Archivo de la etiqueta: antifranquismo

Memoria Histórica | |
papa-Francisco-victima-dictadura-pinochetista_EDIIMA20180118_0865_5
Publicado por ARMH
Share on FacebookTweet about this on TwitterGoogle+Share on LinkedIn

El encuentro del Papa con las víctimas de Pinochet deja en evidencia el silencio de la Iglesia española con el franquismo

Francisco atiende a una víctima de la dictadura chilena que fue ‘bendecida’ por Juan Pablo II al saludar desde un balcón con el general.

Los obispos en España no han visto necesario hacer llegar a Bergoglio las reclamaciones de la víctimas y se han negado sistemáticamente a reconocer la memoria histórica.

El Vaticano ha abierto sus expedientes sobre Argentina o Uruguay mientras el Valle de los Caídos continúa sin acceder a las exhumaciones y apenas se han atendido los casos de niños robados.

eldiario.es / Jesús Bastante / 18-01-2018

Hace 31 años, el Papa Juan Pablo II bendecía al régimen de Augusto Pinochet, presentándose junto a él en el balcón de la Casa de la Moneda de Santiago. El respaldo de la jerarquía vaticana al general, basado en la amistad de éste con el entonces secretario de Estado vaticano (y ex Nuncio en Chile), Angelo Sodano, hizo mucho daño a los católicos chilenos. Una herida que, este jueves, el papa Francisco ha reconocido como primer paso de reconciliación.

En el último acto de su visita a Chile de 2018, y antes de partir hacia Perú, Bergoglio se ha encontrado con dos víctimas del régimen de Pinochet, que le entregaron una carta en la que se le solicitaba la ayuda del Vaticano para esclarecer, en la medida de lo posible, las circunstancias de la desaparición de miles de personas en los duros años de la dictadura chilena.

La actitud de Francisco contrasta con la que preside a la Iglesia católica en España, que se ha negado sistemáticamente a cualquier revisión de la memoria histórica. Basta con recordar las calificación episcopal: “Una sociedad que parecía haber encontrado el camino de su reconciliación y distensión, vuelve a hallarse dividida y enfrentada por una utilización de la “memoria histórica, guiada por una mentalidad selectiva”, decían los obispos españoles hace 11 años, cuando el Gobierno Zapatero debatía la aplicación de la Ley de Memoria Histórica.

¿Por qué en algunos casos Francisco habla y en otros no? La respuesta está en el interés de las cúpulas eclesiásticas nacionales. La causa es tan sencilla como difícilmente explicable, y la daba hace unos meses el Nuncio de Su Santidad en España, Renzo Fratini: “No creo que sea necesaria la inclusión del Santo Padre en este proceso”. En otras circunstancias, tanto en Argentina como en Uruguay, los obispos atendieron las reclamaciones de las víctimas, y las hicieron llegar a Francisco. En España, los obispos no lo consideran “necesario”.

Hablan los represaliados

Una de las víctimas de la represión pinochetista, Héctor Marín Rossel, ha contado al Papa que su hermano fue secuestrado el 28 de septiembre de 1973, y desapareció ese mismo día en Iquique. “En sus manos dejo la esperanza de encontrar a nuestros detenidos desaparecidos” clamó ante el Pontífice.

Antes, en el aeródromo de Maquehue (Temuco), que sirvió como centro de detención y tortura durante la dictadura, el Papa celebró una misa que ofreció “por todos los que sufrieron y murieron y por los que cada día llevan sobre sus espaldas el peso de tantas injusticias’. El papa pidió un momento de silencio por tanto ‘dolor y tanta injusticia’, en medio de la emoción que se palpaba en el ambiente.

El compromiso del Papa Francisco por las víctimas de las dictaduras forma parte de su lucha contra lo que llama “cultura del descarte”. Los olvidados son una de las obsesiones de este pontificado: los refugiados, los sin techo, los pueblos originarios… y también, los afectados por los regímenes dictatoriales.

En este sentido, Francisco ordenó la desclasificación de los archivos que el Vaticano guarda sobre la dictadura de Videla en Argentina, para que las familias de los desaparecidos pudieran acceder a toda la documentación. Un gesto que se reprodujo la semana pasada, cuando el obispo castrense anunció la entrega a las familias y asociaciones de víctimas de todos los datos relativos a los 175 nacimientos que se produjeron en la tristemente famosa Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) entre 1975 y 1979.

Hace semanas, el Papa ya hizo lo propio en el caso de Uruguay, tras encontrarse con el nuevo embajador uruguayo ante la Santa Sede, comprometiéndose a desclasificar los archivos que el Vaticano tiene sobre la última dictadura militar uruguaya (1973-1985). En estos días se discute sobre si los datos sólo estarán a disposición de los familiares de desaparecidos o si se contemplará la posibilidad de un modelo de acceso más amplio, como reclama la sociedad civil uruguaya.

Contraste con España

Argentina, Chile, Uruguay han sido tres de las dictaduras que marcaron la historia de América del Sur en el siglo XX. Sin embargo, la dictadura fascista española del general Francisco Franco no ha merecido tanta actividad reparadora por parte de la Iglesia católica.

Tras la aprobación de la ley de memoria, y dos meses antes de la entrada en vigor de la ley, se produjo la mayor beatificación de mártires en la historia de la Iglesia, con medio millar de asesinados durante la Guerra Civil, en una ceremonia presidida en el Vaticano por el propio Benedicto XVI.

La presencia del monje de Montserrat, Hilari Raguer (al comienzo estuvo el cardenal Sebastián, pero pronto la abandonó) en la Comisión para la Aplicación de la Ley de Memoria Histórica, hizo saltar chispas entre los obispos, que estallaron cuando la citada comisión recomendaba convertir el Valle de los Caídos en un centro de reinterpretación histórica, al tiempo que solicitaba que se cumpliera la ley para que las familias que lo desearan pudieran exhumar sus restos de Cuelgamuros, e instaba a debatir la salida de los cuerpos de Franco y José Antonio.

Costó mucho sudor, y decenas de demandas judiciales, conseguir que, poco a poco, buena parte de las catedrales, basílicas y parroquias españolas retirasen todos los signos franquistas de sus fachadas. Así lo hicieron las catedrales de Almería, Granada, Cuenca o Segovia, por ejemplo, retiraron placas por los ‘caídos’ o José Antonio tras sentencias de los juzgados. Otras, como Toledo, o templos como el Valle de los Caídos o el Cerro de los Ángeles de Getafe, continúan exhibiéndolas sin pudor. Alrededor de una quincena de diócesis no han respondido a los requerimientos planteados.

Algún cambio

Algunas cosas están cambiando, es cierto. En Madrid, por ejemplo, el cardenal Osoro accedió a que un sacerdote, Santos Urías, participara en la comisión para la memoria histórica, sin mayores problemas, y en algunas diócesis se ha facilitado el acceso de las víctimas del franquismo a los datos que pudiera haber sobre los fallecidos. La Iglesia, oficialmente, ha acatado la ley, aunque las trabas continúan siendo demasiados

Pero, siguen sumándose sinsabores para las víctimas. A la negativa de los monjes del Valle a cualquier exhumación de los restos de las víctimas, se suma el escándalo de los bebés robados durante el franquismo y los primeros años de la democracia, vinculados a hospitales y congregaciones católicas.

A pesar de que tanto el presidente de la CEE, Ricardo Blázquez, como su portavoz, José María Gil Tamayo, se han reunido con asociaciones de víctimas. y de que, en 2014, se comprometieron a que la Iglesia abriría sus archivos para aquellos particulares que reclamen documentos relacionados con supuestos casos de bebés robados. A pesar de que, además, éste se mostró de acuerdo en que las personas que tengan dudas sobre la posible sustracción de sus hijos en un hospital o clínica privada, o las familias que busquen a sus allegados, puedan acudir a su diócesis para solicitar las partidas de bautismo o de defunción del afectado. Hasta la fecha, y salvo casos contados, esto no se ha producido.

___

Fotografía destacada: El papa Francisco con una víctima de la dictadura pinochetista.

Fuente:http://www.eldiario.es/sociedad/encuentro-Papa-Pinochet-Iglesia-franquismo_0_730727862.html

Publicado por ARMH
Share on FacebookTweet about this on TwitterGoogle+Share on LinkedIn
Memoria Histórica | |
CfakepathMathausenprisionerosjpg_EDIIMA20161202_0548_4
Publicado por ARMH
Share on FacebookTweet about this on TwitterGoogle+Share on LinkedIn

La dolorosa ausencia de los republicanos españoles deportados en una exposición sobre Auschwitz

Antonina Rodrigo
Escritora y miembro de honor de la Amical de Ravensbrück

blogs.publico.es / 18-01-2018

Asombra dolorosamente la ausencia de los deportados Republicanos españoles en el holocausto nazi, en la bien instalada exhibición sobre el campo de exterminio de Auschwitz, del Centro de Exposiciones Arte Canal de Madrid. Hasta el punto de que cuesta creerlo, por inexplicable, teniendo en cuenta que en este campo hubo compatriotas nuestros. Pero no solo aquí, los españoles fueron exterminados. También en otros campos nazis: Mauthausen, Buchenwald, Dora Mittelbau, Dachau, Bergen Belsen, Ravensbrück, Flossenburg, Neuengamme, Oranienburg, Natzweiler, Treblinka, Strutthop, Rawa Ruska, Schirmer. Es decir, que hubo prisioneros españoles internados en quince de los veintidós campos principales nazis, diseminados por la Europa ocupada por las tropas y los servicios policiales del Tercer Reich alemán.

Al final de nuestra visita a la siniestra muestra de los horrores nazis, preguntamos por la persona responsable. Nos recibió una señora que, amablemente, nos dijo que la exposición venía conformada de Alemania, y que la empresa española que había corrido con el montaje en Madrid era Musealia. El Centro se había limitado a alquilar las salas.

