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Piden un homenaje a los madrileños deportados a los campos nazis

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica espera que en el acto de conmemoración del Holocausto se lean los nombres de los 500 republicanos deportados nacidos en la comunidad de Madrid.

nuevatribuna.es / 19-12-2017

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) presentó este martes un escrito en el registro de la Asamblea de Madrid, dirigido a la presidenta del parlamento madrileño, Paloma Adrados. En la petición se solicita que en el acto institucional que se celebre en torno al 27 de enero, Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto, se lean los nombres de las 500 personas, nacidas en localidades de la Comunidad de Madrid, que fueron deportadas a los campos de exterminio nazis.

La petición presentada por la ARMH iba a acompañada por el listado de todos los madrileños deportados. El colectivo se ha ofrecido también a localizar a familiares de esos deportados para que puedan participar en el acto institucional.

El texto es el siguiente:

“El próximo 27 de enero se conmemora, como cada año, el Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto. Se trata de una jornada especial para recordar a todas aquellas personas que fueron víctimas de la violencia del nazismo. En torno a esa fecha, la Asamblea de Madrid llevará a cabo un acto para condenar uno de los hechos más terribles de la historia de la humanidad.

Hace unos días pudimos ver a la presidenta de la Comunidad de Madrid visitando la exposición sobre el campo de concentración de Auschwitz, que ha abierto sus puertas en Madrid. En esa ocasión, en la que usted la acompañaba, escuchamos a Cristina Cifuentes hablar del deber de recordar.

A los campos de concentración nazis fueron deportados cerca de 10.000 ciudadanos españoles, exiliados republicanos, tras una gestión de los responsables de la dictadura franquista ante sus aliados nazis. De todos ellos, cerca de 500 fueron ciudadanos madrileños, nacidos en esta Comunidad, deportados y obligados a vivir el horror del exterminio, al que muchos de ellos no sobrevivieron.

Desde la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, con el compromiso de mantener viva la memoria de todas las personas que sufrieron el Holocausto, queremos proponerle a la Asamblea madrileña que en el acto de conmemoración en torno al próximo 27 de enero se lean los nombres de todas y cada una de las personas madrileñas que fueron obligadas a subir en los trenes de la muerte, que murieron allí o que fueron liberadas pero nunca pudieron regresar y morir al lugar en el que habían nacido, porque la dictadura franquista les negó el derecho a regresar y vivir en su país.

Nosotros nos ofrecemos a aportar toda la documentación necesaria y a llevar a la asamblea a algunos familiares de esas personas para que reciban el reconocimiento que merecen por todo lo que sufrieron”.

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Fuente:http://www.nuevatribuna.es/articulo/madrid/piden-homenaje-madrilenos-deportados-campos-nazis/20171219183139146510.html

 

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Las mentiras del exabad sobre el Valle de los Caídos

El antiguo responsable de la abadía aseguró en un informe que el trabajo en el valle fue voluntario y que “cobraban de hecho un salario superior al de los obreros de igual categoría laboral”.

“Ese señor es un mentiroso, pero además es un imbécil”, dice el preso político Nicolás Sánchez Albornoz que tuvo que trabajar en el valle: “¿Voluntario yo?”.

“Lo que más me duele es que 80 años después tengamos que estar rebatiendo estas barbaridades”, explica el periodista Isaías Lafuente autor de Esclavos por la patria.

eldiario.es / Carlos Hernández / 18-12-2017

“Ese señor es un mentiroso, pero además es un imbécil”. A sus 91 años, el historiador y preso político durante el franquismo Nicolás Sánchez Albornoz no puede ni quiere ocultar su indignación tras conocer el contenido del informe elaborado en 2005  por el abad del Valle de los Caídos publicado por la Cadena Ser. “Se atreve a decir que los presos que allí trabajamos éramos voluntarios —ha declarado este lunes a eldiario.es—. ¿Voluntario yo? ¿Cómo voy a ser voluntario si me sacaron de la universidad y me encerraron allí por mis ideas”. En la segunda mitad de los años 40, Sánchez Albornoz fue detenido por la policía franquista y condenado a seis años de cárcel por formar parte de una organización estudiantil. Tras pasar por las prisiones de Alcalá de Henares y Carabanchel, en 1948 dio con sus huesos en uno de los tres destacamentos penales que trabajaban en la construcción del monumento franquista, el encargado de erigir el monasterio.

En agosto de ese mismo año protagonizó con éxito una novelesca fuga en compañía de otro compañero, por lo que solo estuvo seis meses en el valle de Cuelgamuros. No fue demasiado tiempo y, según él mismo reconoce, fue un privilegiado: “Al tener estudios me dieron un trabajo de pluma y papel en la secretaría del destacamento”. Fue, no obstante, un periodo más que suficiente para constatar las pésimas condiciones en que vivían la mayor parte de los prisioneros: “Aún recuerdo las noches de verano en las que las chinches se metían por las narices y los oídos y chupaban por todo el cuerpo cubos de sangre”, recordaba en sus memorias.

Más hastiado que indignado se muestra el periodista Isaías Lafuente, que durante años investigó el trabajo forzado al que fueron sometidos los presos políticos del franquismo y que plasmó en su libro ‘Esclavos por la patria’. Esta obra es citada varias veces por el abad en su informe: “Te confieso que lo que diga el abad me importa muy poco —explica Lafuente a eldiario.es—. Lo que más me duele es que 80 años después tengamos que estar rebatiendo estas barbaridades, discutiendo de estos temas sin que hayamos hecho una comisión de la verdad que estableciera cómo fueron los hechos realmente. Yo con el abad no tengo nada que discutir, pero sí discuto a nuestra España democrática que no haya resuelto todos estos temas relacionados con la dictadura”.

De los “malentendidos” a las medias verdades

El informe que el abad Anselmo Álvarez remitió al Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero en 2005 pretendía, según se decía en sus páginas, acabar con “malentendidos y tergiversaciones (…) que se han vertido sobre la realidad del Valle”. Sin embargo, un análisis detallado de las aseveraciones y los argumentos que en él se aportan, viene a demostrar una burda manipulación de la realidad construida a base de la utilización de fuentes nada fiables, medias verdades y una larga lista de falsedades.

“Ninguno de estos penados trabajó de manera forzada, todos lo hicieron voluntariamente”  

Tal y como apunta Isaías Lafuente “se trata de una media verdad o más bien de una media mentira que se convierte en pura mentira”. El abad habla de voluntariedad porque los prisioneros que trabajaban en el Valle se habían acogido al llamado Sistema de Redención de Penas por el Trabajo ideado por el régimen franquista para explotar laboralmente a los cientos de miles de presos políticos que abarrotaban sus cárceles. Lo que olvida decir el abad es cómo y por qué habían llegado hasta allí todas estas personas.

En primer lugar no se trataba de delincuentes, sino de hombres cuya única falta había sido pertenecer a un partido democrático, militar en un sindicato o, simplemente, oponerse a la dictadura. En segundo lugar, su “voluntariedad” estaba forzada para evitar un mal mayor; realizar trabajos forzados era la forma de reducir la duración de las condenas y, de paso, escapar de unas cárceles insalubres, masificadas y en las que el trato solía ser aún más inhumano.

Salvando todas las distancias, los presos que trabajaron en el Valle de los Caídos eran tan “voluntarios” como los judíos deportados a los campos de concentración nazis que pugnaban por ser incluidos en empresas y grupos de trabajo externos para así escapar de las condiciones que sufrían en el interior de Auschwitz, Buchenwald o Dachau.

