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Solicitan a la Junta la intervención en la fosa de las mujeres de Zufre fusiladas en 1937

El Grupo de Trabajo Recuperando la Memoria de la Historia Social de Andalucía de CGT-A (RMHSA) ha solicitado a la Dirección General de Memoria Democrática, dependiente de la Consejería de Presidencia de la Junta de Andalucía, la intervención en la fosa de las mujeres de Zufre que fueron fusiladas y enterradas en la vecina localidad de Higuera de la Sierra. El Grupo de Trabajo realiza la petición en base al artículo 9.1b de la Ley.2/2017 de 28 de marzo.

diariodehuelva.es / 13-03-2018

La solicitud ha sido registrada esta misma mañana en Sevilla y en ella el Grupo de Trabajo asegura que “el proceso de intervención debería pasar por la investigación, localización, exhumación e identificación de los restos de las mujeres (entre 12 y 26, según la fuente) vecinas de la localidad onubense de Zufre que el día 4 de noviembre de 1937 fueron fusiladas, sin juicio previo como algunos afirmaban, ante el muro del viejo cementerio (aún se pueden ver los impactos de bala en la reja) de la vecina Higuera de la Sierra”. El modus operandi de los fascistas siguió, una vez más, unas prácticas muy desarrolladas por los militares golpistas de asesinar y enterrar en localidades distintas de donde eran vecinas las víctimas a fin de confundir a las familias.

Según la información facilitada por el Grupo de Trabajo RMHSA-CGT-A, “las mujeres, de las que ahora reivindicamos sus restos, tenían unas edades comprendidas entre los 39 y 62 años y respondían a los nombres de Ana, Dominica, Rosario, Gregoria, Dolores, María Manuela, Avelina, Dulcenombre, Antonia, Josefa, Sebastiana, Rosalia, Faustina, Rosario, Carlota, Remedios, Mariana, Amadora, Encarnación, Bernabela, Elena, Amadora, Alejandra, Teodora y Modesta”.

“Sabemos que con anterioridad algunos responsables políticos de Zufre han manifestado sus deseos de intervenir en este asunto concreto de la fosa de Higuera de la Sierra pero no tenemos constancia de que dichos deseos fueron llevados a la práctica. Sin embargo sí se actuó quitándole título de alcalde honorario a Franco en 2009”, recuerda la iniciativa.

El Grupo de Trabajo añade que “es nuestra intención con esta solicitud que, entre otras cosas, desaparezca rápidamente del mapa de fosas de Andalucía la frase ‘No constan actuaciones sobre la fosa”.

Con esta petición, “entendemos que debidamente razonada y argumentada, esperamos que a la mayor brevedad posible se nos comunique a los solicitantes la fecha en la que podría tomarse la decisión de actuar, en línea con lo solicitado, el Comité Técnico correspondiente así como el tiempo que necesitaría esa Dirección General de Memoria Democrática para determinar el equipo técnico y la fecha de inicio de la investigación documental y la realización de las catas de localización de los restos”.

El Grupo de Trabajo Recuperando la Memoria de la Historia Social de Andalucía ha anunciado que  remitiremos o entregaremos personalmente en los ayuntamientos afectados (Zufre e Higuera de la Sierra) una copia de esta solicitud, para su conocimiento.

 

En el texto de la solicitud, el Grupo de Trabajo que coordina Cecilio Gordillo explica que “Andalucía occidental fue uno de los pocos territorios del Estado español donde se ha podido comprobar la existencia de enterramientos ilegales (fosas comunessola y exclusivamente de mujeres; madres, hijas, hermanas, compañeras de… como consecuencia de la represión llevada a cabo tras el golpe de estado del 18 de julio de 1936”. A juicio de los investigadores que conforman el Grupo de Trabajo, “estas actuaciones no las pueden achacar ni siquiera a la tensión de esos primeros momentos, ya que la mayoría de estos asesinatos fueron cometidos en 1937 y responderían a una cruel represalia al no ofrecerse información sobre los huidos -4 de los 5 casos estudiados ocurren un año después del golpe y con los ‘frentes de guerra’ más cercanos a cientos de kilómetros-”.

Asimismo, el Grupo de Trabajo de CGT-A recalca que “en la mayoría de los casos la información sobre dichas fosas ha tenido como origen los testimonios directos o la memoria heredada de nuestros mayores (historias de vida) y en muy pocos casos, o ninguno, de investigaciones llevadas a cabo por instituciones. Sin embargo esa actitud, claramente negligente, sufrió un importante cambio tras la publicación de la Ley 52/2007 pues las tareas de investigar, documentar, localizar e incluso exhumar, como se pudo comprobar en Grazalema en 2008, se realizó de oficio por parte del Ayuntamiento y la Diputación Provincial y tras la localización (con la colaboración de este Grupo de Trabajo) se procedió a la exhumación de los restos de 15 mujeres y 1 joven”. (Teresa Castro Ramírez, Salud Alberto Barea, Catalina Alcaraz Godoy, Isabel Atienza Gómez, Josefa de Jesús Gómez, Isabel Barea Rincón, María Barea Rincón, Ana Fernández Ramírez, Cristina Carrillo Torres, Lolita Gómez, María Josefa Nogales, Teresa Menacho, Antonia Pérez Vega, María Isabel Román Montes, Natividad Vilches y el pequeño Francisco Peña García, conocido como ‘el Bizarrito’). Paralelamente a la intervención comenzaron los trabajos de búsqueda de familiares de las víctimas.

