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La extinción de la “Fundación” Francisco Franco: una cuestión de interés general

Sus miembros se dedican a vejar públicamente a las víctimas de la dictadura, negando los crímenes franquistas con total impudor.

Su mera existencia vulnera no solo la Ley de Fundaciones, sino la propia Constitución, que vincula directamente el ejercicio del derecho de fundación a la persecución de fines de interés general.

eldiario.es / Manuel Maroto / 09-08-2017

En España existe una organización fascista que en sus estatutos recoge abiertamente como fines la “exaltación” y el “enaltecimiento” de Francisco Franco, así como “contribuir a la proyección de su ideario sobre el futuro de la vida española”. La cosa no queda en declaración de intenciones. Sus miembros se dedican, efectivamente, a vejar públicamente a las víctimas de la dictadura, negando los crímenes franquistas con total impudor (“ Franco no fusiló a nadie“). A intentar intimidar a cargos políticos y a artistas, presentando querellas infundadas y profiriendo amenazas que remiten a lo peor de nuestra historia (“ Si hay que volver a pasar ¡pasaremos!“). A ofrecer asesoría para incumplir la ley (en particular, claro, la de Memoria Histórica). También a poner financiación pública y bienes de interés cultural al servicio de la apología del franquismo.

La realidad es que la Fundación Francisco Franco, con la Constitución y con la ley en la mano, no puede tener reconocida la naturaleza de “fundación”. Su mera existencia vulnera no solo la Ley de Fundaciones, sino la propia Constitución, que vincula directamente el ejercicio del derecho de fundación a la persecución de fines de interés general. El artículo 34.1 de la Constitución Española establece, en efecto, que “se reconoce el derecho de fundación para fines de interés general, con arreglo a la ley”. A su vez, según el artículo 3 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, “las fundaciones deberán perseguir fines de interés general, como pueden ser, entre otros, los de defensa de los derechos humanos, de las víctimas del terrorismo y actos violentos, asistencia social e inclusión social, cívicos, educativos, culturales, científicos, deportivos, sanitarios, laborales, de fortalecimiento institucional, de cooperación para el desarrollo, de promoción del voluntariado, de promoción de la acción social, de defensa del medio ambiente, y de fomento de la economía social, de promoción y atención a las personas en riesgo de exclusión por razones físicas, sociales o culturales, de promoción de los valores constitucionales y defensa de los principios democráticos, de fomento de la tolerancia, de desarrollo de la sociedad de la información, o de investigación científica y desarrollo tecnológico”.

¿Cómo es posible que siga existiendo una fundación que no solo no persigue ninguno de los fines mencionados en esa larga lista, sino que cuya actividad está directamente encaminada contra algunos de los más importantes allí enumerados? ¿Cómo puede ser legal una fundación que difunde el desprecio por los derechos humanos y por las víctimas de la violencia, que exalta la dictadura contra los valores constitucionales, los principios democráticos y la tolerancia, que vincula su forma jurídica y su patrimonio al servicio de intereses que rayan en lo delictivo y son absolutamente contrarios a cualquier noción razonable de interés general?

Según el Registro de Fundaciones, la Nacional Francisco Franco es inscrita el 11 de junio de 1977, cuatro días antes de que se celebraran las primeras elecciones democráticas desde la Segunda República. Por aquellas fechas, por cierto, se denegó la inscripción como partidos políticos a aquellas formaciones que incluyeran en su denominación alguna referencia a la república, lo que impidió que pudieran presentarse a estos comicios. La Fundación Francisco Franco, sin embargo, no tuvo problemas para inscribirse. Gracias, en parte, a un régimen legal preconstitucional que la propia Ley de Fundaciones hoy en vigor califica en su exposición de motivos como “vetusto” y del siglo XIX. No es tan fácil explicar, sin embargo, por qué esta organización ha sobrevivido a la Constitución y a dos leyes de fundaciones que vinculan esta forma jurídica a la persecución de fines de interés general.

Según el artículo 31 de la vigente Ley de Fundaciones, será causa de extinción de estas entidades, entre otras, el que “sea imposible la realización del fin fundacional”. Según la doctrina, esta imposibilidad puede ser tanto material, es decir, que sea fácticamente imposible conseguir el fin fundacional, como jurídica, esto es, que haya habido cambios en el ordenamiento jurídico que hayan convertido lo que era lícito en ilícito, que los fines de la fundación haya devenido contrarios a derecho, o que los medios para alcanzarlos resulten inidóneos para ello. La propia Ley ( artículo 33.2) hace responsable al Protectorado de Fundaciones, órgano dependiente del poder ejecutivo y encargado de controlar la legalidad de estos organismos, de instar a los tribunales a que extingan una fundación en estos casos. Es evidente que tanto la Constitución como las sucesivas leyes de fundaciones y la Ley de Memoria Histórica convirtieron hace tiempo el fin fundacional de la Fundación Franco en algo absolutamente contrario a cualquier noción de interés general, por muy indeterminado que se quiera considerar este concepto jurídico. Se ha convertido en un fin, además, ilícito, por vulnerar el derecho, legalmente reconocido, a la reparación moral de quienes sufrieron un régimen ilegítimo y fueron víctimas de la represión ejercida por parte de instituciones totalmente contrarias a derecho. La controversia sobre si la apología del franquismo debe o no ser considerada una conducta delictiva no puede en modo alguno ser una excusa para tolerar las actividades de un colectivo que solo existe como fundación en flagrante abuso del régimen legal y constitucional de esta forma de personalidad jurídica. La utilización en fraude de ley de la figura de fundación bien merece la aplicación de la doctrina del “ levantamiento del velo“, y con ella una indagación seria sobre los intereses que yacen detrás de esa organización, atrincherada tras un reconocimiento legal que no le corresponde.

Va siendo hora de levantar el velo, también, de los ojos de las instituciones, y de que el legislador reforme la Ley de Fundaciones para establecer, de manera si cabe más meridianamente clara, la ilegalidad de fundaciones como esta. Pero, con la Constitución y la actual ley en la mano, más aún hace que viene siendo hora de extinguir la “fundación” Franco, como si de los dinosaurios se tratara. Aun con cuarenta años de retraso, será una buena ocasión no solo para poner fin a la flagrante vulneración del principio de igualdad ante la ley que supone la existencia de esta organización, y al desprecio a las víctimas de los crímenes franquistas que es parte fundamental de su actividad cotidiana. Lo será, también, como contribución a resignificar lo que política y jurídicamente debe significar “interés general”.

