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La “querella argentina” multiplica los pedidos de exhumación en fosas comunes

Hay unas 150 familias de las víctimas de la dictadura española que solicitaron la identificación de los restos en la justicia argentina tras el hallazgo del cuerpo de Timoteo Mendieta. telam.com.ar / Hebe Schmidt / 14-06-2017 El hallazgo del cuerpo de Timoteo Mendieta, luego de la exhumación requerida por la jueza federal María Servini en la […]

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Querella Argentina

Organizaciones humanitarias de Argentina y España, junto al Nobel de la Paz 1980 Adolfo Pérez Esquivel, presentaron el 14 de abril del año 2010 en los tribunales de Buenos Aires una querella para iniciar una investigación sobre el “genocidio” y los crímenes de lesa humanidad cometidos contra miles de personas durante la Guerra Civil y […]

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Claves del boicot de España a la querella argentina contra el franquismo

La jueza argentina María Servini ha visto cómo la Fiscalía se opuso desde el minuto cero a la extradición de cargos franquistas o cómo se ha dado la orden de no tomar declaración en juzgados españoles. La causa se abrió hace 6 años con las denuncias de víctimas y familiares tras quedar cerradas la vías […]

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La jueza de la “querella argentina” pide exhumar una víctima en Guadalajara

La jueza argentina María Romilda Servini de Cubría, que instruye la denominada “querella argentina” contra los crímenes del franquismo, ha emitido un exhorto para que se exhume una supuesta víctima de la Guerra Civil en Guadalajara. eldigitalcastillalamancha.es / EDCM/EFE / 22-07-2015 Así lo ha dado a conocer hoy en una rueda de prensa que ha […]

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EL JUEZ ANDREU DE LA AUDIENCIA COLABORA CON LA QUERELLA ARGENTINA CONTRA EL FRANQUISMO

El magistrado  tomará declaración este jueves a las 10 horas, junto a la jueza argentina María Servini, a dos mujeres represaliadas por la dictadura. Andreu también está realizando gestiones para que la jueza pueda visitar la antigua Dirección General de Seguridad.

Público.es / ALEJANDRO TORRÚS / 27-05-2014

La jueza argentina María Servini (izq) y el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu.EFE

La jueza argentina María Servini de Cubría y los abogados de la querella argentina han encontrado un aliado inesperado dentro de la Audiencia Nacional: el juez Fernando Andreu. El magistrado ha rescatado de los juzgados de Plaza Castilla la comisión rogatoria de la jueza argentina en la que solicitaba tomar declaración a dos víctimas de la dictadura y ha citado a declarar a estas dos mujeres en la propia sede de la Audiencia Nacional este jueves a las 10 horas de la mañana, según han informado a Público fuentes judiciales. Junto a Andreu estará la juez María Servini de Cubría que podrá intervenir y, por tanto, tomar declaración a las dos víctimas.

Lo más probable es que la declaración la tome el juez Andreu en presencia de la juez María Servini que tendrá derecho a intervenir y a preguntar lo que considere pertinente”, han señalado a este medio fuentes judiciales, que afirman que este movimiento de Andreu es “importantísimo” para la querella argentina porque significa que la cúpula de la Audiencia Nacional “asume” la obligación de la Justicia española de colaborar con la Justicia Universal.

La jueza Servini visitará el edificio de la DGS, donde está ahora la Comunidad de Madrid

Asimismo, el juez Andreu también ha iniciado gestiones para que la jueza María Servini, que llega esta misma tarde de martes a Madrid, pueda visitar el Archivo Histórico Nacional y la Dirección General de Seguridad(DGS), actual palacio de Gobierno de la Comunidad de Madrid y centro de detención y tortura durante la dictadura franquista. Así, según ha podido saber Público, la visita al Archivo Histórico Nacional está ya confirmada con la directora del Archivo y en las próximas horas se tratará de cerrar la cita en la DGS.