“Los trabajadores, libres o penados, cobraban de hecho un salario superior al de los obreros de igual categoría de los pueblos cercanos”

Absolutamente falso. Las diferentes memorias publicadas por el Patronato de Redención de Penas por el Trabajo señalan detalladamente cómo se producían esos pagos. Las empresas que realizaban los trabajos pagaban al Estado, por cada hombre, el salario medio de un obrero libre que tuviera idéntica especialización. Sin embargo, el Estado se quedaba con ese dinero y solo le daba al preso 50 céntimos diarios. En el caso de que estuvieran casados por la Iglesia y tuvieran hijos, se consignaban 2 pesetas diarias para la esposa y 50 céntimos por hijo destinados a su manutención. “Son los propios documentos franquistas los que desmienten al abad —apunta Lafuente—. El grueso del salario se lo quedaba el propio régimen”.

“Se cuidó especialmente la alimentación de los presos. En 1947 se estableció que en el caso de los trabajadores reclusos debía ser al menos de 3.000 calorías por persona y día… Llamaba la atención de los penados la abundancia y variedad de los alimentos”

Falso. Los testimonios de los supervivientes coinciden en señalar la mala y escasa alimentación que recibían. Ello, en parte, era debido a la corrupción que estaba instalada en buena parte de la oficialidad franquista. Testigo de ello fue el propio Nicolás Sánchez Albornoz que trabajaba en la secretaría de uno de los destacamentos del Valle: “Era una corrupción consentida. Los camiones llegaban con garbanzos, aceite, patatas… pero se descargaban solo unos pocos sacos. El resto lo revendían en el estraperlo en Madrid. Mandábamos a la Dirección General de Prisiones un estadillo con los menús que se daban cada día, pero todo era inventado. Me encargaban a mí que los redactara y lo hacía sin hablar con el cocinero ni con el almacén. Lo que ponía no tenía relación alguna con lo que realmente comían los presos.”

Nicolás Sánchez Albornoz.

“La iniciativa de la participación de presos en las obras fue siempre de las empresas constructoras”

Falso. Era el régimen franquista el que planificaba obras públicas en lugares que entrañaban tanta dificultad, ya fuera por su recóndita ubicación o por las características del propio trabajo, sabiendo que solo sería posible realizarlas con mano de obra esclava. “Se hacían los trabajos en mitad de la nada —destaca Lafuente—. No podías mover 1.000 o 1.500 trabajadores para que estuvieran cada día al pie del valle. Solo los trabajadores reclusos podían trabajar a cualquier hora, en cualquier condición… siendo levantados en medio de la noche para recuperar el trabajo que no se pudo culminar por un apagón, por ejemplo. Estas obras o las hacían presos o no las hacía nadie”.

14 muertos, entre obreros libres y penados

Media verdad. Es cierto que de los centenares y centenares de centros de detención franquistas (campos de concentración, cárceles, colonias penitenciarias, batallones de trabajadores, etc.) por los que pasaron más de un millón de españoles, los tres destacamentos penales que construyeron el Valle de los Caídos no estaban entre los más duros. La cifra de 14 muertos en los trabajos es real, pero muy incompleta.

De hecho, la fuente que usa el abad para dar ese dato es el médico prisionero Ángel Lausín que también relató, y esto no lo cuenta el religioso, el elevadísimo número de heridos que se produjeron: “Raro era el día que no había un accidente, porque, claro, se movían piedras muy gordas, se movían vagonetas muy grandes, transportando materiales y tierra”.

El arquitecto franquista del Valle Diego Méndez lo resumió así: “Ellos horadaron el granito, se subieron a andamios inverosímiles, manejaron la dinamita… Han jugado, día a día, con la muerte”. Según cifras del propio régimen, el 8 por ciento de los prisioneros que trabajaron en la construcción de la cripta resultaron heridos durante los trabajos. A ello hay que añadir las secuelas que sufrieron la mayoría de ellos por la inhalación del polvo provocado por las detonaciones que perforaban la montaña. Nicolás Sánchez Albornoz habla de “la muerte aplazada” de decenas de prisioneros trabajadores.

“Los fines esenciales de la fundación del Valle (Decreto Ley agosto 1957…) son la oración por todos los muertos de la guerra del 36… La idea fundacional del Valle aspiraba también a la superación de las causas remotas de la guerra: desigualdad e injusticias sociales”

Falso. El Valle de los Caídos fue concebido, exclusivamente como un monumento a los vencedores. Ya el 3 de junio del 39 el propio Franco habló por primera vez de que “nuestro monumento a la Victoria no será un monumento más”. El decreto de 1 de abril de 1940 en el que ordenó la construcción insistía en la misma idea: «Es necesario que las piedras que se levanten tengan la grandeza de los monumentos antiguos… que las generaciones futuras rindan tributo de admiración a los que les legaron una España mejor». Ese mismo día, Franco inauguró oficialmente las obras ante los embajadores de la Alemania nazi, la Italia fascista y el Portugal de Salazar.

El abad también evita mencionar que la mayoría de los republicanos que fueron sepultados en el Valle, fueron sacados de las fosas comunes en las que yacían y trasladados allí sin el consentimiento de sus familias.

El abad afirma que los testimonios recogidos por Isaías Lafuente y por otros historiadores y periodistas “reconocen que en el Valle encontraban un marco de libertad (dentro de su condición de penados) y de buenas condiciones salariales y laborales…”

El propio Lafuente responde a esta última aseveración del abad: “Es absolutamente falso que se pueda sacar esa conclusión de la lectura de mi libro. Me parece increíble que tengamos que seguir debatiendo de este tema. Tendríamos que conocer no solo el detalle real de todo lo que ocurrió allí. Tendríamos que saber el nombre y los apellidos de todos los que allí trabajaron. El problema —concluye— es que 80 años después, el Valle de los Caídos siga respondiendo al fin para el que fue construido: ser un monumento a mayor gloria de Francisco Franco y de José Antonio Primo de Rivera”.

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Fotografía destacada: Valle de los Caídos EFE

Fuente:www./sociedad/mentiras-exabad-Valle-Caidos_0_719878920.html

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El Paraíso, trabajar como esclavo en el Valle de los Caídos

El anterior abad del monumento franquista niega en un informe de 2005 que los presos que allí trabajaron lo hicieran obligados y afirma que gran parte de ellos disfrutaba de libertad de movimientos, de sueldos más altos que otros trabajadores de la zona y de buena alimentación.

En su opinión, es imposible afirmar que fuera un campo de concentración o de explotación de trabajo esclavo.

cadenaser.com / Javier Torres / 18-12-2017

Anselmo Álvarez, abad del Valle de los Caídos hasta 2014, redactó un informe sobre el monumento para “esclarecer, sobre bases suficientemente seguras aunque tal vez no completas, no pocas afirmaciones referidas a hechos y circunstancias concernientes a la fundación y construcción del Valle”. En realidad, lo que trataba era ofrecer su versión “sobre malentendidos y tergiversaciones” que durante 2005 (año en el que está fechado el informe) se habían realizado.

Tras realizar un repaso de las condiciones laborales que vivieron quienes trabajaron, el abad afirma que “ninguno de los penados trabajó en el Valle de manera forzada; todos lo hicieron voluntariamente, de acuerdo con la naturaleza del sistema al que se acogían”.

Es más, se atreve a señalar que “cobraban de hecho un salario superior al de los obreros de igual categoría laboral de los pueblos cercanos. Existían posibilidades de gratificación extraordinaria”. Y añade que desde noviembre de 1939 y por Orden Ministerial, “se cuidó especialmente la alimentación de los presos“.

