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Una misa rendirá homenaje a “los caídos por Dios y por España” en un pueblo de Albacete

Será en la parroquia de El Salvador, en La Roda, donde este jueves, 24 de agosto, se hará una misa en recuerdo de estos fallecidos.

El párroco insiste en que el homenaje es para todos aquellos que han dado su vida por la fe y que no tiene connotaciones políticas

La homilía se anuncia acompañada de simbología de la Falange.

eldiario.es / Lourdes Cifuentes / 21-08-2017

El próximo jueves, 24 de agosto, la Parroquia de El Salvador, en la localidad albaceteña de La Roda, celebrará una misa en homenaje a “los caídos por Dios y por España”. Una cita anual que desde hace varios días se anuncia en las redes sociales mostrando símbología propia de los Carlistas de Navarra y la Falange Española como son el yugo y las flechas.

Para el concejal de Izquierda Unida en La Roda, Ruperto Ruiz, se trata de una “exaltación del Franquismo” que choca, dice, con el incumplimiento que en el municipio se hace de la Ley de Memoria Histórica como elementos en las calles o el colegio que sigue teniendo el nombre de José Antonio Primo de Rivera. “Hemos propuesto cambiar el nombre del colegio y nos dan largas”, asegura Ruiz, que insiste que el Ayuntamiento se escuda en que la Ley de Memoria Histórica no pone plazos para cumplirla. Además, a día de hoy, “todavía hay fosas en el cementerio de La Roda de gente del otro bando”, asegura el concejal.

Desde la parroquia defienden que, pese a la simbología que aparece en el anuncio, el acto es para recordar “a todos los que han muerto en razón de su fe”, tal y como asegura el párroco, Vicente Contreras. “Es una misa sin más, no tiene ninguna connotación política”, añade el párroco que asegura que se lleva realizando desde hace muchos años y que, en los últimos años “no se menciona el nombre de nadie” para que todo el mundo se sienta representado en la liturgia, procurando “no dividir sino unir a las personas”.

Además asegura que en el acto participan vecinos del municipio y también gentes llegadas de fuera de la localidad y que en todo el tiempo que llevan realizándolo nunca han tenido problemas ni se han topado con la opinión contraria de nadie del pueblo.

Contrario a la Memoria Histórica

Pese a que desde la parroquia insisten en no querer mezclar la cita del próximo 24 de agosto con la política, el concejal de IU en la localidad no piensa lo mismo. Asegura que este homenaje no ayuda a cerrar las heridas abiertas “desde el golpe de Estado del bando sublevado”. Además insiste que si la misa es para todos los que murieron por la fe, sin distinción política, “la simbología falangista debería desaparecer”.

Algo similar sucede con la asociación albaceteña Fosa de Alcaraz, para la recuperación de la Memoria Histórica, cuyo presidente, Manuel Ramírez Jimeno, asegura que el hecho de que, en pleno siglo XXI, sigan repitiéndose homenajes como éste es “contrario a la Ley de Memoria Histórica y es contrario a buscar la paz y el entendimiento entre todos”. Ramírez  insiste que la historia muestra “cómo la iglesia se posicionó por el bando sublevado”.

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Fotografía destacada: Anuncio de la homilía con el yugo y la flecha propios de la Falange.

Fuente:http://www.eldiario.es/clm/iglesia-homenaje-Dios-Patria-Albacete_0_678232681.html

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Violadas, asesinadas y arrojadas a un pozo. Se inicia la exhumación del crimen del Aguaucho

María Jesús, Coral, Josefa, María y Joaquina fueron asesinadas en la finca del Aguacho hace 81 años. La escuadra de falangistas que perpetró sus muertes paseó su ropa interior en la punta de sus fusiles por todo el pueblo de Fuentes de Andalucía (Sevilla) después de obligarlas a prepararles una comida y violarlas.

publico.es / María Serrano / 20-08-2017

Pablo Caballero tenía solo seis años cuando perdió a la tita Josefa, su segunda madre. Entrecortado, no olvida la fecha del último día que la vio con vida, 17 de agosto de 1936. Ocurría en el municipio de Fuentes de Andalucía (Sevilla).

“Estuve años preguntando por ella. En el pueblo me decían que la habían llevado a un pozo y que esos que gritaban por las calles borrachos le habían quitado la vida”.

Han pasado 81 años y Pablo no puede evitar emocionarse. Sabe que pronto se conocerá la verdad del crimen del Aguaucho, la antigua finca donde cinco mujeres perdieron la vida, después de que un grupo de falangistas las llevara hasta aquel cortijo abandonado para violarlas, asesinarlas y arrojarlas a un pozo.

El próximo 11 de septiembre se iniciará la exhumación de aquel viejo hoyo sellado a tan solo cien metros de la autovía A-4. Su apertura revelará la cifra exacta de mujeres que fueron cruelmente arrojadas en aquel lugar, situado en el término de La Campana. La Dirección General de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía ha iniciado los trámites para completar los trabajos de esta fosa de mujeres en un pueblo donde fueron asesinadas un total de veinticinco.

“Se llevaron a las más jóvenes y a las más nuevas”

Los más viejos de Fuentes siempre decían la misma frase del Aguaucho. “Se llevaron a las más jóvenes y a las más nuevas”. Fuentes de Andalucía fue uno de los pueblos donde el golpe militar triunfó de forma inmediata. Sin existir resistencia alguna, no se efectuaron disparos más que al aire por parte de la Guardia Civil. En la mañana del día 19 de julio, la mayoría de los fontaniegos destacados de izquierda fueron apresados por los golpistas.

Las cifras oficiales destacan que la represión organizada en Fuentes dejó en fosas comunes 116 cadáveres entre el 24 de julio y el 29 de septiembre de aquel año. En el Registro Civil figuran 103 fallecimientos (25 mujeres y 78 hombres), y en todos aparece como causa común “la Guerra”, a pesar de la ausencia de conflicto. La alta población femenina fusilada en el pueblo lo señala como uno de los municipios donde las mujeres sufrieron con mayor crudeza la represión.

Juan Morillo señala a Público cómo quiso contar aquella historia a través de la obra de teatro “Romanche del Aguaucho” representada por casi un centenar de espacios. “El pueblo entero quedó marcado por el crimen de un grupo de niñas que solo habían bordado una bandera o habían participado en las manifestaciones del 1 de mayo. No habían hecho nada más. Mi madre era amiga de algunas de ellas que vivían en la antigua calle Aurora del pueblo”. Morillo sabe que aquel relato oral tardó casi setenta años en que fuera escrito. “Moreno fue el primer historiador que puso sobre el papel la historia del Aguaucho en el año 1999. Fue cuando conmocionamos a muchos al conocer una historia tan trágica”.