Nos negábamos a admitir que en la explícita muestra de los horrores nazis no hubiese ni un solo panel dedicado a la deportación de los miles y miles de republicanos españoles: mujeres, hombres, ancianos, niños, heridos. Y para que las nuevas generaciones conocieran la alianza del franquismo con el nazismo ilustrarlo con la foto en la que Franco saluda, rendidamente, a su aliado Hitler en la frontera española.

La vida de nuestras gentes refugiadas fue de una honda miseria y dramatismo. Hasta marzo de 1945 no obtuvieron el estatuto de refugiados políticos. En 1947, a raíz de la condena moral al régimen franquista por las Naciones Unidas, se cerró la frontera francesa. Pero tres años más tarde, el franquismo recibía el doble espaldarazo de la firma del pacto militar con Estados Unidos y el beneplácito de un nuevo concordato con la Santa Sede vaticana. La Iglesia, cómplice de Franco durante la Guerra Civil, como siempre, desde tiempo inmemorial, aliada con el poder. Las democracias volvieron a mantener la pervivencia del franquismo en el poder, para desolación del valioso y numeroso exilio español.

¿Hasta cuándo vamos a tener que soportar en este país la afrenta de la tergiversación de la realidad histórica, las ocultaciones e infamias, la indiferencia contra aquellos luchadores antifascistas que tomaron partido contra la injusticia, y tras combatir el fascismo en España, lanzados al exilio en 1939, fueron internados en desolados campos de concentración franceses? ¿Para cuándo, el reconocimiento a la lucha en la guerra, el maquis y la contribución en la resistencia francesa de nuestros hombres y mujeres, contra el invasor nazi, en tierras francesas, en denodada lucha por las libertades? Hombres y mujeres, y a veces niños estafetas, cazados en territorio francés por las SS y la Gestapo para explotarlos hasta su extenuación en fábricas de armamento, y terminar en las cámaras de gas o en los hornos crematorios. ¿Cuándo se va a enseñar en las escuelas la lucha del pueblo español, dentro y fuera de nuestras fronteras, y que los primeros libertadores que entraron en París, el 24 de agosto de 1944, eran soldados españoles republicanos?

Pensamos que si esa exposición, afrentosa para la memoria de los luchadores y víctimas del nazismo, de la que al parecer nadie se ha hecho responsable, se hubiese dedicado a criticar al superviviente general golpista, un coro de voces se habría alzado, como trompetas de Jericó, prohibiendo su contenido y reescribiendo los fastos gloriosos del dictador. Y es que la Transición nos trajo de nuevo el silencio, dogma de los vencedores, el miedo que aherrojó bocas, y en muchos casos el terror los hizo serviles, para sobrevivir a la represión del régimen franquista.

Creemos que, a pesar de los diez años transcurridos desde la Ley de Memoria Histórica, como derecho humano, es molesta para una mayoría de gentes de sensibilidad amorfa y visión cegata, que apela al gasto que supone para el país. Y ahí continúan en sus fosas, cunetas y descampados, sin exhumar, las víctimas del franquismo, al mismo tiempo que se suceden las beatificaciones a los eclesiásticos y religiosos, mártires de la Cruzada. El Gobierno, la Justicia, la Iglesia y personas influyentes permanecen ajenas a la verdad, justicia y reparación, de las víctimas republicanas.

El escaso interés de los responsables gubernamentales y culturales en vigilar los contenidos de la exposición del madrileño Centro de Exposiciones y exigir su rectificación, corresponde a la negativa que la presidenta de la Asamblea de Madrid, el parlamento regional de la comunidad autónoma, dedica a las víctimas del nazismo, al prohibir el simple recordatorio de los nombres de más de quinientos deportados madrileños, una gran parte exterminados en los campos nazis, el Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las víctimas del Holocausto, a petición de la Asociación para la recuperación de la Memoria Histórica. Su actitud implica el rechazo a restablecer la Memoria de nuestra historia, silenciada y oculta, a las nuevas generaciones, con un argumento insostenible: “La lectura de los nombres de todas y cada una de las personas madrileñas que fueron víctimas haría necesaria la lectura de los nombres de los millones de víctimas”, leemos en el periódico digital Diario.es (13 enero 2018).

___

Fotografía destacada: Prisioneros en el campo de concentración de Buchenwald / Holocaust Education Archive Research Team.

Fuente:http://blogs.publico.es/dominiopublico/24939/dolorosa-ausencia-republicanos-espanoles-deportados-en-una-exposicion-sobre-auschwitz/

 

Publicado por ARMH
Share on FacebookTweet about this on TwitterGoogle+Share on LinkedIn
Memoria Histórica | |
Madrilenos-Semprun-Antunano-Fontanet-Calcerrada_EDIIMA20180112_0616_4
Publicado por ARMH
Share on FacebookTweet about this on TwitterGoogle+Share on LinkedIn

La presidenta de la Asamblea de Madrid se niega a nombrar a los madrileños presos en campos nazis en un homenaje

La presidenta de la cámara, Paloma Adrados (PP), rechaza la petición de la Asociación de Memoria Histórica al considerar que es un “acto que trasciende fronteras”.

“La lectura de los nombres de todas y cada una de las personas madrileñas que fueron víctimas, haría necesaria la lectura de los nombres de los millones de víctimas”, explica en su respuesta escrita.

Estas actitudes “tienen algo de negacionismo porque en el fondo supone seguir ocultando la historia de esos cientos de hombres y mujeres madrileñas”, dice el presidente de la asociación, Emilio Silva.

eldiario.es / Carlos Hernández / 13-01-2018

En el acto con que la Asamblea de Madrid, el parlamento regional de la comunidad autónoma, homenajeará a las víctimas del nazismo no habrá espacio, paradójicamente, para recordar los nombres de los madrileños que fueron deportados a campos de concentración nazis.

Su presidenta, Paloma Adrados (PP), ha rechazado la petición que le había realizado en este sentido la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH). Esta organización había solicitado oficialmente que, durante el acto que se celebrará en la Asamblea a finales de mes con motivo del Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto, se leyeran los nombres de los más de 500 vecinos de localidades de la Comunidad de Madrid que acabaron en lugares como Mauthausen, Buchenwald, Dachau, Ravensbrück o Auschwitz. Adrados no lo ha visto apropiado.

La respuesta por escrito de la presidenta de la Asamblea, a la que ha tenido acceso eldiario.es, ha sido negativa. A través de su jefe de Gabinete, Adrados rechaza la petición argumentando que se trata de un “acto que trasciende fronteras” y que, por ello, “la lectura de los nombres de todas y cada una de las personas madrileñas que fueron víctimas, haría necesaria la lectura de los nombres de los millones de víctimas que padecieron en los campos de exterminio, lo cual resulta imposible”. Para Emilio Silva, presidente de la ARMH, se trata de una burda excusa: “El argumento de que nombrarles generaría una discriminación para el resto de deportados es insostenible. Estamos hablando de un acto en Madrid y, por tanto, es lógico que se cite a las víctimas madrileñas. Estamos claramente ante la construcción de un argumento sobre una negativa previa; vamos a decir que no y luego ya veremos cómo justificar esa decisión”.

Negociación entre Franco y Hitler

La ARMH recordaba en su escrito que la inmensa mayoría de estos hombres y mujeres fueron enviados a campos de concentración nazis “tras una gestión de los responsables de la dictadura franquista ante sus aliados nazis”. La asociación adjuntaba un listado detallado de los deportados, agrupados en base a sus localidades natales, se ofrecía a facilitar toda la documentación histórica sobre ellos y a “llevar a la Asamblea a algunos familiares de esas personas para que reciban el reconocimiento que merecen por todo lo que sufrieron”.

No es la primera vez que los dirigentes del PP madrileño ignoran una petición relativa al medio millar de madrileños que vivieron y murieron entre las alambradas nazis. Hace exactamente un año fue la propia comunidad judía en Madrid, a través de su presidente David Hatchwell, la que aprovechó el acto conmemorativo de las víctimas del Holocausto para pedirle a la presidenta madrileña que erigiera un monumento “a los republicanos españoles que fueron llevados a los campos de trabajo que, en realidad, eran campos de la muerte”.

La petición ni siquiera obtuvo una respuesta oficial en su momento y hoy, 12 meses después, no se conocen pasos en ese sentido. Según Emilio Silva todas estas actitudes “tienen algo de negacionismo porque en el fondo supone seguir ocultando la historia de esos cientos de hombres y mujeres madrileñas que por una negociación entre el régimen franquista y las autoridades del nazismo fueron deportados a los campos de exterminio. No quieren que se visibilice esa España que tuvo unos vínculos muy estrechos con el nazismo; vínculos que solo se disolvieron y se trataron de ocultar tras la derrota de Hitler y el final de la II Guerra Mundial”.

546 historias ignoradas

Las últimas investigaciones indican que de los más de 9.300 españoles y españolas que fueron deportados a campos de concentración nazis, fruto de las negociaciones entre Franco y Hitler, al menos 546 procedían de algún municipio de la Comunidad de Madrid. Cerca de dos tercios de ellos fueron asesinados, mayoritariamente en Mauthausen, y los escasos supervivientes arrastraron secuelas físicas y psicológicas durante el resto de sus vidas.

Entre las víctimas mortales se encontraba un elevado número de vecinos de la capital, pero también de otros 56 municipios de la Comunidad de Madrid. Pueblos como Valdemorillo, Getafe, Torrelodones, Torrejón, Pinto, Parla, Cabanillas de la Sierra, Brunete, Cenicientos, Chinchón, Ciempozuelos, Alcalá de Henares… Detrás del nombre de cada víctima hay una historia desconocida de hambre, trabajo esclavo, torturas y muerte. También hay una condena eterna de sufrimiento para unos familiares que aguardaron en España un regreso que nunca se produjo.

