobada en 2007, ni el anteproyecto de ley de Memoria Democrática elaborado por el Gobierno de Pedro Sánchez contemplan la creación de un museo de la memoria. Con unos libros de texto que abordan vagamente los años de la guerra, la dictadura y el exilio, y sin lugares de reflexión y encuentro, la memoria colectiva se marchita.

Con unos libros de texto que abordan vagamente los años de la guerra, la dictadura y el exilio, y sin lugares de reflexión y encuentro, la memoria colectiva se marchita

“Nuestro objetivo es educar sobre la memoria y el ¡Nunca Más!”, me comentaba en diciembre de 2017 Francisco Estévez, director del museo chileno, al que acuden cientos de escolares cada año. Inaugurado en 2010 bajo el gobierno de Michelle Bachelet, el museo pretende dignificar a las víctimas de la dictadura de Pinochet (1973-1990) y mostrar, con afán pedagógico, las huellas de esa etapa negra de la historia de Chile. Charlas, debates, talleres educativos, exposiciones… Los itinerarios son múltiples. Se trata de recorrerlos porque “la memoria no viene, a la memoria se va”, como escribe el historiador Ricard Vinyes en la introducción del Diccionario de la memoria colectiva (Gedisa, 2018).

En la vecina Argentina, el Museo Sitio de Memoria Esma cumple una función similar. Superviviente de un campo de detención clandestina, su directora, Alejandra Naftal, dirige el centro desde su creación en 2015. El museo ha sido propuesto para ser patrimonio mundial de la Unesco. Por el centro de detención de la ESMA (Escuela de Mecánica de la Armada) pasaron más de 5.000 activistas de izquierda. Tras sufrir torturas y violaciones, se les hacía desaparecer. Muchos perdieron la vida en los siniestros vuelos de la muerte. El memorial se inscribe en la corriente de los espacios resignificados, una opción que se barajó en su día para el Valle de los Caídos.

Entrada del Museo de la Memoria en Buenos Aires. | Camilo Del Cerro-ESMA

Argentina es un modelo en la lucha por los Derechos Humanos. Casi un millar de represores de la dictadura han acabado en la cárcel desde que se reabrieron los juicios en 2006 bajo el aliento de Néstor Kirchner. Es también el único país donde hay abierta una querella contra los crímenes del franquismo, dado que en España los jueces son reacios a investigarlos. La presión de los movimientos de Derechos Humanos ha sido fundamental en Argentina. Naftal me lo recordaba hace unos años durante un homenaje a las madres de la Plaza de Mayo. Sin esa lucha constante, Argentina no contaría hoy con varios centros memorialísticos sobre la dictadura (1976-1983).

Agrupados en la Red de Sitios de Memoria Latinoamericanos y Caribeños (RESLAC), una docena de países en América Latina cuentan con espacios dedicados a la memoria colectiva. La red alberga 44 instituciones y es parte de la Coalición Internacional de Sitios de Conciencia esparcida por los cinco continentes. En España, la memoria es selectiva. Sin noticias de un museo estatal dedicado a las víctimas del franquismo, recientemente se inauguró en Vitoria, con gran despliegue mediático, un centro memorial de las víctimas del terrorismo.

El anteproyecto de ley de Memoria Democrática que ultima el Gobierno actualiza la Ley de Memoria Histórica impulsada por José Luis Rodríguez Zapatero en 2007. El texto, cuya tramitación parlamentaria se iniciará previsiblemente en septiembre, presenta algunas novedades, como la nulidad de las condenas dictadas durante la guerra y la dictadura por razones políticas, la creación de un censo nacional de víctimas, la disolución de las fundaciones que realicen apología del franquismo, la actualización de los contenidos curriculares en la ESO y el Bachillerato, o la creación de “lugares de memoria” (expresión acuñada en los años 80 del siglo pasado por el historiador francés Pierre Nora, y que alude a toda entidad convertida en un elemento simbólico del patrimonio memorial de una comunidad). En el anteproyecto presentado el pasado septiembre no hay mención alguna a la creación de un museo de la memoria. Desde el Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática no se pronuncian sobre la inclusión o no del memorial en el texto final, que examinará en segunda vuelta el Consejo de Ministros “en breve”. “Es entonces cuando daremos a conocer todos los datos” sobre la futura ley, señalan.

