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Los bomberos republicanos represaliados por el franquismo

Rescataron a las víctimas de los bombardeos de la guerra civil jugándose su vida, pero la depuración de la dictadura redujo los efectivos a la mitad. Pagaron su lealtad a la República y al pueblo de Madrid con fusilamientos, cárcel y expulsiones.

publico.es / Henrique Mariño / 25/11/2020

Un bombero no se capacita para la guerra, sino que se prepara para la paz. Sin embargo, el golpe de Estado de 1936 provocó que el Cuerpo de Bomberos de Madrid tuviese que apagar fuegos esquivando los obuses rebeldes. Y, cuando no había agua, olvidarse de las llamas para centrarse en el rescate de las víctimas, un halo de vida entre los cascotes. Mil veces acudieron a las llamadas de socorro bajo el aguacero de bombas entre el 30 de octubre de 1936 y el 24 de febrero de 1939.

“Cuando sonaban las sirenas y la gente se refugiaba en el metro, ellos surcaban las calles, sorteando las barricadas en coches descapotables”, recuerda el inspector jefe jubilado Juan Redondo Toral (Úbeda, 1954), quien ha salvado de una memoria calcinada por el franquismo las gestas de unos hombres que suplieron la falta de medios con valentía e ingenio. “Su actuación fue épica, porque actuaban totalmente desprotegidos y los recursos eran precarios”, explica el autor de un libro que pretende “contar una historia real sin ningún tipo de posicionamiento”.

Politizados o ajenos a los avatares de la historia, se debieron a los ciudadanos, poniendo en riesgo su integridad física durante las intervenciones. Con las ametralladoras, la onomatopeya pac se hizo verbo, paqueo. Y la metralla y los colapsos terminaron matando a ocho bomberos e hiriendo a treinta, algunos incapacitados para siempre. “En mis 35 años de profesión vi de todo, pero no me quiero imaginar sus condiciones de trabajo, cuando ayudaban a todos madrileños sin pedirles el carné, expuestos a las balas”, añade Redondo.

Cuando las sirenas no eran las nuestras (Libros.com) rescata la labor de los cuatrocientos bomberos que, en vez de limitarse a sofocar los incendios provocados por los infiernillos y braseros, tuvieron que apagar el inclemente asedio por tierra y aire de la capital de España. Escojamos al azar una página del calendario: 15 de noviembre de 1936, soldados sepultados por la artillería, llamada de socorro, rumbo al frente de la Ciudad Universitaria. Sin embargo, el fuego de los cazas les corta el paso en la plaza de Gaztambide.

¿Cómo abrirse camino? Pintando los cascos de azul o de gris y quitándose las hombreras metálicas para que su brillo no atrajese la atención de los cazas y los pacos, como llamaban a los francotiradores. Así pudieron sacar de los escombros los cadáveres de tres milicianos en unos tiempos aciagos, como refleja el día en el que realizaron más de cien intervenciones, cuando antes de la guerra no superaban la media docena. Una labor titánica que acometían subidos a unos frágiles coches Delahaye y a unas antiguas autoescalas Benz, que debían ser continuamente reparados cuando la destrucción era indulgente.

Así pasaron los días hasta la caída de Madrid, cuando hincaron la rodilla por causas ajenas a su tenacidad. El régimen franquista comenzaba la purga de funcionarios y ellos no fueron ajenos a la represión. Eugenio Pingarrón, jefe interino, ruega a los vencedores que no dejen a la capital sin efectivos, pero el castigo se cierne sobre el Cuerpo. Suspendidos de empleo y sueldo, se abren sumarios a los izquierdistas, si bien la revancha afecta a personas como él, un conservador que no dudaría en proteger a los suyos ante las nuevas autoridades.

Los milicianos, socialistas, comunistas y miembros del Comité de Incendios son detenidos. También los sindicalistas, pese a que la mayoría de los empleados habían estado afiliados a la UGT o a la CNT, aunque solo fuese por tener un salvoconducto. El propio Pingarrón y Luis Crespo, los dos únicos jefes que quedaban, habían sido miembros de ambos. Sin embargo, a finales de 1938 muchos comienzan a desertar de las siglas y a romper los carnés. Quienes defendieron su militancia terminarían pagando las consecuencias, si bien las delaciones se cebarían además con los que no tenían una ideología enraizada ni contaban con responsabilidad alguna.

Los arrestados debían presentar al juzgado un documento depurador, al que se sumarían tres informes —sobre su actuación profesional, su conducta ideológica y su ideario político— emitidos por el arquitecto jefe interino de Bomberos, la Policía y la Falange. Aunque el gremio destacaba por su conciencia social, algunos aseguraban ser de derechas para zafarse de la represión. No había presunción de inocencia, sino que debían demostrar que no eran culpables. Los interrogatorios resultan absurdos. Los juicios, una farsa.