Tras muchos años se descartó la fecha de 1936 y se ha fechado 1937 como el año de los asesinatos. Tras la exhumación se procedió al imprescindible homenaje y reconocimiento y finalmente al enterramiento de los restos y la señalización del lugar (Cementerio de Grazalema) y el espacio que ocupó la fosa fue catalogado como Lugar de la Memoria, posteriormente la Ley andaluza 2/2017 recogió en su articulado importantes lecciones de este caso concreto.

En la documentación aportada por el Grupo de Trabajo se apunta que “algo similar ocurrió con las 17 mujeres vecinas de la localidad sevillana de Guillena que, tras ser víctimas de vejaciones y humilladas a través del rapado y el aceite ricino, fueron llevadas a la vecina localidad de Gerena donde fueron fusiladas y tiradas a una fosa en noviembre de 1937 por aplicación del Bando de Guerra en unos momentos donde lo habitual era la ejecución por sentencia de Consejo de Guerra. El motivo de su muerte fue, una vez más, la no colaboración con los golpistas para localizar a sus compañeros, padres, hermanos o hijos huidos de la zona. La localización y exhumación de dicho enterramiento no fue nada fácil y fue posible (al segundo intento) por el testimonio, del entonces niño, que observó directamente la matanza.

Tras su exhumación, los restos de estas 17 mujeres (Eulogia Alanís García, Ana María Fernández Ventura, Antonia Ferrer Moreno, Granada Garzón de la Hera, Granada Hidalgo Garzón, Natividad León Hidalgo, Rosario León Hidalgo, Manuela Liánez González, Trinidad López Cabeza, Ramona Manchón Merino, Manuela Méndez Jiménez, Ramona Navarro Ibáñez, Dolores Palacios García, Josefa Peinado López, Tomasa Peinado López, Ramona Puntas Lorenzo y Manuela Sánchez Gandullo), fueron trasladados a su localidad de origen y enterradas con una presencia multitudinaria, en un lugar destacado del cementerio de Guillena.

El caso de Puebla de Guzmán

Otro de los casos que se apuntan corresponde a una tercera intervención, en octubre de 2014, en la localidad andevaleña onubense de Puebla de Guzmán. Y una vez más gracias al testimonio verbal y escrito de Pedro ‘El Sastre’ hijo de una de las 15 mujeres asesinadas, que fue recogido en el libro Perseguidos de Rafael Moreno y editado por RMHSA de CGT.A.

 

La intervención estuvo llena de dificultades y el equipo técnico (arqueólogas y antropólogo forense) creen que la zona en la que se ubicó la fosa fue “removida, vaciada y rellena con una capa de piedra de pizarra triturada”, tal vez durante las obras de 1973 y 1974, sin llegarse a saber hasta qué punto pudieron afectar a los restos de represaliados de la Guerra Civil“. “Nosotros pensamos que los movimientos de principios de los 70, antes de la Transición, arrasaron con las fosas. No tenemos ni idea de qué pasó con esos restos. Hay constancia de la obra que se hizo, pero no de remodelaciones de tierra ni de lo que se hizo con los restos que pudieron encontrar”, explicó, en su momento, la arqueóloga responsable de la búsqueda.

En este caso, al igual que en otros similares, desde RMHSA subrayan  que no se puede “pasar alegremente, sino que el Ayuntamiento, como propietario del lugar donde estuvo la fosa, debería llevar a cabo una investigación en profundidad y señalar a los responsables no solo de la intervención que destruyó las pruebas (restos óseos) de los asesinatos sino que también los hicieron desaparecer. Esta actitud negligente, mantenida durante años, se está repitiendo en demasiadas ocasiones en los últimos años, según datos de la Junta de Andalucía, sin que se tomen medidas al respecto”.

Por último en septiembre de 2017 se asignaron los trabajos de búsqueda de los restos de María Caro Caro, Mª Jesús Caro González, Coral García Lora, Dolores García Lora, Josefa García Lora, Josefa González Miranda, Mª Lourdes León Becerril, Joaquina Lora Muñoz y Manuela Muñoz Ayora, vecinas de la localidad sevillana de Fuentes de Andalucía que fueron vejadas y brutalmente asesinadas a manos de una escuadra de falangistas el 17 de agosto de 1936.