“No se van a librar por mucho que berreen y pataleen”

Desde la toma del golpe militar en la ciudad de Sevilla, el general Queipo de Llano animaba a las escuadras de voluntarios falangistas a emprender cualquier método que doblegara a la población local. En el caso de las mujeres incitaba incluso a la violación desde sus arengas radiofónicas. “Esto es totalmente justificado porque estas comunistas y anarquistas predican el amor libre. Ahora por lo menos sabrán lo que son hombres de verdad y no milicianos maricones. No se van a librar por mucho que berreen y pataleen”.

Moreno señala que “estos mensajes del general Queipo de Llano invitando a la violación nos demuestran que no tenían límites para la consecución de sus propósitos, violación y muerte. Todo valía”. El crimen del Aguacho se “justificaba” así por parte de los legionarios que querían paralizar a la población tomando a las más inocentes, mujeres jóvenes de entre 16 y 22 años de edad. Muchas de ellas criadas de señoritos.

El crimen del Aguaucho se ejecutó el 27 de agosto de 1936. Moreno relata con crudeza cómo un grupo de grupo de mujeres jóvenes “fueron conducidas en una camioneta desde el Depósito Municipal a un pequeño cortijo conocido como el Aguaucho, situado en el término de La Campana junto a la carretera, cerca del cruce con la autovía A-4”. Separadas del resto de mujeres que tenían como destino ser fusiladas en las tapias del cementerio, cinco de ellas fueron conducidas a una finca abandonada. María Jesús Caro González, de 18 años de edad y soltera, las hermanas García Lora, Coral y Josefa de 16 y 18 años de edad, María León Becerril de 22 años y soltera y Joaquina Lora Muñoz, de 18 años y soltera.

Localización actual del pozo de las mujeres del Aguaucho

La ropa interior en la punta de los fusiles sin ocultar el crimen

“Sabemos que fueron asesinadas y arrojadas a un pozo, desconociendo qué ocurrió exactamente durante las horas en que transcurrieron los acontecimientos”, afirma Moreno. Al atardecer del mismo 27, el camión que había subido con las mujeres entraría por por la Puerta del Monte y recorría la calle principal de Fuentes, la Carrera. El vehículo era conducido por la cuadrilla de asesinos falangistas ebrios. Era ya de noche y algunos de ellos portaban en la punta de los fusiles la ropa interior de las jóvenes que horas antes se habían llevado. “Eran bragas y sostenes de las niñas que habían obedecido a la ley militar sin conocer el triste destino que les esperaba. Daban voces por las calles vacías”, aclara Moreno. Mientras familias lloraban sin desconsuelo en el interior de la casa la muerte de aquellas inocentes.

En 1999 se pone el caso por escrito. Moreno preguntaba sin descanso por las calles de Fuentes sobre un crimen, el del Aguaucho. “Todos los testimonios coincidían en que las mujeres eran fusiladas en el Cementerio Municipal, pero una vez ocurrió el caso relatado del Aguaucho, sabían que habían enterrado en un pozo a varias de las más jóvenes. Alguno añadió que “las obligaron a prepararles la comida antes de abusar de ellas y asesinarlas”. Otros vecinos hablaban de las amenazas y los insultos que tuvieron que soportar las niñas en medio de la comida y de los viejos falangistas que atormentados hablaban que “lo que hicimos con aquellas muchachas”. Ninguno de ellos fue nunca juzgado por el crimen y sus nombres no han trascendido como culpables. El caso ha quedado impune.

Un monumento por suscripción popular

Morillo recuerda que el conocimiento del caso del Aguaucho hizo que el pueblo tomara conciencia del terrible crimen. “Fue tal la conmoción que ha tenido en el pueblo la historia de María Jesús, Coral, Josefa, María y Joaquina que los propios vecinos hicieron una suscripción popular para crear un monumento en el Parque de los Luchadores por la Libertad” coordinado por la Comisión de Memoria Histórica de Fuentes de Andalucía que engloba a familiares y al propio ayuntamiento. La estatua de hierro forjado , obra de Paco Parra e inaugurada en 2013, simula un pozo invertido donde un grupo de palomas se alza ante la vida. Nadie olvida la terrible barbarie ni la descarnada represión que revela el crimen de Aguaucho. Cada 27 de agosto el pueblo de Fuentes les rinde homenaje. La exhumación de sus cuerpos arrojara verdad que falta ante un crimen que parecía olvidado pero que reside en la memoria intacta de muchos fontaniegos.

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Fotografía destacada: Mujeres asesinadas en Fuentes de Andalucía

Fuente:http://www.publico.es/sociedad/memoria-historica-violadas-asesinadas-arrojadas-pozo-inicia-exhumacion-crimen-aguaucho.html

 

 

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Una jueza rechaza investigar un crimen del franquismo pese a reconocer que pudo ser una desaparición forzada

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº1 de Soria admite que el fusilamiento se produjo en un “contexto de crímenes contra la humanidad”.

Abundio Andaluz fue asesinado en el verano de 1936 por un grupo de falangistas cuando era vicepresidente de la Diputación de Soria.

La Asociación Recuerdo y Dignidad ha recurrido el auto y prepara por su cuenta la exhumación para el mes de septiembre.

eldiario.es / Carlos Hernández / 13-08-2017

Abundio Andaluz deberá seguir esperando a que se haga justicia. Tendrá que hacerlo bajo tierra, en el fondo de la fosa en que fue enterrado hace 81 años. Este abogado, militante de Izquierda Republicana y director del orfeón del municipio soriano de El Burgo de Osma ocupaba en el verano de 1936 el cargo de vicepresidente de la Diputación de Soria cuando fue asesinado por los franquistas. Ahora, un juzgado de la localidad ha declinado investigar el caso y se niega a abrir la fosa en la que fue depositado su cuerpo, a pesar de que reconoce que pudo tratarse de una desaparición forzada.

Tras el golpe de Estado del 18 de julio, toda la provincia cayó rápidamente en manos de los militares sublevados. No hubo, por tanto, combates ni víctimas entre los derechistas. Aún así, los rebeldes asesinaron en unos meses a cerca de 600 personas de la órbita republicana soriana: maestros, cargos públicos, sindicalistas o militantes de partidos democráticos.