Extracto del escrito de Anselmo Álvarez, abad del Valle de los Caídos hasta 2014 / CADENA SER

ASIGNATURA PENDIENTE

El documento enviado por al Abad al responsable de Patrimonio Nacional a mediados de 2005 forma parte de los estudios e informes recabados y realizados por la comisión de estudio creada tras la llegada a Moncloa del socialista Jose Luis Rodriguez Zapatero, que desembocó en la aprobación de la ley de Memoria Histórica de España, el 26 de diciembre de 2007. Una de las cuestiones que abordaron los expertos nombrados en septiembre de 2005 fue, precisamente, el futuro del Valle de los Caídos y su posible conversión en un centro de homenaje a la memoria. A pesar de la ingente cantidad de documentos estudiados y opiniones recibidas, los cambios en el Valle, donde aún reposan los restos de Francisco Franco, no han supuesto un punto final a la discusión ni han contentado a quienes creen que es aún un vestigio que honra a los ganadores de la Guerra Civil.

Vistas estas condiciones laborales tan favorables, el abad concluye que “no puede decirse sin falsedad evidente que el Valle de los Cuelgamuros fuera un campo de concentración ni de explotación de trabajo esclavo de los presos políticos”. Y por si acaso hubiera dudas, añade que “se observa una anticipación casi completa a las condiciones de trabajo de los reclusos dispuesta por la ONU en 1955″.

Además, asegura que “la presencia de los restos de Franco en la Basílica se debe a la decisión de la autoridades del estado en 1975, en ausencia de toda disposición de aquel sobre este particular”. El abad es claro respecto a la decisión de enterrar allí al dictador que traslada al “entonces jefe de Gobierno, Arias Navarro, ante las dudas sobre la voluntad final de Franco”. Y al final, sentencia, “en el cementerio de El Pardo hay dos tumbas destinadas al matrimonio Franco”.

En ese documento asegura que los símbolos franquistas en el Valle “son casi irrelevantes” e incluso llega creer ver la existencia de una bandera republicana como símbolo de hermandad de los bandos que se enfrentaron durante la Guerra Civil. “Los símbolos son y están en el Monumento mismo, Monumento dedicado a Dios en nombre de España, cuyos destinos se le confían, y de los caídos, cuyas almas se le encomiendan. Por tanto, son símbolos de carácter eminentemente sagrado“, añade.

EL NEGACIONISMO DEL ABAD, SEGÚN LA ARMH

Emilio Silva, de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, acusa al abad de un negacionismo que trata de ocultar la verdadera naturaleza del Valle de los Caídos, un “campo de concentración donde hubo mano de obra esclava“. Recuerda tan sólo el testimonio del historiador Nicolás Sánchez Albornoz, quien aparece citado en el mismo informe del abad porque su huida es tomada por el religioso como ejemplo de la libertad de movimientos que disfrutaban los presos. Según Silva, el historiador conoció de primera mano la llegada de víveres y siempre denunció que “los pedidos pasaban antes por las manos de los funcionarios franquistas, que practicaban el estraperlo“.

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Fotografía destacada: El Paraíso, trabajar como esclavo en el Valle de los Caídos / GETTY IMAGES

Fuente:http://cadenaser.com/ser/2017/12/17/cultura/1513512331_386878.html

 

 

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Andalucía ha recuperado los cuerpos de 3.365 represaliados por el franquismo

El grupo ‘Recuperando la Historia Social de Andalucía‘ de CGT publica un informe en el que sintetiza la información de las 92 intervenciones en fosas comunes en Andalucía.

publico.es / María Serrano / 13-12-2017

La estimación parece clara. Sin embargo, quedan demasiados nombres por conocer de aquellas víctimas. Andalucía ha exhumado 92 fosas comunes con 3.635 cuerpos de la Guerra Civil y la posterior represión franquista. El grupo ‘Recuperando la Historia Social de Andalucía‘ de CGT ha lanzado a la luz pública un listado inédito: el de las fosas intervenidas en la comunidad más represaliada a nivel nacional durante el franquismo. El número de víctimas resulta aterrador. En torno a 47.000 asesinados podrían ubicarse en estos enterramientos ilegales repartidos en las ocho provincias.

Cecilio Gordillo, coordinador del Grupo y de la web ‘Todos los Nombres’, que engloba una relación de 92.300 desaparecidos relata a Público la importancia de este listado que tiene como “objetivo unificar lo que hasta el momento eran varios en función del promotor o patrocinador (Junta de Andalucía, administración central, gobiernos provinciales y/o locales, e incluso de entidades o Asociaciones, …) sin responder a la necesidad social de conocimiento global de intervención en esta grave problemática que mantiene a miles de asesinados en las cunetas de carreteras y cementerios”.

Pero, ¿cuántas fosas comunes se encuentran realmente en el sur de España? Gordillo habla de casi “setecientas”. El censo oficial del mapa de fosas, realizado en el año 2010, cifraba el número en 614 fosas comunes y 47.000 asesinados. Fuentes de la Junta de Andalucía aclaran a Público que esta relación se “encuentra actualmente en un proceso de actualización que el Gobierno andaluz está llevando a cabo con la participación de asociaciones memorialistas, ayuntamientos, diputaciones y expertos”. El nuevo mapa podría tener un aumento “considerable” con respecto al número anterior de fosas .

La primera intervención. La búsqueda fallida de Aniceto

En Andalucía se han producido numerosas intervenciones en fosas. La primera se inicia el 14 de junio de 2003 en el Valle de Lecrín (Granada). Agustín Góngora Montero buscaba hace catorce años los restos de su hermano Aniceto. Había nacido en el pueblo granadino de Torvizcón. Las señas de los testimonios ubicaban una fosa con 25 cuerpos en un paraje de este valle que fue exhumado sin resultados positivos. Hoy Agustín ya ha fallecido. Ni el ayuntamiento granadino, ni la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) estatal ni la CGT pudieron dar una explicación a Agustín después de toda una vida en vilo.

Mausoleo Victimas de la Fosa de San Rafael (Málaga)

Cecilio Gordillo relata que el empeño continúo con nuevas búsquedas. Concretamente en el barranco del Carrizal, en Órgiva (Granada), hoy declarado Lugar de la Memoria de Andalucía. “Buscamos en la cruz donde los familiares habían señalado la zona de arrojamiento de los cadáveres”, afirma Cecilio. Solo se hallaron huesos de animales en esa zona del paraje cuando fueron analizados por el Laboratorio de Identificación Genética de la Universidad de Granada. “La denuncia ante el Juzgado de Motril no permitió que se continuara la búsqueda”apunta Cecilio, que dice que ”aún esperan esa respuesta”.

Sin embargo, los testimonios orales hablan de que en el barranco de este paraje alpujarreño se podrían exhumar más de 5.000 cuerpos sepultados.

Veintidós fosas intervenidas en Sevilla provincia

La relación es muy significativa en cuanto al número de fosas intervenidas en cada provincia. En el listado se observa un amplia diferencia entre Almería con dos fosas abiertas, seguidas de Jaén (4), Córdoba (12), Málaga (12), Cádiz (15), Granada (16) y finalmente Sevilla con 22. El numero total ascendería a 92 fosas comunes intervenidas. Las víctimas estimadas por el grupo de CGT Andalucía es de 3.635 cuerpos exhumados. Gordillo hace balance. Y es que solo “2.840 cuerpos corresponderían a una sola fosa, la del cementerio de Málaga exhumada en el año 2009”. El resto de cuerpos de los 795 asesinados se ubicarían en el cómputo restante de las 91 fosas abiertas.

Ante la pregunta sobre el número de personas que han logrado reconocerse con nombres y apellidos, Gordillo afirma con rotundidad “la necesidad de trabajar en esta operaciones arqueológicas junto a los datos ofrecidos por los Consejos de Guerra”, como ya ocurriría en el caso de Málaga donde llegaron a reconocerse 4.100 víctimas.