Una vez más la transmisión oral y los trabajos de investigación, en este caso llevados a cabo por José Moreno, Fuentes de Andalucía. Crónicas del siglo XX, y Las víctimas de la represión militar en la provincia de Sevilla (1936-1963) y José María García Márquez, escritor e investigador han descrito pormenorizadamente como se desarrolló la represión en un pueblo de la campiña sevillana donde no existió ningún tipo de violencia, contra personas de derechas o edificios religiosos, que eran los argumentos fundamentales en los que basaban para llevar a cabo sus matanzas posteriores a la toma de los pueblos por las columnas golpistas.

El complicado proceso de búsqueda se desarrolló en el entorno del Pozo del Aguaucho, situado en la vecina localidad de La Campana, que todos señalaban como la tumba de las mujeres. Tras tres semanas de trabajos, los resultados fueron negativos. Los técnicos señalaban en el informe que “No se ha llegado a localizar los restos de las mujeres que según la memoria colectiva, habían sido arrojadas al pozo de agua existente en el interior del cortijo, en su patio central”. La profundidad alcanzada en la intervención de la búsqueda fue de 8,30 metros (fondo del pozo), la mayor que se ha efectuado hasta este momento, al menos en Andalucía.

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Fuente:http://www.diariodehuelva.es/2018/03/13/solicitan-la-junta-la-intervencion-la-fosa-las-mujeres-zufre-fusiladas-1937/

 

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090814 PUEBLA DE CAZALLA vistas de la fosa comun cubiertas por arena y nichon sobre la fosa fotografias de algunos de los desaparecidos PUBLICO laura leon
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La memoria pendiente: reparar el dolor de las mujeres e inscribir a las víctimas en el Registro

Ante el 20D, el principal grupo memorialista andaluz propone a los partidos que reconozcan la memoria de las mujeres vejadas e inscriban a los desaparecidos en el Registro Civil.

andalucesdiario.es / Cecilio Gordillo / 06-12-2015

Al menos durante veinte días una vez cada cuatro años las organizaciones políticas que se presentan a las elecciones generales (también ocurre, pero en menor medida con las autonómicas y municipales), suelen dedicar un par de párrafos en sus programas electorales (un documento que pocos solemos leer) dedicados a la Memoria Histórica (cada vez menos) o a la Memoria Democrática (cada vez más).

La validez del programa electoral, una vez que se ha accedido al poder, o a la oposición, es una cuestión que suele olvidarse rápidamente y más aún su cumplimiento (Luis Llach demandó a Felipe Gonzáles en 1986 por incumplimiento y el juez la desestimó al no estar recogida esta posibilidad en el ordenamiento jurídico español), pero queda muy bien para enseñárselo a los potenciales votantes, aunque no tanto para las hemerotecas, y menos aún para la Historia.

UN ESPACIO EN LOS PROGRAMAS

En estas últimas semanas decenas de entidades memorialistas se han manifestado y han solicitado, pedido e incluso exigido a los candidatos y candidatas para que la Memoria ocupe un espacio en esos programas. Aunque en realidad debería de haber ocurrido al revés, o sea que deberían haber sido los partidos los que tendrían que haber solicitado a la sociedad civil y sus entidades aquellas cuestiones que deberían formar parte de esos listados de intenciones, con plazos de ejecución incluido.

Visto lo visto nos atrevemos a sugerirles solamente dos temas (para no repetirnos) que no hemos localizado por ningún lado, a pesar su importancia, en materia de dignidad, justicia e incluso reparación. Los otros temas (fosas comunes, simbología franquista, reconocimiento de la figura del preso esclavo del franquismo, reconocimiento de los/as guerrilleros antifranquistas, robo de bebes, lugares de la memoria, fosas comunes, etc…) seguro que ya se lo han trasladado el resto de entidades memorialistas.

RECONOCIMIENTO E INSCRIPCIÓN

Primera: reconocimiento y reparación de la memoria de las mujeresque fueron objeto de vejaciones (víctimas de rapado, aceite de ricino y violencia sexual). Esta reclamación incluye: trabajos de investigación en torno a las prácticas, de las tropas golpistas y la trama civil que las apoyaban, de “rapar y hacer ingerir aceite de ricino e incluso la violación” sobre las mujeres que formaban parte, directa o indirectamente, de aquellos colectivos que defendían la República y la Revolución; reconocimiento de todas estas víctimas de la represión a través de las Normas, Decretos o Leyes que sea necesario e incluso de la realización de actos públicos, preferentemente, en los lugares que ocurrieron los hechos; y reparación de carácter institucional, incluso económico.

Segunda: inscripción en los Registros Civiles, por parte del Estado, de aquellos que el franquismo hizo desaparecer (asesinados/fusilados) en fosas comunes: cumplimiento de la Disposición adicional octava de la Ley de Registro Civil (cuya inclusión tanto trabajo costó) por la que se “favorece” la inscripción en el Registro Civil de aquellas víctimas por parte de los servicios jurídicos de los Ayuntamientos de donde eran vecinos. Estas actuaciones también la pueden promover el Ministerio Fiscal y la autoridad gubernativa.