El movimiento del juez Andreu muestra el apoyo del magistrado a la Justicia Universal, en general, y a la querella argentina, en particular. Suya ha sido la decisión de rescatar la comisión rogatoria enviada por jueza argentina de los juzgados de Plaza de Castilla para elevar esta toma de declaración a una instancia superior como es la Audiencia Nacional. Cabe recordar que el magistrado Andreu se ha mostrado muy crítico con la reforma de la Justicia Universal del Gobierno de Mariano Rajoy, que fue calificadapor el juez como “chapucera”.

Rescate del requerimiento

La jueza argentina María Servini había enviado al Ministerio de Justicia una serie de comisiones rogatorias en las que solicitaba el auxilio de jueces españoles para la toma de declaración de víctimas de la dictadura franquista, en virtud del Tratado de Extradición y Asistencia Judicial en materia penal entre el Reino de España y la República Argentina. Estas comisiones rogatorias fueron trasladadas a los jueces decanos de cada ciudad donde la jueza tenía intención de tomar declaraciones o recabar documentos que considera relevantes para su investigación.

Una vez en manos del juez decano, estas comisiones fueron trasladadas al juzgado de turno o a aquel que tuviera una causa abierta por los crímenes de la dictadura franquista, que debían decidir si aceptaban o denegaban la petición de Servini y colaborar o no con la Justicia argentina. En este caso, según ha podido saber Público, las comisiones rogatorias enviadas por la jueza para la toma de declaraciones en Madrid se encontraban paralizadas en el juzgado de instrucción número 17 de Plaza Castilla.

Sin embargo, tras tener conocimiento de este hecho, el juez Andreu ha decidido elevar la comisión rogatoria a la Audiencia Nacional y auxiliar él mismo a la jueza argentina evitando, de esta manera, que los planes de la jueza puedan verse frustrados como ya ocurrió en Miranda del Ebro, con la entrevista al miliciano Félix Padín, y en Málaga, con la visita almonolito homenaje a las víctimas del franquismo ubicado en elcementerio de San Rafael.

Dos víctimas nonagenarias

Las dos personas citadas a declarar para este jueves son, tal y como adelantó Público, Faustina Romeral Cervantes, de 90 años, y Teresa Álvarez Alonso, de 93 años. En este sentido, fuentes judiciales han señalado a Público que el único extremo que falta por confirmar es si estas mujeres podrán trasladarse a la Audiencia Nacional dado su elevada edad.

Faustina Romeral relatará a la jueza, entre otros cosas, el fusilamiento de su padre en noviembre de 1939 y los seis años que ella misma pasó en la cárcel como enlace del PCE en Madrid.

Por otro lado, Teresa Álvarez podrá contar a la Justicia la tragedia de su familia. Su abuelo fue fusilado, su padre estuvo encarcelado y se quedó sordo tras las torturas recibidos y un hermano suyo desaparecería para siempre tras ser detenido por las autoridades franquistas habiendo testigos que señalan que fue fusilado.

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ANA MESSUTI: “LA QUERELLA ARGENTINA ESTÁ MUY BIEN PERO LO IDEAL ES QUE SE JUZGUE LA DICTADURA AQUÍ”

La abogada de las víctimas de la dictadura franquista ante la Justicia argentina publica ‘Un deber ineludible’, un ensayo que nace de su tesis doctoral y que indaga en la obligación internacional de los Estados de perseguir penalmente los crímenes internacionales cometidos en su territorio.

Público.es / ALEJANDRO TORRÚS / 23-04-2014

La abogada de las víctimas de la dictadura franquista ante la Justicia argentina, Ana Messuti.

Rodeada de víctimas de la dictadura franquista, juristas de reconocido prestigio, antiguos alumnos de la Universidad de Buenos Aires y funcionarios de la Embajada argentina en Madrid, entre otras personalidades, Ana Messuti, abogada de la acusación en la llamada querella argentina, presentó ayer su último libro, Un deber ineludible. La obligación del Estado de perseguir penalmente los crímenes internacionales (Editorial Ediar), una obra que nace de la tesis doctoral de la letrada en la Universidad de Salamanca y que indaga en la obligación internacional de los Estados de perseguir penalmente los crímenes internacionales cometidos en su territorio.

