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Una jueza rechaza investigar un crimen del franquismo pese a reconocer que pudo ser una desaparición forzada

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº1 de Soria admite que el fusilamiento se produjo en un “contexto de crímenes contra la humanidad”.

Abundio Andaluz fue asesinado en el verano de 1936 por un grupo de falangistas cuando era vicepresidente de la Diputación de Soria.

La Asociación Recuerdo y Dignidad ha recurrido el auto y prepara por su cuenta la exhumación para el mes de septiembre.

eldiario.es / Carlos Hernández / 13-08-2017

Abundio Andaluz deberá seguir esperando a que se haga justicia. Tendrá que hacerlo bajo tierra, en el fondo de la fosa en que fue enterrado hace 81 años. Este abogado, militante de Izquierda Republicana y director del orfeón del municipio soriano de El Burgo de Osma ocupaba en el verano de 1936 el cargo de vicepresidente de la Diputación de Soria cuando fue asesinado por los franquistas. Ahora, un juzgado de la localidad ha declinado investigar el caso y se niega a abrir la fosa en la que fue depositado su cuerpo, a pesar de que reconoce que pudo tratarse de una desaparición forzada.

Tras el golpe de Estado del 18 de julio, toda la provincia cayó rápidamente en manos de los militares sublevados. No hubo, por tanto, combates ni víctimas entre los derechistas. Aún así, los rebeldes asesinaron en unos meses a cerca de 600 personas de la órbita republicana soriana: maestros, cargos públicos, sindicalistas o militantes de partidos democráticos.

El 18 de agosto le tocó el turno a Abundio. Un grupo de falangistas le arrastró hasta un lugar llamado La cuesta del temeroso y le fusiló. El azar y la chapucería de sus verdugos le provocaron una lenta agonía; antes de morir, se arrastró durante más de un kilómetro hasta adentrarse en el término municipal de Calatañazor. Un vecino encontró su cuerpo destrozado por las alimañas y lo enterró en el lugar en el que sigue reposando a día de hoy.

Ocho décadas después, el empeño de sus nietas Ana y María Luisa y la experiencia de la Asociación Recuerdo y Dignidad (ASRD) permitieron localizar el lugar de su enterramiento. Tras presentar la correspondiente denuncia para que la justicia asumiera la investigación de los hechos y la  exhumación de los restos, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Soria se hizo cargo del caso.

Abundio Andaluz retratado cuando ya ocupaba el cargo de vicepresidente de la Diputación de Soria / Cortesía de la familia Andaluz

Después de realizar diversas actuaciones, la juez acaba de dictar un auto, al que ha tenido acceso eldiario.es, sobreseyendo la causa. En él se reconoce que “los hechos (…) presentan características que hacen presumir la posible existencia de delito de desaparición forzada de personas y homicidio, fundándose en el contexto de crímenes contra la humanidad”. Sin embargo, la jueza se declara “no competente”, argumentando que debe aplicarse “el protocolo de actuación en exhumaciones de víctimas de la guerra civil y la dictadura” y que, en cualquier caso, el delito de asesinato habría prescrito.

Iván Aparicio, presidente de la ASRD, cree que esta derrota judicial, sin embargo, tiene un aspecto positivo: “El hecho de que la juez asuma que hablamos de desapariciones forzadas y de que los asesinatos pudieron cometerse en un contexto de crímenes contra la humanidad supone un acercamiento a lo que, finalmente debe acabar ocurriendo. En casos como este, lo que debe aplicarse es el Derecho Internacional. Los jueces tienen que darse cuenta de que los crímenes contra la humanidad ni prescriben, ni pueden ser amnistiados. Eso es, ni más ni menos, lo que han interpretado el resto de países que han sufrido dictaduras y situaciones de violaciones de derechos humanos similares a las ocurridas en España”.

El olvido institucional

Esa misma argumentación es la que han utilizado los abogados de la ASRD para recurrir el auto ante la Audiencia Provincial de Soria. En el escrito se recuerda, además, que  “ninguna autoridad del Estado ha dado razón del paradero de esta persona hecha desaparecer por la fuerza y por tanto, a día de hoy, Don Abundio continúa desaparecido”.

Ana Andaluz, una de las nietas del político “desaparecido”, ha sufrido en primera persona ese olvido institucional: “Todo lo que sabemos lo hemos averiguado por nuestra cuenta. Es un problema de las leyes, que no nos amparan, pero también de actitud de los jueces. La colaboración de la Justicia ha sido nula”.

Ana, aún así, se considera afortunada ya que su búsqueda comenzó hace poco tiempo. “Yo crecí en un hogar en el que apenas se hablaba de mi abuelo. Había miedo y mucho silencio. De pequeña, iba captando cosas y cuando fui creciendo me sorprendía que tuviésemos tan pocos datos de él. Fue hace dos años cuando me puse a investigar; ya había fallecido mi padre y el resto de hijos de Abundio. A día de hoy, puedo decir que conozco mucho mejor a mi abuelo de lo que le conocieron sus hijos”.

Su nieta sabe que “fue un hombre que se dedicó toda su vida a hacer el bien. Amaba la música, se implicaba en proyectos solidarios y utilizaba su trabajo de abogado para defender a los más débiles”. Hace poco más de un año, con la ayuda de la ASRD, Ana y su hermana María Luisa encontraron el lugar en el que estaba enterrado Abundio. “Me sorprendió comprobar que algunas personas del pueblo sabían, desde siempre, dónde estaba la fosa. Fue el propio alcalde de Calatañazor el que nos llevó hasta ella. Quien le enterró marcó el lugar con varias piedras formando una gran cruz”.

Paralelamente al recurso judicial, voluntarios de la ASRD  están organizando ya la exhumación del cuerpo de Abundio. Será, previsiblemente, en el mes de septiembre. Ana confiesa estar nerviosa a la espera de que llegue ese momento. “Hemos compuesto una canción con ayuda de un amigo músico y se la cantaremos ese día a Abundio. También he seleccionado unas piezas musicales que él interpretaba con el orfeón… Lo triste es que las instituciones, además de no ayudarnos con la exhumación, nos ponen obstáculos. Cuando la pasada Nochebuena escuché al rey Felipe VI decir aquello de “no reabrir heridas”… Me gustaría haberle preguntado: ¿Tú tienes algún abuelo en una cuneta? Si lo tuviera sabría que las heridas no están cerradas. Si pretendes ser el rey de todos los españoles, demuéstralo”.

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Fotografía destacada: Ana Andaluz deposita flores en el lugar en que se cree que fue enterrado su abuelo / Foto: Anna Turbau

Fuente:http://www.eldiario.es/sociedad/investigar-asesinato-franquismo-reconocer-humanidad_0_675432582.html

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Llega al Congreso una petición para que la ley impida organizaciones como la Fundación Franco

La Asociación para la Memoria Histórica solicita a los grupos que la regulación no ampare a aquellas que ensalcen a personas que hayan violado los derechos humanos.

Aducen que es incompatible con la democracia que el Estado ayude mediante “subvenciones indirectas” a estas organizaciones.

La Fundación Franco ha asegurado que utilizará la gestión de visitas al Pazo de Meirás para subrayar la “grandeza” del dictador.

eldiario.es / Raúl Rejón / 10-08-2017

El debate sobre si la Fundación Franco puede existir legalmente se acerca cada vez más al Congreso de los Diputados. La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica ha pedido por escrito a los diputados que revisen la ley de fundaciones para que “impida explícitamente la actividad” de organizaciones que enaltezcan o traten de convertir “en referente moral la figura de personas que hayan cometido violaciones de derechos humanos”.  No hay mención concreta a Franco pero parece una alusión clara.