Manuel Maroto – Profesor de Derecho Penal de la Universidad de Castilla-La Mancha

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Fotografía destacada: Foto compartida en Twitter por la Fundación Francisco Franco del 1 de abril de 1939.

Fuente:http://www.eldiario.es/tribunaabierta/extincion-Fundacion-Francisco-Franco-cuestion_6_674092605.html

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Federico García Lorca en la caja negra del franquismo

blogs.publico.es/ Emilio Silva / 01-07-2016
Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica

En octubre de 1937, un corresponsal argentino del diario La Prensa, que estaba informando de la guerra de España, tuvo la oportunidad de encontrarse con el dictador Francisco Franco. La entrevista está recogida en el libro Palabras del Caudillo, editado en 1939 por Falange Española Tradicionalista y de las Jons, y recoge discursos y entrevistas en medios de comunicación internacionales al mejor estilo guebeliano.

El periodista tuvo la “osadía” de preguntarle al Caudillo si habían “fusilado a escritores españoles de fama mundial”. La referencia al asesinato de Federico García Lorca fue respondida contundentemente por el general Franco: “Se ha hablado mucho en el extranjero de un escritor granadino; se ha hablado mucho porque los rojos han agitado este nombre como un señuelo de propaganda. Lo cierto es que en los momentos primeros de la revolución en Granada, ese escritor murió mezclado con los revoltosos; son los accidentes naturales de la guerra. Granada estuvo sitiada durante muchos días, y la locura de las autoridades republicanas, repartiendo armas a la gente, dio lugar a chispazos en el interior, en alguno de los cuales perdió la vida el poeta granadino”.

Durante cuatro años, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica guardó un informe que llevaba años escondido en los sótanos del Ministerio del Interior, rodeado de centenares de secretos documentales que nunca han podido salir a la luz. La persona que lo entregó pidió que fueran respetados sus plazos y que ya avisaría cuando el documento pudiera hacerse público. Se trataba del informe generado en España por una petición de información de una historiadora francesa, Marcelle Auclair, que estaba investigando y escribiendo sobre la muerte del poeta Federico García Lorca. Su solicitud generó un informe policial que nada tiene que ver con la manipulación histórica del Caudillo. El informe enumera algunas de las razones por las que Lorca fue “pasado por las armas”. Se dice que era socialista, masón y se añade que “estaba tildado de prácticas de homosexualismo, aberración que llegó a ser “vox pópuli”… Siendo evidentes las causas de su asesinato; su opción sexual, su colaboración con los gobiernos progresistas de la Segunda República, su Barraca llevando la cultura a donde nunca estuvo, su lucha contra la ignorancia, es curioso cómo la democracia lo ha despojado ese significado hasta reducirlo a una especie de autor folclórico, que simplemente supo captar esencias de la vieja, profunda y peculiar España. Incluso uno de los investigadores que está tratando de buscar sus restos, Miguel Caballero, aseguraba recientemente: “Se han apropiado indebidamente de Lorca, que para nada era de izquierdas”; una afirmación que recuerda a la frase del Caudillo en la que afirmaba que los rojos agitaban “este nombre como un señuelo de propaganda”.

¿Qué pasaría en Chile si un historiador dijera que la oposición a Pinochet ha utilizado la figura de Víctor Jara que para nada era de izquierdas? ¿O que Antonio Machado o Miguel Hernández nunca se definieron políticamente? Pues  posiblemente lo mismo que ha pasado con las palabras de este historiador: nada.

La cultura franquista, el éxito sociológico de la dictadura, el atado y bien atado, es el triunfo de la despolitización. La famosa frase del dictador: “haga como yo,  no se meta en política”, es una orden que obedientemente sigue vigente en nuestra democracia, tan necesitada de significados políticos como de acabar con sus insignificancias históricas.

Sólo desde esa perspectiva se puede entender que su intensa vida y su trágica muerte, no se hayan convertido en un símbolo de la lucha contra la intolerancia,  en una referencia permanente entre quienes denuncian la homofobia, entre quienes han hecho del “orgullo gay” una celebración que festeja “el fin de las aberraciones”. Lorca víctima de la intolerancia, Lorca poeta universal, ha vivido apartado de su tragedia personal durante décadas, escondido en la caja negra del franquismo, despojado de su compromiso personal, arrojado a las cunetas de la historia como muerto por un accidente.

Pero este 2 de julio, el mismo día que se celebra en Madrid la gran marcha del Orgullo Gay, Federico recibirá un homenaje que trata de convertirlo en un símbolo que siempre debió ser; el de una vida que nunca debió terminar y el de un asesinato que nunca debió ocurrir. La cultura de los derechos humanos se construye sobre las violaciones de los derechos humanos. El asesinado de Federico García Lorca y de todas y todos los 114.226 federicos que permanecen desaparecidos por la represión franquista debe servir para construir valores contra la intolerancia, conocimiento de nuestra historia, cultura democrática y politización del pasado. Ni Lorca “perdió la vida” como dijo el dictador, ni quienes hoy sufren agresiones homófobas “pierden su tranquilidad”. Nuestra recuperación de la democracia se ha sostenido sobre el olvido y la ignorancia y la ciudadanía ha perdido un pasado repleto de referencias para  construir un presente certero. Hagamos como Lorca, metámonos en política.

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Fuente:http://blogs.publico.es/otrasmiradas/6690/federico-garcia-lorca-en-la-caja-negra-del-franquismo/

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Lorca, un crimen que no ha prescrito

La cultura dominante desde la transición se ha encargado de convertir la muerte del poeta Federico García Lorca en algo similar a uno de sus romances; una muerte lorquiana, una tragedia contada con rima asonante y oscura. Los intentos por despolitizar su asesinato han conseguido, durante años, mantener su terrible crimen como una tragedia digna del folclore popular, llegando a narrar con romanticismo la visión del paraje en el que pudo ser asesinado.

publico.es / Emilio Silva / 25-09-2015

¿Qué le ocurre a una sociedad incapaz de mirar como un crimen lo que les ocurrió a los 144.226 desaparecidos del franquismo de los que se tienen referencia sin inmutarse? ¿Spain is different? Es el franquismo el que construyó esa especie de visión costumbrista de la violencia, la interpretación descafeinada de la dictadura, la aceptación mediante la mala educación de cuatro décadas de miedo y la reconstrucción de una democracia con aluminosis

Llama la atención la falta de un relato criminal acerca de su muerte. Mientras en Chile se han hecho dos autopsias de la muerte de Víctor Jara y ha sido enterrado con honores de Estado, la muerte del poeta granadino ha vivido alejada del derecho.