Cuando Pedro Sánchez visitó el museo de la memoria chileno a finales de agosto de 2018, se quedó impresionado por lo que vio y escuchó allí. O al menos eso declaró. Cualquier visitante enmudece al entrar en ese edificio luminoso, abierto a una gran explanada. Sánchez pudo ver el gran mural con fotografías de los desaparecidos, la ingente documentación sobre la dictadura, las exposiciones permanentes sobre memoria colectiva, la labor pedagógica del centro… El presidente español descartó en ese momento la resignificación de Cuelgamuros como memorial. La carga simbólica del mausoleo del dictador parece demasiado pesada. “El Valle (de los Caídos) no puede ser un lugar que se deba resignificar, no puede ser un lugar de reconciliación. Tiene que ser un lugar de reposo, un cementerio civil para las víctimas de la contienda y del franquismo”, dijo entonces. El museo de la memoria debería estar en otro sitio. Pero, ¿dónde? Una semana después del viaje a Chile, Sánchez acordó con Pablo Iglesias la creación de un museo estatal de la memoria. Hablaron de las experiencias memorialísticas en otros países y se comprometieron a reunirse con las asociaciones de la memoria histórica para que les asesoraran sobre la creación del futuro museo. Han pasado tres años y el memorial brilla por su ausencia.

Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), cree que la ley que prepara el Gobierno no hace sino dar unas pinceladas al marco de la Transición. “Es un reciclaje del relato de la Transición, no aporta nada que lleve a construir una verdad”. Por eso no le sorprende que el anteproyecto no prevea la apertura de un museo de la memoria. La falta de interés institucional quedó ya patente en un episodio ocurrido en 2004, recuerda Silva: “La empresa que gestiona el Museo del Holocausto en Washington, especializada en musealizar acontecimientos históricos, vino a sondear la posibilidad de abrir un museo de la guerra civil. Enseguida se dieron cuenta de que los partidos políticos no iban a apoyar esa iniciativa. Yo les dije entonces que habían llegado con 50 años de antelación”.

Víctimas y victimarios 

Medio siglo es casi el retraso que lleva la apertura de un centro memorialístico en España. Un museo que para Silva debería centrarse en los años de la dictadura, sin dejar de referirse a la guerra pero con una finalidad clara: hablar no solo de las víctimas sino también de los victimarios, un detalle que suele pasar por alto la narrativa instalada desde la Transición. El anteproyecto de ley prevé la creación de un censo de víctimas pero, como apunta Silva, nada se dice de los verdugos: “El nombre de memoria democrática tiene algo de tramposo, pone el foco en quienes lucharon por la democracia y deja fuera a quienes lucharon por destruirla. Es un truco para revisitar el relato de la Transición, en el que se deja fuera la responsabilidad de los victimarios”.

Una semana después del viaje a Chile, Sánchez acordó con Iglesias la creación de un museo estatal de la memoria. Han pasado tres años y el memorial brilla por su ausencia

Esa gran ignorancia que ha sembrado el Estado durante décadas es la que, a juicio de Silva, hace necesaria la creación de un museo de la memoria: “Un museo en el que se explicara, tras un prólogo sobre la República y la guerra civil, qué ocurrió durante la dictadura. Por ejemplo, la persecución de los republicanos, a los que se les impidió exhumar a sus caídos, mientras los franquistas sí podían hacerlo con los suyos (…) Creo que si el museo no figura en el anteproyecto no es por casualidad, sino por el empeño en seguir ocultando a los verdugos”.

Gutmaro Gómez Bravo, doctor en Historia por la Universidad Complutense de Madrid, también es partidario de la creación de un memorial: “Como historiador, creo que es necesario que exista un museo, o un centro de investigación y documentación integral. Hay que visibilizar lo que ocurrió en España de una forma pedagógica. Hay ejemplos de ello en Europa y en Latinoamérica”. Autor de numerosas publicaciones sobre violencia política y control social en la España contemporánea, Gómez Bravo prefiere ver el vaso medio lleno. Aunque echa en falta un mayor desarrollo de algunas cuestiones planteadas en el anteproyecto de ley, reconoce avances respecto a la norma de 2007: el censo de las víctimas, la creación de un banco de ADN, la existencia de una fiscalía, la nulidad de las sentencias de la dictadura… Ante todo, argumenta, se debe apostar por el consenso institucional: “Todo lo relativo a la política pública de la memoria debe entenderse como una cuestión de Estado para que no dependa de los diferentes cambios gubernamentales. No puede convertirse en una batalla cultural”.

Sin noticias del museo, tampoco hay rastro de la “comisión de la verdad” que Sánchez se comprometió a incluir en la futura Ley de Memoria Democrática. Organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han criticado esa ausencia. A España ya le sacó los colores en 2014 el relator de la ONU, Pablo de Greiff. Su informe resultaba demoledor: “Nunca hubo una política de Estado en materia de verdad ni mecanismos de esclarecimiento de la verdad”. La Ley de Amnistía de 1977 supuso, según la ONU, un borrón y cuenta nueva que impedía cualquier investigación sobre el pasado. El relato oficial se circunscribía a los avatares de una guerra civil librada entre dos bandos, a la victoria de uno y la derrota del otro. Pero la falsa equidistancia también es olvido. ¿No hubo entonces un golpe de Estado? ¿No hubo represión en la posguerra? ¿No hubo expolio? ¿No hubo verdugos? ¿Solo hubo una guerra y dos bandos? La reconciliación era eso: aceptar la desmemoria.

