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La ARMH pide al Gobierno que establezca el 18 de julio como fecha para homenajear a las víctimas de la dictadura

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) reclamó este miércoles al Gobierno que fije el día 18 de julio como la fecha para conmemorar y homenajear a las víctimas de la dictadura franquista.

que.es / SERVIMEDIA / 07-08-2019

La ARMH emitió un comunicado en el que mostró su desacuerdo con la intención del Gobierno de establecer la fecha del 31 de octubre, día en que se aprobó la Constitución de 1978 y la Ley de la Memoria Histórica, y apostó por que esa efeméride se celebre el 18 de julio por ser el día en que tuvo lugar el golpe de Estado de 1936 que desencadenó la Guerra Civil y la posterior dictadura.

“Creemos que la fecha conmemorativa debe ser el 18 de julio, porque además del reconocimiento a las víctimas es necesario el rechazo explícito a los verdugos y a quienes hicieron de la violencia y el asesinato de decenas de miles de civiles un medio para destruir la democracia”, indicó su presidente, Emilio Silva.

A su vez, la ARMH exigió que se anulen los títulos nobiliarios concedidos por Franco y cualquier otro reconocimiento del Estado otorgado a “represores de la dictadura”, ya que, según Silva, “no se puede rendir ningún tipo de homenaje a quienes cometieron más de 100.000 asesinatos de hombres y mujeres civiles, violaron a miles de ellas, torturaron por pensar de otra manera a miles de personas y secuestraron durante 40 años la democracia”.

Esto le sirvió para reclamar que la retirada de esos reconocimientos sea extensiva a cualquier mérito dictado por una institución pública, como las medallas al antiguo inspector de la Brigada Político-Social y presunto torturador José Antonio González Pacheco, apodado ‘Billy el Niño’.

Por último, sugirió al próximo gobierno que el nombramiento de la persona que ocupe la Dirección General de la Memoria no pertenezca a un partido político, como ha sucedido hasta la fecha, sino que proceda del ámbito de los derechos humanos, ya que “la memoria pública debe ser patrimonio inmaterial de toda la sociedad y, por tanto, es necesario sacar esas políticas de la pelea de partidos y propiciar su apertura a toda la sociedad”.

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