La petición, que ha pasado este jueves por el registro del Congreso, explica que la actividad de las fundaciones tiene “una protección especial” como es la posibilidad de desgravaciones fiscales para sus donantes económicos. “Una subvención indirecta”, analiza la asociación. Y solicita que la regulación excluya a fundaciones que actúen o realice “campañas de difusión contra los derechos humanos”. 

La petición llega como consecuencia de las recientes manifestaciones de la Fundación Nacional Francisco Franco tras recibir el encargo de gestionar las visitas públicas al Pazo de Meirás, propiedad de los herederos del dictador español.(obligadas por la ley tras ser declarado bien de interés cultural). La fundación aseguró que utilizaría las visitas para resaltar “la grandeza de Franco”.

Aunque recibió críticas nada más hacer pública su intención, la fundación no se ha arredrado y ha reforzado ese discurso, incluso, a las afueras del propio pazo. El edificio, regalado por las autoridades franquistas al mismo Francisco Franco tras adquirirse mediante cuestaciones ciudadanas supervisadas por La Falange, es propiedad de la familia que decide quién gestiona las aperturas al público.

Tras pleitear la familia para impedir que se declarara bien de interés, la Xunta debió inspeccionar por qué no funcionaba el servicio de citación telefónica al tiempo que ayudaba económicamente a los dueños para que se prestara ese servicio.

La petición de la ARMH se centra en que una democracia no puede tolerar agrupaciones que “traten de enaltecer o ensalzar a quienes los han violado de manera flagrante”.  No es la única iniciativa de este tipo que circula ya por el Congreso. El grupo de Unidos-Podemos también se mostró dispuesto a llevar adelante una moción para, finalmente, expropiar el pazo y sacar a la fundación del pazo para impedir que lo use como escenario de enaltecimiento. Ahora, los diputados de los siete grupos tendrán esperando una nueva petición cuando regresen de sus vacaciones.

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Fotografía destacada: Partidos denuncian uso del Pazo Meirás por los Franco para exaltar a dictador EFE

Fuente:http://www.eldiario.es/sociedad/Asociacion-Recuperacion-Memoria-Historica-Franco_0_674382820.html

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La extinción de la “Fundación” Francisco Franco: una cuestión de interés general

Sus miembros se dedican a vejar públicamente a las víctimas de la dictadura, negando los crímenes franquistas con total impudor.

Su mera existencia vulnera no solo la Ley de Fundaciones, sino la propia Constitución, que vincula directamente el ejercicio del derecho de fundación a la persecución de fines de interés general.

eldiario.es / Manuel Maroto / 09-08-2017

En España existe una organización fascista que en sus estatutos recoge abiertamente como fines la “exaltación” y el “enaltecimiento” de Francisco Franco, así como “contribuir a la proyección de su ideario sobre el futuro de la vida española”. La cosa no queda en declaración de intenciones. Sus miembros se dedican, efectivamente, a vejar públicamente a las víctimas de la dictadura, negando los crímenes franquistas con total impudor (“ Franco no fusiló a nadie“). A intentar intimidar a cargos políticos y a artistas, presentando querellas infundadas y profiriendo amenazas que remiten a lo peor de nuestra historia (“ Si hay que volver a pasar ¡pasaremos!“). A ofrecer asesoría para incumplir la ley (en particular, claro, la de Memoria Histórica). También a poner financiación pública y bienes de interés cultural al servicio de la apología del franquismo.

La realidad es que la Fundación Francisco Franco, con la Constitución y con la ley en la mano, no puede tener reconocida la naturaleza de “fundación”. Su mera existencia vulnera no solo la Ley de Fundaciones, sino la propia Constitución, que vincula directamente el ejercicio del derecho de fundación a la persecución de fines de interés general. El artículo 34.1 de la Constitución Española establece, en efecto, que “se reconoce el derecho de fundación para fines de interés general, con arreglo a la ley”. A su vez, según el artículo 3 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, “las fundaciones deberán perseguir fines de interés general, como pueden ser, entre otros, los de defensa de los derechos humanos, de las víctimas del terrorismo y actos violentos, asistencia social e inclusión social, cívicos, educativos, culturales, científicos, deportivos, sanitarios, laborales, de fortalecimiento institucional, de cooperación para el desarrollo, de promoción del voluntariado, de promoción de la acción social, de defensa del medio ambiente, y de fomento de la economía social, de promoción y atención a las personas en riesgo de exclusión por razones físicas, sociales o culturales, de promoción de los valores constitucionales y defensa de los principios democráticos, de fomento de la tolerancia, de desarrollo de la sociedad de la información, o de investigación científica y desarrollo tecnológico”.

¿Cómo es posible que siga existiendo una fundación que no solo no persigue ninguno de los fines mencionados en esa larga lista, sino que cuya actividad está directamente encaminada contra algunos de los más importantes allí enumerados? ¿Cómo puede ser legal una fundación que difunde el desprecio por los derechos humanos y por las víctimas de la violencia, que exalta la dictadura contra los valores constitucionales, los principios democráticos y la tolerancia, que vincula su forma jurídica y su patrimonio al servicio de intereses que rayan en lo delictivo y son absolutamente contrarios a cualquier noción razonable de interés general?

Según el Registro de Fundaciones, la Nacional Francisco Franco es inscrita el 11 de junio de 1977, cuatro días antes de que se celebraran las primeras elecciones democráticas desde la Segunda República. Por aquellas fechas, por cierto, se denegó la inscripción como partidos políticos a aquellas formaciones que incluyeran en su denominación alguna referencia a la república, lo que impidió que pudieran presentarse a estos comicios. La Fundación Francisco Franco, sin embargo, no tuvo problemas para inscribirse. Gracias, en parte, a un régimen legal preconstitucional que la propia Ley de Fundaciones hoy en vigor califica en su exposición de motivos como “vetusto” y del siglo XIX. No es tan fácil explicar, sin embargo, por qué esta organización ha sobrevivido a la Constitución y a dos leyes de fundaciones que vinculan esta forma jurídica a la persecución de fines de interés general.

Según el artículo 31 de la vigente Ley de Fundaciones, será causa de extinción de estas entidades, entre otras, el que “sea imposible la realización del fin fundacional”. Según la doctrina, esta imposibilidad puede ser tanto material, es decir, que sea fácticamente imposible conseguir el fin fundacional, como jurídica, esto es, que haya habido cambios en el ordenamiento jurídico que hayan convertido lo que era lícito en ilícito, que los fines de la fundación haya devenido contrarios a derecho, o que los medios para alcanzarlos resulten inidóneos para ello. La propia Ley ( artículo 33.2) hace responsable al Protectorado de Fundaciones, órgano dependiente del poder ejecutivo y encargado de controlar la legalidad de estos organismos, de instar a los tribunales a que extingan una fundación en estos casos. Es evidente que tanto la Constitución como las sucesivas leyes de fundaciones y la Ley de Memoria Histórica convirtieron hace tiempo el fin fundacional de la Fundación Franco en algo absolutamente contrario a cualquier noción de interés general, por muy indeterminado que se quiera considerar este concepto jurídico. Se ha convertido en un fin, además, ilícito, por vulnerar el derecho, legalmente reconocido, a la reparación moral de quienes sufrieron un régimen ilegítimo y fueron víctimas de la represión ejercida por parte de instituciones totalmente contrarias a derecho. La controversia sobre si la apología del franquismo debe o no ser considerada una conducta delictiva no puede en modo alguno ser una excusa para tolerar las actividades de un colectivo que solo existe como fundación en flagrante abuso del régimen legal y constitucional de esta forma de personalidad jurídica. La utilización en fraude de ley de la figura de fundación bien merece la aplicación de la doctrina del “ levantamiento del velo“, y con ella una indagación seria sobre los intereses que yacen detrás de esa organización, atrincherada tras un reconocimiento legal que no le corresponde.