Se parte además de los Acuerdos de Pleno de los Ayuntamiento de Alcalá de los Gazules, Coníl de la Frontera, San José del Valle y Prado del Rey (Cádiz). Almonte (Huelva). Granada capital. Alcalá de Guadaira, Castilleja del Campo, Castilleja de la Cuesta, El Castillo de las Guardas, Herrera, Guillena, Las Cabezas de San Juan, Lebrija, Los Corrales, Martín de la Jara, Santiponce, Sevilla capital y Valencina (Sevilla). Pleno Diputación de Cádiz, Córdoba y Sevilla.

Desconocemos si alguno de ellos llegó a finalizar las gestiones. Algunos sí las iniciaron pero pronto desistieron, aunque muchos tienen, incluso, alcaldes y concejales entre “los desaparecidos”. ¿Cansancio, dejación, irresponsabilidad… o simplemente unas promesas más sin cumplir?

(*) Cecilio Gordillo es coordinador del grupo de trabajo de CGT-A Recuperando la Memoria Histórica y Social de Andalucía (RMHSA).

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Fotografía destacada: Fosa de Puebla de Cazalla. // LAURA LEÓN

Fuente:http://www.andalucesdiario.es/politica/memoria-historica-y-elecciones-generales/

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Se cumplen 15 años de la exhumación de la primera fosa común del movimiento memoralista

Hace 15 años que la pelea de un nieto inconformista logró un hecho insólito en este país: que se abriera la fosa común en la que estaba su abuelo -junto a 12 hombres más-, usando todas las técnicas forenses y arqueológicas disponibles, con los permisos oportunos y sin miedos, sin esconderse. 15 años desde que se hincó la pala en la tierra y los huesos hablaron, tres lustros desde el primer logro de las asociaciones de memoria histórica en España.

huffingtonpost.es / Carmen Rengel / 13-09-2015

Desde aquel primer acto de justicia en Priaranza del Bierzo (León) hasta este verano moribundo lo que se ha vivido es una montaña rusa de alegrías y decepciones, de logros y obstáculos, de ayuda institucional, de olvido institucional. Se ha aprobado hasta una ley específica -con un cumplimiento modesto-, pero 114.226 españoles siguen desaparecidos, civiles identificados con nombre y apellidos que siguen en una fosa, un monte, una cuneta.

La historia que abrió una nueva senda en la lucha por la reparación empieza el 15 de octubre de 1936. Emilio Silva Faba es detenido. Su hijo, Ramón, de ocho años, lo acompañó al Ayuntamiento de Villafranca y allí, en la puerta, lo vio por última vez. Manolo, otro de sus hijos, de seis años, fue a verlo más tarde con su madre, Modesta. Emilio les dio un reloj y un anillo con sus iniciales, el recuerdo que lega quien se sabe sentenciado. Otro hijo más, Emilio, de diez años, fue a la mañana siguiente a los calabozos a llevarle el desayuno a su padre. Que no estaba, le dijeron. Que igual se había escapado.

El 16 de octubre, Emilio fue conducido en un camión de Gaseosas Olarte hacia el lugar de su asesinato. Con él iban 14 hombres más, hacia la carretera de Ponferrada. Uno escapó. Los demás fueron fusilados en la cuneta de Priaranza.

La fosa de Priaranza, en su primera fase de excavación.

El 28 de octubre de 2000 aquella fosa se exhumó, finalmente. Fue localizada gracias al empeño del nieto de Emilio, Emilio Silva, periodista, hoy al frente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Durante una investigación, encontró casualmente el hilo del que tirar para sacar a flote la historia de su familia, el que le permitiera enterrar a su abuelo junto a su abuela, que vivió hasta los 93 años, esperando.

Empezó una cadena que llevó a un niño de 10 años que, entonces, escuchó las detonaciones, a los comentarios antiguos, las identificaciones de los demás fusilados, la búsqueda del expediente de ejecución y, al fin, la colaboración de un alcalde y la cesión del terreno. “Tantos años y en el corazón tan pocos”, recuerda Silva que resumió Belia, la hija de Enrique González, uno de los fusilados.

Hoy Priaranza no es sólo una cuneta con placa, donde de vez en cuando se ponen flores. Es el símbolo de una pelea organizada, desde abajo, en la que las familias, los historiadores, los civiles y no los gobiernos, consiguieron poner en primera línea del debate nacional la necesidad de localizar y enterrar dignamente a los represaliados en las Guerra Civil y el franquismo.

6.200 HALLADOS

En 15 años se han hallado restos de 6.200 personas, apenas un 5,4% de los desaparecidos que restan. “Hay miles de familiares pendientes, gente mayor que lo que quiere es morirse en paz, resume la ARMH, que este fin de semana conmemorará el aniversario de aquella primera exhumación con coloquios y conciertos en León, más una performance en la que se recordarán nombres de prisioneros del franquismo.

Un aniversario agridulce, con el presupuesto estatal para memoria inexistente por tercer año consecutivo, administrando la precariedad con ayudas que llegan de fuera -EEUU, países nórdicos- y que aún impulsan los proyectos. “El estado tiene que ser garante, no las familias de las víctimas”, exigen las asociaciones.