El 18 de agosto le tocó el turno a Abundio. Un grupo de falangistas le arrastró hasta un lugar llamado La cuesta del temeroso y le fusiló. El azar y la chapucería de sus verdugos le provocaron una lenta agonía; antes de morir, se arrastró durante más de un kilómetro hasta adentrarse en el término municipal de Calatañazor. Un vecino encontró su cuerpo destrozado por las alimañas y lo enterró en el lugar en el que sigue reposando a día de hoy.

Ocho décadas después, el empeño de sus nietas Ana y María Luisa y la experiencia de la Asociación Recuerdo y Dignidad (ASRD) permitieron localizar el lugar de su enterramiento. Tras presentar la correspondiente denuncia para que la justicia asumiera la investigación de los hechos y la  exhumación de los restos, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Soria se hizo cargo del caso.

Abundio Andaluz retratado cuando ya ocupaba el cargo de vicepresidente de la Diputación de Soria / Cortesía de la familia Andaluz

Después de realizar diversas actuaciones, la juez acaba de dictar un auto, al que ha tenido acceso eldiario.es, sobreseyendo la causa. En él se reconoce que “los hechos (…) presentan características que hacen presumir la posible existencia de delito de desaparición forzada de personas y homicidio, fundándose en el contexto de crímenes contra la humanidad”. Sin embargo, la jueza se declara “no competente”, argumentando que debe aplicarse “el protocolo de actuación en exhumaciones de víctimas de la guerra civil y la dictadura” y que, en cualquier caso, el delito de asesinato habría prescrito.

Iván Aparicio, presidente de la ASRD, cree que esta derrota judicial, sin embargo, tiene un aspecto positivo: “El hecho de que la juez asuma que hablamos de desapariciones forzadas y de que los asesinatos pudieron cometerse en un contexto de crímenes contra la humanidad supone un acercamiento a lo que, finalmente debe acabar ocurriendo. En casos como este, lo que debe aplicarse es el Derecho Internacional. Los jueces tienen que darse cuenta de que los crímenes contra la humanidad ni prescriben, ni pueden ser amnistiados. Eso es, ni más ni menos, lo que han interpretado el resto de países que han sufrido dictaduras y situaciones de violaciones de derechos humanos similares a las ocurridas en España”.

El olvido institucional

Esa misma argumentación es la que han utilizado los abogados de la ASRD para recurrir el auto ante la Audiencia Provincial de Soria. En el escrito se recuerda, además, que  “ninguna autoridad del Estado ha dado razón del paradero de esta persona hecha desaparecer por la fuerza y por tanto, a día de hoy, Don Abundio continúa desaparecido”.

Ana Andaluz, una de las nietas del político “desaparecido”, ha sufrido en primera persona ese olvido institucional: “Todo lo que sabemos lo hemos averiguado por nuestra cuenta. Es un problema de las leyes, que no nos amparan, pero también de actitud de los jueces. La colaboración de la Justicia ha sido nula”.

Ana, aún así, se considera afortunada ya que su búsqueda comenzó hace poco tiempo. “Yo crecí en un hogar en el que apenas se hablaba de mi abuelo. Había miedo y mucho silencio. De pequeña, iba captando cosas y cuando fui creciendo me sorprendía que tuviésemos tan pocos datos de él. Fue hace dos años cuando me puse a investigar; ya había fallecido mi padre y el resto de hijos de Abundio. A día de hoy, puedo decir que conozco mucho mejor a mi abuelo de lo que le conocieron sus hijos”.

Su nieta sabe que “fue un hombre que se dedicó toda su vida a hacer el bien. Amaba la música, se implicaba en proyectos solidarios y utilizaba su trabajo de abogado para defender a los más débiles”. Hace poco más de un año, con la ayuda de la ASRD, Ana y su hermana María Luisa encontraron el lugar en el que estaba enterrado Abundio. “Me sorprendió comprobar que algunas personas del pueblo sabían, desde siempre, dónde estaba la fosa. Fue el propio alcalde de Calatañazor el que nos llevó hasta ella. Quien le enterró marcó el lugar con varias piedras formando una gran cruz”.

Paralelamente al recurso judicial, voluntarios de la ASRD  están organizando ya la exhumación del cuerpo de Abundio. Será, previsiblemente, en el mes de septiembre. Ana confiesa estar nerviosa a la espera de que llegue ese momento. “Hemos compuesto una canción con ayuda de un amigo músico y se la cantaremos ese día a Abundio. También he seleccionado unas piezas musicales que él interpretaba con el orfeón… Lo triste es que las instituciones, además de no ayudarnos con la exhumación, nos ponen obstáculos. Cuando la pasada Nochebuena escuché al rey Felipe VI decir aquello de “no reabrir heridas”… Me gustaría haberle preguntado: ¿Tú tienes algún abuelo en una cuneta? Si lo tuviera sabría que las heridas no están cerradas. Si pretendes ser el rey de todos los españoles, demuéstralo”.

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Fotografía destacada: Ana Andaluz deposita flores en el lugar en que se cree que fue enterrado su abuelo / Foto: Anna Turbau

Fuente:http://www.eldiario.es/sociedad/investigar-asesinato-franquismo-reconocer-humanidad_0_675432582.html

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Llega al Congreso una petición para que la ley impida organizaciones como la Fundación Franco

La Asociación para la Memoria Histórica solicita a los grupos que la regulación no ampare a aquellas que ensalcen a personas que hayan violado los derechos humanos.

Aducen que es incompatible con la democracia que el Estado ayude mediante “subvenciones indirectas” a estas organizaciones.

La Fundación Franco ha asegurado que utilizará la gestión de visitas al Pazo de Meirás para subrayar la “grandeza” del dictador.

eldiario.es / Raúl Rejón / 10-08-2017

El debate sobre si la Fundación Franco puede existir legalmente se acerca cada vez más al Congreso de los Diputados. La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica ha pedido por escrito a los diputados que revisen la ley de fundaciones para que “impida explícitamente la actividad” de organizaciones que enaltezcan o traten de convertir “en referente moral la figura de personas que hayan cometido violaciones de derechos humanos”.  No hay mención concreta a Franco pero parece una alusión clara.

La petición, que ha pasado este jueves por el registro del Congreso, explica que la actividad de las fundaciones tiene “una protección especial” como es la posibilidad de desgravaciones fiscales para sus donantes económicos. “Una subvención indirecta”, analiza la asociación. Y solicita que la regulación excluya a fundaciones que actúen o realice “campañas de difusión contra los derechos humanos”. 

