Después de varias interrupciones y retrasos la ARMH termina su primera fase de exhumación en El Rellán, en Grau, en espera de que el Principado de Asturias cumpla su compromiso de derribar la estructura de cemento que se encuentra en la finca y hacia la que apunta la continuidad de la fosa con forma de trinchera que ha sido terminada de excavar durante el mes de agosto.
Finalmente se ha abierto una zanja, de algo más de diez metros, en la que se han recuperado los restos de 14 personas y hay evidencias de una más que estaría enterrada bajo la estructura de lo que fue una granja de cerdos. Por eso se sospecha que bajo la edificación podrían encontrarse más cuerpos.
En la exhumación, dirigida por el arqueólogo Serxio Castro, aparecieron numerosos objetos: tres relojes, dos de pulsera y otro de bolsillo; unas gafas, algunas prendas de ropa y objetos personales, como un peine. Todos esos materiales serán restaurados para que estén a disposición de las familias una vez que los cuerpos puedan ser identificados genéticamente.
La ARMH ha tomado muestras de ADN a cuarenta familiares que tienen pistas de que sus seres queridos fueron asesinados y enterrados en ese mismo lugar. También se han acercado por allí familias de otras fosas asturianas que ofrecían su ADN para un banco de muestras, que todavía no existe ni en Asturias ni creado por el Estado, por una inexplicable decisión del Gobierno de que algo que se puede hacer de manera ejecutiva por una orden gubernamental se tiene que someter a discusión en el Parlamento. Ese procedimiento retrasa los trámites, los plazos y afecta a los familiares que tienen una edad avanzada.
Otro tema que ha afectado a los trabajos, tras un año de paralización judicial, es que la ARMH está a aún la espera de recuperar los restos humanos y algunos casquillos de bala que se llevó el Juzgado número 1 de Grado, en el verano del año 2020. Cuando entonces se iniciaron los primeros trabajos de exhumación la autoridad judicial paralizó las labores en lo que parecía una intervención de la justicia para garantizar el derecho de los familiares a la verdad, la justicia y la reparación. Durante casi un año la exhumación ha estado detenida por orden judicial y finalmente la magistrada no ha llevado a cabo ningún tipo de investigación que tratara de saber qué ocurrió, quién cometió esos crímenes y quiénes fueron los asesinados.
Para no escatimar en obstáculos, una vez archivado el caso, el Juzgado no devolvió los restos humanos y los casquillos de bala que había requisado, que sería lo mínimo después de la paralización de los trabajos. La titular del mismo le dijo a la ARMH que gestionara su devolución ante el Instituto de Toxicología y Ciencias Forenses, a quien inmediatamente, el 22 de junio, la ARMH dio entrada una petición por registro oficial a la que el citado instituto no ha dado respuesta por el mismo conducto sino a través de redes sociales.
Para la ARMH resulta lamentable que desde el Poder Judicial en vez de facilitar las cosas con la urgencia que requiere la situación vital de algunos de los familiares se haya llevado a cabo este despropósito de retener y retrasar un año la exhumación para no llevar a cabo ninguna actuación.