Contra esa desmemoria lleva luchando más de dos décadas la ARMH, pionera en las exhumaciones de fosas comunes, de las que ya ha realizado unas 200 por cuenta propia. El papel del Estado ha sido nulo o muy marginal en estos procedimientos. Silva considera que la nueva ley tampoco cambiará las cosas en ese sentido: “No queremos que se someta un derecho humano fundamental al arbitrio de un gobierno municipal (las escasas subvenciones públicas se canalizan a través de la Federación Española de Municipios y Provincias). Además, el sistema genera una competitividad perversa entre las distintas asociaciones y grupos de familiares de desaparecidos. Debería existir una institución pública de atención a las familias porque la exhumación debe considerarse un derecho”. Gómez Bravo coincide con Silva en que las asociaciones de familiares no pueden sustituir al Estado en la tarea de exhumación de las fosas.

El desconocimiento sobre los horrores de la dictadura franquista es notorio. Y no es casual. La cultura de la amnesia se impuso en la Transición y continúa en nuestros días. No hay una única memoria colectiva pero sí hay relatos dominantes y políticas públicas que exacerban el olvido. Allí donde se han erigido, los museos de la memoria han hecho de la pedagogía y la reconstrucción de la verdad sus banderas para combatir el olvido y fomentar una cultura de la memoria. A la amnésica España de 2021 le vendría de perlas una mirada retrospectiva con los ojos del presente hacia la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación. Ojalá no pasen otros 50 años.

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Fotografía destacada: Mirador de la memoria, homenaje del escultor Francisco Cedenilla Carrasco a las víctimas de la Guerra Civil. EL SILENCIO DE LOS OTROS

Fuente:https://ctxt.es/es/20210701/Politica/36607/museo-memoria-guerra-civil-Valle-de-los-caidos-franquismo-ESMA.htm?fbclid=IwAR1Fr5b2HiIXZajZXwL-wBKGzZWI4lfO9IaSRR0KFG4OfhdiOjzVVbqAmyc

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El Estado español torpedea la investigación de los crímenes del franquismo en Argentina

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica denuncia la falta de colaboración de los gobiernos del PP y del PSOE en este asunto

diario16.com / Marcos López / 05/07/2021

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica cree que el Gobierno español ha puesto piedras en el camino de la investigación de los crímenes del franquismo, lo que se conoce como Querella Argentina. «Desde el momento en que la justicia argentina aceptó el caso, el Gobierno español comenzó a dificultar la evolución de la investigación». Primero el bloqueo vino del entonces fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido; después de los demás gobiernos. Así, el Ejecutivo español bloqueó unas vídeoconferencias que iban a tener lugar en la embajada argentina en Madrid, con las que la jueza quería tomar declaración a algunas de las víctimas.

En dos oportunidades, en septiembre de 2013 y octubre de 2014, la jueza argentina que instruye el caso solicitó la extradición a Argentina de 19 ciudadanos españoles acusados de cometer crímenes de derecho internacional durante la Guerra Civil y el franquismo. En ambas ocasiones, España rechazó las solicitudes. Casi seis años después de presentarse la querella, la jueza solicitó a España que se tomara declaración a estas 19 personas entre el 4 y el 22 de abril. La respuesta del Ministerio de Justicia español fue devolver a Argentina la petición de interrogatorio con una reclamación: el listado de preguntas, lo que obligó a la justicia argentina a enviar de nuevo el exhorto.

Los implicados, entre los que están José Antonio González Pacheco alias «Billy el niño», fallecido recientemente y que fue condecorado tras la muerte de Franco, «podría decirse que han disfrutado de cierto amparo en ámbitos políticos o económicos que tienen mucho que agradecer a la dictadura», asegura la Asociación.

En estos años se han ido sumando a la querella diferentes colectivos y víctimas que tratan de obtener la verdad, la justicia y la reparación a la que tienen derecho y que sistemáticamente les ha negado el Estado español. Uno de los principales pilares sobre los que se consolidó lo que para algunos es una transición ejemplar fue la impunidad. «La falta de responsabilidades penales para las violaciones de derechos humanos de la dictadura se ha convertido con el paso de los años en una cultura política, un hábito para una élite que ha conocido y disfrutado de la posibilidad de cometer terribles delitos y no tener por qué responder con ellos», asegura la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica.

Argentina es quizás el país que más ha avanzado en la persecución de las violaciones de derechos humanos de una dictadura. Tras la detención y el encarcelamiento de numerosos perpetradores ahora inician incluso la investigación judicial de la trama económica, algo que si ocurriera en España pondría patas arriba buena parte de su estructura económica. «España ni ha investigado, ni ha colaborado con la justicia argentina. España tiene que asumir sus obligaciones de poner fin a la impunidad y de garantizar el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación para todas las víctimas», añade el comunicado a propósito de la causa contra el franquismo.