LUCES Y SOMBRAS

Cecilio Gordillo, coordinador del Grupo de Trabajo Recuperando la Memoria Histórica de CGT-Andalucía e impulsor de Todos los Nombres -que este octubre cumple también 10 años- reconoce que “las cosas han cambiado de la noche a la mañana” en cuestiones de memoria en España. “Ha habido un avance tremendo: fluye la información, se han creado grupos de investigación en las universidades, bancos de ADN, una ley…”, pero todo lo que enumera tiene un “pero”, porque hoy todas esas iniciativas se topan con límites, recortes o desidia.

“La ley, por ejemplo, ya era pobrecita cuando nació, pero es que ni siquiera se está cumpliendo. Se ha modificado la de Registros Civiles pero no hay recursos, ahora. Sólo en Andalucía hay 30.000 personas sin inscribir. Hacen falta partidas económicas, fijar que las intervenciones en cementerios sean revisadas y se eviten desmanes o expolios, utilizar debidamente los bancos de ADN, donde hay personal y medios técnicos que darían respuestas a muchas familias…”, añade.

La crisis no es más que una excusa, denuncia. Las partidas estaban siendo de 200.000 a 300.000 euros anuales. Falta “voluntad”. Son las asociaciones y las familias las que hoy llevan el empuje de la memoria, pero a la vez se enfrentan a la contradicción de que en estos años se ha “institucionalizado” la causa y, en ocasiones, ese excesivo control limita la posibilidad de avanzar. “Usar y tirar”, dice gráficamente, pasados los años de furor memorialista. Ese “desamparo institucional” lleva al cierre de asociaciones -dos en tres meses, pone como ejemplo, sólo en Andalucía- y a confiar en el micromecenazgo y el voluntariado para que no se pierda lo logrado. Los “seis o siete” proyectos universitarios creados en todo el país hoy no tienen financiación y han dejado la línea de investigación. Muchos de sus datos o conclusiones ni se han podido publicar.

“PAPÁ, DESCANSA EN PAZ”

“Os pido que no recordemos a los nuestros como víctimas, sino como héroes. El Gobierno central no busca a sus desaparecidos ni muchos niños desaparecidos conocen su identidad verdadera. Es una vergüenza, es dejar vivo el antecedente de un genocidio que queda impune y que van a pagar las generaciones futuras”. Lo dijo en 2011 un hombre llamado Darío Rivas, ante miles de personas, en Madrid, en un acto de reivindicación en el que, al fin, él mismo podía ser ejemplo de que la batalla tiene sentido y puede acabar con la paz, con el entierro digno.

Darío Rivas pone flores sobre la tumba de su padre.

Rivas supera los 95 años y vive en Buenos Aires desde que tenía nueve. Su padre, Severiano Rivas Barja, fue alcalde de Castro de Rei (Lugo) y murió a manos de falangistas el 29 de octubre de 1936. Fue el último regidor democrático de su pueblo hasta que llegó la guerra. 69 años después, en 2005, se logró localizar su cuerpo en el cementerio de Cortapezas-Portomarín. El alcalde Rivas fue el primer exhumado e identificado de Galicia.

Su hijo, aún lúcido para cruzar el charco, homenajear a su progenitor y explicar lo ocurrido, relata que Severiano era “un hombre bueno”, que recuperaba tierras sin dueño, que ayudaba a los necesitados. Y lo mataron acusándolo de “comunista”. Lo detuvieron una vez, y pudo ser liberado. A la segunda, lo tirotearon junto a la capilla de Cortapezas, junto a otro hombre. Sus cuerpos quedaron expuestos y custodiados, como escarmiento público. Darío tenía 17 años cuando supo por carta del asesinato de su padre.

En 1952, aunque se había prometido no ir a Galicia más, viajó con su esposa. Encontró la orden de detención, comentarios de que quizá su fosa había quedado enterrada por un embalse, vecinos que recordaban a su padre con cariño. Todo se le revolvió entonces, y se prometió dar con la tumba. Sus hermanos mayores supieron en su momento la ubicación, pero ya habían muerto. Así llegó a 2004, cuando en un homenaje sencillo al alcalde, un comentario le llevó a otro. “Yo vi los cuerpos”, “estaban allá”, “uno llevaba un gabán”, “parecía hombre de importancia”, “el carnicero lo sabe todo…”. Y así se confirmó el enterramiento, pese a las pocas facilidades de la iglesia local. El alcalde Rivas ahora descansa en el panteón familiar en Loentia. Una placa lo recuerda. “Papá, descansa en paz. Te lo pide tu niño mimado, Darío”.

LA DENUNCIA ARGENTINA

Darío Rivas no se conformó con cerrar su historia particular, sino que fue quien promovió la denuncia presentada en Argentina en 2010 para investigar casos de genocidio y lesa humanidad, que no prescriben, aludiendo al criterio de justicia universal. La jueza María Romilda Servini de Cubría ha iniciado la causa y está tomando declaración a víctimas del franquismo y sus descendientes, uno de los hitos más ilusionantes en estos 15 años. Este viernes, por ejemplo, ha dado su testimonio Antonio Narváez, de Marchena (Sevilla), un niño de 82 años al que le mataron a su padre y a su madre.