Va siendo hora de levantar el velo, también, de los ojos de las instituciones, y de que el legislador reforme la Ley de Fundaciones para establecer, de manera si cabe más meridianamente clara, la ilegalidad de fundaciones como esta. Pero, con la Constitución y la actual ley en la mano, más aún hace que viene siendo hora de extinguir la “fundación” Franco, como si de los dinosaurios se tratara. Aun con cuarenta años de retraso, será una buena ocasión no solo para poner fin a la flagrante vulneración del principio de igualdad ante la ley que supone la existencia de esta organización, y al desprecio a las víctimas de los crímenes franquistas que es parte fundamental de su actividad cotidiana. Lo será, también, como contribución a resignificar lo que política y jurídicamente debe significar “interés general”.

Manuel Maroto – Profesor de Derecho Penal de la Universidad de Castilla-La Mancha

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Fotografía destacada: Foto compartida en Twitter por la Fundación Francisco Franco del 1 de abril de 1939.

Fuente:http://www.eldiario.es/tribunaabierta/extincion-Fundacion-Francisco-Franco-cuestion_6_674092605.html

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Ingresa en prisión el responsable de 300.000 muertes en Auchwitz tras 72 años de impunidad

Oskar Groening era uno de los encargados de recoger las pertenencias de las víctimas que iban a ser asesinadas en las cámaras de gas.

msn.com / Adrián Parrondo / 04-08-2017

72 años después de la caída del régimen Nazi en Alemania, el responsable de la muerte de 300.000 personas, Oskar Groening, ha sido condenado a prisión, a pesar de mostrarse arrepentido.

Su defensa intentó eludir la cárcel atendiendo a la avanzada edad del acusado, 96 años. Sin embargo, la juez encargó un informe médico que determinó que Groening se encontraba en un estado óptimo para cumplir la condena impuesta por el juez.

Se termina así un periplo judicial de dos años, cuando en 2015 le condenaron por su rol en el asesinato de 300.000 judíos en el campo de exterminio más sangriento de todo el régimen nazi.

Groening recibirá atención médica en prisión para certificar que se encuentra en todo momento en buenas condiciones, pero no evitará su ingreso: los médicos consideran que es apto, por lo que probablemente terminará su vida entre rejas.

Arrepentido de su pasado nazi

El acusado se muestra ahora arrepentido: “Nadie debería haber participado en Auschwitz. Soy consciente de ello. Lamento sinceamente no haber sido consciente de ello antes. Lo siento mucho”, aseguró cuando el juez leyó la sentencia.

Sin embargo, Groening ha afirmado que en el pasado fue un ferviente seguidor del nazismo. Su trabajo, además, fue determinante, ya que era él quien se ocupaba de recoger las pertenencias de todas las personas que habían sido seleccionadas para ser asesinadas en una cámara de gas.

© Proporcionado por Los Replicantes. Auschwitz fue uno de los campos más mortíferos del régimen

Los familiares de las víctimas del campo de exterminio han reclamado a la Justicia alemana una mayor celeridad a la hora de tratar este tipo de casos, ya que consideran que los supervivientes no cuentan con tanto tiempo como la Administración.

Alrededor de 1,1 millones de personas fueron asesinadas en el campo de Auschwitz-Birkenau, en Polonia, entre los años 1940 y 1945 por la maquinaria del régimen encabezado por Adolf Hitler.

© Proporcionado por Los Replicantes

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Fotografía destacada: © Proporcionado por Los Replicantes.  El acusado afirma que se arrepiente de haber colaborado en 300.000 asesinatos

Fuente:http://www.msn.com/es-es/noticias/internacional/ingresa-en-prisi%C3%B3n-el-responsable-de-300000-muertes-en-auchwitz-tras-72-a%C3%B1os-de-impunidad/ar-AApqnzU

 

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Hace quince años que el caso de los desaparecidos de la dictadura franquista llegó al alto Comisionado de Naciones Unidas para los DDHH

Hace quince años que el caso de los desaparecidos de la dictadura franquista llegó al alto Comisionado de Naciones Unidas para los DDHH.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) llevó a Ginebra 64 informes de desaparecidos por la represión franquista.

Como consecuencia, el Grupo de trabajo contra la Desaparición Forzada de la ONU reclamó por primera vez a España el paradero de dos desaparecidos de la dictadura.

El 5 agosto de 2002, el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), Emilio Silva, entró en el Palais Wilson de Ginebra, Suiza, sede del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU. Allí, presentó las fichas de 64 personas desaparecidas por la represión de la dictadura franquista, asesinados y tirados en cunetas entre el verano de 1936 y la primavera de 1949. Se trataba de la primera vez que el caso de los desaparecidos de la dictadura franquista llegaba a la ONU.

La ARMH había llevado a cabo un campo internacional de trabajo, con jóvenes de nueve nacionalidades, en Piedrafita de Babia, al norte de León. Una vez encontrada la fosa, denunciaron ante el juzgado de Villablino la aparición de restos humanos con signos de violencia, y la jueza que recibió el caso, abrió diligencias por primera vez en la historia de España.

Desde sus inicios, la ARMH trató de enmarcar las exhumaciones de fosas comunes y la búsqueda de desaparecidos en el ámbito de los Derechos Humanos, para terminar con el silencio de las instituciones españolas y sacar de la bronca política las tareas pendientes con respecto a las numerosas violaciones de DDHH que cometió la dictadura franquista.

Unos días antes de viajar a Ginebra, la ARMH presentó los mismos casos ante la oficina del Defensor del Pueblo que jamás había recibido reclamaciones de familias de desaparecidos, desde que se creó en los años de la transición.

Como consecuencia de las gestiones de la asociación, en el informe anual del Grupo de Trabajo contra la Desaparición Forzada e Involuntaria de la ONU y en el informe del Defensor del Pueblo español, se trató el caso de las fosas comunes.

La decisión de la ONU, fue que sólo podía admitir los casos de desaparición posteriores a la fecha de su creación, el 24 de octubre de 1944. Esa fue la razón por la que el Alto Comisionado le reclamó al gobierno español, entonces presidido por José María Aznar, el paradero de dos hombres, desaparecidos en las provincias de Cuenca y Teruel, en 1947 y 1949.

A partir de entonces el caso español estuvo abierto y la Asociación para la Recuperación de la Memoria histórica utilizó las fichas del Grupo de Trabajo de la ONU para elaborar su base de datos de personas desaparecidas por la represión franquista. El trabajo con la ONU durante años fue determinante para que en septiembre del año 2013 el grupo de trabajo contra la Desaparición Forzada e Involuntaria visitara España, entrevistandose con víctimas, representantes institucionales, juristas e historiadores para conocer de primera mano la situación de las personas desaparecidas por la dictadura franquista y sus familias. También fue determinante para la visita en marzo de 2014 del Relator Especial para la Verdad, la Justicia, la Reparación y la garantía de No Repetición de la ONU, Pablo de Greiff. Ambos organismos realizaron sendos informes especialmente contundentes con el Estado español, por los numerosos incumplimientos en materia de DDHH llevados a cabo por España, tras compromisos adquiridos al ratificar tratados internacionales.