La petición llega como consecuencia de las recientes manifestaciones de la Fundación Nacional Francisco Franco tras recibir el encargo de gestionar las visitas públicas al Pazo de Meirás, propiedad de los herederos del dictador español.(obligadas por la ley tras ser declarado bien de interés cultural). La fundación aseguró que utilizaría las visitas para resaltar “la grandeza de Franco”.

Aunque recibió críticas nada más hacer pública su intención, la fundación no se ha arredrado y ha reforzado ese discurso, incluso, a las afueras del propio pazo. El edificio, regalado por las autoridades franquistas al mismo Francisco Franco tras adquirirse mediante cuestaciones ciudadanas supervisadas por La Falange, es propiedad de la familia que decide quién gestiona las aperturas al público.

Tras pleitear la familia para impedir que se declarara bien de interés, la Xunta debió inspeccionar por qué no funcionaba el servicio de citación telefónica al tiempo que ayudaba económicamente a los dueños para que se prestara ese servicio.

La petición de la ARMH se centra en que una democracia no puede tolerar agrupaciones que “traten de enaltecer o ensalzar a quienes los han violado de manera flagrante”.  No es la única iniciativa de este tipo que circula ya por el Congreso. El grupo de Unidos-Podemos también se mostró dispuesto a llevar adelante una moción para, finalmente, expropiar el pazo y sacar a la fundación del pazo para impedir que lo use como escenario de enaltecimiento. Ahora, los diputados de los siete grupos tendrán esperando una nueva petición cuando regresen de sus vacaciones.

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Fotografía destacada: Partidos denuncian uso del Pazo Meirás por los Franco para exaltar a dictador EFE

Fuente:http://www.eldiario.es/sociedad/Asociacion-Recuperacion-Memoria-Historica-Franco_0_674382820.html

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La extinción de la “Fundación” Francisco Franco: una cuestión de interés general

Sus miembros se dedican a vejar públicamente a las víctimas de la dictadura, negando los crímenes franquistas con total impudor.

Su mera existencia vulnera no solo la Ley de Fundaciones, sino la propia Constitución, que vincula directamente el ejercicio del derecho de fundación a la persecución de fines de interés general.

eldiario.es / Manuel Maroto / 09-08-2017

En España existe una organización fascista que en sus estatutos recoge abiertamente como fines la “exaltación” y el “enaltecimiento” de Francisco Franco, así como “contribuir a la proyección de su ideario sobre el futuro de la vida española”. La cosa no queda en declaración de intenciones. Sus miembros se dedican, efectivamente, a vejar públicamente a las víctimas de la dictadura, negando los crímenes franquistas con total impudor (“ Franco no fusiló a nadie“). A intentar intimidar a cargos políticos y a artistas, presentando querellas infundadas y profiriendo amenazas que remiten a lo peor de nuestra historia (“ Si hay que volver a pasar ¡pasaremos!“). A ofrecer asesoría para incumplir la ley (en particular, claro, la de Memoria Histórica). También a poner financiación pública y bienes de interés cultural al servicio de la apología del franquismo.

La realidad es que la Fundación Francisco Franco, con la Constitución y con la ley en la mano, no puede tener reconocida la naturaleza de “fundación”. Su mera existencia vulnera no solo la Ley de Fundaciones, sino la propia Constitución, que vincula directamente el ejercicio del derecho de fundación a la persecución de fines de interés general. El artículo 34.1 de la Constitución Española establece, en efecto, que “se reconoce el derecho de fundación para fines de interés general, con arreglo a la ley”. A su vez, según el artículo 3 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, “las fundaciones deberán perseguir fines de interés general, como pueden ser, entre otros, los de defensa de los derechos humanos, de las víctimas del terrorismo y actos violentos, asistencia social e inclusión social, cívicos, educativos, culturales, científicos, deportivos, sanitarios, laborales, de fortalecimiento institucional, de cooperación para el desarrollo, de promoción del voluntariado, de promoción de la acción social, de defensa del medio ambiente, y de fomento de la economía social, de promoción y atención a las personas en riesgo de exclusión por razones físicas, sociales o culturales, de promoción de los valores constitucionales y defensa de los principios democráticos, de fomento de la tolerancia, de desarrollo de la sociedad de la información, o de investigación científica y desarrollo tecnológico”.

¿Cómo es posible que siga existiendo una fundación que no solo no persigue ninguno de los fines mencionados en esa larga lista, sino que cuya actividad está directamente encaminada contra algunos de los más importantes allí enumerados? ¿Cómo puede ser legal una fundación que difunde el desprecio por los derechos humanos y por las víctimas de la violencia, que exalta la dictadura contra los valores constitucionales, los principios democráticos y la tolerancia, que vincula su forma jurídica y su patrimonio al servicio de intereses que rayan en lo delictivo y son absolutamente contrarios a cualquier noción razonable de interés general?

Según el Registro de Fundaciones, la Nacional Francisco Franco es inscrita el 11 de junio de 1977, cuatro días antes de que se celebraran las primeras elecciones democráticas desde la Segunda República. Por aquellas fechas, por cierto, se denegó la inscripción como partidos políticos a aquellas formaciones que incluyeran en su denominación alguna referencia a la república, lo que impidió que pudieran presentarse a estos comicios. La Fundación Francisco Franco, sin embargo, no tuvo problemas para inscribirse. Gracias, en parte, a un régimen legal preconstitucional que la propia Ley de Fundaciones hoy en vigor califica en su exposición de motivos como “vetusto” y del siglo XIX. No es tan fácil explicar, sin embargo, por qué esta organización ha sobrevivido a la Constitución y a dos leyes de fundaciones que vinculan esta forma jurídica a la persecución de fines de interés general.