La obra, tal y como contó Laura Zúñiga, catedrática de Derecho Penal de la Universidad de Salamanca y directora de la tesis doctoral, nació del deseo de la autora de encontrar en el Derecho Penal una solución duradera al problema de la impunidad de la dictadura franquista, en particular, y de los crímenes de lesa humanidad y/o genocidio, en general. “La autora se planteó qué pedían la Memoria Histórica y las víctimas al Derecho Penal y cuáles de esas demandas podían ser resueltas por el Derecho Penal y el resultado es esta obra”, ha señalado Zúñiga, que señaló que la tesis de Messuti ha sido “la que más satisfacciones” le había traído.

Asimismo, el acto de presentación contó con la participación de Ariel Jerez, profesor de Ciencias Políticas y Vicedecano de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UCM, y de Ramón Sáez Valcárcel, magistrado de la Audiencia Nacional, que reparó en la paradoja de que el Derecho Internacional que no fue capaz de evitar que algunos estados cometieran genocidios es el mismo que está obstaculizando la investigación, persecución, enjuiciamiento y reparación de las víctimas de esos genocidios. “¿Qué credibilidad tienen nuestros sistemas democráticos? ¿Están asentados sobre los valores de derechos inalienables de las personas o sobre otros valores y razones?”, reflexionó el magistrado.

Su obra parte de la idea de que gran parte de los crímenes más terribles del siglo XX han quedado impunes porque los códigos penales de los Estados nacionales no contemplan los crímenes que se cometieron como el genocidio o crímenes de lesa humanidad. ¿Qué solución plantea para dar justicia a las víctimas?

La impunidad tiene mucho que ver con la voluntad de no investigar y no juzgar. Los crímenes internacionales (genocidio crímenes contra la humanidad) son tales por su gravedad. Y son tan graves porque los Estados han favorecido su comisión o han amparado a sus autores. Por lo tanto, es muy difícil que el Estado donde se han perpetrado los crímenes se ocupe de perseguir a sus autores. En cambio, toda la comunidad internacional está interesada en que no se cometan ese tipo de crímenes, en que no queden impunes. Por ello, las normas que los prevén son las normas del derecho internacional. Sólo recientemente se van incorporando a los Códigos penales nacionales los tipos penales correspondientes a los crímenes más graves. Lo ideal sería que se considere la unidad del Derecho internacional y el Derecho nacional. Es decir, que haya una unidad entre el Derecho nacional y el Derecho internacional, y que el Derecho nacional respete la preeminencia del Derecho internacional (generalmente reconocida en las constituciones nacionales). Combatir la impunidad es necesario para que no sea letra muerta lo dispuesto en los tratados de derechos humanos.

“Es muy difícil que el Estado donde se han perpetrado los crímenes se ocupe de perseguir a sus autores”

España, a pesar de haber firmado la Convención contra la tortura, por ejemplo, no persigue a aquellos que torturaron sistemáticamente y considera esos crímenes prescritos. ¿Actualmente esos tratados de derechos humanos que ha firmado España son letra muerta hasta que se juzgue el franquismo?

Considerar prescritos crímenes tan graves como la tortura practicada sistemáticamente revela la voluntad de no juzgarlos. Los tratados no son letra muerta, simplemente la justicia española no los considera vinculantes, sino como meras recomendaciones. Sin embargo, los tratados como la Convención contra la tortura generan obligaciones para los Estados.

¿Qué Estados y qué crímenes están quedando impunes actualmente?

Ahora mismo, por muchos motivos, pensamos en primer lugar en los crímenes de la dictadura franquista. Pero hay muchos crímenes que quedan impunes y que pueden quedar impunes tras la reforma legislativa de la Ley Orgánica del Poder Judicial respecto a la jurisdicción universal. También en América Latina hay muchos crímenes que han quedado impunes, como en el caso de Guatemala (a pesar de haberse juzgado), Brasil, Uruguay, El Salvador.