Antonio Narváez, en el centro, durante un homenaje a represaliados en Marchena.

Cuenta Antonio que está “desbordado” por el proceso, con “incertidumbre” por los resultados que podrá tener, y “satisfecho” por ver que “poco a poco se avanza. “Nada más dar el paso y entrar en el juzgado se hace historia”, resume.

Su vida ha sido “muy intolerable” desde que tenía tres años, criado por una abuela que había perdido a dos hijos y un yerno en la guerra y que prefirió el silencio y la sobreprotección. “Yo la entiendo”, dice, porque a ella también la raparon y la pasearon por el pueblo. “Pero yo sentía algo raro en mí”, insiste Antonio, así que se puso a investigar.

Su padre, jornalero que hacía de panadero cuando no había cosecha, “era un hombre que sabía leer y escribir y por eso lo tenían enfilado”. Un día, iba andando por la calle y un tiro se coló por una ventana, a su paso. “No era casualidad”, remacha, por si hace falta. En el hospital del pueblo “lo dejaron morir”. Le dieron un nicho pero a los pocos meses lo mandaron a una fosa común. Antonio sabe dónde está. Un mes después mataron a su madre, a la que días antes también habían rapado y ridiculizado. Se la llevaron de madrugada cuando sus hijos dormían. De ella no sabe más.

Antonio y su hermano se fueron a Sevilla, a la capital, a por trabajo y escapando de las “bestias, que no personas” que les señalaban como “hijos de”. “Incluso miembros de mi familia”, relata. Antonio trabajó desde los cinco años haciendo de todo y, cuando no podía más, se escapaba a las afueras, al campo, a llorar con su hermano. “No pude contar con nadie”, lamenta, hasta que se decidió a remover lo pasado, ya en democracia, y dio con un grupo de profesionales, historiadores sobre todo, que estaban empezando con el movimiento memorialista en Marchena. “Esto no es sólo política, es una deuda de amor con mis padres, para que estén en paz, para que descansen”, insiste.

Lo tenemos que pelear. Yo soy viejo pero no dejaré de contarlo. Y de exigir mi derecho a tener a mi gente en paz. ¿15 años? Los que haga falta. Aunque le echen tierra encima, esto sigue ahí, no va a desaparecer, y los jóvenes están tomando el relevo. No van a hacernos olvidar”, concluye Antonio.

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Fotografía destacada: Uno de los cuerpos de los ‘Trece de Priaranza’, cuya fosa se abrió hace 15 años. | ARMH

http://www.huffingtonpost.es/2015/09/13/15-anos-primera-fosa-memoria_n_8116920.html?utm_hp_ref=spain

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Polémica en Andalucía con la Ley de Memoria

A Frasquito el bueno lo fusilaron en 1937 en Ronda (Málaga). Su nieto Paco Pimentel, hoy con 70 años, inició una huelga de hambre a las puertas del cementerio el pasado noviembre, después de que la Dirección General de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía, dependiente de una consejería dirigida en estos tres años de gobierno bipartito por IU, decidiera exhumar la fosa sin su apoyo y el de la asociación que preside.

lamarea.com / Olivia Carballar / 01-02-2015

La Administración tenía previsto destinar 17.000 euros en una primera fase, una cantidad que “sólo dará para hacerse una foto con cuatro huesos”, denuncia Pimentel, que busca junto con otros familiares a unos 1.700 asesinados. Pilar Comendeiro y Nelly Bravo pelearon contra el silencio de las administraciones y, tras varios años, lograron por fin iniciar la búsqueda de su tío, uno de los mineros de Huelva que quisieron acabar con los planes de Queipo de Llano. De los resultados de la primera intervención, subvencionada por la Junta, se enteraron por la prensa. Guadalupe Martín removió cielo y tierra, archivo por archivo, para localizar a su abuelo, supuestamente enterrado en el cementerio de Adamuz (Córdoba). La exhumación comenzó el pasado verano con una ayuda autonómica. Desde entonces, asegura sentirse fuera del proceso y desinformada. Leyó en los periódicos que la Junta actuaría de oficio. El coordinador del Grupo de Trabajo Recuperando la Memoria Histórica y Social de Andalucía de CGT-A, Cecilio Gordillo, impulsor, entre otras muchas exhumaciones, de la búsqueda de restos en un campo de concentración en La Algaba (Sevilla), conoció los resultados del hallazgo por un teletipo de la agencia Efe.