La relación aporta una treintena de fosas sin resultado ni hallazgo de restos

“Si en Málaga el número de desaparecidos fuera de la fosa superaba el millar dentro de la documentación de los Consejos de Guerra, eso indica una expoliación previa en tiempos del régimen. Se cree que esos 1260 cuerpos fueron trasladados para el relleno de las obras del mausoleo del Valle de los Caídos”, apunta el coordinador de CGT-A, según la documentación histórica encontrada.

El listado aporta otras fosas con un importante resultado en cuanto al número de desaparecidos. Es el caso de la fosa de Puerto Real, Cádiz, (193 cuerpos), seguida de la Teba, Málaga, (151 cuerpos), Cazalla de la Sierra, Sevilla, (109 cuerpos) y Aguilar de la Frontera, Córdoba, (66 cuerpos). ¿Expolio o falta de testimonios?

Treinta y tres fosas sin restos

La relación aporta una treintena de fosas sin resultado ni hallazgo de restos. El expolio o falta de documentación científica sobre los hechos históricos hablarían claramente de qué ocurrió en estos parajes, “utilizados como enterramientos clandestinos” por los golpistas.

Cecilio Gordillo habla de dos casos contrapuestos dentro del hallazgo de los restos en dos fosas de mujeres. El caso de la fosa de La Puebla de Guzmán (Huelva), intervenida en 2015, no permitió a pesar de la insistencia de testimonios orales de familiares ubicar los restos de aquellas 15 mujeres salvajemente asesinadas. “Nunca olvidaremos cómo los arqueólogos nos dijeron que en el 73 se había iniciado un acto de destrucción del paraje pero eso parece que ya no interesaba investigarlo”. El informe final de la exhumación hablaba de cómo la tierra había sido “removida, vaciada y rellena con una capa de piedra de pizarra”.

Durante la Transición se abrieron varias fosas a pico y pala, sin ayuda de expertos

En otra fosa de mujeres en Guillena (Sevilla) ni el libro del cementerio, ni los datos en archivos hablaban del asesinato de las 17 rosas. Se realizaron trabajos de localización y búsqueda de los restos en 2009 y 2012. Los testimonios orales de un niño de ocho años, el de José Domínguez Núñez que vio el enterramiento es quien mantiene su versión. “En esta ocasión la herramienta básica para el hallazgo de la fosa hasta dar con todas las mujeres ha sido el testimonio como aporte fundamental”, apunta Cecilio. En una primera intervención no se consigue dar con ellas. Cuatro años después y con una profundidad de diez metros más sobre la tierra, las rosas de Guillena son halladas en el pueblo vecino de Gerena.

Las fosas abiertas en la Transición

Aún faltan algunas más. Las que se abrieron a pico y pala, sin ayuda de expertos a finales de los 70. En plena Transición. Sin ningún tipo de difusión pública. Solo añadiendo la fosa de Constantina en Sevilla, exhumada en mayo de 1979, aumentaría el número de víctimas en 780.

Los encargados del censo de aquella pionera exhumación se encargaron de contabilizar cada una de las calaveras que iban saliendo de la tierra. No hubo forenses ni arqueólogos. La autorización la llevó a cabo el primer ayuntamiento democrático formado por el PSOE y la UCD. “En aquel pueblo de la Sierra Norte hubo una auténtica masacre”, apunta Gordillo. Casi 800 muertos. Gordillo habla de tres fosas más de esta etapa. “Una fosa intervenida en Jimena de la Frontera (Cádiz). Una más en Granada y otra en Córdoba”.

“La matanza inicial del verano del 36 tiene muchas lagunas que no se podrán resolver”, apunta Gordillo

Los datos de los Consejos de Guerra sí han permitido dar luz verde a algunas de las recientes intervenciones en grandes fosas como la de Pedro Masera Polo, iniciada el pasado mes de octubre. Hasta el momento es la única víctima exhumada del cementerio de la Soledad de Huelva. Su nieta María Luisa pudo conseguir el Consejo de Guerra de su abuelo, a través de la Diputación onubense. El forense que certificó, al pie de la fosa, la muerte de Masera dejó por escrito las coordenadas exactas del enterramiento en febrero de 1938.

Y es que gracias a la documentación existente, a partir de febrero de 1937, se han podido conocer un amplio número de desaparecidos. “La matanza inicial del verano del 36 tiene muchas lagunas que no se podrán resolver”, apunta el coordinador de CGT-A. La mayoría de los asesinatos, cometidos entre julio de 1936 y febrero de 1937 se realizaban por “aplicación de bando de guerra”. Sin juicio, documentos ni certificados que permitan ni saber la identidad de la mitad de los desaparecidos en las fosas.

El actual marco para abrir las fosas en Andalucía.

Cecilio Gordillo habla de cómo a lo largo de estos catorce años el permiso de intervención en fosas ha ido variando hasta encontrase actualmente reglado por el protocolo de exhumaciones de la Junta de Andalucía, articulado en la nueva Ley de Memoria Democrática. Todo ayuntamiento, asociación o entidad público-privada tiene que pedir autorización a la conocida Dirección General de Memoria Democrática, por la Orden, publicada el 7 de septiembre de 2009. “La localización, exhumación e identificación se incoa de oficio por la Junta de Andalucía, como a instancia de familiares, entidades memorialistas y ayuntamientos, existiendo en este sentido un Protocolo Andaluz de actuación en exhumaciones de victimas de la Guerra Civil y la Posguerra”.

Gordillo concluye que “estas medidas retrasan, en muchas ocasiones, el orden de las exhumaciones”, autorizadas a través de un Comité Técnico. Las operaciones en fosas son todas aprobadas por el Gobierno Andaluz, aunque Gordillo matiza que “la Junta no sea siempre la encargada de aportar los fondos para la realización de estas intervenciones”.

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Fotografía destacada: Foto de la Fosa de Teba. Fuente Todos los Nombres

Fuente:www./politica/andalucia-recuperado-cuerpos-3365-represaliados-franquismo.html

 

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Los testimonios que han abierto una grieta en la impunidad franquista: “La pena es que ya no están vivos”

Hablamos con los descendientes de dos de las víctimas cuyos casos se encuentran incluidos en la causa judicial que ha abierto un juzgado de Gipuzkoa para investigar los crímenes del franquismo en Elgeta.

publico.es / Danilo Albin / 11-12-2017

Anttoni Telleria pasó la mayor parte de su vida en silencio. Quizás por miedo. Tal vez porque no podía hacer otra cosa. Escondió, por ejemplo, el verdadero motivo por el que tenía los dedos amputados. “Siempre nos dijo que se había caído de un árbol”, recuerda Gurutze, su sobrina-nieta. En realidad, se los habían arrancado de un disparo cuando puso la mano sobre la cabeza de su padre, justo antes de que le mataran. También ejecutaron a su madre delante de sus ojos. Luego, los asesinos la violaron a ella. Podrían haberla matado también a ella, pero prefirieron condenarla a vivir con esa maldita imagen en la cabeza. Tenía 14 años.

Este lunes, Gurutze se enteró de una noticia tan deseada como inesperada. La historia de Anttoni y sus “aitas” (padres) será, por fin, tenida en cuenta por una jueza. No en vano, el caso de los Telleria forma parte de la investigación ordenada por el Juzgado de Instrucción número 4 de Bergara, a cargo de Maider Imaz Mendizabal. La magistrada ha ordenado abrir diligencias previas a raíz de la querella formulada por el ayuntamiento de Elgeta, ya que entiende que podría tratarse de un “delito de genocidio y crímenes contra la humanidad”.