 

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Así se hizo la familia Franco con el Pazo de Meirás: “donaciones” casa por casa supervisadas por la Falange

El dictador recibió personalmente en diciembre de 1938, durante la Guerra Civil, el edificio que ahora gestiona la fundación que lleva su nombre.

La ‘Junta Pro-Pazo del Caudillo’ indicó a los ayuntamientos de la provincia de A Coruña cómo “visitar personalmente” a cada vecino y reclamarle el dinero para sufragar el “regalo”.

eldiario.es / David Lombao / 03-08-2017

El anuncio de que la Fundación Francisco Franco gestiona desde hace meses el frecuentemente incumplido régimen de visitas al Pazo de Meirás y la constatación por parte de la entidad de que empleará esta “oportunidad” para hacer apología de la dictadura y de la “grandeza” de su líder ha devuelto al primer plano el modo en que el histórico inmueble pasó a manos del militar golpista y, a través de él, a su familia. La organización dedicada a exaltar el franquismo insiste en agitar el relato de una “generosa donación” del “pueblo gallego” mediante “suscripción pública” que contrasta con la abundante documentación e investigaciones que acreditan el expolio del edificio, concretado en los años de mayor represión en territorio gallego y mientras en otros puntos del Estado continuaba la Guerra Civil.

Uno de los documentos que mejor muestran la manera en que procedieron los golpistas para convertir la antigua residencia de Emilia Pardo Bazán en “regalo” a Franco fue revelado hace apenas media década por la Asociación Cultura Aberta de Carral, uno de los municipios en que fueron recaudados los fondos. Son apenas cinco páginas encabezadas por una carta de la ‘Junta Pro-Pazo del Caudillo’, un organismo creado en 1937 por las autoridades coruñesas del naciente régimen dictatorial, como el gobernador civil, Julio Muñoz, junto a empresarios de la zona encabezados por el banquero Pedro Barrié de la Maza, responsable del Banco Pastor -entidad que en esos años intentaba ejecutar el aval de un crédito de la campaña del Estatuto de 1936, firmados por dirigentes galleguistas que habían sido asesinados-.

La misiva, datada en mayo de 1938, fue dirigida a las alcaldías de los ayuntamientos de la provincia para detallar la manera en que debían proceder para que sus vecinos pusieran su “grano de arena” para la compra del que pasaban a denominar Pazo del Caudillo. “Todos, del más potentado al más humilde, pueden poner su esfuerzo en lana realización del proyecto” para que “todos los españoles que sienten hoy el orgullo de llamarse conterráneos” de Franco sufragaran la “feliz idea” de “ofrecerle un trozo de la tierra misma de Galicia, que tanto le ha ayudado en su formidable tarea”.

Recorte de prensa sobre la visita de Franco en 1938 para recibir oficialmente el Pazo de Meirás

Más allá de la literatura sobre las bondades de “nuestro invicto Caudillo”, recuperada esta semana semana por el controvertido comunicado de la Fundación Franco, la documentación muestra cómo el Ayuntamiento de Carral ejecutó la orden de la ‘Junta Pro-Pazo’. En un municipio donde dos concejales habían sido asesinados por ser republicanos y otros cinco, sancionados -entre ellos el alcalde-, el nuevo regidor, Laureano Núñez, dictó una convocatoria para “tratar sobre asunto de excepcional importancia patriótica”. Sus destinatarios era casi una veintena de personas encabezadas por el jefe local de la Falange, Juan Seijas.

En ese encuentro, acreditan los documentos, los presentes atendieron la ‘sugerencia’ de la Junta Pro-Pazo, que en su carta “había indicado” la “conveniencia” de “nombrar comisiones” de “dos o tres personas de significación en la localidad” para “visitar personalmente a sus convecinos” y reclamarles el dinero. En el caso de Carral fueron constituidas ocho comisiones, una por parroquia, compuestas por sus respectivos tres miembros; fundamentalmente curas, concejales y falangistas. Estas comisiones elaboraron listados con los nombres, apellidos y aportaciones económicas de cada vecino y en poco tiempo reunieron un total de 4.385 pesetas. La parroquia en la que fueron recaudados más fondos, hasta 936 pesetas, fue Paleo, donde la comisión parroquial que recogió las ‘donaciones’ estaba encabezada por el jefe de la Falange.

Mientras continuaba la represión -solo en Galicia el proyecto interuniversitario de investigación Nomes e Voces ha documentado más de 550 muertes de personas represaliadas en ese 1938- la ‘Junta Pro-Pazo’ ultimaba su regalo al dictador, que acudió a Galicia a recogerlo personalmente en diciembre de ese mismo año. Fue durante un viaje que comenzó por A Coruña y continuó hasta Meirás, donde la Junta organizó una ceremonia para entregarle el Pazo, oficialmente sufragado por “suscripción popular” -a las recaudaciones casa por casa se habían unido otras vías de recaudación, como las nóminas de personal público-.

Durante aquella visita, según recogió la prensa de la época, el dictador había llegado a comprometerse a construir una autopista entre A Coruña y Madrid “y el viaje se hará en cinco horas” -Galicia no tendría conexión con la capital española por autovía hasta más de sesenta años después-. Tras tomar posesión del Pazo junto a su familia -entre ellos su hija, formalmente dueña de Meirás en la actualidad- Franco viajó a Santiago, donde desfiló por las calles y accedió a la Catedral bajo palio.

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Fotografía destacada: Documentación de 1938 con las órdenes para recaudar los fondos destinados a comprar el Pazo

Fuente:http://www.eldiario.es/galicia/politica/Meiras-Franco-casa-supervision-Falange_0_671933347.html

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La Fundación Franco advierte de que utilizará el Pazo de Meirás para elogiar la “grandeza” del dictador

-La entidad franquista, que gestiona las visitas a este edificio declarado Bien de Interés Cultural desde hace dos meses, se jacta de disponer de una “excelente oportunidad” para hacer apología de la dictadura
-La Fundación lanza un comunicado en el que insiste en que el Pazo fue donado a Franco, no robado, y amenaza a En Marea y BNG
-La Fundación Francisco Franco gestiona desde hace dos meses las visitas al Pazo de Meirás

Miguel Pardo/eldiario.es/31-07-2017

La Fundación Francisco Franco (FFF) gestiona desde hace dos meses las visitas al Pazo de Meirás. Tal y como se supo la pasada semana y denunció la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica (CRMH) de A Coruña, esta entidad franquista se encarga de organizar la agenda de recorridos guiados que la ley exige de este Bien de Interés Cultural (BIC) cuya propiedad ostenta la familia del dictador. La noticia provocó fuertes críticas por parte de toda la oposición gallega, más todavía después de que la Xunta reconociera que no puede hacer nada legalmente al ser los propietarios “quienes se deben encargar de cumplir con el mandato legal de abrirlo al público de forma gratuita, así como de su mantenimiento”. Tan solo unos días después, la FFF acaba de emitir un comunicado en el que, lejos de evitar polémicas o limitar su trabajo a fijar las fechas y horarios, reconoce que la labor les supone una “excelente oportunidad” para hacer apología del dirigente fascista y de su dictadura.

