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El pasado de Billy el Niño y Conesa permanece oculto por la Ley de Secretos Oficiales y por la de Patrimonio

La ley franquista de secretos oficiales pervive sin límites temporales en los archivos de toda España y la actualización de esta ley, aprobada por el Congreso, permanece aparcada.

La Ley de Patrimonio impide consultar la ficha de los agentes hasta 25 años después de su muerte.  

publico.es / María Serrano / 30-10-2017

La ley franquista de secretos oficiales pervive sin límites temporales en los archivos de toda España. Las materias clasificadas afectan a casos de los últimos años del franquismo, la Transición y el golpe del 23-F. Expedientes de secuestro de los Grapo como el caso Oriol y Villaescusa son algunos de los documentos ocultos a investigadores. Sus datos salpican directamente a agentes de la BPS: Antonio González Pacheco, alias ‘Billy el Niño’ (con causa abierta en la Querella Argentina) o Roberto Conesa son algunos de los implicados y protegidos por el sistema. Asimismo, los expedientes policiales de Pacheco y Conesa permanecerá oculto hasta 25 años después de su muerte gracias a la Ley de Patrimonio. 

La norma sobre el acceso a archivos oficiales oculta expedientes de la Transición y el tardofranquismo. Y buena parte de sus casos como el sonado secuestro de Oriol y Villaescusa, perpetrado por los Grapo en 1977 y que implica directamente a los agentes de la Brigada Político Social, Roberto Conesa y Billy el Niño. Las limitaciones son claras para la consulta de estos archivos. Las materias clasificadas no tienen fecha de caducidad. Y es que a diferencia de la regulación en la mayoría de los países, la ley de secretos oficiales española carece de límites temporales o de un proceso automático para desclasificar secretos de Estado.

La vieja ley de secretos oficiales, vigente desde la etapa franquista, “menosprecia la investigación histórica” y lo que es más grave impide “conocer con exactitud el pasado”

La vieja ley de secretos oficiales, vigente desde la etapa franquista, “menosprecia la investigación histórica” y lo que es más grave impide “conocer con exactitud el pasado”. José Antonio González Cussac, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia argumenta a Público que el propósito de mantener en secreto tantísimo material reciente de la historia de España carece de justificación racional y jurídica. “ Ni moralmente ni políticamente se debe permitir”.

José Antonio Sainz Varela, director del Archivo Histórico Provincial de Álava, argumenta a Público cómo la nomenclatura de “secreto” reporta ya de por sí al documento un carácter “morboso e innecesario” y que solo debería ser decretado para proteger “secretos comerciales, diplomáticos, industriales o de defensa nacional”.

La modificación de la ley de secretos paralizada en el Congreso

El pleno del Congreso aprobó el pasado 29 de noviembre, hace ahora casi un año, la modificación de la ley de Secretos Oficiales, impulsada por el PNV. Sin embargo, la actualización de esta ley franquista, aprobada en 1968, ni siquiera ha iniciado su tramitación. El desinterés del PSOE y el PP en la Cámara lleva frustrando casi un año una medida imprescindible para los historiadores con un retraso de casi cuatro décadas.

Lo más peculiar es que la obsoleta normativa aprobada en plena dictadura prevalece sobre una ley más reciente como es la de transparencia con mayor flexibilidad a la hora de abordar documentación histórica. Si la norma llegara a aprobarse, supondría la desclasificación automática de todos los documentos que siguen secretos de los últimos años del franquismo, la Transición y el golpe de Estado del 23-F. Los más afectados por el número de víctimas que se encuentran en posesión de declarar.

A pesar de recientes intentos de Ministros de defensa como la fallecida Carmen Chacón de iniciar la desclasificación de miles de documentos, Pedro Morenés, su sucesor no permitió que estos papeles de “especial relevancia” salieran de la máxima protección. “Con esa normativa parece que los investigadores están solamente obligados a tratar con datos de hace 400 años”, aclara el director del Archivo de Álava. Sin víctimas ni verdugos que puedan tener causas abiertas con la justicia.

La implicación de Billy el Niño y Roberto Conesa en el caso Oriol y Villaescusa

Fernando Hernández Sánchez, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid se hace una pregunta cuando habla de casos ocultos que implican a torturadores de la Transición. “¿Alguien se imagina a Antonio González Pacheco ‘Billy el Niño’ autorizando a un historiador el acceso a su expediente en el archivo del Ministerio del Interior? ¿Por qué se está protegiendo, todavía, la identidad de confidentes a alto nivel? ¿A quién beneficia a día de hoy ese secretismo?”.

“¿Alguien se imagina a Antonio González Pacheco ‘Billy el Niño’ autorizando a un historiador el acceso a su expediente en el archivo del Ministerio del Interior?, se pregunta Hernández

La experiencia de los años le ayuda a hablar con sabiduría. “Si alguien se ha hecho ilusiones de que en España se pueda dar una escena como la del final de la película La vida de los otros, donde un antiguo espiado por la Stasi consulta su propia ficha en el archivo abierto al público, está muy equivocado”.

Hernández dirige la tesis doctoral del historiador Pablo Alcántara quien ha logrado en su corta pero dilata investigación hallar archivos ocultos de casos tan sonados como el de Oriol y Villaescusa junto a su profesor. El famoso secuestro de los GRAPO, perpetrado en 1977 es uno de los archivos que se encuentra actualmente “protegidos como materia” por parte del Estado Español. “Al no haber una mayor relación de los casos, los historiadores nos vamos encontrando poco a poco con esta documentación como ha sido este famoso secuestro que tuvo tanta repercusión mediática”, aclara a Público el joven investigador.

Roberto Conesa, jefe de la BPS de Valencia, participó activamente en la resolución del caso. Billy el niño fue otro de los agentes que desde Madrid ayudó a resolver en menos de un mes el secuestro. “Conesa y González Pacheco recibieron por parte del Ministro de Gobernación, Martín Villa, la medalla al Mérito Policial”. A pesar de la importancia de este caso no se ha querido mostrar los datos ni las resoluciones en los archivos. Tampoco las técnicas llevadas a cabo por estos torturadores. “Hay más accesibilidad en los periódicos de la época que en los expedientes”, aclara Alcántara.

Conesa y González Pacheco recibieron por parte del Ministro de Gobernación, Martín Villa, la medalla al Mérito Policial

El caso de Oriol y Villaescusa se encuentra en el Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares como material de secreto oficial. Los expedientes de ambos agentes están en el Archivo del Ministerio del Interior, protegido por la ley de Patrimonio. “Hasta que no pasen 25 años de la muerte de Billy el Niño no podremos acercarnos a su expediente policial. El de Conesa estará protegido hasta 2019”.

El secuestro de Oriol y Villaescusa fue el punto culmen de los Grapo. El 11 de diciembre de 1976, cinco días antes del referéndum de la Ley para la Reforma Política, los terroristas secuestraban al presidente del Consejo de Estado, Antonio María de Oriol y Urquijo. Un mes más tarde, el 24 de enero de 1977, el presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar, teniente general Emilio Villaescusa Quilisera secuestrado. Los hechos se producían pocos días después de la matanza de los abogados laboralistas de Atocha.