La historia de Anttoni y sus “aitas” (padres) será, por fin, tenida en cuenta por la Justicia

“Llega tarde, pero al menos llega”, comentó Gurutze Telleria a Público algunas horas después de que el ayuntamiento y la asociación Intxorta 1937 dieran a conocer el auto de la jueza Imaz. “La pena –añade- es que todo esto no haya ocurrido cuando mi tía abuela estaba viva”. En efecto, Anttoni murió en 2007, cuando aún no había ni el más mínimo atisbo de que un tribunal pudiese llegar a interesarse por su terrible historia.

Hoy su caso está en el juzgado de Bergara. También se encuentra en el despacho de la jueza argentina María Servini de Cubría, quien instruye una causa propia sobre los crímenes cometidos por la dictadura franquista. Ya sea de un lado u otro del océano, el objetivo es buscar grietas en el muro de la impunidad que se construyó en España. Justo lo que parece que empezará a ocurrir en el juzgado de Gipuzkoa. Justo lo que Gurutze y sus familiares llevaban tiempo esperando.

“Mi tía abuela siempre estuvo convencida de que los que mandaron a esos tipos a violarla eran del pueblo”, relata su sobrina-nieta. De ahí, quizás, los tabús y silencios que acompañaron a Anttoni durante muchos años, en los que apenas hablaba sobre su trágica historia. “Para ella era una batalla perdida”, rememora Gurutze.

Asesinado a sangre fría

La grieta en el muro de la impunidad también provoca una comedida esperanza en casa de Alberto Osoro, uno de los testigos que el próximo 17 de enero declarará ante la jueza de Bergara. Lo hará en su calidad de nieto de José Vicente Garay, un vecino de Elgeta que fue ejecutado a sangre fría por los franquistas en la puerta de su caserío. “Si mi testimonio sirve para algo, adelante”, comentó a Público.

La historia de su familia forma parte del listado de crímenes cometidos por los franquistas en Elgeta. “Mi aitite (abuelo) salió al portón de su caserío y se encontró a cuatro milicianos muy jóvenes. A ellos los mataron y enterraron debajo de un manzano. A mi abuelo le pegaron un tiro en la cabeza y lo dejaron allí tirado”, señala. Su tío, que por entonces era un niño, se refugió en la cuadra de animales. “El asesinato de su padre le dejó secuelas para toda la vida”, relató. Como si esto fuera poco, la tragedia familiar se completó con la desaparición de otro tío abuelo de Osoro.

Durante años, este hombre acompañó a su madre a distintos homenajes. Ahora será él quien podrá relatar ante un tribunal las historias de sufrimientos y vidas inconclusas provocadas en su entorno familiar por la dictadura franquista. Antes, Osoro le contará a su ama (mamá) que la justicia, aquella que siempre estuvo tan lejos, hoy podría estar unos milímetros más cerca.

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Fotografía destacada: Frantsizka Lamarain y Pedro Telleria

Fuente:http://www.publico.es/politica/testimonios-han-abierto-grieta-impunidad-franquista-pena-no-vivos.html

 

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Jesús Rodríguez “El Chuchi”: “El asesinato de mi abuelo es ejemplo de la atrocidad franquista por tener ideas”

Jesús Rodríguez “El Chuchi” | Nieto de Aquilino Rodríguez, asesinado por el franquismo

“Deseo encontrar los restos, tirados en algún lugar, para darles sepultura en memoria de mi padre, Gil Rodríguez, que murió sin hallarle, es mi derecho”.

laopiniondezamora.es / Susana Arizaga / 08-12-2017

“Ni siquiera una rosa”, la persecución y fusilamiento del vecino por el bando falangista del cabrero de Matellanes Aquilino Rodríguez, cabrero y agricultor de 48 años, durante la Guerra Civil, cuyos restos fueron enterrados en una fosa común junto a otros cuatro vecinos del pueblo, está muy cerca de conseguir un Goya. El día 13 se conocerá si logra pasar a la final el trabajo de César Martínez, director de la cinta, con la producción de Jesús Rodríguez, el nieto del zamorano represaliado por las tropas del dictador Francisco Franco.

-¿Cuánto hace que emprendió esta búsqueda, todavía pendiente de un final feliz?

-A la muerte de mi padre, en 2011. El siempre quiso recuperar los restos de mi abuelo, fusilado en 1936 en el cementerio de Alcañices, donde están sus restos en teorías, para llevarlos a Matellanes, nuestro pueblo natal, y darles sepultura.

-¿Qué le mueve a continuar con el empeño de su padre?

-Retomo su lucha en su memoria, por la de mi abuelo y por mí mismo, son mis sentimientos, mi obligación y mi derecho. A los meses de la muerte de mi padre, digo “¿aquí se acabó todo ?, no puede ser que se quede en el olvido”. Quiero que sirva de ejemplo, para que no vuelva a ocurrir más.

-¿Cómo surge la idea de grabar el documental “Ni siquiera una rosa” que relata la historia de su abuelo fusilado por los falangistas en 1936 y su búsqueda de los restos?

-Estábamos centrados en hacer una película. y el 15 de octubre de 2016 se acuerda la excavación en el cementerio de Alcañices en busca de la tumba de mi abuelo, a César Martínez, que está en el proyecto como director, se le ocurrió ir a grabar por si encontrábamos los restos.

-¿No hubo subvenciones?

-No, ni lo pretendí, he trabajado toda vida, desde niño, y a a mí, afortunadamente, me sobra dinero para pagar todo esto. No busco dinero, como dijo el portavoz del PP, Rafael Hernando, cuando nos acusó de que “se acuerdan de desenterrar a su padre solo cuando hay subvenciones”. Me mueven sentimientos no subvenciones del Estado y menos del PP, que solo cierran todas las posibilidades de búsqueda, no quiero dinero, me sobra para hacer esto. El cariño por mi abuelo más allá de todo eso.

-La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica acaba de denunciar a Rafael Hernando por llamar “entretenimiento” las búsquedas de asesinados por Franco, ¿qué le diría?

-A ese señor del PP me gustaría decirle que mi abuelo está tirado en una cuneta, que he hecho la investigación por mi cuenta, sin ayuda, para que vengan a decirme que es un entretenimiento. Quiero que se sepa lo que los falangistas malnacidos hicieron con personas que solo tenían sus ideas, que sirva como muestra de la atrocidad que se cometió en estos pueblos de Aliste, donde nunca tenían que haber venido esos sinvergüenzas a asesinar a sus vecinos.

-No es un documental guionizado, ¿cómo surge?

-No, surge todo de forma espontánea, mientras se estaba realizando la excavación para buscar a mi abuelo. En él aparecemos mi prima Genoveva, que la nieta de mi tío Aquilino, y yo. Las emociones, la rabia, los sentimientos que se transmiten en ese corto son los que en ese momento experimentábamos, fue muy intenso todo.

-¿Terminará en una película?

-En la actualidad, y desde hace varios años, estoy trabajando con Pedro Ríos para guionizar la vida de mis abuelos, de mi padre y de mis tíos, una vida difícil y de persecución constante por parte de los franquistas y la dictadura, la Guardia Civil, desde que comenzó la Guerra Civil, hasta tal punto que mi abuela murió de un infarto tras el asesinato de mi abuelo y por las continuas palizas que daban a mis tíos.

-El documental, que ha sido elegido como finalista para el galardón de los Goya, ya se ha visto en Madrid con muy buena aceptación.

-Sí, se presentó ya en cines de Madrid, está en la candidatura para los Goya, con diez trabajos más entre los que la Academia de Cine elegirá a los finalistas el día 13 de diciembre.

-¿Una compensación a tantos desvelos y tanta frustración?