En mayo de 2012, la sección española de Amnistía Internacional presentó un informe​ en el que analizaba la respuesta dada por la justicia española a los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y el régimen de Franco y denunciaba que no se había llevado a cabo una investigación judicial exhaustiva por conocer los abusos cometidos durante el período dictatorial de 1936 a 1975.

Parte del informe se centra en la denuncia presentada por las víctimas y organizaciones de España y Argentina a este último país, basándose en el principio de jurisdicción universal. Específicamente, el informe concluye que, a pesar de la respuesta de la Fiscalía General de España y el gobierno a la jueza María Romilda Servini de Cubría a cargo de la querella argentina, según la cual «en España se abrirán procedimientos judiciales sobre los hechos que serán inhibidos la Audiencia Nacional», el hecho es que después de esta inhibición se archivará la «gran mayoría» de los casos.37​ Según Amnistía Internacional, «España está incumpliendo sus obligaciones internacionales con respecto al derecho a la justicia de las víctimas y su deber de investigar los crímenes de derecho internacional cometidos durante la Guerra Civil y el régimen de Franco» y concluye que la situación de las víctimas es de «total impotencia judicial» y que la «cooperación judicial penal (…) prevista por el derecho internacional» y llevada a cabo en este caso por Argentina debe continuar.​

En julio de 2014 el relator especial de la ONU Pablo de Greiff presentó un informe que analiza «las medidas tomadas por las autoridades españolas en (… ) verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, en relación con las graves violaciones de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario cometidas durante la guerra civil y la dictadura franquista «.38​

El franquismo no ha muerto

De Greiff reiteró la «incompatibilidad de los efectos de la ley de amnistía con las obligaciones internacionales adquiridas por España», que también contrajo antes de adoptar la ley de amnistía,39​ y que «el derecho internacional establece que, en relación con En los casos de desaparición forzada, el período de prescripción debe comenzar a contar desde el momento en que cesa la desaparición forzada, es decir, desde el momento en que la persona aparece viva o se encuentra su cuerpo ”. El Gobierno español considera que los delitos juzgados «ya prescribieron en España» y que también chocan con la Ley de amnistía española de 1977. Sin embargo, las Naciones Unidas han insistido en que «España está obligada a extraditar a los responsables de violaciones graves de los derechos humanos» y «no puede protegerse de los principios de limitación y terminación de la responsabilidad penal». Además, los expertos de la ONU han enfatizado que los argumentos del Gabinete no tienen fundamento y contradicen las «normas y estándares internacionales de derechos humanos».​

Hace ahora dos años, La jueza argentina María Servini, que dirige la única causa en el mundo en la que se investigan los crímenes del franquismo en España (1939-1975), recibió en Buenos Aires a una delegación formada por familiares de víctimas, nuevos querellantes y diputados españoles que buscan el avance del caso.

En su despacho del Palacio de Tribunales ubicado en el centro de la ciudad, la magistrada, que desde 2010 encabeza los expedientes bajo el principio de justicia universal, mantuvo una charla con, entre otros, los hermanos de dos de las víctimas en los primeros años de la transición a la democracia, cuando las instituciones franquistas seguían vigentes.

«La compensación es que haya reconocimiento de los hechos que pasaron, de que se resuelvan y tener un poco de esperanza en que dado que hemos tenido que venir un montón de kilómetros para reclamar justicia, a alguien en España se le remueva la conciencia y podamos reclamar la justicia donde nos corresponde que es en nuestro país», dijo a Efe Manuel Ruiz, hermano de Arturo.

En enero de 1977, durante la conocida como «semana negra» de Madrid, ese estudiante de 19 años cayó muerto tras participar en una manifestación contra el franquismo proamnistía (de los presos políticos) no autorizada en el centro de Madrid. Dispersados por las cargas policiales, los manifestantes huyeron en varias direcciones; y el grupo en el que se encontraba Ruiz se topó con cuatro pistoleros, de los cuales uno disparó y lo mató al grito de «Viva Cristo Rey», haciendo referencia al grupo parapolicial Guerrilleros de Cristo Rey.

«La esperanza es que en mi caso no se ha resuelto el tema porque el asesino no ha sido juzgado, el asesino huyó de España, huyó con la complicidad de las fuerzas del orden público y todavía no ha sido encontrado», añadió el hermano de la víctima, quien esta semana volverá a ver a Servini para prestar declaración testimonial. También lo hará Fermín Rodríguez, hermano de Germán, muerto de un disparo de la policía durante unos incidentes en las fiestas de San Fermín de Pamplona en 1978, un caso que se incorpora a la querella.

La jueza Servini, hoy convaleciente del coronavirus, investiga los crímenes del régimen en la distancia y con eventuales viajes a España, ya que la Ley de Amnistía de 1977 impide juzgar a los responsables de la dictadura en territorio español.