Pablo relata cómo “tras quince días y 38.000 horas, según Conesa, de investigaciones el 11 de febrero descubren donde están”. Empieza la operación de rescate bautizada como “Operación Valencia”. Roberto Conesa pasó a ser considerado como el “superagente” por el Gobierno y parte de los medios de comunicación, sobre todo de los de carácter conservador.

El profesor de la UAM, Hernández Sánchez resalta el grave problema que supone que este tipo de casos se encuentren ocultos. “El derecho al secreto protege al victimario y deja indefensas a las víctimas de la dictadura”. Aplicando unos simples cálculos aritméticos, el expediente de ex policías aún vivos, como González Pacheco (Billy el Niño), solo serán accesibles, si no hay alguna minuta reciente, un cuarto de siglo después de su muerte. “Dado su saludable estado físico, como maratoniano en activo, es probable que muchas de las víctimas de sus métodos de interrogatorio, bastante más maltrechas debido, precisamente, a ellos, mueran sin obtener la satisfacción moral de verle responder por sus actos criminales”.

Investigadores “sin acceso” real a los expedientes

Cuarenta y dos años después del final de la dictadura de Franco no existe ninguna relación que permita conocer el número de casos que están sellados con este secretismo de estado y que afecta gravemente a víctimas con necesidad de pedir justicia. El catedrático valenciano Cussac puntualiza que no existe “un registro oficial público de los expedientes sometidos a secreto, algunos con decenas de años. Esa lista solo la pueden ir confeccionando los investigadores, reuniendo los casos que se encuentran todavía protegidos por el secreto oficial. Aunque debería instarse a los poderes públicos, al parlamento y el Gobierno a que lo hicieran”.

“El derecho al secreto protege al victimario y deja indefensas a las víctimas de la dictadura”, denuncia Hernández

El investigador Pau Casanellas ha sufrido también en primera persona cómo los archivos policiales del período franquista (hasta junio de 1977, fecha de las primeras elecciones pluripartidistas) son completamente inaccesibles. El problema de base no es tanto la ley de secretos oficiales, de abril de 1968, como la Ley del Patrimonio Histórico Español, de junio de 1985, que en su artículo 57.1.C establece cómo los ” documentos que contengan datos personales de carácter policial, procesal, clínico o de cualquier otra índole que puedan afectar a la seguridad de las personas, a su honor, a la intimidad de su vida privada y familiar y a su propia imagen, no podrán ser públicamente consultados sin que medie consentimiento expreso de los afectados”.

Hay dos requisitos básicos. O que haya transcurrido un plazo de veinticinco años desde su muerte, si su fecha es conocida o, en otro caso, de cincuenta años, a partir de la fecha de los documentos”, declara a Público el investigador afectado. Además, la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, de 1999, establece cuantiosas multas económicas en caso de vulneración de estos plazos.

La mayoría de archivos públicos, aclara Casanellas “se acogen a esta legislación para no dejar consultar documentación que tenga menos de cincuenta años de antigüedad”, a pesar de que muchas veces el tipo de información que se encuentra en la documentación policial es de conocimiento público. Un ejemplo puede ser la pertenencia a un partido u organización, o la participación en una manifestación. A menudo publicada en los periódicos de esta etapa reciente. En otros casos, aclara Casanellas “los archiveros permiten una consulta selectiva: dejan consultar documentación más reciente siempre que no contenga datos personales”.

Casanellas concluye destacando que además de la legislación vigente (y su interpretación completamente restrictiva), el otro problema es que “la mayor parte de la documentación policial de la Transición no ha sido transferida a archivos históricos para ser tratada y catalogada, como sería normal”. En muchos de los casos también se encuentra destruida como ocurrió con la mayor parte de documentación del partido único del franquismo, FET y de las JONS, luego llamado Movimiento Nacional. “Esta problemática de la desaparición también afecta a la documentación de la Brigada Político Social, y a la documentación de la Guardia Civil, que también tenía un servicio de información propio, el Servicio de Información de la Guardia Civil y a la de la Policía Armada”. Mucho de estos documentos están ocultos o destruidos sin que medie ninguna legislación para su consulta o esclarecimiento.

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Fotografía destacada: Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño

Fuente:http://www.publico.es/politica/pasado-billy-nino-conesa-permanece-oculto-ley-secretos-oficiales-patrimonio.html

 

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Cuando la sangre tiñó el valle de Dios

Hace 80 años se produjo la matanza de los trabajadores del hospital psiquiátrico de La Cadellada, uno de los sucesos más brutales y menos conocidos de la Guerra Civil en Asturias.

ctxt.es / Miguel Barrero / 25-10-2017

Es habitual, en primavera y en verano, encontrar grupos de turistas merodeando por Valdediós. También es absolutamente lógico, porque el lugar merece una visita. Cuentan que lo que originalmente fue el valle de Boides recibió ese apelativo allá por el medievo, cuando se concluyó que un paraje tan hermoso sólo podía deber sus credenciales a la divinidad, y de la relevancia política y espiritual que tuvo entonces dan fe los dos edificios que han venido resistiendo como buenamente han podido al tiempo y los intermitentes abandonos. Uno es la coqueta iglesia de San Salvador, levantada en el siglo IX y considerada una de las grandes joyas del arte prerrománico. El otro, situado a escasos metros dentro de la misma parcela, es el imponente monasterio de Santa María, cuya fábrica actual engloba una iglesia románica, un claustro renacentista y unas dependencias conventuales datadas en época barroca, aunque sometidas a múltiples reformas con posterioridad. El recorrido guiado, y parcial, por el conjunto dura aproximadamente media hora. Se explican muchas cosas acerca de la historia del lugar y sus peculiaridades artísticas. Nunca se menciona que, en la madrugada del 27 al 28 de octubre de 1937, el horror convirtió aquel paisaje hermoso en el escenario de una pesadilla. Que esa noche, durante unas horas eternas, el diablo trasladó sus enseres hasta el corazón del valle de Dios para teñir sus predios de sangre.

Monasterio de Valdediós

Para contar esta historia hay que remontarse a los inicios de la Guerra Civil. Tras el levantamiento militar de julio de 1936, la ciudad de Oviedo se declaró partidaria de los rebeldes mientras los grandes núcleos urbanos que se extendían por sus alrededores —Gijón, Avilés, las cuencas mineras— mantuvieron su lealtad a la República. Eso hizo que la contienda, en Asturias, consistiera en una larga marcha sobre la capital. Dentro del cerco que sobre ella establecieron los milicianos en un primer momento, en la periferia ovetense, se encontraba el hospital psiquiátrico de La Cadellada. La línea que separaba las dos zonas del frente estaba tan próxima al centro sanitario que algunos trabajadores dejaron de acudir a sus puestos ante la imposibilidad de traspasarla a diario. El 13 de octubre los combatientes republicanos consiguieron tomar el hospital, pero tuvieron que abandonarlo cinco días después, a resultas de una contraofensiva de sus adversarios. Se llevaron con ellos a los enfermos que no habían sido recogidos por sus familias y a los trabajadores que permanecían en el centro, algunos de ellos reincorporados cuando el equipamiento se resituó en zona republicana y, según parece, bastante comprometidos con la defensa de la legalidad vigente. En Gijón, convertida provisionalmente en capital de la provincia al encontrarse Oviedo en manos de los sublevados, decidieron que la mejor solución pasaba por trasladar a médicos, profesionales y enfermos a un lugar apartado en el que pudieran mantenerse a salvo. Eligieron para tal fin el monasterio de Santa María de Valdediós, que entonces desempeñaba las funciones de seminario diocesano y había sido abandonado al inicio de la contienda.