-Después de toda la rabia y los malos momentos que he pasado al no poder hacer realidad mi deseo de encontrar los restos de mi abuelo es como una pequeña recompensa, un subidón, una pequeña gratificación, como si hubiera tomado un chupito.

-La familia como la recibió

-Bien.

-Si ganan el Goya, ¿irá a recogerlo personalmente?

-Iré a la entrega, haré acto de presencia, pero subir a recoger el premio, no lo sé, no me gustan mucho este tipo de actos, los cabreros somos así, un poco tímidos. Para eso está César Martínez.

-¿No tirará la toalla?

-No. He hecho excavaciones por mi cuenta, encontrarlo es muy difícil, he hecho todo el cementerio, lo quiero encontrar por empeño, a lo mejor lo enterraron en tierra santa junto o los sacaron del cementerio de Alcañices donde le mataron en la pared de dentro el 14 de septiembre al amanecer de 1936, junto a Rafael Sassot Rodríguez, catalán pero vecino de Alcañices y que trabajaba en la aduana; Laurentino Mata de Medina de Campo y conductor de la línea de autobuses Zamora-Alcañices; el farmacéutico Félix Prieto; y Antonio Rodríguez.

-¿Cómo detuvieron a su abuelo?

-Por la noche, llamaron a la puerta, se despidió de su familia porque sabía que no iba a volver. Durante una o dos noches, le mantuvieron en el calabozo goleándole, maltratándole, le dieron paseo, le llevaron al paredón y allí le mataron. En el pueblo se escuchaban los gritos del calabozo cuando les pegaban. Y los disparos de esa madrugada del 14 de septiembre cuando les fusilaron.

-¿Se sabe quiénes apretaron los gatillos?

-Sí. A Sassot lo mató Salvador Montejo Moreno, un conductor de autobuses; también participaron en la ejecución Luis Silva, “Pititis”, que era guardia civil; José García, alias “Mítrico”; y “El Amaro”; y Antonio.

-¿Cómo logró que conocer el nombre de los asesinos?

-Porque fueron Salvador y Luis a comer pollos al bar la Villa para almorzar, como héroes, como si hubiera sido una hazaña, a las doce del mediodía, después de matar a cinco personas y dejado huérfanos. Y “El Amaro”, que era tartamudo, decía que “el hijo puta”, en referencia a Sassot, “se reía de mí y me decía me matas ya o qué” porque se le atascó el revólver al disparar.

-¿Ha podido hablar con alguno de los descendientes de los ejecutores de esa madrugada?

-Hablé con su hijo, que me dijo que su padre fue muy malo, pero no sabía dónde estaban estos cadáveres. El hijo no sabía dónde los habían tirado. Y le di un abrazo al final de la conversación.

-¿Aún viven vecinos de Matellanes que conozcan lo que ocurrió aquella madrugada?

-Sí, pero siempre ha sido tabú y por los pueblos de 200, de 100, de alrededor de Alcañices ha habido muertes y nadie habla, preguntas a los hijos de las víctimas, que tienen 80 o 90 años, y les da vergüenza, no se atreven a hablar por toda la culpa que se les ha ido echando encima, en esa zona con tanto yugo y crucifijo colgado y olor a incienso. Yo creo que hay vecinos que saben, pero no quieren hablar.

-Las ejecuciones iban precedidas de denuncias de los vecinos, ¿no?

-Sí, para matar a mi abuelo recogieron denuncias, firmaron cuatro o cinco vecinos y el cura, mi abuelo no iba a misa. Tras el asesinato de mi abuelo, cada cuatro o cinco días la Guardia Civil iba a casa, les quitaban lo poco que tenían para comer, iban a por mi tío Domingo, le daba palizas, cuando volvía estaba en la cama días para recuperarse, se exilió a Brasil. En Argentina tengo a otros do tíos, Antonio y Ángel, les perseguían y no les dejaban vivir.

-El 23-F, su padre también abandonó Matellanes por miedo.

-Era socialista, el pequeño e los hermanos, Gil Rodríguez. Yo tenía 10 años, huyó a Portugal, pero antes fue a hablar con el cura y le dijo “mañana por la mañana toca las campañas y dices a todo el pueblo que como les pase algo a mi mujer y mis hijos vengo y mato a todo el pueblo”. Volvió en marzo o abril. Demetrio Madrid estuvo en mi casa para decirles a mi tío Anastasio, que era comunista, y mi padre que el 23-F estaban en el número 7 y 8 de la lista negra. Recuerdo a Demetrio en la cocina e casa tomando vino y chorizo.

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Fotografía destacada: Jesús Rodríguez durante la excavación en el cementerio de Alcañices. Foto extraída del corto “Ni siquiera una rosa

Fuente:http://www.laopiniondezamora.es/zamora/2017/12/08/asesinato-abuelo-ejemplo-atrocidad-franquista/1049947.html

 

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La Fiscalía insta a Cultura a reclamar a la Fundación Francisco Franco los documentos de su archivo

La Fiscalía General del Estado ha remitido al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte una posible reclamación acerca de la propiedad de los documentos del archivo de la Fundación Francisco Franco. Ahora será la Subdirección General de Protección del Patrimonio Histórico la que tenga que iniciar acciones legales en caso de que sean necesarias.

diariosigloxxi.com / 05-12-2017

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) presentó ante la Fiscalía General del Estado las referencias del archivo de la Fundación Francisco Franco con el objetivo de que se iniciara una investigación para determinar si la propiedad de esos documentos es del Estado.

En ese caso, la ARMH requiere que se inicien las medidas legales necesarias para que la fundación devuelva aquellos documentos de titularidad pública y que se tomen las medidas penales previstas en caso de que la documentación hubiera sido apropiada indebidamente.

Según informó la ARMH, en la respuesta remitida por la Fiscalía se informa de que se ha dado traslado a Cultura y, en concreto, a la Subdirección General de Protección del Patrimonio Histórico de esta circunstancia en caso de que el Estado tenga que exigir a la Fundación Francisco Franco la devolución del patrimonio documental del que pudiera haberse apropiado.

Entre los documentos que se encuentran en manos de esta fundación se encuentran informes del Estado, comunicaciones de embajadas y algunas informaciones que “podrían constituir un delito de revelación de secretos” al afectar a los acuerdos y relaciones de España con otros países.

La ARMH espera que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte tome las medidas necesarias para recuperar los archivos que puedan ser de titularidad pública y que se adopten las medidas punitivas que fueran necesarias.

Este colectivo considera de “extrema gravedad” que se permita la existencia de la Fundación Francisco Franco y que “tratándose de una organización orientada al enaltecimiento de un genocida pueda haber disfrutado de la connivencia del Estado en el uso de una documentación que de ser de titularidad pública nunca debería haber formado parte del archivo de la Fundación”.

Al mismo tiempo, cree “paradójico” que “el mismo ministerio que debería haberse interesado por la propiedad legal de esos documentos sea el que subvencionó a la Fundación Francisco Franco bajo el Gobierno de José María Aznar en los años 2000, 2001 y 2002”.

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Fuente:http://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/260790/fiscalia-insta-cultura-reclamar-fundacion-francisco-franco-documentos-archivo

 

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¿Quién fue Salvador Moreno, el militar golpista defendido por Rajoy?

En 2002 el pleno municipal de Pontevedra aprobó (con el voto contrario del PP) su eliminación del callejero. Bombardeó Gijón o a la población que huía de Málaga.