Historias como la de la madre de Andrés Fariñas, asesinado por los nazis en Gusen en noviembre de 1941, que con 80 años de edad se seguía sentando en la puerta de su casa en Madrid, esperando el retorno de su hijo. O como la de Josefa Fontanet, que pasó toda su vida pensando que su padre la había abandonado tras la guerra de España. No fue hasta marzo de 2014 cuando pudo saber que José Fontanet había muerto a manos de los SS, 73 años atrás.

Los detalles de la trágica vida de los madrileños en Mauthausen los conocemos gracias a un puñado de testimonios de los supervivientes y, especialmente gracias a las memorias de Vicente Delgado y Enrique Calcerrada.

Delgado describió como nadie la llegada al campo de concentración: “Cuando las puertas de los vagones se abrieron, a voces y golpes de fusiles nos hicieron bajar y avanzar muy rápido. Estábamos muertos de miedo, nos mirábamos sin pronunciar palabra. Los kilómetros que separaban el pueblo del campo los recorrimos a toda velocidad. El campo contaba con una alambrada electrificada y los perros se echaban sobre nosotros, empujados por sus guardianes. Así descubrimos el campo de la muerte”.

Calcerrada relató, por su parte, cuál era su truco para resistir las torturas a las que le sometían a diario: “La experiencia de una vez anterior me indicó que metiéndome el gorro entre los dientes para amortiguar la reacción al impacto, el cuerpo resistía mejor el dolor”. Este prisionero madrileño también narró con precisión periodística cómo era el trabajo que realizaban los deportados en la terrible cantera de Mauthausen “El descenso a esa sima en los amaneceres del invierno era un tropel diabólico formado por miles de chancletas zapateando por el duro suelo. Los escalones de piedra, todos desiguales en altura, fueron con frecuencia medidos con nuestras espaldas, porque las lisas suelas de madera resbalaban en las piedras heladas y los presos, al caer, golpeaban a otros que a su vez caían sobre los demás, formándose a veces montones de presos en la escalera. Algunos infortunados se iban a pique, cayendo por el costado descubierto y aplastándose, en caída libre, cincuenta metros más abajo”.

Enrique Calcerrada, según relata a eldiario.es su sobrina Esther, “contó su experiencia porque, al igual que sus compañeros, fue fiel al juramento que hicieron todos los supervivientes de Mauthausen tras ser liberados: vivir para contarlo”.

La sobrina del deportado 4.479 cree que la negativa de la presidenta de la Asamblea madrileña a homenajear a su tío y al resto de sus compañeros no impedirá que, más pronto que tarde, “se dé el reconocimiento que merecen estos hombres y mujeres. Pese a todos los impedimentos y negativas que se han producido a lo largo de todos estos años, gobernara quien gobernara, siempre ha habido, hay y habrá historiadores, periodistas, familiares y gente de cualquier clase o condición, que deseará recordarles”. Esther Calcerrada reconoce que “es muy triste saber que no quedará con vida ningún deportado madrileño cuando ese homenaje se acabe celebrando, pero estoy convencida de que seremos muchos los que empujaremos para que algún día se haga realidad”.

___

Fotografía destacada: Madrileños deportados: : Jorge Semprún, Vicente Delgado, Melchor Antuñano, Andrés Fariñas, José Fontanet y Enrique Calcerrada

Fuente:http://www.eldiario.es/sociedad/presidenta-Asamblea-Madrid-madrilenos-holocausto_0_728627830.html

Publicado por ARMH
Share on FacebookTweet about this on TwitterGoogle+Share on LinkedIn
Memoria Histórica | |
Vista-Fundacion-Nacional-Francisco-Franco_EDIIMA20180111_0645_19
Publicado por ARMH
Share on FacebookTweet about this on TwitterGoogle+Share on LinkedIn

Una visita (obligada) a la Fundación Francisco Franco

Del muro más alejado de la habitación cuelga un retrato en el que se le ve con uniforme militar de gala y supuesta pose de estadista; sin embargo, la gran bola del mundo que aparece junto a él evoca, más bien, esa figura grotesca del Gran Dictador que clavó el genial Charles Chaplin.

eldiario.es / Carlos Hernández / 11-01-2018

Son las diez y media de la mañana. Me encuentro sentado en una pequeña sala delante de un ordenador. En la pared hay cuatro fotos en blanco y negro de Francisco Franco reunido con otros tantos mandatarios internacionales. A mi espalda reposa un busto negro que representa a un “Generalísimo” ya entrado en años. Del muro más alejado de la habitación cuelga un retrato en el que se le ve con uniforme militar de gala y supuesta pose de estadista; sin embargo, la gran bola del mundo que aparece junto a él evoca, más bien, esa figura grotesca del Gran Dictador que clavó el genial Charles Chaplin.

Pasan los minutos, miro a un lado… a otro… y no dejo de preguntarme: ¿Qué hago yo en este altar dedicado a glorificar al hombre que asesinó a cientos de miles de españoles, al tirano que encarceló y represalió a millones de compatriotas, al golpista que secuestró nuestras libertades durante casi cuarenta años, al machista que condenó a la mitad de la población a la cocina, la crianza, la cama y la pata quebrada? La respuesta está en el ordenador que tengo frente a mí. No estoy aquí por morbo, curiosidad o placer; estoy aquí por obligación. La Fundación Nacional Francisco Franco posee 27.357 documentos oficiales del Estado español. En la España democrática del siglo XXI cualquier periodista, historiador e investigador que busque documentación sobre la dictadura tiene que pasar por este obsceno museo dedicado a santificar al genocida.

Mi perplejidad va creciendo según buceo en la información que aparece en la pantalla. Telegramas remitidos por los sucesivos ministros de Asuntos Exteriores, informes de la Dirección General de Prisiones, proyectos elaborados por diversos ayuntamientos, decretos del Ministerio de Justicia, notas del Consejo de Ministros… Casi 30.000 documentos oficiales que deberían estar almacenados en archivos estatales y que se encuentran secuestrados por los herederos del dictador. Eso sí, al menos su consulta es rápida y sencilla; todo está digitalizado gracias a los más de ciento cincuenta mil euros de dinero público que José María Aznar, cuando era presidente del Gobierno, otorgó graciosamente a la fundación.

Según avanzo en el análisis voy constatando lo evidente. Los archivos están depurados, seleccionados, manipulados… ¿Alguien podía imaginar que los verdugos iban a airear las pruebas de sus crímenes? Apenas hay un par de documentos sobre prisioneros de guerra republicanos y, en cambio, varias decenas sobre voluntarios de la División Azul capturados por las tropas soviéticas durante la II Guerra Mundial. Salvo algún papel intrascendente, el grueso de la documentación del periodo 1939-1943 ha desaparecido. Esos años en los que Franco fue aliado fiel de Hitler y de Mussolini, en los que las calles de España se llenaron de cruces gamadas y de retratos del Führer, en los que los barcos nazis repostaban en nuestros puertos, en los que la Gestapo campaba a sus anchas por Madrid o Barcelona, en los que se enviaban minerales a las fábricas de armamento de Berlín, en los que Serrano Suñer y otros mandatarios del régimen viajaban con frecuencia al territorio del Reich para coordinar sus esfuerzos bélicos y represores, en los que los agentes nazis capturaban a exiliados españoles en Francia para entregarlos a la policía franquista… esos años han sido borrados de la Historia.

Pasan las horas y, como investigador, cada vez me siento más humillado. He visitado archivos por toda Europa. No creo que sea necesario decir que no tuve que acudir a ninguna Fundación Adolf Hitler en Alemania para acceder a los documentos de los campos de concentración nazis, ni a una Asociación Philippe Pétain en Francia para obtener copia de la información oficial generada por el Gobierno colaboracionista de Vichy. No puedo dejar de preguntarme qué habrán pensado y qué pensarán de nosotros, como país y como democracia, los investigadores franceses, británicos, alemanes o estadounidenses que hayan estado sentados en esta misma silla. Qué opinión tendrán de una nación que no solo permite que sea legal una fundación dedicada a “la difusión de la memoria y la obra” de un dictador, sino que la financia con dinero público, concede exenciones fiscales a quienes le donan fondos y tolera que custodie una documentación oficial que en cualquier país civilizado reposaría en archivos estatales y públicos.

En este santuario franquista, ¿a quién puede extrañar que apenas haya referencias documentales a la sistemática y sangrienta represión ejercida durante cuatro décadas? Una de las escasas excepciones es un documento de la Dirección General de Seguridad, fechado en 1972. En él se alerta sobre actividades estudiantiles contrarias al régimen. Se detallan reuniones, actos clandestinos y se señala con nombre y apellidos a un profesor universitario del que se dice que “utilizó su clase para criticar al Gobierno”. Me pregunto qué sentiría ese docente si supiera que su historia y su expediente siguen custodiados por sus verdugos.

Este último pensamiento me lleva a salirme de mi perfil profesional. Además de periodista e investigador, soy descendiente de víctimas del franquismo. No me gusta incidir en ello, pero creo que en este caso es necesario poner también el foco en este aspecto porque son muchos los hijos, nietos y bisnietos de represaliados que, buscando información sobre sus ascendientes, habrán pasado o tendrán que pasar por este siniestro lugar. Mi abuelo fue “paseado” en el otoño de 1936 por falangistas y guardias civiles por haber militado en la UGT; mi tío acabó en el campo de concentración nazi de Mauthausen después de que Franco pactara con Hitler su deportación, junto a más de 7.000 españoles que habían sido capturados por las tropas alemanas durante la invasión de Francia. Vuelven las preguntas a mi cabeza: ¿Es sana una democracia que obliga a los familiares de las víctimas de la dictadura que investigan la historia de sus seres queridos a visitar una fundación que hace apología de sus verdugos? ¿Qué diríamos si los descendientes de los judíos víctimas del Holocausto tuvieran que sentarse en una sala con retratos de Hitler para indagar sobre el terrible destino de sus antepasados? ¿Qué ocurriría si el hijo o la viuda de un asesinado por ETA tuviera que visitar la Fundación Artapalo, repleta de retratos de etarras y de serpientes abrazadas al hacha, para buscar información sobre el asesinato de su padre o esposo?