“Un 31%, es decir, setenta componentes del Cuerpo —entre bomberos, chóferes y capataces— estuvieron pendientes de investigaciones para poder emitir el resultado de la depuración. De esos setenta, solo veintitrés estuvieron suspendidos por un tiempo y volvieron a su puesto de trabajo con el dictamen de admitidos. El resto, 47 bomberos y chóferes, no volverían a trabajar”, escribe Juan Redondo. Entre ellos, catorce que se alistaron en el Ejército Popular de la República. A finales de 1939 solo quedaban 198 de cuatrocientos efectivos, algunos de los cuales no se habían incorporado al servicio tras el golpe de Estado, pues estaban de vacaciones o se hallaban en la zona sublevada.

Tacharlos de marxistas era poco. Podían ser acusados de tener “pensamientos e instintos sanguinarios” o, como en el caso de Julián Torres, de ser un “elemento desde luego más que fusilable”. Condenado a muerte, en una revisión posterior le imponen una pena de treinta años de reclusión mayor, de los que cumpliría siete. Pese a que lo intentó hasta 1955, nunca pudo reincorporarse al Cuerpo, aunque él aseguraba que no tenía las manos manchadas de sangre.

Albino Torres, su hermano, correría peor suerte. Sometido a un consejo de guerra por adhesión a la rebelión, varios afectos al régimen declaran que se comportó de forma muy humana e hizo muchos favores. Sin embargo, fue fusilado porque sumó su condición de comisario político del ejército rojo al hecho de que su esposa vendiese por necesidad tres mantones de Manila que se encontró en la casa que habían ocupado en el barrio de Salamanca, perteneciente a un general, donde vivían con sus tres hijos pequeños. Aquel “saqueo” lo condujo a las tapias del cementerio de la Almudena, aunque su mujer fue puesta en libertad al estar embarazada.

“No hubo compasión. Fue apartado cualquiera que fuese republicano, sindicalista, socialista y ya no digamos comunista. Continuaron quienes eran de derechas, quienes se silenciaron o quienes no se habían metido en líos”, explica Redondo, quien buceó en los archivos del Cuerpo para recomponer su historia. “Era una profesión vocacional y muchos murieron con gran pena por no poder haber podido volver a vestir el uniforme que amaban. La larga sombra de la revancha…”.

Bomberos republicanos durante una intervención en la calle de Alcalá.  AGA

También fue fusilado Emilio Monje Botella. Un testigo afirma que había estado en el Cuartel de la Montaña y en la cárcel Modelo, aunque reconoce que las fuentes son compañeros del inculpado, cuyos nombres no recuerda. En todo caso, no lo tendrían en alta estima por su carácter bravucón. Es acusado, por ejemplo, de elaborar una lista negra con colegas derechistas. Las declaraciones de seis bomberos y conductores corroboran algunos hechos, pese a que no confirman si usó una pistola para rematar a los asesinados en la Modelo. Calificado como un “exaltado comunista”, es ejecutado por adherirse a la rebelión.

“El problema de los juicios sumarísimos es que se basaban en rumores, mentiras y hechos no demostrados. El grado de conocimiento de los que impartían justicia era limitado, aunque las consecuencias eran gravísimas. La prisa por resolverlos y las primeras victorias nazis en la Segunda Guerra Mundial provocaron que fuesen más crueles, si bien cuando comenzaron a imponerse los aliados se suavizaron. Hasta ese punto fueron sibilinos”, afirma Juan Redondo, quien califica como un “esperpento” las resoluciones de unos tribunales de guerra formados por militares habilitados de urgencia, con dudosas competencias jurídicas, y por ayudantes de baja graduación sin formación alguna.

“Todas las condenas a muerte fueron injustas y la represión brutal sobrecogió a todos los bomberos”, comenta el autor de Cuando las sirenas no eran las nuestras. “Las penas fueron muy duras, aunque la de muerte dependía de muchos avatares, desde la tardanza del proceso hasta la aparición de un padrino. De hecho, ejecutaron a Monje Botella —un hombre hablador, que no caía muy bien y que cayó en el error de amenazar con una presunta lista de más de treinta personas susceptibles de ser eliminadas— sin probarse algunas acusaciones.