La calle con nombre franquista de Rajoy y otros desprecios del PP a las víctimas de la dictadura

eldiario.es / Marcos Pérez Pena / 01-12-2017

“Viví muchos años al lado de la Escuela Naval de Marín, en la calle Salvador Moreno de Pontevedra.  Ahora, no se sabe por qué, le han quitado la calle al Almirante Salvador Moreno. Pero, en fin, yo le sigo llamando así”. Mariano Rajoy, durante una visita a militares españoles en Costa de Marfil, lamentó el cambio de nombre de esta calle, que hace ya 15 años pasó a llamarse Rosalía de Castro, por iniciativa del Gobierno local de la ciudad. En octubre de 2002 la decisión fue acordada por el pleno municipal, con los votos favorables de BNG y PSdeG-PSOE y la oposición del PP.

El entonces concejal de Cultura y hoy diputado en el Parlamento gallego por el Bloque Nacionalista Galego, Luis Bará, defendió el cambio de nombre de esta y de otras cuatro calles (Calvo Sotelo, Paco Leis, Hermanos Vázquez Lescaille y Bernardino Fondevila) “por estar relacionados con el período histórico del levantamiento militar de la guerra del 36 y la represión de aquella trágica etapa”. Por el contrario, el concejal popular Celestino Lores calificó los cambios de “acto de irresponsabilidad” del gobierno del BNG, que “dividía” a la ciudadanía pontevedresa “con cuestiones que nunca debieron salir a la calle” y acusó a Bará de “enturbiar con sus juicios la memoria de personas que ya no están entre nosotros” y de “alterar la paz familiar de sus hijos, nietos y bisnietos, que no han ofendido a nadie, y mucho menos a ustedes”. El edil del PP incluso le exigió a Bará que les pidiera disculpas a los familiares de las figuras franquistas cuyos nombres iban a dejar de estar en el callejero municipal. Bará simplemente le respondió que “la historia hay que conocerla” y que los cambios eran “un ejercicio de justicia y normalidad democrática”.

La calle Rosalía de Castro, llamada así desde el año 2002 JUAN MEJUTO

¿Pero quién fue ese Salvador Moreno cuya memoria acaba de reivindicar Rajoy y que todavía da nombre a un colegio privado en la ciudad? Ferrolano de nacimiento, participó desde el inicio en la sublevación militar contra el gobierno democrático. El 18 de julio dirigió la rebelión en el Arsenal de Ferrol, apoderándose del crucero Almirante Cervera, fondeado en el puerto y que era protegido por oficiales y soldados fieles a la República. Ascendido a Capitán, en las semanas siguientes utilizó ese mismo barco para bombardear Gijón. Ya en 1937, comandó el acorazado  Canarias, con el que bombardeó a la población civil que huía de Malaga en dirección a Granada (en la conocida como desbandá), provocando entre 3.000 y 5.000 muertes. La actuación del Canarias fue fundamental además para que el ejército nacional controlara el Estrecho de Gibraltar.

En 1939 fue proclamado Ministro de Marina, cargo que desempeñó en dos etapas (1939-45 y 1951-57), siendo ascendido a Almirante en 1950 y muriendo en 1966 a los 80 años de edad. En 2008 fue uno de los 35 altos cargos del franquismo imputados por la Audiencia Nacional en el sumario instruido por Baltasar Garzón, por los delitos de detención ilegal y crímenes contra la humanidad cometidos durante la guerra civil y en los primeros años del régimen.

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Fotografía destacada: Salvador Moreno Fernández, ministro de Marina durante la dictadura franquista

Fuente:http://www.eldiario.es/galicia/Salvador-Moreno-golpista-defendido-Rajoy_0_713929006.html

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Cadena perpetua a la dictadura argentina: el ejemplo que España no quiere seguir

La histórica condena a responsables de los vuelos de la muerte argentinos queda como paradigma de la lucha contra la impunidad de las dictaduras.

En el caso español, el régimen de Franco sigue recubierto por una coraza que impide el acceso a la justicia de las víctimas del régimen.

Los obstáculos principales son tres, según expertos: la falta de voluntad política y social, un empuje que arrastraría consigo el tapón judicial.

eldiario.es / Juan Miguel Baquero / 01-12-2017

Argentina condena a los responsables de los vuelos de la muerte. España bloquea cualquier intento de enjuiciar al régimen de Franco. Dos soluciones a un mismo problema: los crímenes contra la humanidad cometidos durante una dictadura. Cadena perpetua versus impunidad.

¿Y están vinculados ambos casos? Sí. Porque se trata de juzgar, o no, violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Porque sendos procesos están conectados en una suerte de viajes judiciales de ida y vuelta. Y porque Argentina se ha convertido en el ejemplo de cómo romper la coraza que impide investigar y penar causas protegidas por el derecho internacional.

¿Y cómo logra el país austral destrozar la impunidad dictatorial? Sorteando el gran obstáculo jurídico: las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. El tapón salta con una clave: la voluntad política y social. Un empuje crucial que arrastra consigo a la judicatura.

Todo esto falta en el caso español. Los jueces juegan con la coraza de la preconstitucional Ley de Amnistía para repeler cada tentativa de encausar al franquismo y negar a las víctimas el acceso a la justicia. Un parapeto que resiste por la ausencia de aquellos elementos clave: el interés ejecutivo, de los gobiernos, y una demanda ciudadana mayoritaria.

La “experiencia argentina” como ejemplo

“España sí debe aprender mucho de la experiencia argentina”, dice el expresidente de la Asociación Pro Derechos Humanos de España, Jacinto Lara. “Argentina se ha convertido en un referente mundial” al culminar procesos judiciales que revierten “una situación de impunidad en relación a violaciones de derechos humanos”, precisa.

Fachada de la antigua sede de la ESMA en Buenos Aires, hoy lugar de memoria. | EFE

La Escuela de la Mecánica Armada (ESMA), símbolo del terror en Argentina, es ahora un lugar de justicia. El juicio contra los responsables de secuestros, torturas y asesinatos en el centro clandestino de detención de la dictadura militar se ha convertido en el mayor proceso judicial del país, con casi 800 delitos de lesa humanidad sobre la mesa. Las condenas dictadas llegan hasta cadena perpetua. Los vuelos de la muerte ya no están impunes.

En suelo español, el paradigma de la barbarie oscila desde los centros de tortura a las fosas comunes. De las mujeres rapadas a los represaliados por el Tribunal de Orden Público (TOP). De los  esclavos del franquismo a las miles de víctimas enterradas en cunetas. Todas siguen, del revés, siendo zonas de injusticia.

“Que estos juicios sean llevados a cabo en Argentina y no sea posible hasta ahora terminar con ese muro de impunidad en España tiene que ver con el poder político y con la estructura social”, define el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), Emilio Silva. Un armazón creado en “40 años de dictadura” y que llega “hasta hoy” facilitando que el Estado vulnere el derecho internacional “independientemente de sus gobiernos”, avanza en la crítica.

Decenas de personas escuchan la lectura del veredicto por los crímenes cometidos durante la última dictadura. | CARLOTA CIUDAD/EFE

Una lección: “la justicia hay que buscarla”

La justicia española ha recibido numerosas denuncias por desapariciones forzosas, querellas por torturas policiales, por secuestro de recién nacidos… Hasta ahora quedan  en papel mojado. Incluso la causa abierta en la Audiencia Nacional por el juez Baltasar Garzón o, a efectos prácticos, el grueso de la  causa contra los crímenes franquistas que impulsa un juzgado de Buenos Aires.

“Acá toda excusa parece buena para no hacer nada”, afea sobre el caso español la abogada de la denominada Querella Argentina, Ana Messuti. “Y hay una lección que tomo de la Argentina”, dice la letrada, en conversación telefónica con eldiario.es: “Demuestra que la justicia hay que buscarla”. Que no hay, subraya, “obstáculo que valga”.