Son preguntas simples con contestaciones aún más sencillas. Y siendo así, ¿por qué en 40 años de democracia se sigue permitiendo la existencia no solo de esta fundación, sino de otras como la Ramón Serrano Suñer, la Proinfancia Queipo de Llano o la José Antonio Primo de Rivera que están dedicadas a enaltecer el fascismo, la dictadura y la represión? No sé si es parte de la respuesta, pero en cualquier caso resulta sintomático lo que encuentro en la propia pared, que aún tengo frente a mí, en la Fundación Francisco Franco. Un documento enmarcado con sumo cuidado, junto a las fotos del dictador, ordena al Abad de la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos que “habiéndose Dios servido llevarse para SI, a SU EXCELENCIA EL JEFE DEL ESTADO Y GENERALÍSIMO DE LOS EJÉRCITOS DE ESPAÑA, DON FRANCISCO FRANCO BAHAMONDE (q.e.G.e.) (…) os encarezco los recibáis (los restos mortales) y los coloquéis en el Sepulcro destinado al efecto, sito en el Presbiterio entre el Altar Mayor y el Coro de la Basílica…”. El escrito está fechado en el “Palacio de la Zarzuela, a las dieciséis horas del día 22 de noviembre de mil novecientos setenta y cinco” y firmado por “Yo el Rey”.

___

Fotografía destacada: “Vista parcial de la sala de consulta para investigadores de la Fundación Nacional Francisco Franco” C. H.

Fuente:http://www.eldiario.es/zonacritica/visita-obligada-Fundacion-Francisco-Franco_6_728337185.html

Publicado por ARMH
Share on FacebookTweet about this on TwitterGoogle+Share on LinkedIn
Memoria Histórica | |
Foto a María García, con documentos del patronato de protección a la mujer. F. Otero Perandones.
Publicado por ARMH
Share on FacebookTweet about this on TwitterGoogle+Share on LinkedIn

Cautiva por ser madre soltera

LAS PRESAS DE CARMEN POLO. María García, la fundadora de la primera asociación de madres solteras de España, relata los nueve meses que pasó en 1972 recluida en Peñagrande, una inclusa para jóvenes ‘descarriadas’ que dependía del Patronato de Protección a la Mujer presidido por la esposa del dictador.

diariodeleon.es / Ana Gaitero / 07-01-2018

Miles de españolas, desde los 16 hasta los 25 años, sufrieron la represión del Patronato de Protección a la Mujer del que fue presidenta la esposa de Franco, Carmen Polo, y cuya misión era «la dignificación moral de la mujer, especialmente de las jóvenes, para impedir su explotación, apartarla del vicio y educarla cristianamente».

El patronato, confesional por definición, tenía atribuciones para tutelar e internar a las mujeres en establecimientos regidos por órdenes religiosas, que en la práctica eran cárceles con un severo régimen disciplinario y de las que no se podía salir sin el permiso de la institución.

Su autoridad estaba por encima de los tribunales. Así lo decidió Franco en la ley de 20 de diciembre de 1952 que reguló el Patronato de Protección a la Mujer, que venía funcionando desde 1941 como heredero del antiguo Patronato Real para la Represión de la Trata de Blancas: «Las medidas de protección o regeneración no se suspenderán por la incoación de procedimientos ante los tribunales», señala su artículo 21. No se extinguió hasta 1985.

Las juntas nacional y provinciales asumían la tutela y guarda de las mujeres, incluso mayores de edad: «Ejercerán sobre las mujeres las funciones de vigilancia, recogida, tratamiento e internamiento».

La leonesa María García fue una de las mujeres que sufrió el yugo de esta institución. Su delito: quedarse embarazada con 16 años y no casarse. Tras ser expulsada del colegio de monjas en el que cursaba cuarto de bachillerato, ella misma solicitó el ingreso en la Institución Nuestra Señora de la Almudena de Peñagrande (Madrid), el centro de reclusión que el patronato creó para las madres solteras. «Me sentía rechazada en León y pensé que era una solución», confiesa.

«Una compañera de trabajo de mi hermana me había hablado muy bien y yo misma se lo propuse a mi padre, que tuvo que ceder la tutela al Patronato de Protección a la Mujer», añade. Su padre firmó la cesión de la tutela, como era preceptivo. Era el mes de marzo de 1972 y estaba embarazada de cuatro meses, según la exploración médica. Cuando se subió al tren con la visitadora que la acompañaba, como si fuera una policía social, no se imaginaba lo que iba a encontrar en aquel edificio de la calle Isla Malaita, 2 y 4, en aquellos tiempos a las afueras de Madrid.

«Aquello era una cárcel. Nada más entrar me encontré con cien mujeres embarazadas haciendo trabajos de costura para El Corte Inglés y rezando el rosario. Estaba asustada y me eché a llorar. Pero la monja me gritó: «Aquí no hay papá que pague» y me acompañó a la celda. Allí quise morirme y empecé a escribir a mi madre para que me sacara, pero no le enviaban las cartas», recuerda.

En la institución había mujeres de pago, «hijas de familias de la alta sociedad que iban allí a dar a luz y muchas veces daban el niño en adopción», apostilla. La mayoría pagaban con trabajo la reclusión, a pesar de que el patronato compensaba a las monjas con una cantidad por cada mujer. «Fregábamos el suelo de todas las galerías y la guardería rodillas, con estropajo y jabón, recogíamos la fruta para las monjas, que a nosotras no nos daban fruta, y por la tarde costura. Éramos negocio de todo el mundo», subraya.

Bajo la férrea tutela de las Cruzadas Evangélicas, María García vivió en Peñagrande nueve meses infernales. Las despertaban con la canción Manda rosas a Sandra y por la tarde, aparte del rosario y las jaculatorias, había sesión de radionovela. La popular Simplemente María discurría con su tono moralizante mientras ellas daban una puntada tras otra sin parar. «A ver si aprendéis», les decía.

La comida era deficitaria en nutrientes y excesiva en hidratos de carbono. «Nos daban comida para que engordáramos y tuviéramos un parto más difícil», añade. Ella no se dejó. «Cuando teníamos que bajar la fruta nos guardábamos algo en la barriga. Una vez nos pillaron y nos castigaron a comer solo plátanos pasados en puré. Desde entonces no los pruebo», explica. La col era la única verdura que se veía por allí. Acostumbrada a la huerta de casa, «me hacía ensaladas con el cogollo», apostilla.

Aún así la hora del parto fue otro duro trago de dos largos días de dolor, sin que le suministraran ningún tipo de calmante. Por no recibir, ni apoyo moral. Muy al contrario, la humillación era la moneda corriente en el trato cotidiano de las monjas hacia las mujeres ‘caídas’ o ‘descarriadas’. Si en misa solían oír al cura: «Vosotras, que sois de las cuatro letras», en el paritorio el tono se elevaba: «¡Ay zorra, ¿no te acuerdas cuando estabas debajo?», era el reproche habitual.

Las chicas se ayudaban unas a otras como podían. «Alguna murió después del parto y estoy segura de que hubo niños con problemas de salud por negligencias», afirma.

La capacidad redentora y reeducadora de aquella institución queda muy en cuestión en su testimonio: «Mi primer cigarrillo lo fumé el día que di a luz. Antes nunca había fumado. Mi madre se quedó asombrada cuando llegué a casa», asegura María García.

Si malo fue entrar en Peñagrande sin saber a lo que se enfrentaba, peor fue salir. Nada más que dio a luz sus padres iniciaron los trámites para que la dejaran en libertad y a su cargo. Pero tardaron meses en conseguirlo y tuvieron que emprender un pleito.

Los documentos no dan lugar a dudas sobre el poder que ejercía el Patronato de Protección a la Mujer y la institución de Peñagrande como su delegada sobre las mujeres que caían bajo su tutela, bien por denuncia de los padres o bien por desconocimiento de las consecuencias de renunciar a la tutela sobre las hijas.

En el expediente de María García, el número 2520/72, figura un documento del 22 de marzo de ese año que dice: «En el día de la fecha me hago cargo de la mujer María García Álvarez, la cual no será entregada a nadie, ni aún visitada sin autorización expresa de esta Junta Provincial, bajo cuya protección queda internada en este establecimiento. Dios guarde a usted muchos años», era el remate de todos los escritos oficiales.

Las súplicas de su padre para que la dejaran en libertad no surtieron efecto, pese a que aportó certificados médicos sobre la enfermedad de su mujer y alegó que su hijo también estaba fuera de casa, y de la península, pues cumplía el servicio militar obligatorio fuera de su territorio. El escrito, de su puño y letra, está fechado en el mes de septiembre. También alegó que la joven había cursado hasta tercero de bachillerato y que como estaba a punto de comenzar el curso escolar no quería que perdiera otro año. No se le dio opción a estudiar en Madrid, en los centros que el patronato tenía concertados para las jóvenes internas de Peñagrande.

Pero la respuesta, negativa y tajante, se hizo esperar más de dos meses. El 28 de noviembre de 1972, recibió respuesta negativa y tajante: «Tengo el honor de comunicarle que la citada joven, aunque se ha superado en su comportamiento, estimamos que es demasiado pronto para enfrentarse con su problema. Vemos por otra parte la necesidad que tiene de una mayor formación moral y social».

Las acciones judiciales que emprendió el padre y la huelga de hambre de su madre a la puerta del centro surtieron efecto pocos días después de este escrito. El 14 de diciembre quedaba firmada la carta de libertad de María García Álvarez, aunque la joven madre no saldría del recinto de Peñagrande hasta el 21 de diciembre, como bien recuerda 45 años después.