Hace unos meses la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) recibió de forma casi anónima un informe en el que se relataba el asesinato del poeta; el primer documento en el que el gobierno de la dictadura reconocía el asesinato del poeta y las razones políticas y homófobas por las que había sido asesinado. La versión que dio el dictador Francisco Franco a un corresponsal argentino del diario La Prensa, en plena guerra, fue que el “famoso poeta” había muerto en un altercado causado por las armas que el Gobierno republicano había entregado al pueblo. Incluso la fundación que lleva sus nombres llegó a restar importancia al hecho de que hubiera sido rojo y homosexual, en un intento por normalizar la vida del poeta con respecto a la despolitización del pasado en la que colaboraron numerosas élites culturales, políticas y académicas durante la transición.

La ARMH lleva quince años buscando a los desaparecidos de la dictadura, tratando de construir una visión de los crímenes del franquismo que incorporen la visión de los derechos humanos y del derecho penal internacional. Por eso en abril de 2010 promovió la denuncia de las desapariciones forzadas que llevó a la puesta en marcha de la querella argentina. Ahora está preparando la denuncia con la que presentará el informe policial recientemente aparecido sobre el asesinato de Lorca. Lo hace por el deber de denunciar ese crimen y para que la jueza que investiga desde Buenos Aires sepa que en los sótanos de algunos ministerios españoles se oculta documentación que podría ser extremadamente útil para su investigación y para que la sociedad conozca su pasado.

Los huesos de Lorca, allá donde estén, son el esqueleto de un enorme silencio que camina por nuestro país a sus anchas; un silencio sordo y retorcido que protege a los asesinos, a los torturadores, a los ladrones de bebés nacidos en la posguerra de los vientres de las presas republicanas y que hace vivir a buena parte de la sociedad como si hacer justicia por el asesinato y la desaparición de más de 113.000 hombres y mujeres fuera algo superficial. Aquí, mientras no haya justicia para tantas familias, la democracia seguirá siendo todavía una palabra escrita con letras minúsculas.

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Fotografía destacada: Barranco de Víznar donde está la fosa de Lorca. | Foto: Jesús G. Hinchado

Fuente: http://blogs.publico.es/otrasmiradas/5438/lorca-un-crimen-que-no-ha-prescrito/

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La memoria es un deber

Emilio Silva/Diario de León/15-09-2015

Hace quince años un grupo de familiares se fotografiaban en una cuneta a la entrada de Priaranza del Bierzo. Junto a unos frondosos nogales, en el ángulo formado por la intersección de dos carreteras, los testigos señalaban el lugar donde 64 años antes habían sido enterrados los cuerpos de trece civiles. En la noche del 16 de octubre de 1936 habían sido dirigidos hasta allí con un camión. Fueron asesinados a bocajarro en la misma cuneta donde la familia de uno de ellos, Emilio Silva Faba, trataba más de seis décadas después de encontrar sus restos y enterrarlos dignamente.

Tras el final de la dictadura franquista se llevaron a cabo decenas de exhumaciones de fosas por todo el Estado español. Los familiares, sin técnicas científicas que los apoyaran, recogían con su amor y su memoria los restos de sus seres queridos para trasladarnos a un cementerio y poder honrarlos dignamente, como llevamos haciendo desde hace cientos de miles de años en el suelo de esta península.

Pero en Priaranza del Bierzo ocurrió algo especial. Por un lado, la labor llevada a cabo por un grupo de cuatro arqueólogos, una antropóloga forense y un médico forense. Por otro, porque allí se encontraron los restos del primer desaparecido de la represión franquista que sería identificado mediante una muestra de ADN. Y por último, el inicio de un movimiento social que nació del encuentro de varios familiares de desaparecidos, que convirtieron en sus conversaciones, alrededor de la fosa, un problema privado en algo público.

Desde entonces la labor de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha sido constante en la búsqueda de cientos de hombres y mujeres desaparecidos y en la apertura de un debate acerca de la relación de la sociedad española con su pasado que ha llego a las más altas instancias de los Derechos Humanos. En agosto de 2002, poco después de la exhumación de una fosa común en Piedrafita de Babia, la ARMH presentó ante el Alto Comisionado de los Derechos Humanos con sede en Ginebra los casos de 64 desaparecidos y esa fue la punta de lanza de un proceso que ha seguido en estos años.

Junto a la fosa de Priaranza del Bierzo, un nieto apoyado en un árbol hablaba de lo que podía significar ese momento y utilizaba la metáfora de que aquello podía ser un agujero en el silencio. Allí se tejió un hilo de la memoria que ha ido hilvanando miles de historias; la de Isabel González, de Palacios del Sil, que murió en julio de 2006 sin haber podido encontrar a su hermano Eduardo; la de Vicente Moreira, un niño de la guerra que regresó de la entonces Unión Soviética y hasta el año 2001 no pudo encontrar los restos de su madre; la de Senén García, de Fresnedo, que repetía y repetía una frase mientras los arqueólogos hacían delicadamente su trabajo: «Todo lo que brota lo cortan, todo lo que brota lo cortan»; la de tantos hombres y mujeres que lloraron y recordaron bajo sus almohadas, que nunca pronunciaron el nombre de sus seres queridos desaparecidos con otro tono que no fuera un susurro, con otro sentimiento que no fuera el miedo, con otro pensamiento que no fuera el de la tristeza, el de la angustia, el de no saber qué había ocurrido con sus padres o sus hermanos y si podrían morirse con el descanso de haberlos encontrado y enterrado con dignidad.

La ARMH ha recibido en estos años la ayuda de más de 700 voluntarios; hombres y mujeres llegados desde más de veinte países, personas que pueden escribir con letras mayúsculas la palabra solidaridad, que han puesto su esfuerzos, sus recursos, sus emociones al servicio de los familiares a los que la política nunca ayudó, a los que las instituciones nunca les abrieron una puerta, a los que ningún Gobierno les dijo con firmeza que en un país democrático los derechos humanos se garantizan y no se subvencionan, se facilitan o se abandonan.