Usted vivió en primera persona la locura de un régimen autoritario tratando de eliminar a sus rivales. Era profesora auxiliar de la Universidad de Buenos Aires cuando abandonó el país al sentirse amenazada.

Me echaron de la facultad. Sentí la amenaza y decidí irme (tenía hijos muy pequeños). Luego me di cuenta de que había hecho muy bien en irme.

Le hago esta pregunta porque le quiero preguntar qué siente ahora cuando su país, Argentina, está juzgando los crímenes de aquella dictadura de la que usted fue “exiliada preventiva” y está encarcelando a los responsables.

Me siento muy bien, pero no por la venganza. Me siento bien porque veo que el sistema jurídico de mi país está funcionando bien y está tratando por todos los medios, sin malabarismos improcedentes y con buena fe, de leer el derecho de manera tal que el ordenamiento jurídico resulte coherente, es decir, que si bien penaliza los crímenes menos graves no deja impunes los más graves. Eso es fundamental.

“Es una reparación simbólica y física porque supone un desahogo: de su boca salen palabras que tienen sofocadas desde hace años”

¿Se siente reparada?

Personalmente, no lo sé. Sí por todos mis compañeros y por los hijos de los desaparecidos. Siento esa reparación. Una reparación que no es económica y que sólo se siente cuando la hace la Justicia.

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LA QUERELLA ARGENTINA APORTA NUEVOS NOMBRES DE PRESUNTOS TORTURADORES DE LA POLICÍA FRANQUISTA

El abogado de la causa contra los crímenes del franquismo, Carlos Slepoy, viaja a Buenos Aires para presentar denuncias concretas por violaciones de derechos humanos.

La primera serie revela siete nombres de mandos policiales que llegan a la justicia Argentina citados en sus testimonios por querellantes como el ex secretario general del Partido Comunista, Gerardo Iglesias.

eldiario.es / JUAN MIGUEL BAQUERO / 26-03-2014

La Fiscalía se opone a la extradición de Billy el Niño a Argentina

La Querella Argentina contra los crímenes del franquismo va a sumar nuevas imputaciones. El primer paso será presentar varias listas con acusados por violar los derechos humanos que se adjuntarán a la causa instruida por la jueza María Servini de Cubría en el Juzgado Número 1 de Buenos Aires. La intención es que la magistrada emita órdenes de extradición y detención. Como ocurrió en los casos de Jesús Muñecas y Juan Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño. Los primeros siete presuntos torturadores dados a conocer actuaron en el marco de las fuerzas armadas y de represión policial.

A estos nombres se les sumarán otros “casos de denuncias por tortura” que el abogado de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina contra los crímenes del franquismo (CEAQUA), Carlos Slepoy, presentará en Buenos Aires para  formalizar las acusaciones y proponer nuevas diligencias. Después de acumular más de doscientas querellas en el proceso –abarcan “un amplio espectro de delitos”– CEAQUA pretende “que trascienda que la represión y la tortura no fue una cosa puntual sino que estaba permitido, amparado y extendido en el régimen franquista”.

Los policías acusados son:

Jesús González Reglero (Madrid, 1949). Ingresó en el Cuerpo Nacional de Policía (1967) y en el grupo ‘AntiGRAPO’ dirigido por Billy el Niño. En 1982, un periódico nacional lo tildaba como “uno de los más duros durante la época de la represión franquista” y relacionado “con personas de la extrema derecha”. En 1979 pasa a la ‘Brigada Antigolpista’. Jubilado el pasado 31 de enero, posee multitud de condecoraciones.

Alfredo Rodríguez Bonilla lo cita como torturador en su querella: “…los policías que se encontraban ahí me golpeaban e insultaban… el inspector Jesús González Reglero, este último con la cadena con la que fui detenido, sonriendo y haciéndola girar… mandó que me quitaran las esposas y que me situara a cierta distancia de la pared con las piernas abiertas… José Ignacio Giralte González y Jesús González Reglero me decían que bajara la cara… me golpeaban, por la espalda recibí golpes… con las cadenas… patadas en la entrepierna… me decían ‘di que tu madre es una puta, di que tu padre es un maricón’… estuve noqueado durante un tiempo… el siguiente recuerdo que tengo es en la enfermería”.