Según el artículo 31 de la vigente Ley de Fundaciones, será causa de extinción de estas entidades, entre otras, el que “sea imposible la realización del fin fundacional”. Según la doctrina, esta imposibilidad puede ser tanto material, es decir, que sea fácticamente imposible conseguir el fin fundacional, como jurídica, esto es, que haya habido cambios en el ordenamiento jurídico que hayan convertido lo que era lícito en ilícito, que los fines de la fundación haya devenido contrarios a derecho, o que los medios para alcanzarlos resulten inidóneos para ello. La propia Ley ( artículo 33.2) hace responsable al Protectorado de Fundaciones, órgano dependiente del poder ejecutivo y encargado de controlar la legalidad de estos organismos, de instar a los tribunales a que extingan una fundación en estos casos. Es evidente que tanto la Constitución como las sucesivas leyes de fundaciones y la Ley de Memoria Histórica convirtieron hace tiempo el fin fundacional de la Fundación Franco en algo absolutamente contrario a cualquier noción de interés general, por muy indeterminado que se quiera considerar este concepto jurídico. Se ha convertido en un fin, además, ilícito, por vulnerar el derecho, legalmente reconocido, a la reparación moral de quienes sufrieron un régimen ilegítimo y fueron víctimas de la represión ejercida por parte de instituciones totalmente contrarias a derecho. La controversia sobre si la apología del franquismo debe o no ser considerada una conducta delictiva no puede en modo alguno ser una excusa para tolerar las actividades de un colectivo que solo existe como fundación en flagrante abuso del régimen legal y constitucional de esta forma de personalidad jurídica. La utilización en fraude de ley de la figura de fundación bien merece la aplicación de la doctrina del “ levantamiento del velo“, y con ella una indagación seria sobre los intereses que yacen detrás de esa organización, atrincherada tras un reconocimiento legal que no le corresponde.

Va siendo hora de levantar el velo, también, de los ojos de las instituciones, y de que el legislador reforme la Ley de Fundaciones para establecer, de manera si cabe más meridianamente clara, la ilegalidad de fundaciones como esta. Pero, con la Constitución y la actual ley en la mano, más aún hace que viene siendo hora de extinguir la “fundación” Franco, como si de los dinosaurios se tratara. Aun con cuarenta años de retraso, será una buena ocasión no solo para poner fin a la flagrante vulneración del principio de igualdad ante la ley que supone la existencia de esta organización, y al desprecio a las víctimas de los crímenes franquistas que es parte fundamental de su actividad cotidiana. Lo será, también, como contribución a resignificar lo que política y jurídicamente debe significar “interés general”.

Manuel Maroto – Profesor de Derecho Penal de la Universidad de Castilla-La Mancha

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Fotografía destacada: Foto compartida en Twitter por la Fundación Francisco Franco del 1 de abril de 1939.

Fuente:http://www.eldiario.es/tribunaabierta/extincion-Fundacion-Francisco-Franco-cuestion_6_674092605.html

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Ingresa en prisión el responsable de 300.000 muertes en Auchwitz tras 72 años de impunidad

Oskar Groening era uno de los encargados de recoger las pertenencias de las víctimas que iban a ser asesinadas en las cámaras de gas.

msn.com / Adrián Parrondo / 04-08-2017

72 años después de la caída del régimen Nazi en Alemania, el responsable de la muerte de 300.000 personas, Oskar Groening, ha sido condenado a prisión, a pesar de mostrarse arrepentido.

Su defensa intentó eludir la cárcel atendiendo a la avanzada edad del acusado, 96 años. Sin embargo, la juez encargó un informe médico que determinó que Groening se encontraba en un estado óptimo para cumplir la condena impuesta por el juez.

Se termina así un periplo judicial de dos años, cuando en 2015 le condenaron por su rol en el asesinato de 300.000 judíos en el campo de exterminio más sangriento de todo el régimen nazi.

Groening recibirá atención médica en prisión para certificar que se encuentra en todo momento en buenas condiciones, pero no evitará su ingreso: los médicos consideran que es apto, por lo que probablemente terminará su vida entre rejas.

Arrepentido de su pasado nazi

El acusado se muestra ahora arrepentido: “Nadie debería haber participado en Auschwitz. Soy consciente de ello. Lamento sinceamente no haber sido consciente de ello antes. Lo siento mucho”, aseguró cuando el juez leyó la sentencia.

Sin embargo, Groening ha afirmado que en el pasado fue un ferviente seguidor del nazismo. Su trabajo, además, fue determinante, ya que era él quien se ocupaba de recoger las pertenencias de todas las personas que habían sido seleccionadas para ser asesinadas en una cámara de gas.

© Proporcionado por Los Replicantes. Auschwitz fue uno de los campos más mortíferos del régimen

Los familiares de las víctimas del campo de exterminio han reclamado a la Justicia alemana una mayor celeridad a la hora de tratar este tipo de casos, ya que consideran que los supervivientes no cuentan con tanto tiempo como la Administración.

Alrededor de 1,1 millones de personas fueron asesinadas en el campo de Auschwitz-Birkenau, en Polonia, entre los años 1940 y 1945 por la maquinaria del régimen encabezado por Adolf Hitler.

© Proporcionado por Los Replicantes

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Fotografía destacada: © Proporcionado por Los Replicantes.  El acusado afirma que se arrepiente de haber colaborado en 300.000 asesinatos

Fuente:http://www.msn.com/es-es/noticias/internacional/ingresa-en-prisi%C3%B3n-el-responsable-de-300000-muertes-en-auchwitz-tras-72-a%C3%B1os-de-impunidad/ar-AApqnzU

 

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Hace quince años que el caso de los desaparecidos de la dictadura franquista llegó al alto Comisionado de Naciones Unidas para los DDHH

Hace quince años que el caso de los desaparecidos de la dictadura franquista llegó al alto Comisionado de Naciones Unidas para los DDHH.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) llevó a Ginebra 64 informes de desaparecidos por la represión franquista.

Como consecuencia, el Grupo de trabajo contra la Desaparición Forzada de la ONU reclamó por primera vez a España el paradero de dos desaparecidos de la dictadura.

El 5 agosto de 2002, el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), Emilio Silva, entró en el Palais Wilson de Ginebra, Suiza, sede del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU. Allí, presentó las fichas de 64 personas desaparecidas por la represión de la dictadura franquista, asesinados y tirados en cunetas entre el verano de 1936 y la primavera de 1949. Se trataba de la primera vez que el caso de los desaparecidos de la dictadura franquista llegaba a la ONU.

La ARMH había llevado a cabo un campo internacional de trabajo, con jóvenes de nueve nacionalidades, en Piedrafita de Babia, al norte de León. Una vez encontrada la fosa, denunciaron ante el juzgado de Villablino la aparición de restos humanos con signos de violencia, y la jueza que recibió el caso, abrió diligencias por primera vez en la historia de España.

Desde sus inicios, la ARMH trató de enmarcar las exhumaciones de fosas comunes y la búsqueda de desaparecidos en el ámbito de los Derechos Humanos, para terminar con el silencio de las instituciones españolas y sacar de la bronca política las tareas pendientes con respecto a las numerosas violaciones de DDHH que cometió la dictadura franquista.

Unos días antes de viajar a Ginebra, la ARMH presentó los mismos casos ante la oficina del Defensor del Pueblo que jamás había recibido reclamaciones de familias de desaparecidos, desde que se creó en los años de la transición.