Los voluntarios de la ARMH han visto mucho miedo en muchos ojos, en muchos silencios, en muchas frases entrecortadas a punto de enunciarse, en muchas bocas cerradas, en muchas manos que se retuercen antes de que los labios dejen salir un hilo de voz, en miradas para comprobar si las ventanas y las puertas están cerradas. Miedo que dura, que se mantiene, que no se erosiona con el paso de los años porque de «esto» no se habla, porque es mejor callar, porque alguien decidió que a nuestra democracia le convenían miles y miles de ciudadanos y ciudadanas asustados.

Los quince años de labor de la asociación han servido para conocer más verdad, para construir algo de justicia, para iniciar el camino hacia una reparación. Pero todavía hay muchos políticos que no entienden, capaces de hacer que no entienden que alguien quiera enterrar dignamente a un ser querido, de decir que eso reabre heridas, que despierta rencores.

La memoria cura, sana, repara; la memoria es un deber de las sociedades democráticas para recordar a quienes tantos sufrieron al servicio de la democracia. La memoria se contagia, se transmite, salta de un cerebro a otro, de unos ojos al informe de un arqueólogo o de la pantalla de un ordenador a la mirada de un joven.

En estos quince años la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica ha curado muchas heridas, ha reparado mucho daño, ha cuidado de mucha gente en un Estado que no quiere que se sepa qué ocurrió, a quién ocurrió y quién lo hizo. La memoria es como las ideas; imposibles de matar. Por eso, hasta que la sociedad no construya justicia para los familiares de los desaparecidos del franquismo, la sociedad seguirá reclamando humanidad y justicia.

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La impunidad es una materia dura y abundante en el subsuelo de nuestra democracia

-En el Día Internacional de los Desaparecidos, en España hay todavía 114.226 mujeres y hombres, asesinados por la represión franquista, que no han recuperado su identidad y que son buscados por sus familias.

-Decenas de miles de familiares de desaparecidos han muerto en estos casi cuarenta años transcurridos desde que falleció el dictador sin que ninguno de los Gobiernos democráticos haya asumido la responsabilidad de encontrarlos.

Emilio Silva/Eldiario.es/29-08-2015

El 30 de agosto se conmemora en el mundo el Día Internacional de los Desaparecidos. En España hay todavía 114.226 mujeres y hombres, asesinados por la represión franquista, que no han recuperado su identidad y que son buscados por sus familias. Nuestra convivencia normalizada con esa realidad es consecuencia de la hegemonía de unas élites que no podían buscar su legitimidad en la lucha contra la dictadura y han tratado de construirla en el entorno de las víctimas del terrorismo. Para eso era necesario invisibilizar el franquismo y narrar la historia reciente como si lo inmediatamente anterior a la transición hubiera sido la guerra civil.

Aeropuerto de Barajas, 26 de noviembre de 2013. Un grupo de personas de diferentes edades se va reuniendo frente al mostrador de una compañía aérea. Se saludan, se abrazan y empiezan a conversar. El círculo va creciendo y de pronto todos reaccionan cuando llega una mujer mayor, que esboza una enorme sonrisa que se congela en su rostro cuando su hija, después de saludar, enuncia que la madre va a cumplir 89 años en pleno vuelo.

La mujer mayor asiente sonriendo, recibe felicitaciones y algunos abrazos extra. En el billete que lleva en la mano se puede leer su nombre, Ascensión Mendieta, y en los rasgos de su rostro se pueden intuir cosas de su historia.

Cuando se supo que un grupo de víctimas de la represión de la dictadura franquista se proponía viajar a Argentina para declarar ante la jueza que desde el 14 de abril de 2010 investiga las violaciones de derechos humanos del franquismo, Ascensión dijo: “Allá voy”.

Que la hija de un desaparecido por la represión de una dictadura cumpla 89 años volando miles de kilómetros en busca de justicia explica mucho de nuestra sociedad, de nuestra falta de cultura de los derechos humanos, de cómo nos hemos acostumbrado a convivir con la monstruosidad que supone que 114.000 mujeres y hombres, que querían seguir viviendo en un país democrático, sigan en fosas comunes sin que nuestras instituciones hayan hecho el esfuerzo de buscarlos, de saber quiénes son, de saber qué les pasó, de perseguir a los culpables del mayor acto criminal y terrorista de nuestra historia reciente.

El 20 de noviembre de 1978, Juan Carlos de Borbón y Sofía de Grecia se hicieron una fotografía en México DF con Dolores Rivas, la viuda del presidente republicano Manuel Azaña. El entonces monarca estaba en campaña, escenificando que sería el jefe de Estado de las dos España, dos semanas antes del referéndum constitucional.

El rumbo de la transición estuvo marcado por los intereses de las élites franquistas. Y del mismo modo que el franquismo se desvinculó del nazismo, con el que había mantenido estrechísimas relaciones hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, las élites de la dictadura, con el consentimiento de algunos sectores de la oposición, blanquearon sus biografías para que su posición social dominante no apareciera ni pareciera vinculada al uso y abuso de la violencia por parte del régimen.

Así transcurrimos por la historia reciente reteniendo a Pinochet en Londres, abriendo causas de Guatemala, Argentina o Ruanda en nuestra Audiencia Nacional, mientras similares violaciones de derechos humanos cometidas por el franquismo eran “otra cosa”.

A finales de los años 70 los familiares de los desaparecidos iniciaron un movimiento de búsqueda y en zonas de Navarra, La Rioja o Palencia se exhumaron decenas de cuerpos. Pero llegó el golpe de Estado de 1981 y el miedo acumulado durante cuarenta años heló la sangre de los familiares que se paralizaron por miedo a que despertara de nuevo la dictadura. (Cuántos miles de folios se han publicado sobre las posibles autorías del Golpe y qué pocos sobre sus efectos psicosociales).

El uso de la desaparición en la violencia política explica el deseo del represor de que personas con esas ideas no deberían existir. En el caso de los hombres y mujeres que están en las fosas son quienes construyeron nuestro primer periodo democrático durante la Segunda República; elecciones con sufragio universal masculino y femenino y diferentes ideologías en el poder.