Así, la Fundación dice que ha recibido “como un honor” la decisión de gestionar las visitas al Pazo porque es “una excelente oportunidad para mostrar al gran público la grandeza de la figura de Francisco Franco, para potenciar el turismo a Galicia y para difundir el patrimonio gallego en el mundo”. El texto, con tono amenazante, sale a la luz después de que En Marea, PSdeG y BNG hayan calificado de “burla” e “insulto a las víctimas” que esta entidad se encargue de programar el horario y la apertura al público del BIC. En él, la institución franquista acusa a la izquierda de “pedir con toda claridad y reiteradamente que se viole la ley ante la indiferencia general”. Y añade que el “incumplimiento de la ley, como se vio en la II República con el pucherazo del Frente Popular en las elecciones de febrero de 1936, sí tiene consecuencias sobre todos los españoles”.

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Para la Fundación Franco, que hace referencia a las protestas públicas de Bloque y En Marea, su objetivo “no es el Pazo de Meirás, sino desgastar al PP al amenazarlo: si cumple la ley es fascista”. “Un cuento de niños que, a pesar de haberse repetido en numerosas ocasiones, no ha perdido eficacia”, dice una entidad que va más allá y hace su particular versión de la forma en la que la familia del dictador se hizo con el inmueble.

A pesar de que son reiterados y comprobables los testimonios y documentos que acreditan que el Pazo llegó a las manos de Franco tras presiones, amenazas y expolio al pueblo a través de expropiaciones de tierras, suscripciones populares obligatorias y robo de recursos del Estado durante numerosos años, la Fundación entiende que fue “donado por el pueblo gallego” al dictador “mediante suscripción pública”. “Gracias a esta generosa donación, Galicia contó con la presencia en verano de quien había sido jefe del Estado durante la totalidad de su mandato, honra a la que ninguna otra región española tuvo acceso, y que demuestra que la Diputación de La Coruña fue no solo generosa, sino inteligente”, añade.

Con una prosa propia de muchos años atrás, la Fundación advierte que “Galicia cuenta con un importantísimo patrimonio cultural que añadir a los que ya tenía” por tener la “residencia no oficial más importante en la que vivió Franco”, que “está llena de recuerdos de su vida y de su obra”. “El Pazo es hoy uno de los lugares emblemáticos de Galicia, conocido en todo el mundo, y sobre él recae parte de la gloria de quien lo habitó, probablemente el español de mayor relieve mundial desde Felipe II”, asegura.

No es la primera vez que la Fundación Francisco Franco difunde una visión deturpada sobre la historia del Pazo. En un boletín informativo de hace nueve años, tal y como advierte la CRMH, “miente con claridad” sobre el proceso de traspaso de propiedades a la familia del dictador y “elabora un relato falso, tanto sobre la continuación del expolio más allá de los muros del inmueble como del sujeto que hizo aquella donación, intentando esconder un expolio que está documentalmente probado pero que todavía no se ha sometido a la justicia”.

Para la CRMH, este documento antiguo “prueba la misión negacionista de la Fundación Franco, que está utilizando el Pazo de Meirás como plataforma para difundir mentiras, lesionando la memoria de las víctimas y los valores de la democracia”.

http://www.eldiario.es/galicia/politica/Fundacion-Franco-utilizara-Pazo-Meiras_0_670883487.html

Fotografía destacada: Fachada principal del Pazo de Meirás. Xunta.

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Lo que la dictadura robó y la democracia nunca devolvió: así se planificó el expolio franquista

Distintos documentos permiten conocer el sistema elaborado por la dictadura para “legalizar” los robos de bienes a sus enemigos. Para ello, el franquismo ordenó dividir a la población entre “afectos, desafectos y dudosos”. Alcanzaba con haber sentido simpatía hacia un partido político para perderlo todo.

publico.es / Danilo Albin / 29-07-2017

Domingo Epalza pagó muy caro su compromiso con la libertad. Los franquistas no sólo le robaron el derecho a seguir soñando con una Euskadi libre, sino que también le arrebataron todas y cada una de sus pertenencias. Cuando este veterano nacionalista vasco ya había huido a Francia, los hombres de Franco en la pequeña localidad vizcaína de Orozko entraron a su casa y la vaciaron. En un detallado inventario, los verdugos apuntaron cada uno de los objetos apropiados. Las camas, las sillas, los espejos… Ya nada, absolutamente nada, volvería a ser suyo.

Fechada y sellada el 11 de julio de 1938, la detallada lista de los bienes robados a Epalza resume una de las prácticas favoritas del franquismo: la “incautación” de las pertenencias de sus “enemigos”, un concepto que el régimen utilizó de manera muy amplia. Así queda constatado en las órdenes elaboradas por la dictadura para perpetrar ese expolio contra un amplio sector de la población. Un robo de proporciones gigantescas que aún hoy, ochenta años después, continúa: los particulares expoliados por la dictadura nunca pudieron recuperar sus bienes.

Según consta en distintos documentos obtenidos por Público, el franquismo organizó meticulosamente este proceso. Las órdenes eran elaboradas desde altas instancias del régimen, y posteriormente llegaban a los municipios para que las “juntas locales de incautaciones” hicieran el trabajo sucio: serían sus miembros quienes se encargarían de decretar quiénes debían perderlo todo, e incluso cuál sería la dimensión de ese “todo”. El paripé dictatorial incluía un supuesto “juzgado especial de incautaciones” que jamás impartió justicia, sino que se limitó a coordinar el expolio para que se hiciera de manera ordenada.

De esta manera, las comisiones locales debían asumir la “realización de ficheros de presuntos responsables” y la “adopción de medidas precautorias para evitar la desaparición de los bienes abandonados por los rojos y separatistas, organizando la administración provisional de los mismos, así como preparándose para en su día poder administrar los bienes embargados”, tal como puede leerse en un documento de la Comisión Provincial de Incautación de Bienes de Bizkaia, en la que participaba el gobernador civil de turno y el abogado del Estado.

 Escritos de documento encontrado del Ayuntamiento del Concejo de Sestao de 1937. / D.

Tres categorías

Siguiendo las directrices del régimen, las comisiones de incautación clasificaron a los “vecinos y afincados” de los municipios en tres grupos: “afectos al Movimiento Nacional, desafectos y dudosos”. “Se considerarán afectos los que por su actuación y patriotismo deban ser considerados como oro de ley”, señalaban. Por su parte, la categoría de “desafectos” abarcaba a “todos los que hayan incurrido en cualquiera de las causas de responsabilidad civil aunque tengan a su favor atenuantes o eximentes”, mientras que el término “dudosos” sería aplicado a “todos aquellos que no pueden ser incluidos en ninguno de los otros dos grupos, incluso los desconocidos si los hubiere”.

En ese documento también se detallaba quiénes serían identificados como “responsables políticos por su intervención en la preparación o desarrollo de la revolución rojo-separatista”. En primer lugar estarían todos aquellos que “acordaron levantase en armas contra el Ejército, hayan llevado o no a la práctica su proyecto”, así como “todos los que antes o después de haber estallado el Movimiento Nacional hayan hecho propaganda de cualquier clase en favor del Frente Popular o del Partido Nacionalista Vasco”, incluyendo a “los que formaron parte de dichos partidos políticos o hubiesen cedido u arrendado locales a dichas organizaciones”.