Jacinto Lara, uno de los abogados de la Coordinadora estatal de apoyo a la Querella Argentina contra crímenes del franquismo (CEAQUA), que también viajó a Buenos Aires, especificó que el encuentro con Servini y el fiscal, Ramiro González, sirvió para dar importantes pasos en la causa contra el franquismo, que es «absolutamente capital». «Que se sigan incorporando querellas y pruebas que acrediten que todos aquellos hechos constituyeron crímenes contra la humanidad», relató.

El letrado destacó que se estudian alternativas para que los exhortos que libra el tribunal de Servini no sean «sistemáticamente devueltos» por parte de los juzgados españoles a los que se pide colaboración y articular nuevas declaraciones testimoniales de víctimas directas de la represión. Actualmente, la causa continúa en fase de instrucción, y se siguen incorporando nuevas denuncias.

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Fotografía destacada: Trabajo arqueológico de localización de la fosas comunes de Nerva, a finales de 2017. Foto: Onda Minera.

Fuente:https://diario16.com/el-estado-espanol-torpedea-la-investigacion-de-los-crimenes-del-franquismo-en-argentina/

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El ensañamiento del franquismo con los ferroviarios

Renfe homenajea a los represaliados con una web y un documental. Ábalos critica la Transición: “Creímos ingenuamente que la reconciliación consistía en no volver la vista atrás. Nos equivocamos”

elpais.com / Natalia Junquera / 30/06/2021

Un equipo de antropólogos forenses destapó en 2011 una cordillera de cuerpos de más de 30 metros de largo en Gumiel de Izán (Burgos). La profesión de la mayoría de las 59 víctimas que allí se buscaban hizo que se conociera el lugar como “la fosa de los ferroviarios”. Habían sido enterrados por barrenderos de Aranda de Duero y asesinados por escuadras de falangistas en 1936. Diez años después de aquella exhumación, el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, y el presidente de Renfe, Isaías Táboas, han presentado una web (www.memoriahistoricaferroivaria.org) y una película, Los hijos del hierro, que documentan el ensañamiento del franquismo con aquel colectivo.

Exhumación de la conocida como fosa de los ferroviarios en Gumiel de Izán (Burgos) en 2011. | ÓSCAR RODRÍGUEZ

El 88% de la plantilla, cerca de 90.000 personas, fue sometida a comités de depuración. El franquismo llegó a crear una policía específica que se infiltraba en las compañías para espiar a los ferroviarios y detectar posibles opositores. “El objetivo”, explica el historiador Miguel Muñoz, autor de varias investigaciones sobre la represión en el sector, era “exterminar a los sindicatos y ubicar a los trabajadores en una situación de permanente terror”. Fueron apartados de su oficio, pero también asesinados, ejecutados tras ser condenados a muerte, encarcelados, utilizados como mano de obra esclava o forzados al exilio. La web contiene una exhaustiva base de datos con los expedientes de los represaliados, entre ellos, al menos 4.592 mujeres. La película, que puede verse en el canal de YouTube de Renfe, toma su título de un artículo que Miguel Hernández publicó, con pseudónimo, en 1937 como homenaje a los ferroviarios.

Expedientes de depuración de ferroviarios durante el franquismo.

Participan en el documental los investigadores Francisco Polo, Miguel Muñoz, Fernando Mendiola y Carlos Hernández, que explican los múltiples métodos de represión empleados por el franquismo contra los ferroviarios, y también familiares de las víctimas que la sufrieron, como Antonio Sin, José Báscones, Luis Miguel Martín Montoliu, Paqui Chaves o el exseleccionador nacional Vicente del Bosque.

Flavio Báscones había trabajado como guardafreno en la Compañía de los Ferrocarriles. Era miembro de UGT y del PSOE y en Mataporquera (Cantabria) había sido elegido alcalde. La web recoge que durante la Guerra Civil “cavó trincheras y luchó para defender la ciudad, pero finalmente tuvo que refugiarse en Francia con su familia, donde permaneció exiliado hasta su fallecimiento”. Su hijo José recuerda el periplo de su huida, desde Matarporquera a Ribadesella, de ahí a Gijón —“bombardearon el cine donde nos habían refugiado, no podíamos respirar del polvo”—, luego a Burdeos, en tren hasta Girona —”comíamos lechugas que cogíamos de las huertas, piñones de los pinares…”—, a una colonia en Lloret del Mar (Girona), desde allí a París y a la ciudad belga de Lieja, donde logró reencontrarse con sus padres a principios de marzo en 1940, antes de instalarse definitivamente en Francia y vivir su segunda guerra. “Esa generación sufrió mucho”, recuerda Vicente del Bosque. Su padre, Fermín, también ferroviario, estuvo preso en Salamanca y Vitoria.

Francisco Chaves fue asesinado en Torremejía. “Era capataz de vías y obras”, recuerda su nieta Paqui. “Los franquistas lo cogieron y lo mataron. Le pegaron un tiro y lo dejaron tirado en una cuneta. No hubo juicio. Su certificado de defunción pone ‘muerto a causa de la guerra”.