Ascensión Mendieta regresó de Argentina, pronto hará dos años, y sigue luchando por recuperar los restos de su padre. Desde hace año y medio un juzgado de Guadalajara ha recibido una petición de la justicia argentina para que se exhume la fosa donde podría encontrarlo. Pero los laberintos burocráticos hacen que pase y pase un tiempo que para ella corre muy rápido.

Decenas de miles de familiares de desaparecidos han muerto en estos casi cuarenta años transcurridos desde que falleció el dictador sin que ninguno de los Gobiernos democráticos haya asumido la responsabilidad de encontrarlos. Su dolor, su miedo, la injusticia que han sufrido en democracia son una deuda pendiente que no desaparecerá mientras no sea reparada.

http://www.eldiario.es/zonacritica/impunidad-materia-abundante-subsuelo-democracia_6_425267477.html

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La fosa de El Baldío

Miguel Ángel Rincón/La voz del Sur/07-08-2015

El pasado martes, 4 de agosto, la Asociación para la recuperación de la Memoria Histórica halló una fosa en Alcalá del Valle (Cádiz), y en su interior, cuatro personas represaliadas de la Guerra Civil.

La ubicación de la fosa donde fueron enterrados se ha podido conocer gracias al testimonio de una mujer que con tan sólo 15 años presenció el trágico momento del enterramiento, el 18 de septiembre de 1936, en la zona de El Baldío. Esta persona, que vivía en la finca donde tuvieron lugar los crímenes, observó desde su ventana cómo se llevaban las víctimas hacia la carretera, escuchó varios disparos y presenció cómo los cuerpos fueron enterrados junto a un olivo.

Según la memoria oral y los testimonios de familiares y vecinos del pueblo, en la fosa se hallarían dos mujeres y un hombre, pero al abrir la fosa resulta que eran cuatro los cuerpos que se han encontrado, dos mujeres y dos hombres. Junto a los cuerpos han aparecido dos anillos, unos pendientes y una peineta.

A partir de ahora es cuando comienza la investigación para averiguar las identidades de esas cuatro personas. En principio, en la fosa se encontrarían los restos de Remedios Partida, una mujer de 43 años, de su hijo José Rodríguez Partida, y de la novia de José, cuya identidad se desconoce a día de hoy, al igual que se desconoce el nombre del cuarto cuerpo.

Sin duda, les debemos mucho a todas aquellas personas que lucharon decididamente por la Democracia y por sus ideales, y que por ello, cayeron bajo las balas de quienes sólo tenían por cerebro un triste fusil.

Aquellos republicanos, hombres y mujeres, que murieron defendiendo la libertad, no pertenecen a nadie y a la vez nos pertenecen a todos. Quiero decir con esto, que sus familiares no son solamente los que llevan su sangre, sino también los que compartimos aún sus ideales, sus luchas, sus utopías.

Nada de vivir en el pasado, nada de rencores, nada de venganzas; esas muertes, después de tanto tiempo, tienen que servir para enseñar al mundo la barbarie de un tiempo y para que nunca más se vuelva a repetir, porque si hay algo que duele más que las balas que segaron sus vidas, ese algo es el olvido a lo largo de la historia, la indiferencia de la gente, la ignorancia de lo que pasó hace casi ochenta años, aquí mismo, en nuestros pueblos. Es cuestión de dignidad.

http://www.lavozdelsur.es/la-fosa-de-el-baldio

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Algunas víctimas son más víctimas que otras.

·La decisión de la Audiencia Nacional de avalar las tesis del gobierno del PP y negar que víctimas del GAL y la extrema derecha perciban la indemnización debida en cuanto víctimas del terrorismo vulnera principios constitucionales como la presunción de inocencia o la separación de poderes.

·El tratamiento jurídico y político que las autoridades del Estado español brindan a las víctimas del franquismo y de la violencia política institucionalizada propia de la Transición es notoriamente peor que el dado a las víctimas del terrorismo.

.Esta discriminación entre víctimas añade un motivo de sufrimiento para quienes se ven relegadas a un segundo plano en las políticas públicas de reparación y reconocimiento.

El Diario.es/Rafael Escudero Alday/23-07-2015

En los últimos días hemos conocido la decisión de la Audiencia Nacional (AN) de negar el derecho a percibir indemnizaciones como víctimas del terrorismo a personas asesinadas por el GAL y grupos parapoliciales de extrema derecha. En dos sentencias, fechadas el pasado 24 de junio, la AN rechaza los recursos presentados por los familiares de José Antonio Lasa y Josu Muguruza ante la decisión del Gobierno del PP -en concreto, del Ministerio del Interior- de no concederles la indemnización que la ley reconoce a las víctimas del terrorismo. Mediante estas sentencias la AN avala la tesis del Gobierno español, que hasta la fecha ha denegado estas indemnizaciones (o su actualización) a más de cincuenta personas víctimas del terrorismo de Estado y de la violencia política institucionalizada que reinó con impunidad en la España de la Transición.

Recordemos brevemente los hechos que dan lugar a esta decisión judicial. En 2012 el PP impulsó una reforma de la ley de reconocimiento y protección integral de las víctimas del terrorismo; ley que había sido aprobada en el Parlamento el año anterior con amplio consenso político. En esta reforma -no consensuada- se introduce un art. 3bis, que reza textualmente lo siguiente: “la concesión de las ayudas de la ley se someterá a los principios establecidos en el Convenio Europeo sobre indemnización a las víctimas de delitos violentos”. En concreto, a lo dispuesto en su art. 8, el cual señala que se podrá reducir o suprimir la indemnización “si la víctima o el solicitante participa en la delincuencia organizada o pertenece a una organización que se dedica a perpetrar actos violentos”.

Aunque el Convenio entró en vigor para España en febrero de 2002 y esta cláusula no fue tenida en cuenta en la redacción inicial de la ley, es ahora cuando el Gobierno del PP se sirve de ella para negar las citadas indemnizaciones a quienes, siendo víctimas del terrorismo del GAL y grupos similares como el Batallón Vasco Español o la Triple A, en su opinión formaron parte de grupos organizados violentos, es decir, de ETA.