En el tiempo que estuvo en Peñagrande no se le dio opción a estudiar en Madrid, en los centros que el patronato tenía concertados para las jóvenes internas de la residencia de Nuestra Señora de la Almudena. La única salvación que veían para ellas era el matrimonio. María recuerda que los domingos, en la misa de 12, se abrían las puertas de la iglesia y entraban muchos hombres. Una vez situados estratégicamente en los bancos, «nos hacían desfilar a nosotras para que nos vieran y escogieran». Era muy joven pero tuvo claro que no se casaría desde el momento que tuvo a su hijo en brazos. Aquel día, mientras daba el pecho a Tomás, se juró que «nunca me casaría y que llegaría el día en que sería respetada como madre soltera en León». Hoy es una referencia para las familias monoparentales en España y a nivel internacional, como presidenta de la Fundación Isadora Duncan, hija de la asociación que creó en 1984.

El camino ha sido largo y difícil. La condición jurídica y social de las madres solteras está a años luz de la marginación y humillaciones que sufrieron, aunque la discriminación, sobre todo fiscal, sigue existiendo. María García recalca que «no fui la única» que sufrió el yugo del patronato. «Hubo algunas chicas que no lo soportaron, se suicidaron», afirma con una emoción contenida.

El regreso a León supuso volver a enfrentarse con el rechazo y los prejuicios sociales hacia las madres solteras. «Nunca le agradeceré bastante a mi padre cuando un día se presentó un hombre mayor con una chica joven en casa y le ofreció buscar a uno como él para mí: «¿Tú crees que yo voy a casar a mi hija con viejo?», le espetó. «La chica me miró como diciendo: ¡Qué suerte has tenido!».

María García recuerda también las palabras de su madre: «Quiso que volviera a estudiar, me animaba a salir a bailar y me decía que aunque ella aún tenía que educarme, al mismo tiempo yo tenía que responsabilizarme de hijo», Pero una cosa era la realidad de casa y otra la que vivía en la calle.

Las habladurías sobre abortos, novios, amantes se juntaban con las miradas acusatorias. Nunca cedió. Ni aceptó el libro de filiación que daban a las madres solteras, en lugar de libro de familia. En 1984 lo consiguió. Acostumbrada a leer la prensa en casa (su abuelo recibía periódicos de León, La Bañeza y Astorga), alzó su voz en escritos y un día convocó a las madres solteras de León para crear la asociación. «Al principio venían hombres en busca de mujeres para casarse y creo que algunas se fueron porque siempre mantuve que el matrimonio es una opción, no una solución», apostilla.

La formación, primero en estudios básicos y luego profesionales, fue uno de los pilares de la Asociación de Madres Solteras Isadora Duncan, como se llamó inicialmente. «La independencia económica y emocional son fundamentales», añade. A mí nunca me abandonó un hombre, hizo dejación de sus funciones como padre», recalca.

Nunca había querido contar aquel episodio con detalle. Recordar Peñagrande, «era muy doloroso», admite. Después de lo vivido y de aparecer en Las desterradas hijas de Eva, el libro de Consuelo Consuelo García del Cid sobre los abusos y maltrato a las mujeres sometidas al imperio del patronato, cree que es el momento de que «la historia de las mujeres salga a la luz», especialmente, las «obreras y campesinas» que siempre han quedado al margen, incluso a veces, del feminismo centrado en las élites intelectuales y sociales. «Si alguien ha tocado de lleno en la línea de flotación del patriarcado somos las madres solteras», subraya.

La fundación trabaja también con mujeres migrantes y con menores y desarrolla programas de empoderamiento de las mujeres para su autonomía emocional y económica, así como de apoyo y educación en igualdad a menores. La incorporación de las niñas al mundo de la ciencia y la tecnología, con particular atención a la robótica, son proyectos punteros.

El camino ha sido largo y difícil. La condición jurídica y social de las madres solteras está a años luz de la marginación y humillaciones que sufrieron, aunque la discriminación, incluida la fiscal, sigue existiendo. La fecundación in vitro ha cambiado el concepto social de madre soltera. «A ellas se las ve como madres por elección, a nosotras no. Éramos las de las cuatro letras».

María García se ríe al contar una anécdota con el cura de su pueblo: «Pasé de ser puta a santa cuando aprobaron la ley del aborto, me ponía como ejemplo de que no había abortado». Lo que no esperaba el sacerdote es que ella respondiera que «defiendo el aborto libre y gratuito. La decisión es nuestra».

Bajo el yugo tras liberarse de Peñagrande

Documentos que acreditan el férreo control que el Patronato de Protección a la Mujer ejercía sobre las jóvenes. María García obtuvo la carta de libertad el 14 de diciembre de 1972 y salió de Peñagrande siete días después. Pese a ser reintegrada al hogar familiar —otro documento especifica que será entregada a su hermana Josefa— el Patronato deja claro y por escrito: «Salió del Colegio, quedando en Vigilancia Tutelada desde esa fecha».

___

Fotografía destacada: María García Álvarez, presidenta de la Fundación de Familias Monoparentales Isadora Duncan, con su expediente del Patronato de Protección a la Mujer. F. OTERO PERANDONES –

Fuente:http://www.diariodeleon.es/noticias/afondo/cautiva-ser-madre-soltera_1216690.html

 

Publicado por ARMH
Share on FacebookTweet about this on TwitterGoogle+Share on LinkedIn
Memoria Histórica | |
Decreto-Franco-Jose-Antonio-Moscardo_EDIIMA20180105_0161_19
Publicado por ARMH
Share on FacebookTweet about this on TwitterGoogle+Share on LinkedIn

Una treintena de herederos de franquistas mantienen los títulos nobiliarios que les otorgó el dictador

Gobiernos populares y socialistas han renovado en democracia los títulos que concedió el dictador a numerosos líderes de la represión franquista.

Un sobrino de Primo de Rivera mantiene su ducado y un hijo del general que perpetró la masacre de Badajoz, el de Marqués de San Leonardo de Yagüe.

“Como no se hace referencia alguna en la Ley de Memoria Histórica, las sucesiones seguirán adelante”, explica un experto en derecho nobiliario.

eldiario.es / Carlos Hernández / 06-01-2018

En la España democrática del siglo XXI sigue habiendo títulos nobiliarios dedicados a homenajear a quienes protagonizaron los peores crímenes de la guerra y la posterior dictadura. Las distinciones fueron otorgadas en su día, con carácter perpetuo y hereditario, gracias a una ley promulgada por el propio Franco en la que anunciaba su intención de agradecer así las “acciones heroicas” desarrolladas durante “nuestra cruzada”.

Setenta años después de la promulgación de esa legislación franquista y a pesar de que el dictador lleva más de cuatro décadas bajo una losa, un sobrino del fundador del partido fascista español ostenta el tratamiento de Duque de Primo de Rivera, un nieto del Carnicero de Sevilla posee el Marquesado de Queipo de Llano y un hijo del general que perpetró, entre otras, la masacre de Badajoz mantiene el título de Marqués de San Leonardo de Yagüe.

No son tres casos excepcionales. De los cuarenta Ducados, Condados y Marquesados otorgados graciosamente por Franco –algunos han decaído aunque podrían ser rehabilitados en cualquier momento–, unos treinta recayeron en algunos de sus compañeros de rebelión. La nobleza franquista tiene apellidos tan innobles como los de los generales golpistas Saliquet, Varela, Dávila o Vigón.

En otros casos, los nombres de los títulos aportan una importante carga simbólica como el Condado del Alcázar de Toledo, concedido en honor del general Moscardó, o el del Castillo de la Mota en agradecimiento a Pilar Primo de Rivera, presidenta de la Sección Femenina, por haber estimulado, según se explicó en el decreto de otorgamiento, “las tradicionales virtudes de la mujer española”.

Muchos de estos títulos quedaron vacantes por la muerte de sus titulares durante el actual periodo democrático. Sin embargo, desde el primer ejecutivo de Adolfo Suárez al último de Mariano Rajoy, pasando por los de Felipe González, José Luis Rodríguez Zapatero y José María Aznar, todos los gobiernos autorizaron a los descendientes de los golpistas a heredar el ducado, marquesado o condado otorgado en su día por el ‘Generalísimo’.

Francisco Franco saluda al ministro de Marina, Adolfo Baturone, durante una recepción en el salón del Trono del palacio de Oriente, en octubre de 1971. Detrás, el ministro del Ejército, Juan Castañón de Mena.EFE

Ignorando a las víctimas y sin reformar la ley

Dos de los ministros de Justicia de Felipe González, Tomás de la Quadra-Salcedo y Enrique Múgica, no dudaron en estampar su firma para garantizar a los Primo de Rivera su “derecho” a ostentar el Condado del Castillo de la Mota y para que un nieto del General Vigón pudiera mantener el Marquesado concedido a su abuelo en 1955 por su contribución “al triunfo de las Armas Nacionales (…) durante la Cruzada”.

Más recientemente, el también socialista Mariano Fernández Bermejo bendijo la sucesión en dos marquesados, los de Mola y Somosierra, creados por el dictador en memoria del general Mola y de su mano derecha en la sublevación militar, el también general Francisco García Escámez.

Tras el cese de Fernández Bermejo, su sucesor en la cartera de Justicia, Francisco Caamaño, fue el único que decidió archivar en un cajón las peticiones de sucesión que le fueron llegando. Cuando el PP ganó las elecciones en 2011 y Alberto Ruiz Gallardón fue nombrado ministro del ramo, las solicitudes volvieron a ponerse sobre la mesa para ser tramitadas con la mayor rapidez y diligencia. Hasta seis sucesiones de títulos nobiliarios franquistas fueron expedidos por Gallardón. Entre ellos algunos tan simbólicos como los marquesados de Queipo de Llano, Varela o Dávila.