Ricardo Algar Barrón (1948). Entra en la Escuela General de Policía (1969), comisario en 1988. Procesado en 1974 por un delito de lesiones durante el interrogatorio de Andrés González Somolinos.

José María Galante Serrano declara: “En mi segunda detención, en la que permanecí diez días en la DGS, entre los policías que me torturaron… se encuentran Ricardo Algar Barrón y Celso Galván Abascal… el primero participó en malos tratos y vejaciones durante mi tercera detención y, en la cuarta me hizo saber que me tenía un odio particular y que, si por él fuera, yo sería de los que no salen vivos de la DGS”.

Félix Criado Sanz. Oficial del ejército, pasa a la Escala Ejecutiva del Cuerpo Superior de Policía (1942). Inspector Jefe de la Brigada de Investigación Social de Bilbao. Cruz del Mérito Policial en 1967.

Denunciado por “curas de Zamora” y por Jon Etxabe Garitacelaya, que en 1969 fue, durante siete días, “salvajemente torturado junto con otros militantes: golpes a mansalva, la rueda, la rana… El responsable de la detención e interrogatorios con torturas es Félix Criado Sanz”.

Pascual Honrado de la Fuente. Trabajó en la Brigada Político Social (BPS). Inspector de policía y Escuela de Mando del Cuerpo General de Policía. Cruz del Mérito Policial.

Denunciado por Gerardo Iglesias, ex secretario general del Partido Comunista de España (PCE) y ex presidente de Izquierda Unida: “Me trajeron a Oviedo al cuartel… me pasaron a manos de la BPS… Allí estaba Pascual Honrado de la Fuente… Era uno de los torturadores más terribles. Especializado en tumbarte al suelo dándote puñetazos en el hígado. Te daban patadas, hostias de toda clase, sufrías todo tipo de ensañamientos, aparte de humillaciones… El más bestia de todos era Pascual Honrado… un día me dijo que cuando muriera Franco ellos no iban a perder nada porque eran funcionarios… consideraban normal un empleo que consistía en torturar o en pegar un tiro en la nuca”.

Jesús Quintana Saracibar (Vitoria, 1941). Capitán de la Policía Armada, al mando de las fuerzas que asaltaron la iglesia de San Francisco de Asís del barrio de Zaramaga (Vitoria, marzo del 76). Causaron la muerte por disparos de bala a cinco civiles e hirieron a otros 50.

Imputado por la Asociación 3 de Marzo Vitoria, Andoni Txasco y José Luis Martínez Ocio.

Atilano del Valle Oter. BPS, inspector y jefe de grupo de la Brigada de Investigación Social. Destinado a Barcelona desde los 70. Cruz al Mérito Policial. Varias condenas por lesiones a detenidos por razones políticas.

Miguel Jiménez Hinojosa, detenido en 1971, con 23 años: “…los funcionarios… Atilano del Valle Oter y Francisco Rodríguez Álvarez le disparan a bocajarro y lo tiran por la ventana”. Por la “gravedad de las heridas” es evacuado al Hospital Clínico de Barcelona. Diagnóstico: “conmoción cerebral con posible fractura de la base del cráneo, fractura de pelvis, rotura hepática, contusiones y heridas varias de pronóstico muy grave”.

Benjamín Solsona Cortés (1931). BPS. Destinado a Valencia (luego Bilbao y Baleares), conocido con el seudónimo de El Galleta. Múltiples denuncias como torturador de trabajadores y estudiantes detenidos. Destacó en los interrogatorios y torturas contra una veintena de universitarios del Partit Comunista del País Valencià en 1971.