En los dos casos en cuestión, la AN considera acreditada la pertenencia a ETA tanto de Lasa como de Muguruza. El primero fue -junto con José Ignacio Zabala- secuestrado, asesinado y enterrado en cal viva por órdenes de agentes militares y civiles del Estado español, tal y como quedó probado en la sentencia del Tribunal Supremo que condenó a varios de ellos (destacando entre los condenados el entonces gobernador civil de Gipuzkoa y el comandante de la Guardia Civil de Donostia); el segundo, diputado electo de Herri Batasuna, fue asesinado por integrantes de un grupo parapolicial de extrema derecha.

Hay razones más que fundadas para cuestionar esta decisión primero gubernativa y después judicial. Parece cuando menos sorprendente que pueda alcanzarse una conclusión de este tipo -la pertenencia a ETA de las citadas personas- cuando no existe sentencia judicial que así lo declare. Pero según la AN esto no es un problema, dado que de entrada hay que descartar la necesidad de sentencia judicial que declare la pertenencia de la víctima a banda armada o delincuencia organizada. ¿En qué se basa esta sorprendente afirmación? En que “en ausencia de pronunciamiento penal, los tribunales de justicia gozan de la facultad de determinar los datos fácticos en que se asienta la proyección de la norma jurídica que están llamados a aplicar”; en este caso, la ley que contiene los límites de las indemnizaciones a las víctimas del terrorismo. Por tanto, el examen de la pertenencia o no a banda armada de las víctimas “no requiere una prueba de cargo que fundamente una sentencia condenatoria”, sino que basta con “aportar unos datos objetivos de los que se permita inferir la realidad de una actuación de la intensidad requerida”.

Son varios los principios propios de un Estado constitucional de Derecho como el que dice ser el español que se vulneran con las afirmaciones reflejadas en el párrafo anterior. Por un lado, el principio de legalidad y la presunción de inocencia: si en este caso no existen sentencias condenatorias -y la propia AN así lo reconoce-, entonces estas personas son inocentes de los delitos de terrorismo y pertenencia a banda armada. En sistemas constitucionales, la ausencia de sentencia equivale a la inocencia, sin matices ni peros de ningún tipo, y sin que quepa alegar razones como la muerte de estas personas para tratar de justificar la ausencia de sentencia condenatoria.

Se vulnera también el principio de separación de poderes, al permitir que sea el Gobierno el que determine la condición de terrorista de tal o cual persona, condición que solo puede derivar de una sentencia, dado que de aplicar el Código Penal se trata. Tarea esta reservada al poder judicial y no al ejecutivo. Causa perplejidad que la propia AN avale las tesis del Gobierno y sea tan poco garante de un principio como es el de la separación de poderes, que precisamente busca garantizar la independencia judicial.

Además, ¿qué “datos objetivos” se han aportado para considerar probada la pertenencia de Lasa y Muguruza a banda terrorista? Las sentencias en cuestión recogen una amalgama de datos extraídos fundamentalmente de diligencias policiales e informes de la Guardia Civil elaborados en la época en que ocurrieron los crímenes. Una época caracterizada en las cárceles de Euskadi -y del resto del Estado, cabría añadir- por la comisión sistemática de torturas y malos tratos. Aceptar esos informes como prueba de unos hechos, sean estos los que sean, supone convalidar las prácticas violentas institucionales de la época y demuestra que los poderes del Estado español no tienen hoy intención de revisar críticamente la actuación de sus instituciones en aquellos años. Por cierto, cuando se realicen elogios de la Transición, o se alaben públicamente sus virtudes, no convendría esconder el desamparo en que dejó sumidas a las víctimas de la violencia política institucional.

Finalmente, se vulnera el principio de no discriminación entre víctimas de graves violaciones de derechos humanos. Todas tienen derecho a ser reparadas, con independencia de las circunstancias que provocaron su victimización. Discriminatorio es que se alegue una hipotética pertenencia a banda armada para negar la indemnización económica, mientras que esta no se niega a los familiares de personas asesinadas por ETA como el comisario torturador Melitón Manzanas o Luis Carrero Blanco, presidente del Gobierno de la dictadura. Es notoria y sobradamente conocida la participación de ambos en una política institucionalizada de represión y violación de derechos humanos.

La discriminación provoca una nueva causa de victimización para quienes integran la “segunda categoría” de las víctimas. En este caso, para las víctimas de la Transición, quienes -como les ocurre a las víctimas del franquismo- sienten que las instituciones del Estado pretenden esconder su relato de sufrimiento y desamparo y negarles el rol debido en las políticas públicas de memoria y construcción de una paz justa. Así, mientras no se sitúe también a estas víctimas en el centro del espacio público y ciudadano, difícilmente podremos hablar de sociedad pacífica, justa y ordenada. Decisiones como las adoptadas por el Gobierno y la AN en nada contribuyen a este objetivo.

http://www.eldiario.es/contrapoder/victimas_de_la_Transicion-GAL-Audiencia_Nacional_6_412318785.html

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Abriendo fosas

En estos días, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), está trabajando de forma incansable en las inmediaciones de Casasola de Rueda, término municipal de Gradefes, buscando fosas de la guerra civil española, esa guerra que fue el origen de las dos Españas y que después de tantos años sigue martilleando nuestra memoria. Y no es para menos puesto que este país sigue sin madurar lo suficiente para asumir de una manera responsable su pasado.

Gente Digital/Ana Isabel Ferreras/17-7-2015

Muchos son los que miran para otro lado y utilizan el recurso fácil de “hay que pasar página”, pero en mi opinión están completamente equivocados. No se puede pasar una página de tanto peso sin quitarnos de encima todas las losas que compone un país plagado de fosas desperdigadas entre nuestros montes y cunetas.

Hoy (miércoles 15 de julio), he tenido la oportunidad de ver en primera línea los trabajos de exhumación en la fosa de Casasola. Se trata de 6 enterramientos aparecidos en la ‘Valleja de los muertos’, que no serán los únicos porque se espera encontrar alguna otra mucho más numerosa. A pesar de haber visto muchos reportajes, puedo afirmar que me ha impresionado de sobremanera. Imaginar el sufrimiento tan terrible que tuvieron que soportar los que hoy asoman tímidamente a la luz del día después de soportar casi 80 años presos de la oscuridad y el abandono, gracias a las delicadas tareas en el desenterramiento que están llevando a cabo los voluntarios de la ARMH, pone los pelos de punta a cualquiera. Imaginar el dolor de sus familiares…. no se puede describir.