Como consecuencia de las gestiones de la asociación, en el informe anual del Grupo de Trabajo contra la Desaparición Forzada e Involuntaria de la ONU y en el informe del Defensor del Pueblo español, se trató el caso de las fosas comunes.

La decisión de la ONU, fue que sólo podía admitir los casos de desaparición posteriores a la fecha de su creación, el 24 de octubre de 1944. Esa fue la razón por la que el Alto Comisionado le reclamó al gobierno español, entonces presidido por José María Aznar, el paradero de dos hombres, desaparecidos en las provincias de Cuenca y Teruel, en 1947 y 1949.

A partir de entonces el caso español estuvo abierto y la Asociación para la Recuperación de la Memoria histórica utilizó las fichas del Grupo de Trabajo de la ONU para elaborar su base de datos de personas desaparecidas por la represión franquista. El trabajo con la ONU durante años fue determinante para que en septiembre del año 2013 el grupo de trabajo contra la Desaparición Forzada e Involuntaria visitara España, entrevistandose con víctimas, representantes institucionales, juristas e historiadores para conocer de primera mano la situación de las personas desaparecidas por la dictadura franquista y sus familias. También fue determinante para la visita en marzo de 2014 del Relator Especial para la Verdad, la Justicia, la Reparación y la garantía de No Repetición de la ONU, Pablo de Greiff. Ambos organismos realizaron sendos informes especialmente contundentes con el Estado español, por los numerosos incumplimientos en materia de DDHH llevados a cabo por España, tras compromisos adquiridos al ratificar tratados internacionales.

 

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Así se hizo la familia Franco con el Pazo de Meirás: “donaciones” casa por casa supervisadas por la Falange

El dictador recibió personalmente en diciembre de 1938, durante la Guerra Civil, el edificio que ahora gestiona la fundación que lleva su nombre.

La ‘Junta Pro-Pazo del Caudillo’ indicó a los ayuntamientos de la provincia de A Coruña cómo “visitar personalmente” a cada vecino y reclamarle el dinero para sufragar el “regalo”.

eldiario.es / David Lombao / 03-08-2017

El anuncio de que la Fundación Francisco Franco gestiona desde hace meses el frecuentemente incumplido régimen de visitas al Pazo de Meirás y la constatación por parte de la entidad de que empleará esta “oportunidad” para hacer apología de la dictadura y de la “grandeza” de su líder ha devuelto al primer plano el modo en que el histórico inmueble pasó a manos del militar golpista y, a través de él, a su familia. La organización dedicada a exaltar el franquismo insiste en agitar el relato de una “generosa donación” del “pueblo gallego” mediante “suscripción pública” que contrasta con la abundante documentación e investigaciones que acreditan el expolio del edificio, concretado en los años de mayor represión en territorio gallego y mientras en otros puntos del Estado continuaba la Guerra Civil.

Uno de los documentos que mejor muestran la manera en que procedieron los golpistas para convertir la antigua residencia de Emilia Pardo Bazán en “regalo” a Franco fue revelado hace apenas media década por la Asociación Cultura Aberta de Carral, uno de los municipios en que fueron recaudados los fondos. Son apenas cinco páginas encabezadas por una carta de la ‘Junta Pro-Pazo del Caudillo’, un organismo creado en 1937 por las autoridades coruñesas del naciente régimen dictatorial, como el gobernador civil, Julio Muñoz, junto a empresarios de la zona encabezados por el banquero Pedro Barrié de la Maza, responsable del Banco Pastor -entidad que en esos años intentaba ejecutar el aval de un crédito de la campaña del Estatuto de 1936, firmados por dirigentes galleguistas que habían sido asesinados-.

La misiva, datada en mayo de 1938, fue dirigida a las alcaldías de los ayuntamientos de la provincia para detallar la manera en que debían proceder para que sus vecinos pusieran su “grano de arena” para la compra del que pasaban a denominar Pazo del Caudillo. “Todos, del más potentado al más humilde, pueden poner su esfuerzo en lana realización del proyecto” para que “todos los españoles que sienten hoy el orgullo de llamarse conterráneos” de Franco sufragaran la “feliz idea” de “ofrecerle un trozo de la tierra misma de Galicia, que tanto le ha ayudado en su formidable tarea”.

Recorte de prensa sobre la visita de Franco en 1938 para recibir oficialmente el Pazo de Meirás

Más allá de la literatura sobre las bondades de “nuestro invicto Caudillo”, recuperada esta semana semana por el controvertido comunicado de la Fundación Franco, la documentación muestra cómo el Ayuntamiento de Carral ejecutó la orden de la ‘Junta Pro-Pazo’. En un municipio donde dos concejales habían sido asesinados por ser republicanos y otros cinco, sancionados -entre ellos el alcalde-, el nuevo regidor, Laureano Núñez, dictó una convocatoria para “tratar sobre asunto de excepcional importancia patriótica”. Sus destinatarios era casi una veintena de personas encabezadas por el jefe local de la Falange, Juan Seijas.

En ese encuentro, acreditan los documentos, los presentes atendieron la ‘sugerencia’ de la Junta Pro-Pazo, que en su carta “había indicado” la “conveniencia” de “nombrar comisiones” de “dos o tres personas de significación en la localidad” para “visitar personalmente a sus convecinos” y reclamarles el dinero. En el caso de Carral fueron constituidas ocho comisiones, una por parroquia, compuestas por sus respectivos tres miembros; fundamentalmente curas, concejales y falangistas. Estas comisiones elaboraron listados con los nombres, apellidos y aportaciones económicas de cada vecino y en poco tiempo reunieron un total de 4.385 pesetas. La parroquia en la que fueron recaudados más fondos, hasta 936 pesetas, fue Paleo, donde la comisión parroquial que recogió las ‘donaciones’ estaba encabezada por el jefe de la Falange.

Mientras continuaba la represión -solo en Galicia el proyecto interuniversitario de investigación Nomes e Voces ha documentado más de 550 muertes de personas represaliadas en ese 1938- la ‘Junta Pro-Pazo’ ultimaba su regalo al dictador, que acudió a Galicia a recogerlo personalmente en diciembre de ese mismo año. Fue durante un viaje que comenzó por A Coruña y continuó hasta Meirás, donde la Junta organizó una ceremonia para entregarle el Pazo, oficialmente sufragado por “suscripción popular” -a las recaudaciones casa por casa se habían unido otras vías de recaudación, como las nóminas de personal público-.