La política que durante este tiempo ha adoptado la Dirección de Memoria, fundamentada en que tiene que ser el Estado –en este caso la Junta– quien asuma las exhumaciones, tal y como venían reclamando el colectivo memorialista, el derecho internacional y la ONU, ha venido generando sin embargo malestar, preocupación e indignación entre algunos familiares de víctimas del franquismo que, desde hace años, llevan buscando a los suyos solos, sin el apoyo de ninguna administración y con algunas en contra. La nueva Ley de memoria, uno de los proyectos que el adelanto electoral deja en el aire, establece multas de hasta 150.000 euros por la realización de excavaciones sin la autorización de la Junta, una actuación tipificada como falta muy grave. Es decir, exhumaciones modélicas llevadas a cabo por los familiares, prácticamente sin ayuda pública, como el caso de El Marrufo, en Cádiz, donde fueron localizados 28 restos, ya no serían posibles sin la autorización y tutela de la Administración.

Esto, que es una buena política en tanto que la Junta de Andalucía sería la que asumiría la reparación de las víctimas como una obligación de Estado, genera recelos entre el colectivo por temor a que un excesivo control de la Administración aparte a los familiares del proceso. “Se trata de una nueva política pública de memoria que da respuesta a los derechos humanos y no permite el olvido de los luchadores por la libertad y la democracia”, explicó el –hasta el cierre de esta edición– vicepresidente de la Junta, Diego Valderas (IU), durante la presentación del proyecto. Valderas aseguró que la ley, mucho más avanzada que la estatal, no se hacía con un afán sancionador, sino de convencer, y no creía que tuvieran que llegar a imponer ninguna multa porque, según indicó, no quedaría ni una fosa por abrir ni un hueso sin exhumar si lo piden los familiares.

El texto aprobado, que también prevé sanciones –de hasta 10.000 euros– por no retirar los símbolos franquistas, lleva una memoria económica de 10 millones de euros y prevé un plan cada cuatro años donde se priorizarán las medidas y actuaciones para la localización, exhumación y la identificación de restos. En Andalucía hay más de 600 fosas. ¿Qué porcentaje del presupuesto total se destinaría a exhumaciones? Valderas afirmó que dependería de la demanda. En la última convocatoria de subvenciones para trabajos de localización, catas, exhumaciones e identificación de ADN fueron concedidos 155.000 euros a ayuntamientos y asociaciones, una cantidad ajustada a los límites presupuestarios que, si bien es lo único que queda después de que el PP desmantelase la ley aprobada por el gobierno de Zapatero, resulta insuficiente para exhumar todas las fosas a un ritmo razonable. Muchos familiares son ya mayores y el tiempo corre en su contra. La del Marrufo, por ejemplo, supuso un coste superior a ese presupuesto anual y el proceso duró cuatro años.

Controlar el movimiento

Mari Carmen España lleva desde 2006 batallando para encontrar a su abuelo, un jornalero de Lantejuela (Sevilla), supuestamente enterrado en el pueblo vecino, La Puebla de Cazalla. El proceso de exhumación, empantanado por las dificultades físicas del terreno en el cementerio y por el insuficiente apoyo económico de las administraciones, acaba de finalizar la cuarta fase. Mari Carmen no tiene palabras para cuantificar el desgaste económico y físico que le ha supuesto. Pero es esa búsqueda lo que a la vez le da fuerzas para seguir avanzando: “Sí, pedimos al Estado y a la Junta que se responsabilicen de una vez por todas de la localización de nuestros seres queridos. Pero eso es una cosa y que se quiera dejar a un lado la voluntad de las familias, otra muy distinta. Por tanto, no veo otra explicación en esa política que querer controlar el movimiento y encauzarlo para que no sea tan molesto”.

En la respuesta a una pregunta parlamentaria de octubre, la diputada del PSOE-A Micaela Navarro ya dejó patente ese malestar que, según manifestó, le habían trasladado asociaciones memorialistas. También algunas alegaciones presentadas al anteproyecto hacían referencia al papel de los familiares. “La elaboración de una ley de tanto calado para el movimiento social de memoria no significa que nos retiremos y dejemos en manos de la administración la aplicación de ésta sin más: debemos estar alerta y realizar un seguimiento cercano para que se aplique aquello que consideramos se ajusta a las reivindicaciones y/o que se modifique lo que no se ajuste al sentido de las víctimas […]. Estamos de acuerdo en que la Junta de Andalucía asuma el proceso de exhumaciones, los controle, los financie y los difunda. Aunque ese trabajo debe contar con las asociaciones, familiares y víctimas que llevamos mucho tiempo trabajando en este tema”, recogía en su escrito a la Junta la Asociación Andaluza Memoria Histórica y Justicia (AMHyJA), que considera que cualquier traba administrativa que la ley imponga a las víctimas y a sus familiares para la consecución de sus objetivos “se vivirá como un obstáculo insalvable al proceso de recuperación de la memoria”.

Paco Pimentel protesta a las puertas del cementerio de Ronda (Málaga).

Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), que desde 2000 ha exhumado más de 200 fosas en toda España, es bastante crítico con la nueva política de la Dirección de Memoria: “Es de extrema gravedad y de extrema prepotencia. Exhumar contra los familiares, como en el caso de Ronda, es una aberración. No se trata de una decisión judicial sino de una decisión política que pasa por encima de la voluntad de las familias. Se hace un uso partidista de la memoria, un control partidista, y la memoria no es la memoria de un sector del Parlamento. La ley se ha ido haciendo sin participación”.