Enfermos en el claustro del monasterio de Valdediós en enero de 1937

Parece que, durante una larga temporada, la vida allí fue plácida. Los médicos y el personal de enfermería se instalaron en las dependencias del propio convento y en los pueblos vecinos. Los internos ocupaban las celdas del convento. Los hijos de los empleados acudían a una escuela cercana. Algunas fuentes creen que no toda la plantilla se mantuvo estable y hubo profesionales que se incorporaron más tarde y otros que sólo permanecieron allí un tiempo. También se cree que al monasterio llegaban personas que no poseían ningún trastorno psíquico, pero necesitaban esconderse o curar las heridas sufridas en los combates del frente. Mª Paz Pérez, hija de uno de los trabajadores, recordaría muchos años después que hasta allí llegaron heridos procedentes de los hospitales instalados en la zona de Covadonga. La vida transcurrió con relativa tranquilidad hasta que en octubre de 1937, aproximadamente un año después de la mudanza, comenzaron a llegar noticias desalentadoras. Las tropas franquistas avanzaban y la defensa republicana apenas existía. El desenlace era tan inminente como irreversible: el día 20 el Consejo Soberano de Asturias y León ordenó la evacuación republicana a través del puerto de Gijón, ciudad que los rebeldes tomarían bajo su mando al día siguiente.

La noche feroz

Por aquellas fechas hubo profesionales del hospital que optaron por huir, debido al miedo que tenían a las posibles represalias. Otros se quedaron porque pensaban que, al fin y al cabo, no habían hecho más que cumplir con su obligación de funcionarios dependientes de un Gobierno legítimo. Los primeros temores fundados aparecieron el 22 de octubre, cuando hacia las tres de la tarde llegaron a Valdediós los soldados del IV Batallón Arapiles 7, perteneciente a la 6º Brigada Navarra, bajo la tutela del comandante de caballería Emilio Molina y acompañados por un capellán. Celebraron una misa y luego se acomodaron en el monasterio. Estaban allí para quedarse. La convivencia, pese al estupor inicial y contra todo pronóstico, se desarrolló con normalidad. Los soldados respetaban a los trabajadores y a los enfermos. Dada la cordialidad imperante, hubo quienes se confiaron y llegaron a albergar la esperanza de que los militares sólo quisieran asegurar el control del psiquiátrico. Para su desgracia, no tardarían demasiado en percatarse de su equivocación.

El 27 de octubre se presentó en el monasterio un hombre vestido de negro, cuya identidad jamás pudo verificarse, que hizo entrega de una lista al mando del batallón. Éste, tras leer en voz alta los nombres que figuraban en ella, detuvo a cinco personas, que fueron trasladadas a la cárcel de Villaviciosa, y mantuvo confinado en el cenobio a otro grupo. Por la tarde, alguien ordenó a las enfermeras que preparasen una cena que habrían de servir a los soldados en una dependencia conocida como la sala de física, seguramente debido a las lecciones que allí se impartían cuando el monasterio funcionaba como seminario. Fue en ese espacio donde se desencadenó el horror. Esa noche los militares, avivados por el alcohol y la impunidad, obligaron a bailar a las enfermeras, las desnudaron, las violaron y, por último, las condujeron junto a otros compañeros del psiquiátrico a un terreno situado a espaldas del monasterio y conocido en aquellos lares como el prau de don Jaime. Allí les obligaron a cavar su propia fosa y después les dispararon. Unas horas después, con la del alba, el batallón abandonaba Valdediós. En una casa próxima al cenobio vivía Anita Rodríguez, entonces una niña, que aquella misma mañana bajó con su padre para averiguar el porqué de los gritos que habían podido escuchar durante la noche. Se encontraron la tierra movida y vieron cómo sobresalían entre el barro las extremidades de los muertos. Los verdugos ni siquiera se habían preocupado de enterrarlos decentemente. Su padre fue expeditivo: “Esto no puede quedar así”. Regresó con una pala y los cubrió. El relato a media voz de cuanto había ocurrido aquella desgraciada noche en Valdediós se propagó por la comarca. Los niños de la zona dejaron de ir por allí a coger castañas.

El prau de don Jaime

Algunos años después, en torno a 1965, Anita se encargaba de enseñar el monasterio a los turistas y recibió a un visitante que, tras recorrer con ella el edificio, le pidió expresamente que le enseñara la sala de física. Cuando estuvieron en ella, el hombre se derrumbó y le confesó que él había sido uno de los soldados participantes en la matanza y que el horror de aquel aquelarre sangriento no había dejado de perseguirle desde entonces. Fue ése el eco más notable de una historia que en Asturias se fue transmitiendo entre susurros hasta bien entrada la democracia. A instancias de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, la fosa de Valdediós fue excavada en julio de 2003. Se hallaron en ella diecisiete cuerpos. Menos de los que contaban los pocos testigos que habían podido dar cuenta del suceso —decían que habían sido asesinadas allí más de treinta personas—, pero suficientes para constatar el alcance y la arbitrariedad de la matanza.

El antecedente de Somiedo

A la hora de relatar la historia de Valdediós siempre surge una pregunta inevitable: ¿por qué? Si bien la lógica de la guerra aporta una explicación plausible para el episodio de la lista y las detenciones realizadas tras su lectura —seguramente a personas que tenían a sus espaldas una marcada trayectoria política o sindical—, resulta verdaderamente terrible, por lo crudo y por lo inverosímil, el final que se les reservó a unos trabajadores que se habían limitado a cumplir con su deber. Sin embargo, esa misma lógica belicista no suele estar reñida, aunque resulte paradójico, con parámetros meramente irracionales, y es posible rastrear las razones de la masacre de Valdediós en otro hecho acaecido también en Asturias, en este caso entre las montañas suroccidentales, y que, en estremecedor paralelismo, tuvo como involuntarias protagonistas a tres enfermeras que prestaban auxilio a los heridos en la zona franquista.

Se llamaban Pilar Gullón, Octavia Iglesias y Olga Monteserín. Fueron enviadas desde Astorga al frente de Asturias en los primeros compases de la Guerra Civil y se las destinó a un pequeño hospital de campaña habilitado en los alrededores de Pola de Somiedo. Ni ellas ni el médico quisieron huir cuando los republicanos tomaron el puesto. Los milicianos apresaron a las tres mujeres y las violaron durante la noche. Al día siguiente fueron fusiladas por tres milicianas que se habrían ofrecido para tal fin. De todo ello se responsabilizó a Genaro Arias, líder minero de la UGT y jefe de las milicias de la zona. Las semejanzas con el caso de Valdediós saltan a la vista, pero causan escalofríos, de tan evidentes, si se presta atención a las fechas: las enfermeras de Astorga fueron capturadas, vejadas y asesinadas entre el 27 y el 28 de octubre de 1936, justo un año antes de que el batallón Arapiles ejecutara su matanza en el monasterio.