Los drogaban. Los subían a un avión. Los arrojaban al Río de la Plata. A unos 4.000 detenidos. Estos vuelos sin retorno eran la estrategia de exterminio con que la dictadura del país austral dejó unos 30.000 desaparecidos forzados. Un oscuro legado que en el sur de Europa igualan los actos de la dictadura franquista sólo con las cifras de bebés robados. Las  desapariciones rondan las 150.000 personas durante el golpe de Estado, la guerra civil y la dictadura. La mayoría siguen cubiertos de tierra en tumbas ilegales.

Decenas de miles de personas rechazaron en las calles la sentencia de la Corte Suprema que reduce la pena a un torturador. | EFE

¿Qué crímenes podría juzgar España? “Deberían juzgarse e investigarse todos los crímenes y violaciones de derechos humanos cometidas por la dictadura franquista”, según Emilio Silva. Todos, sin distinción. “Hay que tener en cuenta que las proporciones del caso español son enormes” y que el argentino “está más cercano en el tiempo”, apunta Messuti.

Detalles que no impiden, en todo caso, avanzar en los tribunales. “El hecho de que no se encuentren los autores de los asesinatos no significa que los crímenes queden impunes, la justicia tiene que actuar”, defiende. “Que mueran los verdugos no exime ni desaparece el delito”, sentencia Ana Messuti.

¿Y qué le falta a España para culminar el acceso a la justicia de las víctimas de Franco? “Algo muy importante: ese empuje social que en Argentina empezó con las Madres y después se manifestó en todos los aniversarios de una forma impresionante”, reclama Messuti. De aquel lado el reclamo ha sido mayoritario, sobre la verdad, la justicia, la memoria y la reparación. Del otro, la Memoria Histórica no deja de ser una petición parcial.

El perfil impune de la dictadura de Francisco Franco está sostenido “por tres elementos combinados: la incidencia social, política y judicial”, incide Jacinto Lara. Un componente “nuclear” es la voluntad de los gobiernos pero la movilización en las calles “es fundamental”. Con este empuje doble, los “obstáculos jurídicos que violentan gravemente el derecho internacional” quedarían removidos “con facilidad”.

Las investigaciones argentinas “se iniciaron en España”, recuerda, y ahora “la Querella Argentina actual debería jugar ese mismo papel para que los juzgados españoles asumieran ese proceso”. La clave está en “ese viaje de ida y vuelta” entra las justicias de ambos países. Así, mientras un país juzga y suma una sentencia histórica, el otro mira al tendido ignorando los crímenes de Estado de su pasado reciente. La ‘causa ESMA’, convertida en ejemplo a nivel mundial, y poniendo en evidencia la impunidad viva del franquismo.

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Fotografía destacada: Rostros de los desaparecidos: protagonistas en el reclamo de verdad, justicia y reparación.

Fuente:http://www.eldiario.es/sociedad/Cadena-perpetua-dictadura-argentina-Espana_0_713929058.html

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Cadena perpetua para los responsables de los ‘vuelos de la muerte’ en Argentina

Secuestros, torturas, homicidios y apropiación de menores son algunos de los horrores investigados en este juicio que se ha prolongado cinco años, entre ellos los llamados ‘vuelos de la muerte’, en los que se arrojaba al mar a personas secuestradas.

cadenaser.com / EFE / 30-11-2017

Veintinueve personas, entre ellas Alfredo Astiz, han sido condenados a prisión perpetua y otras 19 recibieron condenas menores en el mayor juicio por delitos de la última dictadura celebrado en Argentina, en el que otros seis acusados fueron absueltos, entre ellos Julio César Poch.

El histórico proceso, que duró cinco años y en el que estaban imputadas 54 personas, entre militares y civiles, concluyó este jueves en Buenos Aires con la lectura de la sentencia, que duró cuatro horas, y con numerosos integrantes de organismos de derechos humanos a las puertas de los tribunales.

La “megacausa” comprendía 789 casos de crímenes de lesa humanidadcometidos durante la última dictadura (1976-1983) en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), donde funcionó la mayor cárcel clandestina del régimen de facto y en la que se calcula que estuvieron detenidas ilegalmente unas 5.000 personas.

Los jueces absolvieron a Juan Ernesto Alemann, exsecretario de Hacienda del gobierno dictatorial; al piloto de la línea aérea holandesa Transavia y marino retirado Julio César Poch, extraditado desde España; y a los también exmilitares Ricardo Jorge Lynch Jones, Roque Ángel Martello, Rubén Ricardo Ormello y Emir Sisul Hess.

Sin embargo, el tribunal condenó a prisión perpetua, entre otros, a Jorge Eduardo “el Tigre” Acosta, excapitán de fragata y exjefe de Inteligencia y del Grupo de Tareas de la ESMA; al excapitán de corbeta Ricardo Miguel Cavallo, extraditado desde España en 2008, y al excapitán de la Armada y agente de inteligencia Alfredo Astiz, conocido como el “Ángel Rubio” o el “Ángel de la muerte”.

Entre quienes también recibieron la máxima pena están Adolfo Miguel Donda, Juan Antonio Azic, Jorge Carlos Radice, Juan Carlos Rolón, Carlos Guillermo Suárez Mason y Gonzalo Torres de Tolosa.

Además de los 29 condenados a reclusión perpetua, el tribunal sentenció a 10 de los imputados a penas que van desde los 8 a los 25 años de prisión.

Jorge Acosta, Alfredo Astiz y otros miembros de la armada argentina durante la dictadura enjuiciados por los ‘vuelos de la muerte’. / MARCOS BRINDICCI (REUTERS)

Muchos de los condenados ya contaban con condenas previas en otros juicios por delitos en la dictadura. Once de los 66 imputados originalmente en este juicio murieron a lo largo del proceso y otros tres fueron apartados por razones de salud.

“Aquí hay muchos sobrevivientes que han sufrido en carne propia la aplicación de las políticas llevadas adelante por quienes hoy están siendo juzgados”, dijo Liliana Belforte, víctima del terrorismo de Estado de Argentina y comunicadora social.

A las puertas del tribunal, situado justo frente al edificio central de la Armada argentina, Belforte lamentó que este juicio haya tenido “muchísimas dilaciones” y sostuvo que, aunque hubiera querido que la Justicia actuara “con muchísima más severidad”, el proceso resulta un “paliativo” para los supervivientes y los familiares de las víctimas.

Éste ha sido el tercer juicio por delitos cometidos en la ESMA, pero ha sido el más prolongado de ellos y, por la cantidad de imputados, los casos comprendidos y el números de testigos que han declarado -entre ellos 400 sobrevivientes- ha sido considerado el mayor proceso por delitos en la dictadura celebrado hasta ahora por la Justicia penal en Argentina.

“Ha sido el juicio más largo en cantidad de imputados y en cantidad de víctimas”, destacó a Efe Diego Adur, sobrino de Claudio César Adur, detenido desaparecido en 1976 junto a su esposa, Bibiana Martini. Secuestros, torturas, homicidios y apropiación de menores son algunos de los horrores investigados en este juicio, entre ellos los escalofriantes “vuelos de la muerte”, en los que se arrojaba al mar a personas secuestradas.

Entre otros casos emblemáticos, el juicio incluyó las desapariciones de la joven sueca Dagmar Hagelin, de la dirigente de la guerrilla Montoneros Norma Arrostito, de las religiosas francesas Léonie Duquet y Alice Domon y de Azucena Villaflor, fundadora de las Madres de Plaza de Mayo.

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Fotografía destacada: Julio Poch y otros enjuiciados por los llamados ‘vuelos de la muerte’ en Argentina. / GETTY IMAGES

Fuente:http://cadenaser.com/ser/2017/11/30/internacional/1512026399_526840.html

 

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