Del mismo modo, el régimen ordenaba expropiar “a todos los que por cualquier otro medio hayan colaborado con actos u omisiones que revelen su ánimo de favorecer el triunfo de la revolución rojo-separatista” o “hubieran servido u obtenido cargos o comisión en empresas comerciales o industrias que hayan trabajado para el Gobierno de Euzkadi o rojo (sic)”. Tampoco escaparían los que “a partir del movimiento revolucionario de octubre de 1934 hayan desempeñado cargos directos o de asesores políticos en los partidos que luego integraron el Frente Popular o el Nacionalismo Vasco o desempeñaron cargos similares en asociaciones inspiradas en dichos partidos o simplemente figuraron como afiliados de los mismos”. Ese último concepto, el de “afiliados de los mismos”, figura subrayado en rojo.

Beneficiarios de casas baratas según el documento consultado. / D.A.

“Pedestales de oro”

Tal como se detalla en uno de los documentos obtenidos por Públicoel franquismo identificaba el robo de bienes como un asunto de “suma trascendencia, porque la Justicia de la Nueva España ha de administrase de arriba abajo, empezando por los grandes y poderosos plutócratas que aprovecharon sus pedestales de oro para manejos turbios en contubernio con los personajes rojo-separatistas”.

Asimismo, se dejaba claramente escrito cuáles serían las “medidas precautorias y de administración” sobre los bienes expoliados a las víctimas de la dictadura. “Tan pronto como la Junta tenga conocimiento de la existencia de bienes de cualquier clase que hayan sido abandonados, mereciendo por tal motivo la calificación de bienes presuntamente incautables, procederá con la mayor urgencia formar con los mismos un inventario y adoptar las medidas precautorias que estime la Junta Local necesarias para su conservación y mejor rentabilidad y evitar su desaparición”. En esa línea, ordenaba realizar “una exacta contabilidad de los ingresos que por tal concepto puedan obtenerse”.

De manera paralela, el régimen franquista fijó las bases para el denominado “servicio de recuperación de muebles y enseres”, dirigido a dar vía libre a todas aquellas personas afines a la dictadura que quisieran hacerse con los bienes de sus enemigos. Tal como se detallaba en una resolución del 3 de julio de 1937, alcanzaba con alegar que una pertenencia era de su propiedad para que un “español de bien” se hiciera con objetos de los denominados “rojo-separatistas”.

Esas órdenes estuvieron seguidas de las “investigaciones” efectuadas por los integrantes de las comisiones de “recuperación civil”, las cuales se encargarían de materializar este robo generalizado. En otras palabras, ya nadie podría escapar. “Esta comisión se propone practicar investigaciones domiciliarias por medio de sus agentes al objeto de la imposición de las severas sanciones que procedan”, advirtieron sus responsables en Bizkaia mediante una nota enviada a los ayuntamientos en julio de 1937. A partir de entonces, los grupos locales iniciaron sus tareas de “incautación”, lo que derivó en horrendos inventarios que detallaban los bienes robados. Las víctimas jamás recuperarían sus pertenencias ni serían recompensadas. No ocurriría durante el resto de la dictadura, pero tampoco en la presente democracia.

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Fotografía destacada: Documento del Ayuntamiento del Concejo del Sestao del año 1937. / D.A.

Fuente:http://www.publico.es/politica/dictadura-franquista-robo-democracia-devolvio-planifico-expolio-franquista.html

 

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“Depende de la política española que se avance en la causa del franquismo”

La jueza argentina María Servini de Cubría, que instruye desde 2010 el único proceso judicial del mundo que investiga los crímenes del franquismo, reconoce presiones en sus intentos por que declare el exministro Rodolfo Martín Villa, uno de los quince imputados en la causa sobre el que pesa una orden de extradición.

publico.es / Ana Delicado Palacios / 23-07-2017

Desde su despacho en los tribunales federales de Buenos Aires, la jueza María Romilda Servini de Cubría asiente en silencio mientras su secretaria federal, María José Iglesias, enumera la retahíla de exhortos que se han enviado a España para prosperar en un caso que reúne siete años de investigación.

Ya se tratara de imputaciones, pedidos de exhumación, o recolección de testimonios, casi todas las resoluciones de la magistrada han sido resistidas, dejadas sin efecto o esquivadas por la Fiscalía, por la Audiencia Nacional, y por el propio Gobierno de Mariano Rajoy.

Uno de los casos más emblemáticos que ha surgido durante el proceso ha sido el de Ascensión Mendieta, una mujer que con 88 años recién cumplidos aterrizó en Buenos Aires en 2013 para testificar ante la jueza y pedir por los restos de su padre Timoteo, fusilado en 1939 y enterrado en una fosa común del cementerio municipal de Guadalajara.

“Cómo no nos vamos a acordar de ella”, rememora Servini. “Estábamos en otro despacho, y había unos 30 españoles que habían venido a declarar. Ella se paró y se puso a llorar”, cuenta.

La jueza remitió tres exhortos en 2014, 2015 y 2016 a los juzgados de Guadalajara para secundar el pedido de Ascensión Mendieta. En enero de este año, finalmente, comenzaron los trabajos en una de las fosas del cementerio. Timoteo no estaba, pero sí los huesos de otras 22 personas.

Tras retomarse las labores de búsqueda en una segunda fosa del camposanto, la magistrada pidió por correo electrónico el pasado 15 de mayo que las muestras de ADN se realizaran directamente en España “para que no se demorara más el proceso”. Veinticinco días después, Ascensión encontraba a su padre enterrado junto a los restos de otras 27 víctimas.

“No te imaginas la alegría que teníamos todos al enterarnos, fue como una fiesta para nosotros”, relata Servini. “Muy feliz me sentí, muy satisfecha. Me hubiera gustado estar allá para poder abrazar a Ascensión y estar con ella”.

La titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional n° 1 está ahora al tanto de las intenciones del Ayuntamiento de Guadalajara, donde gobierna el PP, de cobrar 2.057 euros por unas tareas de exhumación en las que ni siquiera intervino. “Es una injusticia”, sentencia la magistrada.

Martín Villa

Acompañada de su subsecretario administrativo, Alfredo Mangano, la jueza reconoce las dificultades que entraña su determinación por conseguir la declaración indagatoria del exministro franquista Rodolfo Martín Villa, uno de los quince imputados que quedan en la causa, tras la muerte de otros cinco acusados, sobre el que pesa una orden de extradición desde octubre de 2014.

“Hay un problema ahí”, admite Servini. “Nosotros teníamos que viajar, pero España ha rechazado todos los pedidos para que podamos ir”.

La jueza intentó desplazarse a Madrid hasta en tres ocasiones durante 2016 para interrogar a los represores de la dictadura, entre los que se encontraba Martín Villa, el exministro José Utrera Molina (fallecido este año) y el expolicía Antonio González Pacheco, conocido como Billy El Niño.

“Hay mucha presión sobre el tema de Martín Villa. Sabemos que hay presión”, dice lentamente. “No sé con quién tiene relación, sé que con el anterior embajador argentino (Carlos Bettini), que se ve es amigo de él”, desliza.

El abogado de Martín Villa, mientras tanto, insiste en que su cliente declare a través de una videoconferencia.

Servini tiene potestad para incorporar al sumario los testimonios de los querellantes que se acerquen a los consulados argentinos, pero no puede realizar una declaración indagatoria a la distancia. Lo prohíbe la legislación argentina y el tratado bilateral de extradición y asistencia jurídica suscrito entre España y Argentina en 1987.

“Estamos viendo si podremos viajar de nuevo, estamos trabajando en eso. Ahora nos hemos centrado en el asunto de Villa. Si insiste en que quiere declarar, podemos ir a tomarle la indagatoria, y de paso, ver si quieren declarar los demás imputados. Pero para eso, tienen que abrirnos las puertas los juzgados españoles”, sostiene.