La memoria histórica, otra vez

Las atenciones que se dispensaron a las mujeres de Somiedo, por un lado, y a los trabajadores del hospital psiquiátrico de La Cadellada, por otro, son una buena muestra de las dos varas de medir con que las víctimas de la Guerra Civil se han visto tratadas en España. Unas y otros perecieron a causa de la brutalidad instaurada por toda la península en aquellos años terribles, pero eso no quiere decir que no se deban poner matices en ambos flancos. Cabe recordar que, mientras en el caso del psiquiátrico hablamos de funcionarios públicos, en el de Somiedo se trataba de personal voluntario, aunque eso no disculpa la brutalidad con que se intervino en uno y otro episodio ni mucho menos ampara el recurso a la ley del Talión por parte de las milicias nacionales. Hay, en cualquier caso, diferencias más relevantes.  No debe orillarse, al referirnos al asesinato de las enfermeras franquistas, que este tipo de acciones no sólo se llevaban a cabo sin el permiso de las autoridades republicanas, sino que en la gran mayoría de los casos tenían lugar a espaldas de éstas —el propio Genaro Arias negó su participación en los hechos de Somiedo, y hubo en el juicio testimonios que respaldaron su versión—, por lo demás provistas de un aparato legal destinado a castigar convenientemente tales aberraciones. En el caso de Valdediós, la presencia de un capellán junto a los soldados —algunos testimonios aseguran que él mismo se encargó de dar la extremaunción a los profesionales sanitarios, según iban cayendo en la fosa que habían cavado con sus propias manos— parece indicar que al menos ciertas instancias eclesiásticas no estaban del todo a disgusto con esos procederes.

La otra gran diferencia tiene que ver con lo que sucedió después. Las enfermeras de Somiedo recibieron sepultura en la catedral de Astorga, donde aún hoy se veneran sus cuerpos, a los que el régimen incorporó desde el primer minuto el apelativo de “mártires”. Se encuentran, actualmente, en proceso de beatificación. Los muertos de Valdediós, ya se ha apuntado, permanecieron durante décadas hacinados en la misma fosa común donde cayeron tras los disparos sin que nadie se aviniera a desempolvar su recuerdo hasta que la entrada del nuevo siglo impulsó la recuperación de lo que se ha dado en llamar memoria histórica. Junto al lugar donde estuvieron, al pie del prau de don Jaime, se levanta en nuestros días un monolito esculpido por el artista Joaquín Rubio Camín. Un tímido cartel anuncia, al lado del aparcamiento dispuesto para los turistas, que a través de un camino de tierra que discurre entre castaños se llega al lugar del enterramiento. Allí reposaron en el olvido, durante casi setenta años, Claudia Alonso Moyano, Luz Álvarez Flórez, Rosa Flórez Martínez, Urbano Menéndez Amado, Emilio Montoto Suero, Soledad Arias Menéndez, Antonio Piedrafita García, Oliva Fernández Valle y David Cueva Rodríguez. Otros no han podido ser identificados con certeza, aunque bien pudiera tratarse de Casimiro García, Antonio González, Antolín González, Consuelo Iglesias, Julita Menéndez, Soledad Menéndez, Pilar Quirós, Manuel Vallina o Francisco Vázquez, todos ellos trabajadores de La Cadellada cuya pista se perdió tras la caída de Asturias. Nunca hablan de ellos los guías del monasterio. Seguramente tampoco los mencionen las carmelitas samaritanas del Corazón de Jesús que desde junio de 2016 ocupan el cenobio y que el pasado 19 de julio compartían en las redes su alborozo durante una simpática excursión al Valle de los Caídos. La memoria, ocho décadas después de aquellos sucesos, sigue sin ser siempre ecuánime. Por eso es de justicia que, al menos de vez en cuando, alguien recite esos nombres que estuvieron demasiado tiempo sin pronunciarse y que algunos habrían preferido borrar aquella noche lejana en que el mismísimo demonio usurpó el valle de Dios.

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Fotografía destacada: Trabajadores del hospital psiquiátrico La Cadellada posando ante la iglesia del monasterio de Santa María de Valdediós en enero de 1937. CONSTANTINO SUÁREZ / MUSÉU DEL PUEBLU D’ASTURIES (GIJÓN)

Fuente:http://ctxt.es/es/20171025/Politica/14630/ctxt-valdedi%C3%B3s-asturias-cadellada-matanza-memoria-historica-guerra-civil.htm

 

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“Los que no saben, por la desmemoria o porque no lo han padecido, lo mejor que podían hacer es no hablar”

Pedro Masera, minero de la cuenca onubense “entregado a la causa anarquista”, tenía 61 años cuando fue ejecutado por franquistas en 1938.

Es la primera exhumación de una víctima del terror golpista en el cementerio de La Soledad de Huelva, donde yacen todavía miles de asesinados.

La familia ha cerrado “una herida, un dolor”, dice su nieta, María Luisa Masera, en una entrevista para eldiario.es Andalucía.

eldiario.es / Juan Miguel Baquero / 26-10-2017

La historia de Pedro Masero ya está fuera de la fosa común donde sus asesinos franquistas la arrojaron un 10 de febrero de 1938. Después de años de trabas y lucha familiar, la búsqueda del anarquista onubense ha culminado con éxito. Es la primera exhumación de una víctima del franquismo en el cementerio de La Soledad de Huelva, donde yacen otros miles de ejecutados por el terror golpista.

La nieta de aquel “hombre entregado a la causa anarquista” que leía a Friedrich Nietzsche y Arthur Schopenhauer cuenta el final del proceso en una entrevista a eldiario.es Andalucía. María Luisa Masera habla emocionada. Junto a la sepultura todavía abierta. Con los huesos recién sacados de la tierra que los sepultaron casi 80 años. En el mismo camposanto que con su nombre evoca el destino de muchas víctimas del franquismo: La Soledad.

La intervención ha sido realizada por el Ayuntamiento de Huelva y la Dirección General de Memoria Democrática de la Consejería de Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática de la Junta de Andalucía. Un trabajo que ha contado con la dirección científica del arqueólogo Jesús Román y el antropólogo Juan Manuel Guijo.

¿Quién era Pedro Masera?

Mi abuelo tenía 61 años. La fecha de su ejecución es el 10 de febrero del 38, a las 6 de la mañana. Mi padre que era el más pequeño de sus cinco hijos, y tenía 25 años. Se llamaba igual, Pedro Masera. Curiosamente yo nací nueve años después, un día 10 de febrero. Una cosa que me emociona mucho porque es muy curioso.

El anarquista Masera, exhumado del cementerio de Huelva. | JUAN MIGUEL BAQUERO

¿Cómo acaba arrojado a una fosa común?

La zona minera ha sido siempre muy reivindicativa por las condiciones de trabajo tan duras que sufrían los obreros. Mi familia era de El Cerro del Andévalo. Cuando estalla el golpe de Estado allí hay lucha y se proclama el comunismo libertario, que duró mes y pico. Mi padre formaba parte del Comité Revolucionario pero mi abuelo era mayor. Cuando entran los franquistas tienen que salir a esconderse a la sierra, que la mayoría conoce como la palma de la mano. Los más jóvenes salen como pueden para Madrid, pero él se queda allí escondido. Estaba como un animal acorralado por patrullas de falangistas. Solo, sin nada. Cuando Franco publica un bando diciendo que los que no tenían delitos de sangre no tenían nada que temer decide entregarse en el cuartel de la Guardia Civil de Valdelamusa. Y, claro, mandan a un número de la Guardia Civil a preguntar por sus actividades al Cerro, que era su pueblo.