Juan José López Hernando y Francisco Camarasa Yáñez relatan que, durante “el Estado de Excepción en que se suspendió parcialmente el Fuero de los españoles”, en 1971, los detuvo la “policía política del franquismo”. Incomunicados 19 días, acusados de “asociación ilícita –pertenecer al PCE– y propaganda ilegal –difundir escritos contra la dictadura de Franco–”, sufren “golpes en los pies, la cabeza y el cuerpo, inmersiones en el agua, patadas…” de los policías “Benjamín Solsona, Jacinto López Acosta, Manuel Ballesteros, Ángel Castellanos, Luis Emilio Ávila y otros”.

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LA QUERELLA ARGENTINA SIGUE AVANZANDO

A una semana de la constitución formal de la Plataforma Argentina de apoyo a la querella contra los crímenes del franquismo, la Cátedra Libre de Salud y Derechos Humanos de la Facultad de Medicina y la Cátedra Libre de Derechos Humanos de la Facultad de Filosofía y Letras, organizaron un foro abierto con las temáticas: ‘Justicia universal. Los crímenes de la dictadura franquista. Impunidad en España. Búsqueda de justicia en Argentina’.

La Marea /  / 15-09-2013

En esta actividad participó Carlos Slepoy, abogado argentino que lleva adelante la querella, acompañado por los primeros tres querellantes, Darío Rivas, Inés García Holgado y Adriana Fernández. Amparados por el principio de justicia universal por el cual “no importa la nacionalidad de la víctima sino la naturaleza del crimen” han logrado que la justicia argentina los escuchara, impulsando a más de 150 querellantes que esperan ansiosos poder dar testimonio de sus historias.

La causa, iniciada hace tres años, “no ha logrado aún la atención que merece por su importancia histórica a nivel mundial”, reconoce Slepoy. Sin embargo, después de más de 40 años de impunidad y de una transición compleja de una dictadura feroz a una democracia que no logra deshacerse de miedos y silencios, en estos días se han hecho grandes avances.

La presencia de la delegación española que llegó a Buenos Aires los primeros días de septiembre (José María ‘Chato’ Galante y Josu Ibargutxi, ex presos políticos del régimen franquista y Soledad Luque, titular de la asociación ‘Todos los niños robados son también mis niños’) dio impulso a un creciente apoyo de distintos organismos de derechos humanos de Argentina como Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo (Línea Fundadora), Liga argentina por los derechos del hombre, y distintas instituciones de la colectividad española entre otros.

En estos pocos días, la querella argentina ha conseguido el apoyo del Congreso de la Nación Argentina con la firma de su presidente, Julián Domínguez, y de varios diputados; además sus promotores han tenido reuniones con diferentes personalidades del ámbito político y cultural. La Plataforma Argentina trabajará en conjunto con numerosas Plataformas de apoyo a la querella argentina que han venido conformándose y creciendo en toda España en estos últimos meses.

Esta acción legal, que contempla delitos de genocidio y lesa humanidad cometidos durante la Guerra Civil Española y la dictadura franquista, va uniendo historias que siguen doliendo a pesar del paso del tiempo y se potencian en el presente para recuperar la memoria histórica y lograr el fin de tanta impunidad.

Los grandes medios de comunicación muchas veces parecen ignorar el tema, pero la sociedad civil acompañada por gran cantidad de asociaciones de derechos humanos y de rescate de la memoria siguen tratando de hacer visible los hechos que otros sectores tratan de ocultar y que ya no pueden taparse: nietos que buscan los restos de sus abuelos, miles de niños apropiados con nombres falsos dentro de un plan sistemático y legalizado, torturas y represiones a ex presos políticos, centenares de víctimas de trabajo esclavo que durante años realizaron obras públicas que beneficiaron a empresas, etc.