Me gustaría desde aquí agradecer a todos los que llevan años trabajando para esta causa (historiadores, investigadores, arqueólogos, etc.), al personal que colabora con la ARMH, por la extraordinaria profesionalidad que están demostrando, totalmente altruista, disponiendo de sus días de vacaciones al servicio de esta ardua tarea, que debería sin ninguna duda ser obligación del gobierno, siendo el único responsable de poner fin a este vergonzante olvido. Y por supuesto utilizar este medio para solicitar la colaboración de todos aquellos que con su testimonio, puedan aportar datos suficientes para encontrar a los desaparecidos porque cualquier pista puede ponernos en el camino de una evidencia.

http://www.gentedigital.es/leon/opinion/noticia/1710394/abriendo-fosas/

Foto destacada de Ranommanpotho 2015 – Andrés Palmero

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Recuperar la historia para “cerrar heridas”

La ARMH halla en la ‘Valleja de los muertos’ de Casasola de Rueda dos fosas con los restos de seis personas que murieron, previsiblemente fusiladas, en los años de la Guerra Civil.

lanuevacronica.com / Cristina Centeno / 19-07-2015

«Después de 80 años, lograr recuperar los restos de seres queridos, lograr asumir un trauma que se ha transmitido generación tras generación, es un alivio personal, Conocer lo ocurrido significa poder cerrar heridas».

Identificar a las personas que fueron asesinadas para que los familiares «puedan enterrar dignamente a sus seres queridos», ese es el fin en el que trabajan, desde hace algunas semanas, varias personas de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica en la ‘Valleja de los muertos’, nombre por el que conocen los lugareños a este paraje de Casosola de Rueda, en el municipio de Gradefes, junto a una zona de curvas en la carretera LE-213 conocida como ‘Las Muelfas’.

El trabajo de la ARMH tiene un objetivo: identificar los restos exhumados para devolvérselos a las familias

Desde que comenzaran la investigación, que surgieron por el reclamo de familiares de alguna de las víctimas que sospechaban que sus allegados habían sido asesinados en ese paraje, la ARMH ha hallado dos fosas, una primera con los restos de dos cuerpo y otra, justo al lado, con los restos de cuatro personas. Según Alejandro Rodríguez, historiador de esta excavación, es conocido que estos montes formaron parte de la «represión ilegal» que se dio desde el golpe de Estado del 18 de julio de 1936. A esta zona, según Rodríguez, se empieza a traer gente «desde agosto de 1936 y hasta febrero o marzo de 1938», años que coinciden con las sacas y fusilamientos de la Guerra Civil española que provocaban «desapariciones forzadas». «La mayoría de víctimas vienen de la prisión de San Marcos, pero hay determinados momentos puntuales, como octubre de 1937 cuando cae el frente norte, en el que se trae gente desde Cistierna, La Ercina, Sabero o Riaño», explica.

Los vecinos de Casasola y de los pueblos cercanos también recuerdan esta zona por «la cantidad de asesinatos que se cometieron» durante la Guerra Civil, «de ahí que se conozca como la ‘Valleja de los muertos’», explica René Pacheco, arqueólogo y director de las exhumaciones.

Imagen de la primera fosa hallada en la zona, con dos cadáveres. | C.C.L.

En las labores de campo, los voluntarios, junto a varios expertos, realizan un minucioso trabajo, armados de herramientas que les permiten tratar los restos óseos con la mayor delicadeza posible para, después, poder catalogarlos y comenzar con una investigación que permita identificar a quién pertenecen los restos para entregárselos, como última meta, a sus familias para que puedan «enterrar dignamente a sus seres queridos», reivindica Rodríguez.

Las estadísticas son optimistas. Desde que la asociación empezara a exhumar cadáveres en el año 2000, se han recuperado unos 1.500 cuerpos, de los que el 80% han sido identificados, aunque «a veces es muy complicado», asegura Rodríguez.

La exhumación que se ha estado llevado a cabo durante la pasada semana en Casasola es el «proceso intermedio de la investigación». Junto a los seis cuerpos encontrados en la ‘Valleja de los muertos’, por el momento, han ido apareciendo balas (alguna de ellas aún conservaba la fecha grabada en su base, 1936) y casquillos, que, con los signos de violencia que presentan los huesos, dejan bastante claro que las víctimas murieron por los disparos de armas de fuego. En esto también coinciden los vecinos más mayores de los pueblos cercanos, que reconocen haber oído disparos en alguna noche de esos años en la zona, aunque la memoria ya no les llega para recordar más detalles.

La fuente de los lugareños es una de las más preciadas por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. La mayoría, de forma oral, como confirma Pacheco, «testimonios que a día de hoy no suelen ser directos, porque la gente ha ido muriendo», lo que supone «una dificultad añadida al hacer este trabajo». «Hace años la gente te marcaba un lugar exacto», recuerda, «ahora es un paraje en el que hay que ir buscando». Pese a ello, «los testimonios siguen siendo fundamentales a día de hoy para encontrar estas fosas».

También se ha volcado «muchísimo», la gente de Casasola y «de los pueblos de alrededor», gente «que lo ha escuchado en casa durante toda la vida», por un lado, pero también «gente joven que sabe que aquí hay gente enterrada», lo que demuestra, dice Pacheco, «que la historia no se ha borrado». La colaboración quedó también demostrada. Un hombre mayor, de Villarratel y descendiente de Casasola, acudió al lugar en el que se están llevando a cabo las exhumaciones para aportar una documentación antigua, anterior incluso a la Guerra Civil, «por si es necesaria».

La Asociación ha exhumado unos 1.500 cadáveres desde el año 2000, de los que el 80% han sido identificados

Él no había perdido a nadie de su familia allí, pero recuerda haber oído «de siempre», que «aquí habían fusilado a gente». Como esta visita, los trabajadores de la ARMH recuerdan que se trata de un lugar abierto «donde la gente puede venir a ver, a preguntar o a conocer cuál es el trabajo que se realiza porque es importante que se conozca», resalta Pacheco. Personas voluntarias que «están solucionando problemas de derechos humanos en España sin que esté por detrás el Estado ni ningún tipo de institución apoyando», destaca.