Izquierda Unida y la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) llevan años alzando la voz contra la pervivencia de estas altas distinciones que consideran contrarias al más mínimo espíritu democrático. Emilio Silva, presidente de la ARMH, cree que “el hecho de que todos los gobiernos de la democracia hayan aceptado renovar estos títulos concedidos a golpistas, criminales de guerra y violadores de los derechos humanos, es un síntoma de cómo la transición a la democracia fue una puerta giratoria por la que la élite franquista siguió siendo élite de la democracia”.

Por su parte, los juristas consideran que el momento para haber acabado con la “Nobleza de Franco” fue la Ley de Memoria Histórica: “Legalmente puede haber duda de que constitucionalmente se pueda hacer, ya que se trata de tomar una medida con efectos retroactivos”, afirma el experto en derecho nobiliario Álvaro López Becerra. “En cualquier caso al no hacer referencia alguna en la Ley de Memoria Histórica, las sucesiones seguirán adelante, como se viene haciendo desde hace siglos con el resto de títulos nobiliarios”.

Siglos de Nobleza, con un breve paréntesis republicano

Un mes y medio. Ese es el tiempo que tardó la II República en acabar con el privilegio que supuso, durante siglos, ostentar un título nobiliario en España. El presidente Niceto Alcalá Zamora firmó el 1 de junio de 1931, seis semanas después del fin de la Monarquía, un decreto en el que se anunciaba que, desde ese día, no se concedería “ningún título ni distinción nobiliaria” ya que, según se argumentaba, representaban  una “reminiscencia de pasadas diferenciaciones de clases sociales”.

La medida no incluía la retirada de los títulos existentes hasta ese momento, pero sí los vaciaba de todo contenido: “no conllevarán anejo ningún derecho, opción a cargo ni privilegio de cualquier clase que sea (…)”. En diciembre, la Constitución solemnizó el cambio en su artículo 25: “El Estado no reconoce distinciones y títulos nobiliarios”.

Cinco años después, el Golpe de Estado liderado por Franco revirtió la situación. Ya durante la guerra, los sublevados recuperaron en los documentos oficiales el tratamiento de marqués, conde o duque para los miembros de la antigua Nobleza. Aún así, no fue hasta mayo de 1948 cuando el ya dictador promulgó una ley que restablecía la legalidad vigente anterior a 1931 en materia de “Grandezas y Títulos del Reino”.

El tirano se autoadjudicó “la gracia y las prerrogativas” de dar y quitar unos títulos nobiliarios que, según se decía en la Ley, “se han respetado y conservado secularmente, pues el pueblo español, amante siempre de sus tradiciones, en ningún momento dejó de reconocer e identificar a sus titulares con las dignidades que ostentaban”. Para el nuevo régimen el objetivo era doble: “mantener vivo el perenne recuerdo de las grandes glorias de la nación, a la par que expresar su gratitud a aquellas personas que le han prestado servicios relevantes”. Servicios que, por si alguien tenía alguna duda, provenían, según el texto legal, de las “acciones heroicas” de “nuestra Cruzada”.

Franco utilizó por primera vez su prerrogativa en 1948 y lo hizo con un decreto cargado de simbolismo. Lo firmó el 18 de julio y eligió a cuatro nuevos nobles muy conocidos: el líder del partido fascista español, José Antonio Primo de Rivera; el líder conservador asesinado por republicanos en 1936, José Calvo Sotelo; el general que dirigió el Golpe de Estado, Emilio Mola; y el “héroe” de El Alcázar, José Moscardó.

A partir de ahí empezó un goteo que benefició a militares, políticos y empresarios y en el que apenas se colaron nombres honorables. El Ducado de Carrero Blanco en memoria del penúltimo presidente del Gobierno de la dictadura y el de Ramiro de Maeztu fueron los últimos títulos otorgados por Franco, poco antes de morir y de ser enterrado como el gran emperador que siempre quiso ser.

___

Fotografía destacada: Decreto de 18 de julio de 1948 en el que Franco concedió sus primeros títulos nobiliarios a José Antonio Primo de Rivera, José Calvo Sotelo y los generales Mola y Moscardó.

Fuente:http://www.eldiario.es/sociedad/titulos_nobiliarios-Franco_0_726177544.html

Publicado por ARMH
Share on FacebookTweet about this on TwitterGoogle+Share on LinkedIn
Memoria Histórica | |
Juan-Carlos-junto-dictador-mujer_EDIIMA20160216_0613_4
Publicado por ARMH
Share on FacebookTweet about this on TwitterGoogle+Share on LinkedIn

Las víctimas del franquismo lucharán para que se elimine el Ducado de Franco tras la muerte de la hija del dictador

En Alemania o Italia sería impensable que existiera un ducado de Hitler o un marquesado de Mussolini, según los expertos.

El privilegio lo concedió el rey Juan Carlos a la recién fallecida hija de Franco en 1975 y lo heredará su primogénita, Carmen Martínez Bordiú.

Aunque los juristas ven complicado poder eliminar el Ducado, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica acudirá a la Fiscalía para impedir la sucesión.

eldiario.es / Carlos Hernández / 30-12-2017

“Deseando dar una muestra de mi Real aprecio a doña Carmen Franco Polo (…) y en atención a las excepcionales circunstancias y merecimientos que en ella concurren…”. Estas fueron las palabras con las que el Rey Juan Carlos I justificó, en un decreto del 26 de noviembre de 1975, la concesión a la hija del dictador recién fallecido de “la Merced Nobiliaria de Duquesa de Franco, con Grandeza de España, para sí, sus hijos y descendientes…”. 42 años después, la muerte de la titular del Ducado abre el debate sobre la conveniencia o no de mantener un título nobiliario que nació con el único objetivo de honrar a los descendientes del hombre que tiranizó España durante 40 años.

“En Alemania sería impensable que existiera un Ducado de Hitler o en Italia un Marquesado de Mussolini —señala el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, Emilio Silva—. Sin embargo aquí llevamos cuatro décadas de democracia con un título que simbólicamente ensalza al dictador”. De hecho, tal y como explica a eldiario.es Marcial Martelo de la Maza, abogado especializado en Derecho Nobiliario, “a día de hoy los ducados y el resto de títulos solo tienen un valor simbólico; representan un valor honorífico. No conllevan ningún privilegio fiscal ni de ningún otro tipo. De hecho, más bien es al contrario porque para ejercer el derecho de sucesión se debe pagar un impuesto”. Impuesto que, excepcionalmente, no tendrá que pagar el sucesor o sucesora de Carmen Franco porque D. Juan Carlos estableció una exención fiscal para la primera vez que se heredara el título.

Decreto de 26 de noviembre de 1975 en el que se concede a Carmen Franco el título de Duquesa

“El procedimiento para solicitar la sucesión es sencillo —señala Martelo de la Maza—. Tras el fallecimiento se abre un periodo de un año para presentar las solicitudes. La Ley es muy clara: hereda la línea descendiente y sin prevalencia del hombre sobre la mujer”. Todo apunta, por tanto, a que la nueva Duquesa de Franco será la nieta mayor del dictador, Carmen Martínez Bordiú, salvo que eludiera voluntariamente solicitar ese privilegio para permitir así que el título recayera en su hermano Francisco.

La ARMH acudirá a la Fiscalía para impedir la sucesión

Sea como fuere las asociaciones que agrupan a familiares y víctimas del franquismo no están dispuestas a que la sucesión se consume. La ARMH prepara ya una denuncia ante la Fiscalía General del Estado. Emilio Silva, explica a eldiario.es los motivos: “Mantener este reconocimiento a un criminal de guerra que violó sistemáticamente los derechos humanos no solo puede atentar contra la Ley de Memoria Histórica, sino que va en contra de los principios fundamentales de la democracia recogidos en la Constitución y supone una falta de respeto para las víctimas de la dictadura”.

Los expertos, sin embargo, creen que jurídicamente es prácticamente imposible detener el proceso de sucesión.  Martelo de la Maza recuerda que “todas las sucesiones son una prerrogativa regia. La sucesión es automática, de padres a hijos. La cuestión es si, en este caso, hay colisión con la Ley de Memoria Histórica. Pero lo lógico es que la sucesión se consume”. Más categórico es el también experto en derecho nobiliario y procesal Álvaro López Becerra: “La Ley de Memoria Histórica no dice absolutamente nada al respecto. Podían haber incluido en ella alguna referencia a los títulos nobiliarios concedidos a personalidades vinculadas con la dictadura, pero no lo hicieron. Si no se cambia la ley, no se puede hacer nada”.  Ambos letrados coinciden también en que el actual Rey, Felipe VI, tiene poco margen de maniobra en este asunto: “Se podría excluir la sucesión si el Rey declarara indigno al sucesor —afirma Martelo de la Maza—. Sin embargo aquí no está claro que fuera aplicable la «indignidad» porque lo que está en cuestión no es la valoración personal del sucesor sino lo que el título pueda tener en sí mismo de desprecio hacia las víctimas del régimen”.

La ARMH, aún así, cree que debería ser una tarea de todos, incluido el Rey, el impedir que se perpetúe el Ducado de Franco: “Todas las instituciones del Estado deberían preservar los valores democráticos e impedir los reconocimientos que la dictadura franquista se otorgó para darse autobombo. Si la Casa Real participó en la concesión de ese título debería intervenir para que años después no se renueve y no suponga una forma de humillar a las víctimas de la dictadura, dando honores a quien encabezó un golpe de Estado, fue aliado de Hitler y cometió incontables violaciones de Derechos Humanos”.