¿A quién preguntan?

Pues a un adicto al régimen. A uno que tenía una tienda, que era muy de derechas, muy conservador, y que lógicamente va a echar toda clase de porquería sobre mi abuelo. Después lo traen a la cárcel de Huelva, lo juzgan y lo condenan a muerte. Estuvo un año preso hasta que lo mataron.

¿Qué hizo para encontrar aquel trágico destino?

Era un hombre muy entregado a la causa anarquista. Mucho. Era minero y autodidacta. Leía muchísimo y tenía montones de libros. Sobre todo de filosofía (sonríe y hace una pausa). Le gustaba (Friedrich) Nietzsche, (Arthur) Schopenhauer, las obras completas de Eliseo Reclus… Mandaba artículos a Solidaridad Obrera, de Barcelona, sobre los problemas de los trabajadores en la mina y estaba suscrito a otras publicaciones anarquistas como las revistas Estudios o Blanca. Lo que me ha llegado de su vida es que luchaba mucho, que daba mítines en la boca mina y esto le costó estar en las listas negras que tenían los encargados. No le daban trabajo en muchos sitios.

¿Su familia superó la oscuridad y el silencio reinantes e impuestos por el franquismo?

Sí. Y más que hablar siempre de política se hablaba mucho de los libros con un contenido social. Por ejemplo mi abuelo había escrito a Francisco Ferrer Guardia, cuando la Escuela Moderna, y mi padre aprovechando esas anécdotas me contaba en qué consistía el modelo de educación anarquista y eso me ha ayudado a conservar… (detiene el discurso, emocionada).

Y entonces se cierra la herida. Vendré y veré el nombre de mi abuelo en una lápida (llora). Ya no tengo esa cosa de dónde estará y dónde lo matarían. Ahora sé que mi abuelo está ahí y tiene un nombre.

Aquellos ideales.

Claro. Desde niña. Alguno de sus hijos también salieron anarquistas. Mi padre militante de la CNT y mi tío mayor era de la FAI. Y en casa siempre he oído, no sabría decirte… se cerraban las ventanas y se oía la BBC de Londres. También La Pirenaica algunas veces.

Y al final, aunque no pudo conocerlo, ha rescatado su memoria. Hay quien dice que esto de buscar un puñado de huesos es ‘abrir heridas’.

Es cerrar. Cerrar un dolor. Incluso para mis hijos. Uno está aquí, tú le ves y está emocionado. La gente que dice eso, ¿de verdad tienen víctimas del franquismo en su familia? ¿Lo han visto de cerca? ¿Hablan de algo que no saben? Esto hay que cerrarlo y de esta manera, diciendo ‘aquí está mi abuelo’. Y enterrar a nuestros muertos es además una cuestión cultural.

Encontrar los restos, darles sepultura y cerrar el duelo.

Exactamente. Y entonces se cierra la herida. Porque vendré el día 1 de noviembre, o cuando sea, y veré el nombre de mi abuelo en una lápida (llora). Ya no tengo esa cosa de dónde estará y dónde lo matarían. Ahora sé que mi abuelo está ahí y tiene un nombre.

Hay quien tiene víctimas y sucumbe a la desmemoria colectiva. 

Pero esto es lo que sentimos la mayoría de las personas con víctimas del franquismo. Y los que por la desmemoria o porque no lo han padecido, lo mejor que podían hacer es ser discretos y no hablar de lo que no saben, porque encima nos hacen mucho daño, ¿comprendes?

En el cementerio donde ha recuperado a su abuelo hay más de 2.000 víctimas del franquismo. Pero la familia Masera es la primera que intenta y logra romper este bloqueo de décadas. Es llamativo.

Yo siento una satisfacción enorme de haber visto a mi abuelo, aunque sea un esqueleto. Porque he crecido con esa ansiedad, de que me faltaba un abuelo. Dónde estaría, y no me atrevía a preguntarlo por la pena tan grande que veía a mi alrededor. Esa es mi satisfacción. Después, si sirve para que la gente que lo vea en los medios se atreva a pedir lo mismo, bienvenido sea. Pero de verdad que no siento ningún orgullo ni nada, sólo una satisfacción enorme y una tranquilidad espiritual grande. Eso es lo que siento.

Primera intervención para rescatar los restos de uno de los miles de ejecutados en el cementerio de La Soledad. | JUAN MIGUEL BAQUERO

¿Cuándo pensó que tirando del hilo familiar tenía posibilidades de encontrar a su abuelo?

Cuando el Gobierno de Adolfo Suárez dio pensiones a las viudas mi padre tuvo que pedir un certificado de defunción y me enteré de cuándo lo habían fusilado. Ya era un dato. Y cuando el juez Garzón presentó esa cantidad de sentencias oí la noticia busqué documentación en la cárcel de aquí, el Archivo Municipal y en Diputación.

Y Pedro Masera está entre los 114.226 víctimas del franquismo con nombres y apellidos que acumuló Garzón.

Sí. Entre esos está mi abuelo. Se le envió la documentación a través de una asociación memorialista.

Cuenta que desde entonces ha vivido un proceso complejo.

Esto se quedó paralizado un tiempo pero ya el año pasado entré en contacto con Rafael Moreno (periodista e investigador) y empezamos otra vez. Hasta hoy (sonríe). La primera solicitud oficial para buscar a mi abuelo fue en abril de 2016. No nos contestaron, tuvimos reuniones, pasaba el tiempo, se hizo una cata y cuando salen el fémur y la pelvis dejan de buscar… Después llovió, sufrí mucho porque sabía que el agua podía afectar al estado de los huesos. Y ahora hemos tenido que esperar también porque parece que el interventor ponía pegas.

Su padre tenía 25 años cuando matan a Pedro Masera. Era anarquista. La represión estaba cantada.

Mi padre es represaliado duramente también. Tenía pasaporte para Veracruz (Mexico) y en el puerto de Alicante, pues ya sabemos todos lo que pasó. Que veían los barcos virar y marcharse. Los fascistas entrando por tierra y los barcos marchándose. Lo trajeron a Huelva, le condenaron a muerte que condenaron por cadena perpetua. Pidió traslado a las colonias penitenciarias y estuvo de esclavo del franquismo rehabilitando el Alcázar de Toledo. Estuvo preso, pero claro, ya había conocido a mi madre en el 36, en Madrid.

Se conocen durante la guerra. Casi parece un guión de película.

Mi padre estuvo defendiendo la Ciudad Universitaria y la Casa de Campo. Franco ya estaba a las puertas mismas de Madrid. Lo mandaron a Aranjuez, que era zona roja y allí conoció a mi madre, Faustina García-Redondo Martínez. Se conocen allí y después de casi tres años de noviazgo se va a Alicante y no saben el uno del del otro durante una temporada.

¿Qué contaban de su encuentro?

Fue una cosa muy graciosa. En Madrid antes nevaba, más que ahora, y mi padre no había visto nunca la nieve. Mi madre iba a comprar leche y él estaba jugando con unos compañeros a tirarse bolas de nieve. Entonces le dijo cualquier piropo y le tiró una y como las madrileñas somos un poco ‘chulonas’, pues se volvió y le llamó “tonto, no sé cuántos”. Y a él le hizo tanta gracia que se fue detrás de ella, y empezó a ir a buscarla y se hicieron novios. Después la pobre, que era una mujer muy republicana y trabajaba en una fábrica, cuando mi padre pasaba tanta hambre en Toledo ella se iba a trabajar al campo para llevarle por lo menos alguna fruta. ¿Sabes lo que hacían? Guardaban las cáscaras de la fruta para comerlas durante la semana. Hombres que estaban sometidos a trabajos forzados. Mi madre contaba muchas veces que él le decía: “no me vayas a dejar, no te canses de venir, si tu me dejas me muero”.