Durante aquella visita, según recogió la prensa de la época, el dictador había llegado a comprometerse a construir una autopista entre A Coruña y Madrid “y el viaje se hará en cinco horas” -Galicia no tendría conexión con la capital española por autovía hasta más de sesenta años después-. Tras tomar posesión del Pazo junto a su familia -entre ellos su hija, formalmente dueña de Meirás en la actualidad- Franco viajó a Santiago, donde desfiló por las calles y accedió a la Catedral bajo palio.

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Fotografía destacada: Documentación de 1938 con las órdenes para recaudar los fondos destinados a comprar el Pazo

Fuente:http://www.eldiario.es/galicia/politica/Meiras-Franco-casa-supervision-Falange_0_671933347.html

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La Fundación Franco advierte de que utilizará el Pazo de Meirás para elogiar la “grandeza” del dictador

-La entidad franquista, que gestiona las visitas a este edificio declarado Bien de Interés Cultural desde hace dos meses, se jacta de disponer de una “excelente oportunidad” para hacer apología de la dictadura
-La Fundación lanza un comunicado en el que insiste en que el Pazo fue donado a Franco, no robado, y amenaza a En Marea y BNG
-La Fundación Francisco Franco gestiona desde hace dos meses las visitas al Pazo de Meirás

Miguel Pardo/eldiario.es/31-07-2017

La Fundación Francisco Franco (FFF) gestiona desde hace dos meses las visitas al Pazo de Meirás. Tal y como se supo la pasada semana y denunció la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica (CRMH) de A Coruña, esta entidad franquista se encarga de organizar la agenda de recorridos guiados que la ley exige de este Bien de Interés Cultural (BIC) cuya propiedad ostenta la familia del dictador. La noticia provocó fuertes críticas por parte de toda la oposición gallega, más todavía después de que la Xunta reconociera que no puede hacer nada legalmente al ser los propietarios “quienes se deben encargar de cumplir con el mandato legal de abrirlo al público de forma gratuita, así como de su mantenimiento”. Tan solo unos días después, la FFF acaba de emitir un comunicado en el que, lejos de evitar polémicas o limitar su trabajo a fijar las fechas y horarios, reconoce que la labor les supone una “excelente oportunidad” para hacer apología del dirigente fascista y de su dictadura.

Así, la Fundación dice que ha recibido “como un honor” la decisión de gestionar las visitas al Pazo porque es “una excelente oportunidad para mostrar al gran público la grandeza de la figura de Francisco Franco, para potenciar el turismo a Galicia y para difundir el patrimonio gallego en el mundo”. El texto, con tono amenazante, sale a la luz después de que En Marea, PSdeG y BNG hayan calificado de “burla” e “insulto a las víctimas” que esta entidad se encargue de programar el horario y la apertura al público del BIC. En él, la institución franquista acusa a la izquierda de “pedir con toda claridad y reiteradamente que se viole la ley ante la indiferencia general”. Y añade que el “incumplimiento de la ley, como se vio en la II República con el pucherazo del Frente Popular en las elecciones de febrero de 1936, sí tiene consecuencias sobre todos los españoles”.

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Para la Fundación Franco, que hace referencia a las protestas públicas de Bloque y En Marea, su objetivo “no es el Pazo de Meirás, sino desgastar al PP al amenazarlo: si cumple la ley es fascista”. “Un cuento de niños que, a pesar de haberse repetido en numerosas ocasiones, no ha perdido eficacia”, dice una entidad que va más allá y hace su particular versión de la forma en la que la familia del dictador se hizo con el inmueble.

A pesar de que son reiterados y comprobables los testimonios y documentos que acreditan que el Pazo llegó a las manos de Franco tras presiones, amenazas y expolio al pueblo a través de expropiaciones de tierras, suscripciones populares obligatorias y robo de recursos del Estado durante numerosos años, la Fundación entiende que fue “donado por el pueblo gallego” al dictador “mediante suscripción pública”. “Gracias a esta generosa donación, Galicia contó con la presencia en verano de quien había sido jefe del Estado durante la totalidad de su mandato, honra a la que ninguna otra región española tuvo acceso, y que demuestra que la Diputación de La Coruña fue no solo generosa, sino inteligente”, añade.

Con una prosa propia de muchos años atrás, la Fundación advierte que “Galicia cuenta con un importantísimo patrimonio cultural que añadir a los que ya tenía” por tener la “residencia no oficial más importante en la que vivió Franco”, que “está llena de recuerdos de su vida y de su obra”. “El Pazo es hoy uno de los lugares emblemáticos de Galicia, conocido en todo el mundo, y sobre él recae parte de la gloria de quien lo habitó, probablemente el español de mayor relieve mundial desde Felipe II”, asegura.

No es la primera vez que la Fundación Francisco Franco difunde una visión deturpada sobre la historia del Pazo. En un boletín informativo de hace nueve años, tal y como advierte la CRMH, “miente con claridad” sobre el proceso de traspaso de propiedades a la familia del dictador y “elabora un relato falso, tanto sobre la continuación del expolio más allá de los muros del inmueble como del sujeto que hizo aquella donación, intentando esconder un expolio que está documentalmente probado pero que todavía no se ha sometido a la justicia”.

Para la CRMH, este documento antiguo “prueba la misión negacionista de la Fundación Franco, que está utilizando el Pazo de Meirás como plataforma para difundir mentiras, lesionando la memoria de las víctimas y los valores de la democracia”.

http://www.eldiario.es/galicia/politica/Fundacion-Franco-utilizara-Pazo-Meiras_0_670883487.html

Fotografía destacada: Fachada principal del Pazo de Meirás. Xunta.

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Lo que la dictadura robó y la democracia nunca devolvió: así se planificó el expolio franquista

Distintos documentos permiten conocer el sistema elaborado por la dictadura para “legalizar” los robos de bienes a sus enemigos. Para ello, el franquismo ordenó dividir a la población entre “afectos, desafectos y dudosos”. Alcanzaba con haber sentido simpatía hacia un partido político para perderlo todo.

publico.es / Danilo Albin / 29-07-2017

Domingo Epalza pagó muy caro su compromiso con la libertad. Los franquistas no sólo le robaron el derecho a seguir soñando con una Euskadi libre, sino que también le arrebataron todas y cada una de sus pertenencias. Cuando este veterano nacionalista vasco ya había huido a Francia, los hombres de Franco en la pequeña localidad vizcaína de Orozko entraron a su casa y la vaciaron. En un detallado inventario, los verdugos apuntaron cada uno de los objetos apropiados. Las camas, las sillas, los espejos… Ya nada, absolutamente nada, volvería a ser suyo.