La Fiscalía, contra Servini

Los impedimentos que se ha encontrado la magistrada a lo largo de la causa se han acentuado desde septiembre, cuando la Fiscalía General del Estado, a través de un documento interno, instruyó a sus fiscales para que los juzgados provinciales dejaran de colaborar con la querella argentina.

“Hasta que la Fiscalía se expidió, teníamos cierto margen de acción para ir allá y aunque fuera, tomarle declaración a todos los imputados”, reconoce Servini.

Después llegó la orden del Ministerio Público, y la jueza nunca pudo concretar su viaje a España. “Ahora depende de la política española que se avance en la causa del franquismo”, afirma.

En su juzgado interpretan como una “amenaza encubierta” las afirmaciones de la entonces titular de la Fiscalía, Consuelo Madrigal, que comparó su proceso con el del juez Baltasar Garzón, y que además acusó a la magistrada de seguir un caso “inviable y, ajeno, por tanto, al interés de la Justicia”.

“Demasiado dura ha sido esa fiscal, porque a nosotros ya nos dejaron ir a España en 2014 para tomar las declaraciones de los testigos”, acota Servini. “La Fiscalía se da cuenta de que tenemos razón, de que vamos avanzando bien, y por eso quieren parar y cortar”.

La investigación judicial de esta magistrada argentina, basada en el principio de jurisdicción universal, ha tenido un impacto sin precedentes. Gracias al testimonio de centenares de personas, la causa cuenta con pruebas fehacientes de los delitos de lesa humanidad perpetrados por el franquismo. “No pensaban desde España que íbamos a avanzar tanto”, dicen en el juzgado de Servini.

Hay algo que todavía llama la atención de la jueza: el miedo que desde hace décadas arrastran muchos querellantes al momento de declarar.

“Esas víctimas han estado mucho tiempo amenazadas. Yo he hablado con gente que tuvo que aprender a leer y escribir a través de la madre, o de la tía. No sólo no podían estudiar, sino que no podían ni trabajar. Y al no poder trabajar, no tenían qué comer”, lamenta.

La falta de colaboración de España es hoy absoluta. Tras admitir una querella presentada por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), el juzgado ha vuelto a reiterar un pedido de información a la jefatura de Policía de Madrid sobre la detención y posterior asesinato del poeta Federico García Lorca. Hace dos meses de aquello. Todavía esperan una respuesta.

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Fotografía destacada: La jueza María Romilda Servini. ANA DELICADO PALACIO

Fuente:http://www.publico.es/politica/maria-servini-cubria-depende-politica-espanola-avance-causa-franquismo.html

 

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Más de un millar de voluntarios busca en España a los desaparecidos del franquismo

En el segundo país del mundo en número de fosas comunes, las tareas de búsqueda e identificación las realizan asociaciones, en su mayoría, ante el olvido y abandono del Estado. Afrontan todos los gastos, desde pruebas de ADN, cerca de 600 euros, al uso de excavadoras, a 40 euros la hora.

publico.es / Patricia Campelo / 24-07-2017

Nuria se ajusta el sombrero de paja para protegerse de un sol que empieza a apretar, a eso de las doce del mediodía, mientras observa la zanja que deja la excavadora. Al otro lado del montón de tierra, Marco sostiene el detector de metales en busca de casquillos de bala hasta 30 centímetros de profundidad, lo que permite el artilugio. Son dos voluntarios de los 1.210 que colaboran de forma desinteresada con la Asociación para Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), entidad responsable de la identificación de cerca de 1.400 desaparecidos del franquismo desde el año 2000.

El pasado 19 de julio, Nuria Maqueda y Marco González, ambos de 36 años, comenzaban los trabajos de prospección del terreno en busca de tres jornaleros de El Bierzo (León), asesinados por la represión franquista el 22 de septiembre de 1936 a las diez y siete minutos de la mañana, según consta en las actas de defunción, mientras iban a cobrar su paga.

Se trata de Magín Abad Mayorga, de 24 años, Antonio Álvarez Prada, de 36, y Francisco Carbajo Campazas, de 80. “Venían del pueblo de Magarinos; supuestamente era día de cobro, y los cogieron por el camino. El pretexto solía ser llevarlos a las prisiones de Astorga o San Marcos, pero nunca llegaban”, explica González, voluntario y vicepresidente de la ARMH.

Dos nietas de los desaparecidos contactaron con la asociación y, tras una consulta en los archivos del ayuntamiento de Brañuelas, dieron con los documentos que detallan estos asesinatos. Además, según los testimonios locales, el hijo de una de las víctimas colocó un alambre de espino alrededor de la fosa, identificando el lugar. Pero las obras de un camino adyacente y la plantación de una finca de pinos borraron el rastro, dificultando la actual tarea de recuperación de los cuerpos.

Las actas detallan que fueron enterrados en algún lugar del paraje conocido como Los Campos, “término Brañuelas”. Y con esta pista, más la información que proporciona observar el estado de la tierra, la asociación ha peinado el terreno con una paleadora que les ha prestado de forma gratuita la mancomunidad de La Cepeda durante tres días, algo inusual.

Las trabas son mayores cuando se trata de exhumar tumbas en cementerios que a la hora de horadar tierra

“Hay ayuntamientos que tienen más delicadeza, y Brañuelas, que pertenece a la mancomunidad, ya nos prestó la máquina en 2006. En esta zona mataron a muchos vecinos”, apunta González sobre una de las fases más costosas del proceso de recuperación de desaparecidos, junto a las pruebas de ADN, unos 600 euros cada una. “Una hora de máquina cuesta 40 euros. La asociación ha llegado a pagar facturas de 4.000 euros. Y a veces sin resultado porque no aparecen”, lamenta.

“Esta es la parte más invisible del trabajo, sobre todo si no se les localiza y hay que pasar a otra zona”, aporta Maqueda. Las tres jornadas de búsqueda no dieron frutos, y estos voluntarios retomarán la tarea cuando la mancomunidad pueda volver a prestarles la excavadora.

En cuanto a los permisos a la hora de horadar la tierra, reconocen que no suelen encontrar grandes escollos. “Otra cosa es cuando se trata de cementerios”, apostilla González, y recuerda el caso del camposanto de Guadalajara, donde se rescataron los cuerpos de 50 víctimas entre 2016 y 2017. “Allí hubo que acudir a la justicia argentina porque desde el primer momento negaron el acceso”, lamenta sobre el caso de Timoteo Mendieta, cuya hija Ascensión viajó a Buenos Aires, con 88 años, para pedir a los tribunales de ese país que obligaran a España a abrir este enterramiento.

Toru Arakawa, el voluntario que llegó de Japón

La segunda fase llega cuando se visualizan los restos óseos, momento en el que entran los equipos arqueólogos y forenses. Hace años la asociación podía contratar a dos o tres profesionales para estas tareas. Ahora no; todas las manos son voluntarias. “Hay personas que colaboran desde distintos campos como la arqueología, la antropología o la historia. El otro día nos escribió una asistente social para hablar con personas mayores. También contacta mucha gente particular que no tiene una titulación pero se presta a recoger testimonios. Les pedimos que cuando vayan en verano a sus pueblos consulten en los registros civiles el alcance de la represión documentada”, aclara González. “A la gente le mueve que un estado como el español no esté abordando la búsqueda de desaparecidos y que lo hagamos las asociaciones con los medios que tenemos, mendigando una máquina”, explica.