Antonio Sin fue condenado a pena de muerte. Estuvo ocho meses esperándola, recuerda su hijo Antonio, hasta que se la conmutaron a cambio del traslado al destacamento penal de Bustarviejo (Madrid), donde trabajó, con casi 1.000 presos más, en las obras del ferrocarril Madrid-Burgos. Las familias de muchos reclusos se instalaron justo enfrente, en chabolas de piedra construidas por ellos mismos. “Ese era nuestro hogar, en el monte”, recuerda Antonio. Su madre, que era maestra, utilizó aquellos días durísimos para dar clases a los hijos de otros presos.

Un grupo de trabajadores en las obras de construcción de la línea Madrid- Irún en 1944. Fondo / Colección: Vicente Garrido Moreno. 

Los destacamentos penales se ubicaron siempre cerca de las grandes obras y eran los propios patrones de las empresas adjudicatarias los que acudían a las prisiones a seleccionar al personal: los más sanos, los más fuertes. Al quedar libres, muchos de los presos siguieron trabajando para la misma obra y la misma empresa porque en sus condenas siempre iba añadido el exilio: no podían volver a su entorno. Así lo hizo, entre otros, Antonio Sin.

Desde 1938, prisioneros de guerra y presos políticos fueron utilizados en diferentes obras ferroviarias para reparar los estragos de la guerra o construir nuevas infraestructuras. Hasta 1940 el número de trabajadores forzados superó los 9.000. Durante los últimos meses de la contienda el trabajo en el ferrocarril suponía el 7,1% del realizado por prisioneros. Las cifras se mantuvieron cerca de los 3.000 hasta 1945; durante la década de los cincuenta descendieron hasta situarse por debajo de los 500.

Un equipo de arqueólogos dirigido por Alfredo Ruibal, del CSIC, excavó en 2007 el destacamento de Bustarviejo para documentar la vida de los presos y de sus familiares. El complejo se ha recuperado y habilitado para convertirse en un lugar de memoria.

Milagros Montoya, en 2007, junto a los restos de la chabola en la que vivió mientras su padre estuvo preso en el destacamento de Bustarviejo. | ULY MARTÍN

Ábalos: “Intentamos cerrar apresuradamente un capítulo negro. Nos equivocamos”

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, criticó la Transición en el discurso que pronunció al presentar la nueva web y el documental. “La memoria duele, pero es sanadora. Contra ella se siguen revolviendo ciertos sectores cuya comunión con el fascismo no podemos dejar de denunciar. La represión no es lo peor que dejan dictaduras tan abominables como la que padecimos. Lo que realmente nos aniquila como sociedad es el olvido y el silencio. Las razones políticas no se nos escapan. Intentamos cerrar apresuradamente un capítulo negro de nuestra historia para abrazar la democracia. Creímos ingenuamente que la reconciliación consistía en no volver la vista atrás y nos equivocamos. Fuimos injustos porque no quisimos ver las heridas abiertas. Y solo mirando de frente al pasado seremos capaces de tener un futuro digno. Esta es la gran lección que hemos aprendido. Es hora de que las víctimas del franquismo y sus familiares dejen de pagar las facturas de nuestra democracia”.

Cartel del Sindicato Nacional Ferroviario y UGT, del año 1937.

Decía Miguel Hernández en Los hijos del hierro, publicado en 1937: “Engrasados musculosos como ejes o motores, llevan restos de humo sobre la frente, y sobre la piel las huellas puras que el trabajo deja con sus cascos de caballo poderoso. Parecen mineral incendiado, recorriendo la España leal de punta a punta heroicos y veloces bajo los bombardeos enemigos. Sus músculos trepidan como las máquinas, y como a las máquinas no les importa rodar sin descanso a través de estos días en que la libertad de España depende del esfuerzo de cada español”.

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Fotografía destacada: En la foto, Carnet ferroviario de Flavio Báscones García. En el vídeo, ‘teaser’ del documental sobre las víctimas ferroviarias del franquismo.

Fuente:https://elpais.com/espana/2021-06-30/el-ensanamiento-del-franquismo-con-los-ferroviarios.html

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La memoria no se borra: historia de una herida transgeneracional

Con el fin de la dictadura en España, la ley de memoria histórica trató de reconocer y ampliar los derechos de las víctimas, así como la reparación pensiones, indemnizaciones, etcétera. Sin embargo, nunca se contempló la idea de buscar y juzgar a los responsables.

animalpolitico.com / David Martín de la Fuente / 28/06/2021

La impunidad no entiende de fronteras. Tampoco el miedo, la tristeza, la esperanza… Los familiares de las personas desaparecidas nos convertimos también en víctimas y, además de tener que cargar con ello, somos quienes nos hacemos responsables de su búsqueda. Así es la historia, ya sea en México o en España. Esta es también la historia de mi familia y que se ha vuelto parte de la mía, pues a pesar de los años, la desaparición forzada de mi bisabuelo nos dejó una profunda huella transgeneracional y, en cierto modo, marcó parte de mi vida, mi forma de pensar, mi ideología, los estudios que decidí cursar e, incluso, mi voluntariado en la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).