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Fotografía destacada: María Luisa Masera, nieta de Pedro Masera, junto a la fosa abierta. | JUAN MIGUEL BAQUERO

Fuente:http://www.eldiario.es/andalucia/huelva/anarquista-Franco-mato-leer-Nietzsche_0_701331144.html

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Priaranza, la fosa común que desenterró la Memoria y sepultó el silencio

Hace 17 años que se exhumaron los cuerpos de los 13 de Priaranza, la fosa en la que nació el movimiento social de la Memoria Histórica.

cadenaser.com / Ana Maceda / 20-10-2017

Se cumplen 17 años de la exhumación de la fosa de los 13 de Priaranza, una fosa de la que no sólo se recuperaron los primeros cuerpos de represaliados sino que también dio origen a un impresionante movimiento social (ARMH) que ha permitido empezar a poner datos a la Memoria Histórica silenciada hasta entonces. El nieto de uno de los desaparecidos en el 36, Emilio Silva, reconoce que aquel instante le cambió la vida porque desde entonces ha podido “enterrar el silencio”.

Con 900 voluntarios de 20 países distintos y con dos generaciones por delante de personas tocadas por la tragedia, la Asociación ha llegado a despertar el olvido de las fosas comunes. Sin hasta hace poco ayudas, pero con la esperanza en que sean las administraciones las que asuman íntegramente los desenterramientos, la asociación ha seguido adelante para reparar la dignidad de quienes como su abuela “se han muerto con el miedo en el cuerpo, mordiéndose la lengua y sin poder recuperar a los suyos”

Desde entonces el trabajo es constante y el mensaje entró en todos los lenguajes posibles, no sólo en el debate político con la publicación de la Ley de la Memoria sino también con la educación de los jóvenes. Reparar el olvido que imponía en los libros de texto la dictadura franquista es el mejor monumento que Silva cree que se le puede hacer a su abuelo. “Le compré el libro de Historia a mi hija de 2ª de Bachiller de SM y en él se habla de las fosas y de los represaliados. Ese es el mejor monumento que le puedo dedicar a mi abuelo que siempre soñó con que se abriese una escuela pública!”, explica Silva.

Desde entonces en la comarca del Bierzo se han realizado 33 exhumaciones y se han recuperado 84 cuerpos, además de otras 19 búsquedas en las que no ha sido posible recuperar otro centenar de desaparecidos. La próxima primavera la Asociación se ha marcado como punto de partida iniciar en Ocero la búsqueda de seis mineros de Guímara y otra con dos hombres que sacaron del cuartel de Fabero..

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Fotografía destacada: Placa en recuerdo de las víctimas que se colocó hace siete años en la cuneta de Priaranza / ICAL

Fuente:http://cadenaser.com/emisora/2017/10/20/radio_bierzo/1508503644_857745.html

 

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La ley que permite la impunidad de los crímenes del franquismo cumple 40 años

La ley de amnistía entró en vigor el 17 de octubre de 1977 y fue aprobada por amplísima mayoría, con los apoyos de UCD, PSOE, PCE y nacionalistas vascos y catalanes.

La norma, pensada inicialmente para amnistiar a los presos políticos, ha terminado por amparar los delitos y las torturas cometidos durante la dictadura.

Naciones Unidas ha criticado repetidas veces la ley: “Los casos se archivan sin que los jueces siquieran conozcan los hechos”.

eldiario.es / Andrés Gil / 17-10-2017

Torturas. Palizas. Persecución política. Años de cárcel. ¿Por qué no se persiguen los delitos del franquismo contra los derechos humanos? ¿Por qué se pasean por las calles torturadores de la dictadura? Porque en octubre de 1977 se aprobó  la ley de amnistía, hace ahora 40 años. Y sigue en vigor.

Una frase de la ley, que cabría hoy en un tuit, especifica qué casos están comprendidos en la amnistía y por qué no se juzga a personajes como Billy el Niño: “Los delitos cometidos por los funcionarios y agentes del orden público contra el ejercicio de los derechos de las personas”. Otra frase, que formaría un hilo corto de tuits, da más pistas de por dónde llevan cuatro décadas escapándose los autores de los crímenes del franquismo: “Los delitos y faltas que pudieran haber cometido las autoridades, funcionarios y agentes del orden público, con motivo u ocasión de la investigación y persecución de los actos incluidos en esta Ley”.

El embrión de la ley de amnistía, impulsada por el PCE, según explican el líder de IU, Alberto Garzón; la responsable de Memoria Democrática de IU, Esther López Barceló; y el profesor Rafael Escudero  en un artículo en Público, se centraba en “las acciones y omisiones de intencionalidad política o social castigadas como delito o falta por el Régimen desde el 17 de julio de 1936 al 15 de junio de 1977, y que declare nulas y sin efectos las correspondientes penas y sanciones de todo tipo impuestas o que puedan imponerse por los citados hechos”. Pero el trámite parlamentario acabó amnistiando no sólo a las víctimas, sino también a los verdugos.

A pesar de ello, la ley contó con el apoyo casi unánime de la Cámara. Así se expresaba en la tribuna del Congreso el 14 de octubre el aquel día portavoz del PCE Marcelino Camacho: “Como reparación de injusticias cometidas a lo largo de estos cuarenta años de dictadura, la amnistía es una política nacional y democrática, la única consecuente que puede cerrar ese pasado de guerras civiles y de cruzadas. Nosotros, precisamente, los comunistas, que tantas heridas tenemos, que tanto hemos sufrido, hemos enterrado nuestros muertos y nuestros rencores. Nosotros estamos resueltos a marchar hacia adelante en esa vía de la libertad, en esa vía de la paz y del progreso”.

El cronista parlamentario de El País Bonifacio de la Cuadra  escribía así lo que ocurrió ese 14 de octubre: “Un aplauso largo, vibrante e intenso saludó ayer en el hemiciclo del Congreso de Diputados la aprobación de la ley de Amnistía, que, aunque con algunas limitaciones, coloca una piedra definitiva para la reconciliación entre vencedores y vencidos de la guerra y la posguerra española. Sólo un grupo parlamentario, Alianza Popular, se abstuvo de aplaudir, tras haberse abstenido con los votos”.

La ley de amnistía de 1977 es fruto de la España de 1977, y de ese PCE del exterior que regresó a España para pactar una Transición con la UCD –élites venidas de la dictadura– y el PSOE –dominado por los entonces jóvenes Felipe González y Alfonso Guerra–, y que enterraba la república, la tricolor y los crímenes franquistas. Era una España que quiso mirar tanto hacia adelante que por el camino intentó borrar un pasado que aún está sepultado en cunetas.

Informes de Naciones Unidas

En las 20 páginas que empleó Pablo de Greiff, relator especial de la ONU, para resumir su análisis sobre las medidas adoptadas por el Gobierno español frente a las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista, la conclusión principal es que España hace poco (y en ocasiones, mal) por la búsqueda de la verdad y la justicia sobre estos hechos, y por la reparación a las víctimas.