Nietos y bisnietos también participan cavando en fosas que podrían albergar a sus antepasados. En el caso de los dos enterramientos del cementerio de Guadalajara, colaboró la cuarta generación de familiares, como Rubén Notario, de 34 años, que buscó sin éxito a su bisabuelo y a un hermano de éste. “La esperanza es lo último que se pierde, y voy a seguir luchando”, expresó a Público en el entierro de Timoteo Mendieta.

Entre los 1.210 voluntarios y voluntarias, la ARMH cuenta con dos centenares de extranjeros de 21 nacionalidades. Algunos como el japonés Toru Arakawa aún conmueven el recuerdo de estos jóvenes. “Nos conoció por un periódico, en Japón, en el que venía una noticia sobre la memoria histórica en España. Poco después llegó a Ponferrada buscándonos, y acabó trabajando con nosotros durante tres veranos seguidos”, recuerdan Maqueda y González.

Contacta mucha gente particular que no tiene una titulación pero se presta a recoger testimonios

El enterramiento de As Pontes, en A Coruña en 2006, supuso la primera incursión del asiático en una tarea que le acabó arrebatando algunas costumbres. “El carácter japonés no muestra sentimientos en público, pero imagínate estar trabajando en una fosa y de repente ver al fondo a Toru llorando. Tampoco tienen mucho contacto físico al saludar, pero perdió todos los prejuicios. Encajó perfectamente. Y se podía tirar horas trabajando en cuclillas. Decía que hacia yoga y estaba acostumbrado”, rememoran.

En 2010, este voluntario japonés falleció, a los 71 años, y su hijo visitó España tiempo después en busca de los recuerdos de su progenitor. “Nos dijo que habíamos calado muy hondo a su padre”.

Nuria Maqueda observa la zanja en la que podrían aparecer los restos de tres fusilados. / P.C.C.

Financiación a través de donaciones voluntarias y un sindicato noruego

El actual movimiento ciudadano por la recuperación de la memoria histórica tiene su epicentro en la fosa de 13 desaparecidos de Priaranza del Bierzo, en octubre del año 2000. Supuso el primer enterramiento en el que se practicaron técnicas científicas de identificación, y originó la creación de la asociación en la que colaboran Maqueda y González y que preside Emilio Silva, nieto de uno de los 13 hombres de Priaranza. Desde entonces, este colectivo ha buscado en 230 fosas a más de 1.700 desaparecidos de los que ha identificado a cerca de 1.400.

Entre 2006 y 2011, el Ejecutivo socialista otorgó subvenciones con las que se sufragaron parte de las exhumaciones. Pero el grueso del dinero que posibilita en España la búsqueda de fusilados proviene de la iniciativa particular. En el caso de la ARMH, de donaciones de personas y colectivos, como el sindicato noruego Elogyt, que donó hace tres años 50.000 euros que abrieron, entre otras, las dos fosas del cementerio de Guadalajara.

476 fosas y 7.645 desaparecidos que dejan de serlo

España es el segundo país del mundo, por detrás de Camboya, en número de enterramientos ilegales, según recuerda la asociación Jueces para la Democracia, pero no todas las administraciones han aceptado su responsabilidad en la recuperación de desaparecidos. Andalucía, Catalunya, Valencia o País Vasco ya cuentan con leyes o políticas públicas de memoria que asumen las exhumaciones.

Según el informe de la Sociedad de Ciencias Aranzadi y la Universidad del País Vasco, firmado por el médico forense Francisco Etxeberria, y actualizado hasta diciembre de 2016, se han rescatado los restos de 7.645 personas de 476 fosas en los últimos 17 años.

En 95 de estos enterramientos participaron, o los gestionaron de manera íntegra, distintas administraciones públicas: ayuntamientos, diputaciones, consejerías, juntas, gobiernos y direcciones generales. Del resto se encargaron las asociaciones y agrupaciones de familiares, en algunos casos con subvención y, en la mayoría, sin ella.

Andalucía, Catalunya, Valencia o País Vasco cuentan con leyes que sí asumen las exhumaciones

El mayor enterramiento, cuyos restos se exhumaron entre 2007 y 2009 fue el del cementerio de San Rafael, en Málaga, con 2.840 fusilados. La tarea de recuperación la llevó a cabo la Asociación Contra el Silencio y el Olvido. La Sociedad de Ciencias Aranzadi, la Gavilla verde, el Foro por la Memoria, la Asociación de Familiares y Amigos de Represaliados en el penal de Valdenoceda, la Coordinadora Provincial por la Recuperación de la Memoria Histórica de Burgos o el grupo GRMHV de Valencia son algunas de las entidades ciudadanas que han trabajado en el rescate de desaparecidos del franquismo.

El mapa de fosas elaborado por el Ministerio de Justicia en 2011 concretó 2.246 enterramientos en los que yacen más de 114.000 represaliados. Pero algunas comunidades autónomas declinaron participar en su confección, por lo que esta cartografía de la represión estaría incompleta, según expresa el informe de Etxeberría.

Con todo, familiares y voluntarios aseguran que seguirán en esta tarea. En el caso de la ARMH, Maqueda y González parten en los próximos días a la otra punta de El Bierzo. “Cada vez es más difícil porque quedan menos testimonios y quien habla ya no es el hijo que vio lo que pasó, sino el nieto a quien se lo contaron”. Así, mientras el Estado no asuma la responsabilidad que le marcan organismos internacionales en el cumplimiento de los derechos humanos, estos voluntarios avanzan que seguirán “hasta abrir todas las fosas que podamos con nuestros medios”.

Los compañeros de fosa de Timoteo Mendieta viajarán a Ponferrada

En enero de 2016 y mayo de 2017 se rescataron los cuerpos de 50 represaliados en dos fosas comunes del cementerio de Guadalajara mientras se trataba de localizar a Timoteo Mendieta, cuya hija Ascensión logró que la justicia argentina, en el marco de la querella contra el franquismo que sigue su curso desde ese país, ordenara los trabajos de exhumación.

Los restos óseos de las 22 personas rescatadas en enero del pasado año los tutela el juzgado número 2 de Guadalajara. Los 28 de la fosa de Mendieta se hallan en el Instituto Anatómico Forense de Madrid. Pero en los próximos días, según ha revelado la Asociación para Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) a Público, los 50 serán reunificados en el laboratorio con el que esta entidad, responsable técnica de estas exhumaciones, cuenta en Ponferrrada (León). “De momento hay 13 identificados mediante pruebas genéticas, además de Timoteo. Seguimos con el proceso identificativo”, avanza Marco González, voluntario y vicepresidente de la ARMH.

La asociación prevé organizar un “gran acto” de entrega de restos a las familias a finales de septiembre o primeros de octubre. Mientras, los custodiarán en condiciones adecuadas para su conservación. “Lo que decía el alcalde [de Guadalajara] de devolver a las fosas a los que no estuvieran identificados es una barbaridad. Hemos dicho que no, que por criterios de conservación eso no se puede hacer. Y nadie asegura que no vayan a aparecer los familiares”, aclara González.

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Fotografía destacada: Voluntarios de la ARMH durante la búsqueda de tres desaparecidos del franquismo en Brañuelas (León). / P.C.C

Fuente:http://www.publico.es/politica/victimas-franquismo-millar-voluntarios-busca-espana-desaparecidos-franquismo.html

 

Publicado por ARMH
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