Los querellantes no bajan los brazos, siguen reclamando justicia y dando a conocer testimonios de sus historias. Darío Rivas, fue el primer querellante, que después de muchos años pudo rescatar los restos de su padre, alcalde de un pueblo de Galicia, asesinado por la falange, y darle numerosos y reconocidos homenajes. Inés García Holgado sigue reclamando justicia por su abuelo nacido en Salamanca, funcionario de correos y telégrafos, detenido y encarcelado por el delito de “auxilio a la rebelión” y luego asesinado, al igual que su tío y dos tíos abuelos. Y Adriana Fernández es nieta del ‘Cesterín’, ella luchó hasta lograr la exhumación de los restos de su abuelo, y hoy es parte de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica.

Al principio, su principal objetivo fue el de encontrar los restos de sus familiares y descubrir la verdadera historia ocultada durante años. Hoy ese objetivo es el de unirse para reclamar justicia y seguir impulsando esta querella argentina contra los crímenes del franquismo. Carlos Slepoy confía en que en un tiempo corto fiscales y jueces españoles se van a atrever a cuestionar tanta impunidad.

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“LOS CRÍMENES DEL FRANQUISMO NO QUEDARÁN IMPUNES EN LA QUERELLA ARGENTINA”

“Manuel Fraga Iribarne no ha sido imputado porque ha muerto. Respecto a los demás que han tenido responsabilidades equiparables a las que él tuvo en el franquismo, seguramente habrá novedades en un futuro”.

Con el objetivo de terminar con la impunidad de los crímenes cometidos bajo la dictadura franquista, el conocimiento de la verdad y la reparación de las víctimas, se inicia el 14 de abril del 2010 una querella dispuesta a juzgar en Argentina los crímenes cometidos en el franquismo.

Ex presas y ex presos políticos, fusilados, apropiación de niñas y niños, trabajo esclavo y familiares de quienes han sido asesinados, todas las personas que han sufrido la represión franquista están uniendo fuerzas en esta querella ya que el Estado español está archivando todos los casos o bien dejándolos en un limbo legal en que la denuncia cumple años sin llegar a investigación o juicio alguno.

Aunque en esta querella la colaboración española es nula, Carlos Slepoy, abogado que trabaja desde su inicio en este proceso judicial, junto la jueza María Servini que la encabeza, hace posible este camino hacia el juicio al Franquismo.

FEMINICIDIO.NET / Ana Costoya Viqueira / 19-02-2013

 Las acciones desde el otro lado del charco se inician cuando el juez español Baltasar Garzón es procesado por prevaricación en 2008 por su investigación sobre los crímenes del franquismo, en la que colaboraron historiadores de la talla de Ricard Vinyes. Entre los españoles emigrados a Argentina víctimas de la represión franquista surgió con fuerza la intención de emprender una acción a través del principio de Justicia Universal.

Este principio jurídico permite a los tribunales de justicia de cualquier país del mundo tener competencia para investigar crímenes contra la humanidad cometidos en otro país, independientemente de la nacionalidad de víctimas y victimarios o el interés particular del Estado. De este modo, la jueza María Servini de Cubría y su equipo de abogados, actúan en nombre y representación de la comunidad internacional al encabezar esta querella contra los crímenes franquistas. Carlos Slepoy, además de ser uno de los abogados actuales que conducen esta acción judicial, es una de las personas que vio y participó en el nacimiento de la querella.

– Cómo surgió esta querella?

– Personalmente, en un viaje a Argentina, comenté en una entrevista periodística que sería muy importante que desde allí se iniciara un proceso del mismo modo que se había realizado en España a través de Garzón, y la administración de justicia española, en relación con los crímenes cometidos en Argentina, Chile y otros países de América del Sur. A raíz de ello nos unimos compañeros que estábamos pensando en este tema, nos reunimos, y decidimos interponer una querella. Del mismo modo que las investigaciones llevadas a cabo desde España en su momento por el juez Garzón, constituyeron un enorme estímulo para el fin de la impunidad en estos países, confiamos en que la querella argentina cumpla igual objetivo.

– Si bien, con la prevaricación de Garzón y, como fue expresado en el sumario de 2008, las denuncias fueron derivadas a las Juzgados Territoriales y, la mayoría de ellas, han quedado en medio de un limbo judicial en el que la denuncia no se mueve. ¿Qué pueden hacer esas personas?