En las exhumaciones, solicitan la presencia del juez. En este caso, acudió al lugar un efectivo de la policía judicial, que llegó a la excavación junto a dos agentes de la Guardia Civil para comprobar los trabajos y fotografiar los restos hallados, tanto humanos como de armas. «Solicitamos que venga un juez para denunciar que ha habido muertes violentas, pero ya no está estipulado como delito», explican desde la ARMH.

También han encontrado balas y casquillos, datados en el año 1936. | C.C.L.

Los restos de las seis personas que se han encontrado en las dos fosas abiertas hasta ahora se encuentran en «bastante buen estado de conservación», confirman, por lo que confían en poner nombre y apellidos a estas «víctimas de la represión». Temen que las dos fosas, pese a que están justo al lado, sean de días diferentes (aunque de la misma época). Para identificar a las víctimas, tienen que conocer más sobre el enterramiento, el número de asesinados, qué personas fueron sacadas o secuestradas en un mismo día que puedan coincidir con éstas, o perfiles biológicos que aporta la antropología forense como el sexo, la edad o la altura, que puedan ir descifrando poco a poco de quién se trata.

Durante este verano continuarán los trabajos en la zona para seguir buscando fosas. «Estamos intentando buscar un enterramiento muy cerca de aquí que sería una fosa grande, de al menos una veitena de víctimas», confirma René Pacheco. Además, por los testimonios, en la zona puede haber muchos más cadáveres. «Nadie nos dice que a cinco metros de aquí no haya más», concluye.

Un equipo de doce personas

Un grupo de doce personas, voluntarios que se unen a las labores de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, trabajan en esta investigación que ha tenido como primer hallazgo dos fosas con los restos de seis personas, pero que, previsiblemente, continuará durante este verano ya que se teme que en la zona existan muchas más fosas con restos de fusilados durante la Guerra Civil española.

La mayoría, realizan el trabajo «sin tener nada a cambio, más que poder ayudar a los familiares a recuperar algo que no debería de continuar enterrado en las cunetas», explica René Pacheco, arqueólogo de esta investigación. «Ellos realizan el trabajo de campo, mientras que los que dirigimos la excavación estamos catalogando los restos con un trabajo científico necesario para que haya validez judicial si algún momento la justicia, que por el momento no lo va a hacer, decide hacer algo por investigar ésto», relata.

Financiación internacional

Precisamente, el trabajo de los voluntarios es clave en las labores de la ARMH, ya que se financia con el dinero que aportan sus propios socios y a través de algunos organismos internacionales, como el sindicato noruego Elogit, y algunos reconocimientos, como el premio Alba Puffin que recibieron el pasado mes de mayo, con una aportación económica de 100.000 euros.

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Fotografía destacada: Un grupo de la ARMH trabaja en la segunda fosa hallada en Casasola de Rueda, donde se han encontrado los restos de cuatro personas. | C.C.L.

http://www.lanuevacronica.com/recuperar-la-historia-para-cerrar-heridas

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Ni odio, ni rencor, ni justicia

La Región/Gonzalo Iglesias Sueiro/06-06-2015

Hannah Arendt escribió en su libro “Eichmann en Jerusalén”: “La justicia, que no la misericordia, es la finalidad de todo juicio, y en ningún otro punto es tan felizmente unánime la opinión pública como en que nadie tiene derecho a juzgar al prójimo. Lo que la ciudadanía nos permite juzgar, e incluso condenar, son las tendencias generales, o los grupos de seres humanos -cuando más amplios mejor-. Nos permite juzgar algo tan general que ya no cabe efectuar distinciones ni mencionar nombres”.

Mañana, día 7 de junio, se entregan a la familia De Dios los restos de Perfecto de Dios Fernández, asesinado por unos desalmados “agentes del orden” (?) el 16 de mayo de 1950. El cadáver fue enterrado extramuros del cementerio de la localidad de Chaherrero (Crespos, Ávila). El crimen fue uno más de los muchos cometidos por el franquismo en los años posteriores a la Guerra Civil. Hoy no se trata de juzgar a los agentes que físicamente cometieron el delito, sino a un régimen cruel y sanguinario que enfrentó a los españoles en una escalada de odio y rencor que durante generaciones ha estigmatizado a nuestro pueblo. Los valores de tolerancia, respeto al otro, equidad, libertad y justicia fueron secuestrados durante los cuarenta años que gobernó el dictador. Miles de familias fueron destrozadas por la violencia sin límites que reinó con la mayor impunidad, y una de esas familias desgarradas fue la de Camilo de Dios.

Camilo es un gran hombre, bueno, honesto y sobre todo coherente con su ideología, con un pensamiento solidario y de entrega a los demás. A pesar de las terribles torturas a que fue sometido, a pesar de los años de cárcel que sufrió por defender los derechos ciudadanos, a pesar de saber que su hermano fue asesinado, a pesar de todo, Camilo no odia, no siente rencor hacía los desalmados que ejercieron de verdugos en nombre del dictador. Coincide con Arendt en que la perversidad del régimen fascista propició el clima para que los insignificantes malvados pudieran desarrollar el mal que anidaba en sus corazones, amparados por la ideología exterminadora del fascismo.

Nuestra democracia nunca estará consolidada hasta que el Congreso de Diputados condene unánimemente los crímenes del franquismo, como ya lo hizo el Parlamento de Galicia. Hay que seguir aplicando y financiando la Ley de la Memoria Histórica, paralizada y boicoteada por el actual Gobierno. El Ejecutivo debe de garantizar que no quede un solo cadáver en las cunetas o en los campos de España. Las familias han de poder enterrar con dignidad a sus muertos. Mientras eso no suceda, el franquismo seguirá vivo.

Mañana, gracias a la solidaridad internacional (el sindicato noruego ELOGIT) y a la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), un hombre de A Limia, un joven asesinado a los 19 años en los brazos de su madre, un luchador por las libertades será enterrado dignamente en su tierra y Camilo, el amigo de todos, el penúltimo guerrillero, podrá decir que la justicia, aunque sea con retraso, siempre triunfa. Lástima que su madre no viva para verlo, aunque sus restos se unan con los de su hijo Perfecto en un abrazo eterno.

http://www.laregion.es/opinion/gonzalo-iglesias-sueiro/ni-odio-ni-rencor-ni-justicia/20150606082921548064.html

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