Mientras que el caso de Albino es dramático, a Miguel Guerrero —editorialista del diario Bombero rojo y responsable del Comité de Incendios, luego Comité de Control— le conmutaron la pena de muerte por la demora del proceso pese a sus responsabilidad y a los delitos que se le imputaban. Pero, más allá de las filiaciones o de los supuestos desmanes, el proceso de depuración fue tal que afectó hasta a los derechistas. Así sucedió con José Monasterio, antiguo arquitecto jefe y modernizador del Cuerpo, declarado desafecto por los republicanos tras estallar la guerra y asilado en el consulado de Grecia. Él también tuvo que superar la criba.

Emilio Monje Botella, condenado a muerte.  Archivo Histórico de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid.

“Todos debieron rellenar un impreso para reincorporarse al trabajo, porque el Ayuntamiento no quería que se le colase ningún izquierdista. A Pingarrón le permitieron volver porque no había personal y terminó siendo uno de los puntales para la recomposición del Cuerpo”, señala Redondo, quien insiste en la arbitrariedad de los procesos y en la condena de Albino Torres, un defensor de la legalidad de la Segunda República. “Fue un drama, porque tanto a ellos como a las viudas de rojos les destrozaron la vida”.

Al autor de Cuando las sirenas no eran las nuestras le sorprenden que las acusaciones más duras fuesen de colegas y no de los dos jefes, Pingarrón y Crespo. “Responde a la necesidad de congraciarse, al deseo de saldar viejas cuentas y al hastío de verse sometidos a una precariedad y a una miseria tremendas, que trasladaron a los compañeros considerados como causantes. Cuando el ser humano tiene que sobrevivir, desgraciadamente afloran sus miserias y grandezas. Influenciados por la guerra, se convierten en simpatizantes del nuevo régimen para ver una luz y salir de un abismo de tres años, aunque quizás eran apolíticos”, cree el escritor.

A los dos ejecutados y a los ocho que murieron mientras trataban de salvar vidas habría que sumarle otros cuatro milicianos que fallecieron en el frente de Guadarrama. Además, casi una decena se libró de la pena de muerte al ser conmutada por treinta años de cárcel. A ellos cabe añadir los nueve asesinados por los republicanos al comienzo de la guerra. Una lápida con sus nombres descubierta en el desaparecido parque de la calle Imperial, a espaldas de la plaza Mayor, llevó a Redondo a emprender su investigación. Entre estos Caídos por Dios y por la Patriamártires del franquismo cincelados en una placa oculta en la que había sido la Dirección de Incendios, figuraban cuatro de los seis jefes del Cuerpo en 1936, “víctimas de la represión republicana incontrolada”.

Incendio en la plaza del Carmen de Madrid.  AGA

Cuando las sirenas no eran las nuestras, una obra que bebe de los documentos hallados en el sótano del parque de bomberos 5 y de las pesquisas del autor, detalla las vicisitudes durante la contienda y analiza la reorganización del Cuerpo una vez finalizada. Juan Redondo explica, por ejemplo, que a veces no tenían agua para sofocar los fuegos debido a la rotura de las tuberías de la red del Canal de Lozoya, hoy de Isabel II: “Había fuegos, pero también hundimientos, colapsos de edificios e inundaciones, por lo que lo prioritario era rescatar a la gente”. Entre el anecdotario, el apoyo prestado por compañeros catalanes o la idea de rociar de gasolina el Alcázar de Toledo para forzar la salida de los rebeldes, un intento frustrado.

Los doscientos bomberos que quedan deben realizar a partir de 1939 turnos de 24 horas y su jubilación se retrasa cinco años. “Son hombres curtidos que aceptan una disciplina pseudomilitar porque quieren olvidar un pasado terrible, de miedos y silencios, y se aferran al trabajo, a la familia y a la paz. La política deja de existir y, laboralmente, su tarea es muy meritoria, pues cumplen con su cometido pese a contar con medios escasos. El Cuerpo se constituye en una gran familia y será muy querido por los madrileños por su capacidad de sufrimiento”, recuerda el autor.

Muchos nunca pudieron reincorporarse al servicio y, hasta la democracia, no fueron amnistiados. Demasiado tarde para recuperar sus derechos, pues en 1977 algunos ya habían fallecido. “Es un libro amargo y real que relata la grandeza y la miseria durante una guerra civil entre compatriotas, con el objetivo de conocer cómo fue a pequeña escala. No lo he escrito desde un posicionamiento político, sino para que forme parte de las crónicas de esa época”, aclara Redondo. “Busca el consenso, reflejando lo que pasó en la gran tragedia de España. No pretendo reescribir la historia, sino completarla”.

Juan Redondo Toral, autor del libro ‘Cuando las sirenas no eran las nuestras’.  J.R.T.

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Fotografía destacada: Bomberos republicanos en un coche Delahaye en 1937.  Ahora

Fuente:https://www.publico.es/politica/bomberos-republicanos-madrid-represaliados-franquismo.html

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