___

Fotografía destacada: El rey Juan Carlos junto al dictador y su mujer

Fuente:http://www.eldiario.es/politica/victimas-franquismo-lucharan-Ducado-Franco_0_724077931.html

Publicado por ARMH
Share on FacebookTweet about this on TwitterGoogle+Share on LinkedIn
Memoria Histórica | |
Maestras-II-Republica-PSOE-Caceres_EDIIMA20141113_0805_24
Publicado por ARMH
Share on FacebookTweet about this on TwitterGoogle+Share on LinkedIn

La desmemoriada ley de la memoria

El 28 de diciembre de 2007 entró en vigor la Ley de la Memoria Histórica. Han pasado diez años y la mayoría de las consecuencias de la represión franquista siguen sin resolver.

eldiario.es / Emilio Silva / 27-12-2017

A principios de diciembre de 2004, Isabel González entró en las dependencias del Palacio de la Moncloa para acudir a una reunión con los representantes de la Comisión Interministerial que iba a elaborar la ley de la memoria histórica. Isabel llegaba desde la localidad leonesa de Palacios del Sil y buscaba a un hermano desaparecido. Casi sesenta años antes había acudido a la Sociedad de Naciones para denunciar allí las desapariciones de la represión franquista, porque ella buscaba a su hermano Eduardo y a uno de sus cuñados.

Isabel acudía a aquella reunión como parte de la representación de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), el colectivo que en el año 2000 había llevado a cabo la primera exhumación científica de desaparecidos de la dictadura fascista del general Franco y había abierto ante la ONU el caso de las personas desaparecidas en España.

Después de contar su historia, un asesor del Ministerio de la Presidencia le pidió a la representación de la ARMH que dejara de realizar exhumaciones hasta que la ley estuviera aprobada. Y la persona que escribe estas líneas le contestó. “Dígale eso a Isabel, que debería haber estado sentada en esta silla por las mismas razones en 1976 y ahora que tiene más de 80 años viene aquí a que la ayuden y le piden que siga esperando”.

Si Isabel González hubiera esperado, que no lo hizo, lo habría hecho en vano, porque la ley de la memoria se aprobó un año y medio después de que ella muriera y en su articulado hablaba del que las instituciones tenían que facilitar la búsqueda de desaparecidos, algo contrario a los derechos humanos porque en una democracia no deben facilitarse, si no deben garantizarse.

La Ley de la Memoria entró en vigor el 28 de diciembre de 2007, un día después de haber aparecido publicada en el BOE. En su preámbulo hacía una declaración de la debilidad política que iba a tener porque repetía que la memoria de las víctimas de la dictadura era “personal y familiar”, que es algo así como dudar de que sea un asunto público y por lo tanto político. ¿Alguien desde el Estado le diría a una víctima del terrorismo que su memoria es personal y familiar?

La mejor explicación de su espíritu y de su falta de efectividad política está en el Artículo 4. Declaración de reparación y reconocimiento personal. Se trata de un certificado que recibe de formar privada en su buzón una víctima de la dictadura. Es un certificado en el que se le dice algo que ya sabe: usted fue preso político, es hijo de un desaparecido, se le condenó al exilio… El certificado no lo entrega un representante del gobierno en un acto público, en el que al menos de manera simbólica se reconocería una deuda del Estado con las víctimas. Entonces, ¿dónde está la reparación? En ninguna parte, se trata sólo de una pirueta semántica, un artificio del lenguaje. ¿Se imagina alguien que el único reconocimiento público que recibiera una víctima del terrorismo fuera una carta que le cuente lo que le ha ocurrido?

La Ley de la Memoria nació como lo hizo para no solucionar los problemas que quedaban pendientes. Prácticamente ninguno de esos problemas ha sido resuelto diez años después, porque María Teresa Fernández de la Vega la diseñó para que no resolviera nada. Esa es la razón por la cual, el primer Gobierno en incumplirla fue el mismo que la aprobó, que sólo al final de la legislatura encargó un informe de expertos sobre el Valle de los Caídos, que recomendaba sacar a Franco del Valle de los Caídos y que fue hecho público unas pocas semanas antes de la victoria del Partido Popular, o sea, estaba diseñado para dejárselo al PP para luego echarle en cara no haberlo llevado a cabo. ¿Pero por qué el PSOE que estuvo en el Gobierno casi cuatro años con la ley aprobada no lo hizo?

Eso nos lleva a pensar que igual lo que hacía y hace falta para resolver los derechos de las víctimas de la dictadura franquista es voluntad política y no una ley. Lo que hacía y hace falta es que el poder judicial español investigue, juzgue y determine cuál es la reparación a la que tienen derecho. La Ley de la Memoria fue la apropiación política de una realidad que debería resolverse en el ámbito judicial.

A esa debilidad de voluntad política podemos añadirle muchas medidas y cuestiones que ni siquiera fueron tratadas en ella. La Iglesia Católica, que fue una herramienta para el ejercicio de la represión y la legitimación del fascismo ni se menciona. Los homosexuales y las lesbianas, que también sufrieron la dura represión, no son mencionados en el texto. Las propiedades confiscadas por pistoleros de falange, caciques locales y pantomimas de juicios tampoco se mencionan en un país en el que algunos partidos políticos y sindicatos que existían en 1936 fueron reparados y las personas no. El texto de la ley tampoco incluye la palabra mujer, cuando muchas de ellas fueron rapadas y humilladas públicamente, violadas y convertidas en la dictadura en casi animales domésticos por su falta de derechos y posibilidades de llevar a cabo un proyecto de vida propio.

El primer debate parlamentario acerca de la ley se produjo el 14 de diciembre de 2006. Unos días antes, el 23 de noviembre, la jerarquía de la iglesia católica entró en el debate a través de un documento titulado “Orientaciones morales ante la situación actual de España”. En uno de sus puntos “La reconciliación, amenazada” se decía que: “Una sociedad que parecía haber encontrado el camino de su reconciliación y distensión, vuelve a hallarse dividida y enfrentada” por “una utilización de la “memoria histórica”, guiada por una mentalidad selectiva”. Unas semanas después de defender que había que dejar de actuar en el pasado, la Conferencia Episcopal española anunciaba la beatificación de más de cuatrocientos mártires de la guerra civil, volviendo a utilizar su pasado de víctima para seguir escondiendo su enorme papel desempeñado en la represión.

Con esas limitaciones marcadas por la falta de voluntad política llegó la Ley de la Memoria al Boletín Oficial del Estado. En sus diez años de vida ha dado la nacionalidad a descendientes del exilio, ha servido en algunos casos de palanca para retirar del callejero honores a los franquistas y ha dado la nacionalidad española a unos pocos brigadistas internacionales. Pero lo que no ha impedido es que en esta década hayan muerto miles de descendientes de las personas, que la represión fascista hizo desaparecer, sin haber recibido ninguna atención por parte de un Estado que ha seguido renovando los títulos nobiliarios concedidos por el dictador Francisco Franco a criminales de guerra y escondiendo en los libros de texto los contenidos de la dura represión.

La causa de la falta de políticas de memoria y de investigaciones penales de las violaciones de Derechos Humanos de la dictadura tiene que ver con la estructura social: España ha sido gobernada desde la muerte del dictador por una estructura de poder y unas élites formadas en las universidades en los años cincuenta, sesenta y principio de los setenta, cuando salvo excepciones sólo llegaban a ellas los hijos del régimen.

Frente a tantos esfuerzos por sostener y restaurar la impunidad, una sociedad civil que no ha cejado en su empeño de investigar, exhumar, identificar, enunciar y denunciar. En un año como este sirve el ejemplo de Ascensión Mendieta. Cumplió 88 años en un avión en el que viajaba a Argentina para que la justicia de aquel país le garantizase los derechos que se le negaban en España. Finalmente, este año la justicia que fue a buscar a miles de kilómetros ha permitido que la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica exhumara en Guadalajara los restos de Timoteo Mendieta, los identificara científicamente y se los entregara para darles una digna sepultura.

En un país con una ley de memoria en vigor el viaje de Ascensión Mendieta nos ha mostrado una radiografía de la cultura democrática española, marcada por la falta de voluntad política para tratar la dictadura como un enorme crimen. Algo que han hecho: la ONU, el Consejo de Europa y numerosos organismos internacionales. Los gobiernos de España viven una autarquía en materia de Derechos Humanos. Las élites le llaman consenso, le llaman sentido de Estado, pero es impunidad. Quizá la mayor debilidad de nuestra democracia y la causa y el refugio de lo peor de nuestra realidad política.

___

Fotografía destacada: Maestras de la II República / PSOE Cáceres

Fuente:http://www.eldiario.es/tribunaabierta/desmemoriada-ley-memoria_6_722737734.html

Publicado por ARMH
Share on FacebookTweet about this on TwitterGoogle+Share on LinkedIn
Memoria Histórica | |
Matias-Escalera-diciembre-fotografiado-Lucia_EDIIMA20171224_0127_20
Publicado por ARMH
Share on FacebookTweet about this on TwitterGoogle+Share on LinkedIn

80 años de la masacre franquista de Navidad

196 hombres y mujeres fueron fusilados por las tropas franquistas en una operación que comenzó el día de Navidad de 1937.

Para desencadenar la matanza el gobernador militar utilizó como excusa un falso complot republicano.

“A mi abuelo Matías y a muchos otros les apresaron en plena cena de Nochebuena. Así era la cruel pasta de los asesinos”, declara a eldiario el nieto de una de las víctimas.

eldiario.es / Carlos Hernández / 24-12-2017

Fue el día de Navidad más sangriento de la historia de Cáceres. El 25 de diciembre de 1937 un piquete compuesto por 60 guardias civiles fusiló a 34 hombres en el campo de tiro adyacente al cuartel del regimiento de Infantería Argel 27. Entre las víctimas se encontraban maestros, sindicalistas, militantes de partidos democráticos y hasta cargos públicos como el alcalde de la ciudad, el socialista Antonio Canales, y el presidente de la Diputación, Ramón González Cid, de Izquierda Republicana. La ejecución masiva conmocionó a la ya de por sí atemorizada población extremeña. Sin embargo, la orgía de sangre no había hecho más que empezar. En los días siguientes se multiplicaron los fusilamientos en la capital cacereña hasta completar la escalofriante cifra de 196 ejecutados.