Fechada y sellada el 11 de julio de 1938, la detallada lista de los bienes robados a Epalza resume una de las prácticas favoritas del franquismo: la “incautación” de las pertenencias de sus “enemigos”, un concepto que el régimen utilizó de manera muy amplia. Así queda constatado en las órdenes elaboradas por la dictadura para perpetrar ese expolio contra un amplio sector de la población. Un robo de proporciones gigantescas que aún hoy, ochenta años después, continúa: los particulares expoliados por la dictadura nunca pudieron recuperar sus bienes.

Según consta en distintos documentos obtenidos por Público, el franquismo organizó meticulosamente este proceso. Las órdenes eran elaboradas desde altas instancias del régimen, y posteriormente llegaban a los municipios para que las “juntas locales de incautaciones” hicieran el trabajo sucio: serían sus miembros quienes se encargarían de decretar quiénes debían perderlo todo, e incluso cuál sería la dimensión de ese “todo”. El paripé dictatorial incluía un supuesto “juzgado especial de incautaciones” que jamás impartió justicia, sino que se limitó a coordinar el expolio para que se hiciera de manera ordenada.

De esta manera, las comisiones locales debían asumir la “realización de ficheros de presuntos responsables” y la “adopción de medidas precautorias para evitar la desaparición de los bienes abandonados por los rojos y separatistas, organizando la administración provisional de los mismos, así como preparándose para en su día poder administrar los bienes embargados”, tal como puede leerse en un documento de la Comisión Provincial de Incautación de Bienes de Bizkaia, en la que participaba el gobernador civil de turno y el abogado del Estado.

 Escritos de documento encontrado del Ayuntamiento del Concejo de Sestao de 1937. / D.

Tres categorías

Siguiendo las directrices del régimen, las comisiones de incautación clasificaron a los “vecinos y afincados” de los municipios en tres grupos: “afectos al Movimiento Nacional, desafectos y dudosos”. “Se considerarán afectos los que por su actuación y patriotismo deban ser considerados como oro de ley”, señalaban. Por su parte, la categoría de “desafectos” abarcaba a “todos los que hayan incurrido en cualquiera de las causas de responsabilidad civil aunque tengan a su favor atenuantes o eximentes”, mientras que el término “dudosos” sería aplicado a “todos aquellos que no pueden ser incluidos en ninguno de los otros dos grupos, incluso los desconocidos si los hubiere”.

En ese documento también se detallaba quiénes serían identificados como “responsables políticos por su intervención en la preparación o desarrollo de la revolución rojo-separatista”. En primer lugar estarían todos aquellos que “acordaron levantase en armas contra el Ejército, hayan llevado o no a la práctica su proyecto”, así como “todos los que antes o después de haber estallado el Movimiento Nacional hayan hecho propaganda de cualquier clase en favor del Frente Popular o del Partido Nacionalista Vasco”, incluyendo a “los que formaron parte de dichos partidos políticos o hubiesen cedido u arrendado locales a dichas organizaciones”.

Del mismo modo, el régimen ordenaba expropiar “a todos los que por cualquier otro medio hayan colaborado con actos u omisiones que revelen su ánimo de favorecer el triunfo de la revolución rojo-separatista” o “hubieran servido u obtenido cargos o comisión en empresas comerciales o industrias que hayan trabajado para el Gobierno de Euzkadi o rojo (sic)”. Tampoco escaparían los que “a partir del movimiento revolucionario de octubre de 1934 hayan desempeñado cargos directos o de asesores políticos en los partidos que luego integraron el Frente Popular o el Nacionalismo Vasco o desempeñaron cargos similares en asociaciones inspiradas en dichos partidos o simplemente figuraron como afiliados de los mismos”. Ese último concepto, el de “afiliados de los mismos”, figura subrayado en rojo.

Beneficiarios de casas baratas según el documento consultado. / D.A.

“Pedestales de oro”

Tal como se detalla en uno de los documentos obtenidos por Públicoel franquismo identificaba el robo de bienes como un asunto de “suma trascendencia, porque la Justicia de la Nueva España ha de administrase de arriba abajo, empezando por los grandes y poderosos plutócratas que aprovecharon sus pedestales de oro para manejos turbios en contubernio con los personajes rojo-separatistas”.

Asimismo, se dejaba claramente escrito cuáles serían las “medidas precautorias y de administración” sobre los bienes expoliados a las víctimas de la dictadura. “Tan pronto como la Junta tenga conocimiento de la existencia de bienes de cualquier clase que hayan sido abandonados, mereciendo por tal motivo la calificación de bienes presuntamente incautables, procederá con la mayor urgencia formar con los mismos un inventario y adoptar las medidas precautorias que estime la Junta Local necesarias para su conservación y mejor rentabilidad y evitar su desaparición”. En esa línea, ordenaba realizar “una exacta contabilidad de los ingresos que por tal concepto puedan obtenerse”.

De manera paralela, el régimen franquista fijó las bases para el denominado “servicio de recuperación de muebles y enseres”, dirigido a dar vía libre a todas aquellas personas afines a la dictadura que quisieran hacerse con los bienes de sus enemigos. Tal como se detallaba en una resolución del 3 de julio de 1937, alcanzaba con alegar que una pertenencia era de su propiedad para que un “español de bien” se hiciera con objetos de los denominados “rojo-separatistas”.

Esas órdenes estuvieron seguidas de las “investigaciones” efectuadas por los integrantes de las comisiones de “recuperación civil”, las cuales se encargarían de materializar este robo generalizado. En otras palabras, ya nadie podría escapar. “Esta comisión se propone practicar investigaciones domiciliarias por medio de sus agentes al objeto de la imposición de las severas sanciones que procedan”, advirtieron sus responsables en Bizkaia mediante una nota enviada a los ayuntamientos en julio de 1937. A partir de entonces, los grupos locales iniciaron sus tareas de “incautación”, lo que derivó en horrendos inventarios que detallaban los bienes robados. Las víctimas jamás recuperarían sus pertenencias ni serían recompensadas. No ocurriría durante el resto de la dictadura, pero tampoco en la presente democracia.

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Fotografía destacada: Documento del Ayuntamiento del Concejo del Sestao del año 1937. / D.A.

Fuente:http://www.publico.es/politica/dictadura-franquista-robo-democracia-devolvio-planifico-expolio-franquista.html

 

Publicado por ARMH
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