En la ley de Amnistía, precisamente, es donde se observan mayores déficits: se erige como el principal obstáculo en la búsqueda de justicia, ya que los casos se archivan “sin que los jueces siquiera conozcan los hechos”. Pablo De Greiff entiende que la norma en sí misma no impide la apertura de causas, sino que son las “interpretaciones restrictivas” –tanto de esta ley como de los principios de no retroactividad o de seguridad jurídica, o de la aplicación de la norma más favorable o la prescripción de los delitos– las que dificultan la investigación de los delitos.

De Greiff recuerda que estos efectos de la Ley de Amnistía son incompatibles con los compromisos internacionales que ha suscrito España, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado meses antes de aprobar la ley. Además, asegura que conceder los beneficios de la ley de Amnistía requiere al menos una investigación de los hechos, “pues de otra manera no hay responsabilidad alguna que se pueda suspender o extinguir”.

Concentración antifranquista en Sol.

Esta tesis es la que también han defendido la Asociación por la Recuperación por la Memoria Histórica y Amnistía Internacional, entre otras. La ARMH, como también el informe de la ONU, defiende que los familiares, como víctimas que son, no deben pagar las exhumaciones, ya que entiende que la financiación debe realizarse con dinero público.

La Ley de Amnistía de 1977 y la prescripción de los delitos son los obstáculos que han impedido el enjuiciamiento de los crímenes del franquismo en España, como quedó demostrado con la investigación que impulsó el ex juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, y que terminó tumbada por el Supremo.

Reforma legal

Izquierda Unida tiene un borrador de proposición de ley en el marco del grupo confederal Unidos Podemos-En Comú-En Marea para derogar aquella ley de Amnistía, y se encuentra en un proceso de negociación con asociaciones de memoria histórica y otras formaciones políticas para ultimar el texto.

El objetivo, según fuentes de IU, es sumar voluntades más allá del grupo confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea con el fin de poder lograr una mayoría suficiente como para aprobar la proposición de ley en el Congreso.

El texto de IU anula la Ley 46/1977, de 15 de octubre, “de Amnistía en todos aquellos aspectos que vulneran el Derecho Internacional en materia de persecución de crímenes de lesa Humanidad; declara la nulidad de pleno derecho de las sentencias dictadas por tribunales franquistas que supusieron condenas que atentan contra los Derechos Humanos y atiende la evolución del Derecho Penal Internacional en el sentido de la imprescriptibilidad de los crímenes contra la humanidad, el Gobierno dará apoyo a las reclamaciones que por este motivo formulen ciudadanos, entidades o instituciones por los delitos cometidos durante la dictadura franquista”.

 

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Fotografía destacada: Miembros del Gobierno aplauden, de pie, tras haber sido aprobada la proposición de Ley sobre Amnistía, con 296 votos a favor, 2 en contra, 18 abstenciones y 1 voto nulo. Madrid, 14-10-1977. EFE /AA

Fuente:http://www.eldiario.es/politica/permite-impunidad-crimenes-franquismo-cumple_0_698180960.html

 

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La difícil búsqueda de las “niñas” violadas y asesinadas por franquistas en El Aguaucho

Arranca la exhumación de varias jóvenes andaluzas que fueron secuestradas, ejecutadas y arrojadas a un pozo por las fuerzas golpistas en 1936.

El caso es un símbolo de la represión de género y el trato que el fascismo español aplicó a la mujer durante la guerra civil.

La “especial complejidad” del trabajo arqueológico precisa bajar a 10 metros de profundidad alrededor de la tumba ilegal donde fueron arrojados los cuerpos.

eldiario.es / Juan Miguel Baquero / 12-10-2017

Se han llevado “a las más nuevas”, dicen en el pueblo. Los franquistas han violado a las “niñas”. Luego les pegan “cuatro tiros” y arrojan sus cuerpos inertes a un pozo. Ebrios de muerte, los asesinos rompen el silencio de la madrugada regresando con sostenes y bragas ensartados en la punta de los fusiles. “Esta noche hemos tenido carne fresca”, gritan.

El terrorífico relato corresponde al caso de las mujeres de El Aguaucho. Varias jóvenes de Fuentes de Andalucía (Sevilla) que fueron vejadas y ejecutadas por golpistas durante la guerra civil. Ocurrió en agosto de 1936. Más de 81 años después, arranca la exhumación del macabro y sádico crimen. Un ejemplo extremo de la represión de género ejercida por el franquismo.

El trabajo arqueológico presenta una “especial complejidad”. Los restos estarían sepultados a una profundidad de unos 10 metros. Una máquina excavadora de grandes dimensiones se afana en mitad del campo para rebajar la tierra. El primer día, ya ha aparecido la “boca” del pozo donde fueron a acabar los cuerpos mancillados de las muchachas.

La tumba ilegal alberga los restos de al menos cinco mujeres: Coral García Lora (16 años) y su hermana Josefa García Lora (18), María Jesús Caro González (18), Joaquina Lora Muñoz (18) y María León Becerril (22). Según los testimonios orales mantenidos durante décadas, las víctimas podrían ser incluso nueve: Josefa González Miranda (17), Dolores García Lora (25, hermana de Coral y Josefa), María Caro Caro (35) y Manuela Moreno Ayora (40).

Pablo Caballero (87 años), sobrino de Josefa González (17 años al ser ejecutada). | JUAN MIGUEL BAQUERO

“Se divirtieron, luego las mataron”

“Me llevaba a todos sitios con ella, siempre en brazos, me acuerdo cuando me cogía de la mano…”. A Pablo Caballero González (87 años) se le entrecorta el habla cuando recuerda a su tía, Josefa González, “hermana de mi madre”. Recuerda, con los ojos inundados en lágrimas, cómo los asesinos hicieron “lo más malo del mundo”, dice.

“Llegar, estar comiendo ellos, y las tenían en cueros… Lo que hacían con ellas… yo qué sé. Eso es lo que decían los más viejos del pueblo, que se divirtieron todo lo que quisieron y luego las mataron. Yo me he enterado de todas esas cosas. Sí, sí. Desnudas”, cuenta a eldiario.es.

Es lo que refiere la crónica popular. Que los fascistas buscaron “carne fresca”. Que obligaron a “las niñas, las más nuevas”, a hacerles de comer y servirles sin ropa, sometidas a todo tipo de vejaciones. Abusadas. Usados los cuerpos femeninos como campo de batalla.

El pozo, desvelado por el trabajo arqueológico en El Aguaucho. | JUAN MIGUEL BAQUERO

“¿Que por qué fueron a por ella? Qué se yo… el novio dicen que era de izquierdas, tenía 20 años y ella, claro, iba a todos lados con él”. Se llamaba “Manuel o Antonio, tenía los mismos apellidos que yo” y los franquistas lo matan “el 5 de agosto y a ella el 17 o 18″, afina Pablo a escasos metros de una máquina que araña la tierra bajo un ruido ensordecedor. “¿Que si hubo guerra aquí en Fuentes? Guerra ninguna. Llegar [los fascistas] y hacerse los amos”.