– Desde luego llevar a cabo todo tipo de iniciativas, que las hay y muchas, tanto dentro como fuera de España. La de participar en la querella es una de ellas y de enorme importancia. Todas las personas afectadas por los crímenes del franquismo pueden ser parte de la querella. No hay límite alguno.

La previsión es que en ésta se adopten todo tipo de medidas, entre otras el dictado de órdenes internacionales de detención, tal como hizo Garzón en su día respecto de muchos responsables de crímenes en Argentina y Chile.

– Vosotros, con esta querella, ¿estáis sufriendo represalias?

– No represalias pero sí trabas, como era de prever. Por parte de la justicia argentina se pidió la colaboración a través del envío de dos Comisiones Rogatorias a las autoridades españolas pero se han negado a prestarla.

– En la primera se solicitaba información acerca de si se estaban investigando los crímenes del franquismo y, en su caso, cuáles eran los tribunales que lo estaban haciendo. Contestó la Fiscalía General del Estado español mediante un informe en el que afirmaba que existían múltiples investigaciones.

– Contestamos a este informe acreditando que se trataba de una falacia absoluta porque en realidad todos los procedimientos se estaban archivando bajo el insostenible argumento que los delitos estaban prescritos, que los responsables ya habían muerto o que la ley de Amnistía impedía investigarlos.

– Ante el mismo, la jueza a cargo del procedimiento envió una nueva Comisión Rogatoria, esta vez con numerosas peticiones, entre ellas que se le informara sobre los datos de filiación, fe de vida y residencia de numerosos responsables. Nuevamente fue contestada negativamente, reiterándose las mismas afirmaciones que en la contestación anterior, a la que se agregaba la insólita sugerencia de que la jueza remitiera sus actuaciones a España para ser acompañadas a supuestos y fantasmales procedimientos.

– En esta situación nos encontramos actualmente. Se siguen presentando muchas querellas, se está tomando testimonio a víctimas y se prevé que próximamente se lo haga a través del sistema de videoconferencia para quienes no puedan viajar desde España a Argentina. Por otra parte, vamos a presentar un escrito solicitando la imputación de varios responsables que están vivos.

– ¿Cuántas de las personas responsables de crímenes franquistas en España están vivas?

– Hay que tener en cuenta que la querella argentina no se refiere solo a la época de la guerra civil y la inmediata posguerra sino que abarca toda la dictadura franquista: desde el 17 de julio de 1936 al 15 de junio del 1977, fecha de las primeras elecciones democráticas en España. Hay muchísimos responsables que están vivos: ministros, torturadores, policías, gente que participó en asesinatos, apropiadores de niños… Y hay muchas pruebas.

– El procedimiento está en marcha y nuestra vocación es que se los detenga y extradite a Argentina para ser juzgados allí donde se los encuentre, incluida España por supuesto.

– Obviamente contamos con que el gobierno español se va a negar a colaborar. Pero ello acreditará que no sólo se impide que puedan ser juzgados en España sino que también se pretende que no sean sometidos a la justicia en cualquier otro lugar. En definitiva, que se los protege. España se convertirá así en el único refugio con que cuenten los grandes criminales y quedará aún más en evidencia ante la comunidad internacional. Esta situación, además, estimulará a las víctimas en la lucha que están librando para terminar con la impunidad del franquismo.

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ACTO DE APOYO A LA QUERELLA ARGENTINA CONTRA LA IMPUNIDAD DEL FRANQUISMO

Sábado, 6 de octubre de 2012 – A las 20:00 h. Auditorio MARCELINO CAMACHO. Comisiones Obreras. C/ Lope de Vega, 40 – Madrid PRESENTACIÓN y CONDUCCIÓN DEL ACTO: Carlos Olalla y Fany Condado, actores. Proyeccción del vídeo sobre La Querella Argentina.Testimonio de Fausto Canales, hijo de desaparecido.Lectura del poema de Luis Cernuda “Un español habla de […]

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