El cerebro de esta operación represiva fue el gobernador militar Ricardo de Rada, un general africanista que se sumó desde el primer minuto al golpe de Estado contra la República liderado por Mola y por Franco. Prácticamente toda la provincia de Cáceres estaba bajo control de los golpistas desde el 22 de julio de 1936, pero según ha documentado el historiador José Hinojosa, los mandos militares franquistas siempre se sintieron amenazados por las unidades guerrilleras republicanas que se infiltraban en su retaguardia desde la vecina Badajoz: “Hubo una intensa actividad guerrillera dirigida por el comandante de milicias y exlíder comunista cacereño Máximo Calvo Cano que llegó a instalarse clandestinamente en la ciudad. De Rada, que había sido destinado a Cáceres en julio de 1937, en contacto con sus superiores y especialmente con el general Saliquet, denunció en diciembre la existencia de un complot republicano para recuperar el control de la provincia. Como represalia por esa supuesta amenaza empezó todo. Los estudios históricos han demostrado que ese complot nunca existió”.

Los propios franquistas también reconocieron, años más tarde, que se trató de un burdo montaje. El dirigente de la Falange cacereña José Montes fue uno de los que lo dijo con total claridad: “No hubo complot, entre otras cosas porque no había nada organizado, siendo una cosa inventada por los militares de mayor graduación, caso del gobernador militar Rada, para demostrar su autoridad”. La invención se llevó por delante a 182 hombres y 14 mujeres. Sus nombres aparecen en un macabro documento en el que los verdugos hicieron el recuento final de su operación. Por si alguien tenía dudas, en el encabezado del mismo puede leerse: “relación nominal de personas fusiladas con motivo del abortado complot del 23 de diciembre en Cáceres dirigido por el cabecilla rojo Máximo Calvo”.

196 vidas truncadas

“A mi abuelo Matías y a muchos otros los detuvieron durante la cena de Nochebuena. Sabían que estarían en sus casas con sus familias. Así era la cruel y endurecida pasta de los que ordenaron sus asesinatos”. Matías Escalera comparte nombre y apellido con su abuelo, uno de los primeros en ser fusilados: “Mi abuela envió a mi padre, que aunque era el mayor de cuatro hermanos solo tenía doce años ¡doce años!, a seguir de lejos al grupo que le llevaba detenido. Quería saber a dónde le trasladaban. Y mi padre les siguió hasta el mismo cuartel, en donde estuvo esperando, a la intemperie, hasta que le echaron de allí los centinelas. Mi abuela Lucía fue también una víctima más desde aquel día. Representa a miles de mujeres que se vistieron de negro siendo jóvenes y murieron de negro, ancianas, guardando una silenciosa memoria de sus maridos asesinados, con una dignidad imbatible…”

Memorial erigido en el cementerio de Cáceres en recuerdo de las víctimas del franquismo

“Buena parte de los que fueron fusilados el día de Navidad junto a Matías —señala José Hinojosa—, como el alcalde de Cáceres, el presidente de la Diputación o un grupo de trabajadores ferroviarios de la UGT, llevaban meses en prisión y habían sido condenados a muerte en consejo de guerra. A partir de ahí, y hasta el 21 de enero, no pararon de fusilar. Entre las víctimas destacan algunos colectivos como los 40 militares del ejército franquista que fueron acusados de tener ideología republicana, los 16 mineros ejecutados la noche de Reyes o los 47 vecinos de Cáceres vinculados a organizaciones republicanas”.

En Navas del Madroño, un pueblo de apenas 3.000 habitantes, fueron asesinadas 54 personas en un solo día. En Malpartida de Cáceres fusilaron a una decena, entre ellos al popular tabernero Juan Doncel que pudo despedirse de su familia en una emotiva carta: “Escribo a mi esposa e hijos para despedirme de ellos. No podréis dudar de la conducta de vuestro padre que siempre ha sido bueno, honrado y trabajador. Os lo juro por la ceniza de mi padre. Querida esposa, a ti te toca con la ayuda de nuestros hijos defender el pan del día. De lo que disponemos tú dispondrás. ¿Qué más os voy a poner? tengo en la imaginación tanto que no puedo poner más. Un adiós para todos, para ti Josefa y María, Víctor, Dionisia, Rafael, Luisa, mi Alfonso y mi Antoñita, qué pequeñitos y sin padre. Recuerdos a mi hermana y a todos en general. Se despide tu esposo para siempre. Adiós a todos”. Pero Josefa no pudo “defender el pan del día”. Poco después de recibir la carta fue también detenida y, finalmente, fusilada el 2 de enero junto a otras 26 personas. Sus hijos fueron internados en orfanatos franquistas.

El documento en el que el ejército hizo balance de su acción terminaba con una “suma total”: 34+12+1+6+11+27+9+16+16+54+7+3=196. En el frío listado aparecen apellidos repetidos que indican la ejecución de padres e hijos o de hermanos. Entre los fusilados el 4 de enero pueden leerse los nombres de Ángeles, Antonio y Asunción Brú Casanova, cuyo hermana Rafaela ya había “desaparecido” a manos de los franquistas en agosto de 1936. “Esta gran masacre empezó en una fecha muy simbólica, la Navidad, y la Iglesia no hizo absolutamente nada para evitarlo —recuerda José Hinojosa—. Y eso que entre las víctimas había personas como el propio alcalde de Cáceres que habían tenido buenas relaciones con el estamento eclesiástico durante su mandato. La Iglesia se limitó a intentar que los reos aceptaran la extremaunción antes de ser fusilados”.

Documento en el que el ejército franquista hizo recuento de los 196 hombres y mujeres que fusilaron con la excusa del falso complot republicano.

Tras más de 40 años de olvido, en 1979 fueron exhumados los primeros cuerpos de las víctimas. Historiadores como Manuel Veiga, Julián Chaves y José Hinojosa han ido sacando a la luz los documentos oficiales y los testimonios que revelan la magnitud y la crueldad de la matanza. Desde 2010, la Asociación Memorial en el Cementerio de Cáceres lucha por recuperar la memoria de las víctimas y ha logrado que el ayuntamiento cacereño erija un monumento que recoge los nombres de 675 hombres y mujeres asesinados por el franquismo, entre ellos las 196 personas que perecieron mientras sus verdugos celebraban la Navidad de su “segundo año triunfal”.

___

Fotografía destacada: Matías Escalera, fusilado el 25 de diciembre de 1937, fotografiado junto a su esposa Lucía. CARLOS HERNÁNDEZ DE MIGUEL

Fuente:http://www.eldiario.es/sociedad/anos-masacre-franquista-Navidad_0_721977932.html

Publicado por ARMH
Share on FacebookTweet about this on TwitterGoogle+Share on LinkedIn
Memoria Histórica | |
fosa-les
Publicado por ARMH
Share on FacebookTweet about this on TwitterGoogle+Share on LinkedIn

La fosa de “Les Candases”, en la capilla del Barjola

Carlos Suárez invita a la reflexión con la recreación de las exhumaciones de un grupo de mujeres fusiladas en Bañugues.

lne.es / M. G. Salas / 22-12-2017

Una fosa común en la penumbra y sonidos de picos y palas removiendo la tierra. La capilla del Museo Barjola, en Gijón, ofrece un viaje hasta el cementerio de Bañugues (Gozón), donde el pasado mayo se halló uno de los cuerpos de “Les Candases”, las siete mujeres fusiladas y arrojadas por el Cabo Peñas el 2 de junio de 1938.

El artista plástico avilesino Carlos Suárez fue testigo de esa exhumación: “Experimenté una sensación muy especial, que me impactó; la historia fluyó de la tierra”. Y es ese sentimiento el que protagoniza la obra “Cita con la historia”, que expone el ganador de la primera edición del premio “Museo Barjola” hasta el 25 de febrero en Gijón.

La muestra consta de tres piezas: la física, con la reconstrucción de la fosa común; la sonora, con sonidos de las excavaciones, y la documental, con dos fotografías del momento de las exhumaciones. Suárez explica que el objetivo “es generar, a través de las emociones y el silencio, una reflexión de cómo una historia primero se oculta y luego se recupera”. Se refiere a “Les Candases”, tres de ellas enterradas en el cementerio de Bañugues tras devolver el mar sus cadáveres a la orilla. El forense Francisco Etxeberria encontró los restos de Rosaura Muñiz González, de 58 años, casada y con seis hijos en el momento de morir. Carlos Suárez siguió durante tres días las labores de búsqueda, en las que le llamó la atención, sobre todo, el silencio.

El avilesino entiende las propuestas artísticas como “un proceso de investigación” y cree que es “necesario tocar desde el punto de vista artístico la memoria histórica”. No es una línea nueva dentro de su trayectoria profesional, Suárez lleva cinco años estudiando el pasado. Empezó con una tesis doctoral sobre “Desplazamiento, memoria e identidad” y continuó con la exposición sobre “El vaciado de la huelga belga” en el Museo de Bellas Artes de Asturias. “Cita con la historia” es una evolución más dentro de esta temática. El catálogo de la obra, que realizará Marco Recuero, aspira a convertirse en “un libro” más que en un folleto sobre la exposición. “Es una pieza más, porque contextualiza la muestra e incorpora toda la información recabada”, destaca Suárez, que ,además de su faceta artística, desarrolló una labor documental gracias a la colaboración de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) de Asturias.

A Carlos Suárez le gusta “trabajar con otra gente para enriquecer la obra”. Y así lo hizo también con la ambientación sonora, realizada por Juanjo Palacios. “Quise dejar a un lado el testimonio oral y centrarme en el paisaje sonoro, de tal forma que fomente la imaginación del visitante”, cuenta.

___

Fotografía destacada: El avilesino Carlos Suárez, ayer, delante de la fosa del museo. M. LEÓN

Fuente:http://www.lne.es/sociedad/2017/12/22/fosa-les-candases-capilla-barjola/2212727.html

 

Publicado por ARMH
Share on FacebookTweet about this on TwitterGoogle+Share on LinkedIn