Durante muchos años, aunque en mi familia se habló siempre de política, había temas que no nos gustaba tocar o que preferíamos evitar, como aquellos relacionados con la Guerra Civil y la dictadura. También existía una especie de acuerdo no escrito sobre algunas cuestiones ligadas al pasado familiar que no debían salir de casa. Muchas veces me pregunté por qué en plena democracia la gente todavía tenía miedo de expresar su malestar y buscar justicia por las víctimas desaparecidas en la Guerra Civil. A pesar de los años, existe aún miedo en la población española de sacar a la luz el malestar y criticar las atrocidades cometidas por la dictadura franquista. Esta idea se conserva especialmente en las personas mayores que durante años callaron por miedo a las represalias, como es (o quizás, fue) el caso de mi abuela materna, Paula de la Fuente Blanco.

Cuando mi abuela tenía cinco años, la Guardia Civil entró en su casa y sacó de la cama a su padre, enfermo de pulmonía. Leoncio de la Fuente Ramos, natural de Fresno el Viejo, Valladolid, España, de 36 años y tejero de profesión, era un líder sindical afín a la República que defendía los derechos de los trabajadores. Aún recuerdo las palabras de mi abuela cuando me contó la historia por primera vez: “lo denunciaron, porque era de izquierdas. Era socialista y llevaba todo lo del trabajo de los del pueblo. Algunos iban a trabajar y no les pagaban; mi padre los defendía”. Estas palabras estaban cargadas de sentimiento. Trataban de encontrar una respuesta al por qué, ¿por qué se lo llevaron?, ¿por qué no se lo devolvieron?, buscando cerrar aquella herida que durante años la acompañó y que, lamentablemente, tardaría mucho tiempo en cicatrizar.

Al comenzar la Guerra Civil, Leoncio y otros compañeros hicieron frente a una camioneta de la Falange que llegaba al pueblo cargada con armamento. Días más tarde, lo delataron y lo apresaron. Su familia no volvió a verlo nunca más. En los años posteriores, aunado a la angustia de saber si volverían a verlo, se sumó el miedo, pues fueron señalados y acusados por estar en contra de la dictadura. La esposa de Leoncio y sus seis hijos, tres mujeres y tres varones, no sólo tuvieron que soportar la desaparición de un familiar, sino que también fueron objeto de burlas y fueron increpados por aquellos vecinos del pueblo afines al régimen franquista. Conforme fui creciendo, comprendí que el miedo y el dolor seguían en la familia y que era un hecho que, si bien no quería ser recordado, estaba muy presente en nuestras vidas.

Con el fin de la dictadura en España, la ley de memoria histórica trató de reconocer y ampliar los derechos de las víctimas, así como la reparación pensiones, indemnizaciones, etcétera. Sin embargo, nunca se contempló la idea de buscar y juzgar a los responsables. Igualmente, los diferentes partidos en turno decidieron mirar para otro lado y es por ello que hasta la fecha no existe un relato compartido, ni tampoco una historia oficial que reconozca las graves violaciones a derechos humanos durante la represión franquista. El Estado nunca tuvo la voluntad de buscar a las personas desaparecidas ni tampoco de reconocer lo que realmente ocurrió. La historia se manejó bajo la idea de que el tiempo todo lo cura y que las siguientes generaciones terminarían por borrar estos recuerdos de su memoria. Por suerte, no fue así en nuestro caso. Quien piensa que algo así se puede olvidar es porque no lo ha sufrido.

Tuvieron que pasar muchos años para que se retomara este capítulo familiar y que no cayera en el olvido. Todo comenzó cuando a mi prima, Beatriz Fernández Martín, una compañera del trabajo le habló de cómo ella y sus parientes habían logrado dar con el paradero de un familiar desaparecido, ya que al buscar su nombre en internet lo encontraron en un registro de fosas comunes en Sevilla, al sur del país. Este relato y las posibilidades de buscar más información a través de internet nos animaron a comenzar a investigar el paradero de nuestro bisabuelo.

Iniciamos la búsqueda revisando un listado de presos de la provincia de Valladolid, España, donde figuraba su nombre con algunos datos personales y la fecha de defunción. Esto nos llevó de una publicación a otra y, finalmente, la información recabada nos llevó al Fuerte de San Cristóbal, en Navarra, a 400 kilómetros de su pueblo, lugar en el que lo apresaron y se lo llevaron por la fuerza. En este Fuerte, el cual había funcionado como cárcel durante la dictadura, el 28 de mayo de 1938 se produjo una de las mayores huidas de la historia. De los casi 800 hombres fugados del penal, la mayoría fueron detenidos y llevados de vuelta al penal. Otros no corrieron con la misma “suerte” y fueron fusilados y enterrados en las inmediaciones. En mi familia nunca supimos realmente cuál podría haber sido el destino de mi bisabuelo y durante años sólo habíamos recibido información contradictoria. Incluso en algún momento llegamos a pensar que quizás había rehecho su vida en otro lugar, alejado de las posibles represalias que tendría si volviera a su pueblo natal.