Cecilio Gordillo, que había depositado toda su confianza de mejora en la tramitación parlamentaria, también mantiene esa misma percepción: “La desconfianza que sobre el movimiento memorialista se trasluce en el texto del proyecto de ley es su elemento más negativo. Pensamos que su reglamentismo, su proyección ralentizadora, oscurantismo y opacidad en las resoluciones administrativas que se atribuye son debidas precisamente a un ejercicio viejo de la acción política, al marginar, intentar controlar y desconfiar del movimiento memorialista. Se olvida que gracias a sus acciones desde hace más de una década estamos en la situación actual y que la propia administración andaluza ha terminado planteándose la elaboración de una ley como la de ahora”.

Santiago Fernández recuperó los restos de su tío en una cuneta sin el apoyo de ninguna administración y sigue buscando a otro familiar por su cuenta. Así respondió a través de su Twitter a la presentación del proyecto: “Dificultades para exhumar, autoritarismo y asociaciones de familiares puestas de rodillas: eso es la ley de memoria andaluza”. Según denuncia, en el fondo, la nueva política emprendida por la Dirección de Memoria, capitaneada por Luis Naranjo, no apuesta por las exhumaciones. “El director general procede de las filas de IU, pero hemos de concretar que es del PCA (Partido Comunista Andaluz) y ha sido vicepresidente del Foro por la Memoria de Córdoba.

El foro por la memoria entiende que las políticas de memoria trascienden, o han de trascender, la reparación de las víctimas en ámbitos familiares, estableciendo que la víctima de la dictadura fue la sociedad en su conjunto, ideologiza la memoria histórica convirtiendo el tiempo de la segunda república y la guerra en el referente para construir la izquierda de hoy”, escribe Fernández en una radiografía sobre la evolución del movimiento en Andalucía, publicada en la página web ‘todoslosnombres.org‘. Allí pone como ejemplo un artículo escrito por el propio Luis Naranjo, titulado El debate sobre las fosas, ¿exhumar, para qué?, en el que afirma lo siguiente: “En el marco de la memoria histórica, las exhumaciones no pueden considerarse sólo como un acto privado o familiar o como un derecho exclusivo de los descendientes, sino que poseen una dimensión pública y cívica, que se basa en el derecho de todos los ciudadanos a conocer lo que ocurrió”.

“Presuntos familiares”

Naranjo, en conversación con La Marea, niega rotundamente que hayan actuado en contra de las familias y se remitió a ese mismo artículo para defender su postura, que es la de la reparación pública: “Los muertos son del pueblo andaluz. Los familiares son presuntos familiares hasta que exista la comprobación del ADN. Y cada muerto es una prueba del horror que fueron los crímenes franquistas. Hay que sacar a la luz ese horror. Nuestro foro, además, fue pionero en las exhumaciones”, asegura. Según explica, la línea seguida por su departamento incide también en otra de las cuestiones que se encuentra en el espíritu de la ley: que los jueces se mojen. “Siguen archivando las denuncias, pero ahora lo están haciendo con más rapidez. Antes no pasaba eso”, añade.

Guadalupe Martín cuenta, sin embargo, que se dirigió a Naranjo, cuando aún era vicepresidente del Foro, para pedirle ayuda en la búsqueda de su abuelo: “Descartó de antemano la exhumación ante la reforma del cementerio y, una vez nombrado director general, se desentendió de nosotras sin dar explicación alguna”. Como director general, tras la exhumación realizada en verano, denuncia que se arrogó la potestad de presentar los resultados provisionales en una rueda de prensa. “Le pido a Luis Naranjo que actúe de forma más respetuosa y cautelosa sobre la información que hace pública, deje de hacer un uso político y partidista de los supuestos hallados, espere la confirmación del estudio antropológico una vez sean exhumados los restos, se nos consulte e informe de todas las decisiones respecto a los mismos”, desgranó Guadalupe en un escrito. Tras una reunión con él, llega a la misma conclusión: “Las familias hacemos el trabajo y ellos hacen lo que les da la gana. Nos dicen que actuarán de oficio y a la vez que lo solicitemos. Una contradicción”.

“La política de memoria tiene que ser pública y transversal. La reparación y las garantías de no repetición no deben ser asuntos de política partidista, sino de principios y derechos que conciernen a todos los ciudadanos”, insiste Naranjo, que considera que el movimiento memorialista está reconocido en la ley. Emilio Silva concluye que no puede haber una política pública de memoria si el centro de esa política no son los familiares.

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Fotografía destacada: Vistas de una fosa común cubierta por arena y nichos, en La Puebla de Cazalla (Sevilla). LAURA LEÓN

http://www.lamarea.com/2015/02/01/polemica-en-andalucia-con-la-ley-de-memoria/

Publicado por ARMH
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