En esta búsqueda nos encontramos con la Asociación Txinparta y con el investigador Fermín Ezkieta, quienes llevan años trabajando en la búsqueda de desaparecidos en Navarra. Nos confirmaron que nuestro bisabuelo había participado en la fuga del Fuerte de San Cristóbal y que, según sus registros, había sido fusilado, por lo que podíamos intuir que su cuerpo podría estar en una de las muchas fosas que hay en las inmediaciones. Esta información acotaba aún más la búsqueda, ya que en España aún existen cientos de fosas comunes con víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura.

Cuando le propusimos a nuestra abuela enviar una muestra de ADN a la asociación, se negó rotundamente. Quizás, y a pesar de muchos años, seguía con el miedo del qué dirán, o tal vez es que con el paso del tiempo la angustia crece y la esperanza merma, no lo sé. Sin embargo, después de pensarlo, decidió que esta era la única salida que teníamos y la última oportunidad de saber sobre el paradero de su padre. Entonces, enviamos las muestras. Sólo quedaba esperar.

Durante un tiempo todo volvió a ser como antes. No se volvió a hablar del tema. Tampoco recibimos ningún avance sobre el proceso. Parecía que después de toda la búsqueda y la información recibida no habría suerte. Casi habíamos perdido la esperanza de recibir más noticias. Sin embargo, una tarde del verano de 2020, tres años después de comenzar esta investigación, recibimos una de las mejores noticias que podíamos esperar: Paulina Lizoáin Pascal, una mujer natural de Larrasoaña, Navarra, municipio aledaño al ahora abandonado Fuerte de San Cristóbal, explicó a las autoridades que cuando tenía la edad de seis años vio como fusilaron y enterraron a cuatro hombres en las inmediaciones del cementerio de su pueblo. Este hecho, sin duda traumático para una niña, cambió la historia de nuestra familia.

Tras la excavación y posterior recuperación de los cuerpos, las muestras de ADN comparadas con las que nosotros enviamos demostraron que uno de esos hombres era nuestro bisabuelo. Lamentablemente, al día de hoy los otros tres cuerpos no han sido identificados todavía. Ojalá que pronto los familiares de estas personas puedan recuperarlos y darles un entierro digno.

El reciente anteproyecto de Ley de Memoria Democrática en España prevé, entre otras medidas, un plan de exhumaciones en el que la Administración General del Estado se hará responsable de la búsqueda de personas desaparecidas, la creación de un censo oficial de víctimas y un banco nacional de ADN, la nulidad de los juicios franquistas, así como la constitución de una Fiscalía para investigar los crímenes de la dictadura: ¿supondrá también investigar y juzgar a los responsables?

En estos meses he tratado de revivir los últimos días de mi bisabuelo, pensar en el sufrimiento y miedo que debió sentir y, sobre todo, en las ganas de volver con su familia que lo empujaron a luchar hasta las últimas consecuencias. Es bueno saber que aún hay gente que no olvida y que sigue su lucha buscando a sus familiares y seres queridos. Pero es triste pensar cómo la búsqueda de personas desaparecidas ha recaído durante todos estos años sólo en ellos, ya que en el caso de las desapariciones forzadas muchos países miran para otro lado en vez de impulsar una política de justicia y reparación.

La búsqueda y el feliz hallazgo de nuestro bisabuelo cierra una profunda herida que tuvo un alcance transgeneracional. Ahora Leoncio descansa en el cementerio de su pueblo, de donde se lo llevaron por la fuerza marcando la vida de toda una familia. También descansamos nosotros, sabiendo que hemos podido recuperarlo después de casi ochenta años. Animo a todos los familiares de las víctimas de la desaparición a que no cesen en la búsqueda, que luchen y que no tengan miedo a reclamar sus derechos. Sólo así llegaremos a sentir justicia por todo lo que hemos sufrido.

A la izquierda, Paula de la Fuente Blanco, la única hija de Leoncio que sigue con vida, portando la noticia del hallazgo de los restos de su padre. A su derecha, su nieta Beatriz, su hija Paula y su bisnieta Iria. Foto propiedad de la familia De la Fuente.

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Fotografía destacada: Una de las pocas fotos que se conservan de Leoncio de la Fuente Ramos, junto a su esposa Elena, el día de su boda. Foto propiedad de la familia De la Fuente.

Fuente:https://www.animalpolitico.com/verdad-justicia-y-reparacion/la-memoria-no-se-borra-historia-de-una-herida-transgeneracional/

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