A por las “mujeres jornaleras”

“Tiene un claro componente de género y de clase, porque son mujeres pero mujeres jornaleras, que en el año 36 tomaron conciencia de su condición de persona y se rebelaron contra la vida que llevaban”, relata Juan Morillo, de la comisión memorialista Fontaniega.

Los delitos de las “niñas de El Aguaucho”, precisa, eran “que iban a la casa del pueblo a leer y escribir, bordaban banderas republicanas, participaban en las manifestaciones del Frente Popular y organizaron una huelga como respuesta al hecho de que los señoritos dejaran las tierras sin sembrar para boicotear a la República”.

Eso fue suficiente justificación para que el “grupo de jóvenes” fueran “raptadas el 27 de agosto del 36 por falangistas y miembros fascistas y golpistas y traídas a este lugar, el cortijo de El Aguaucho”. Aquí, señala, “las vejaron, violaron, les hicieron de todo y echaron sus cuerpos a un pozo”.

Hace falta que la historia “se reconozca”, apela Juan Campos, otro familiar de estas mujeres presente en el inicio de la exhumación. Que la “gente joven” sepa “lo que aquí se hizo y que los familiares descansen en paz, que es lo que se merecen”.

Tiros a la “barriga” de la embarazada

La represión de género es un fin del plan de exterminio franquista. Y tiene muchos rostros. “A mi madre fue la última que matan”, cuenta Virtudes Ávila Estanislao (82 años). Otra víctima de la represión golpista en Fuentes. “La pusieron ahí y tras tras“, escenifica dos tiros. Carmen Estanislao (24 años) estaba embarazada de ocho meses. Ya muerta, “el crío no dejaba de dar vueltas en el vientre”. “El sepulturero que era un facha de los grandes cogió la pistola y le dio dos tiros en la barriga”.

¿Deben conocer las nuevas generaciones el terror fascista? “Eaea… claro que sí”, contesta. “A mi padre le sacaron los ojos, le cortaron la lengua y los testículos, todo con los brazos atados atrás”. El relato sacude, como una trágica retahíla. “Son unos canallas, lo dejaron vivo allí tirado, que sufriera hasta que se le acabó la vida”. Virtudes, huérfana, acaba “secuestrada por las monjas, que me llevan al convento y me rebautizan como Ángeles, pero en cuanto pude me lo volví a cambiar”. Cuentan en el pueblo que cada vez que Virtudes, “no Angelita”, se cruzaba con un asesino le decía “de todo”.

Virtudes Ávila, víctima del franquismo en Fuentes de Andalucía. | JUAN MIGUEL BAQUERO

“Prudencia” por un caso “complejo”

Todos los agentes implicados en la exhumación mantienen una “especial prudencia” sobre el resultado final por la “complejidad” del caso. “No nos encontramos ante una fosa al uso, las víctimas fueron arrojadas al interior de un pozo lleno de agua y si los cuerpos están puede ser bastante compleja tanto su exhumación como el estado de los restos”, relata la directora arqueológica del proyecto, Elena Vera.

La Junta de Andalucía, promotora de los trabajos, subraya el mensaje de cautela. “Hay que insistir en la prudencia”, dice el director general de Memoria Democrática, Javier Giráldez. Y en el “significado muy especial” que tiene la exhumación. “Es un episodio muy significativo y que se ha repetido en varios espacios de Andalucía, como la fosa de Grazalema, de las mujeres de Guillena o de Puebla de Guzmán”, asegura.

Una tipología criminal “que pone en evidencia que hubo una represión de género y esto se ve en el número de mujeres que hay en las exhumaciones y en el trato especializado que los verdugos tuvieron con ellas”, en palabras de Giráldez. “Hay que tener en cuenta un tema terrible”, continúa: “los testimonios los tenemos a través de los propios asesinos, que fueron vejadas, asesinadas y arrojadas a un pozo”. Relatos orales que deben quedar corroborados “con metodología científica”.

La intervención ha sido reclamada durante años por familiares de víctimas y apoyada por la Asociación Memoria Histórica Fontaniega. Y cuenta con la colaboración de los ayuntamientos de Fuentes de Andalucía y La Campana, en cuyo término municipal está ubicado el cortijo donde estaba el pozo. La Junta también destaca la colaboración del actual propietario de la finca al facilitar la realización de las tareas exhumatorias.

“Aquí se asesinaron a 117 personas en 3 meses”, explica el alcalde de Fuentes de Andalucía, Francisco Martínez. En un pueblo, recalca, donde “no hubo guerra, hubo represión y es verdad que es una represión que tiene una connotación de género muy llamativa”. Y la finca del Aguaucho fue “desgraciadamente uno de los escenarios donde practicaron esos crímenes, donde asesinaron, de 5 a 8 mujeres”.

La actuación específica en el cortijo de El Aguaucho supone el acometimiento de una nueva intervención de las 37 aprobadas el pasado año por parte del Gobierno andaluz. De igual forma, se encuentra entre las 20 actuaciones cuyos expedientes fueron autorizados en julio de este mismo año, “y que responden al principio de recuperación física de los cuerpos de las víctimas, como de reparación moral de sus familias, y a través del principio de colaboración entre todas las partes implicadas”, indica la Junta de Andalucía.

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Fotografía destacada: Una de las “niñas” ejecutadas por franquistas en el cortijo de El Aguaucho. | JUAN MIGUEL BAQUERO

Fuente:http://www.eldiario.es/sociedad/ninas-violadas-asesinadas-franquistas-Aguaucho_0_695381282.html

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Las fosas del Franquismo de Posadas (Córdoba)

TODOS LOS NOMBRES | 2-10-2017

El pasado 11 de julio de 2017, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) trasladaba a www.todoslosnombres.org (TLN) la petición de información del familiar de un fusilado por el franquismo en Posadas en julio de 1939; este familiar no vive en Andalucía y solicitaba colaboración para localizar los restos de su abuelo: el lugar preciso del enterramiento y la fecha exacta de su fallecimiento.

Tres días más tarde se localiza y se le envía copia del consejo de guerra al que fue sometido y todos los datos que solicitaba, incluyendo certificados de defunción y de enterramiento; se comprueba que formaba parte de un proceso colectivo contra 5 vecinos de Posadas, juzgados y condenados a muerte el mismo día. A lo largo del verano se localizan más procedimientos; entre otros, 6 vecinos de Hornachuelos que también fueron juzgados esa misma mañana y condenados a muerte. Hasta el momento se han localizado 7 procesos con 12 condenados a muerte en Posadas en una sola mañana, con vistas de consejos de guerra en audiencia pública de 15 minutos de duración cada una: 15 minutos para un juicio colectivo contra 6 vecinos de Hornachuelos que serían condenados a muerte, fusilados y enterrados en fosas comunes en Posadas (tabla anexa).

La documentación disponible localiza los enterramientos de todos estos fusilados en las fosas de Posadas, en el cementerio católico y en el patio protestante, y tras comprobar que NO APARECÍA NINGÚN DATO DE POSADAS en el actual Mapa de Fosas de la Junta de Andalucía (http://www.todoslosnombres.org/web-fosas/index.php?pg=bus&n=3 y http://www.juntadeandalucia.es/cultura/mapadefosasiframe/busquedaTumbas.cgj?codigoProvincia=3), miembros del equipo de TLN se desplazaron el sábado 23 de septiembre a esa localidad para visitar su cementerio.

Fuimos en todo momento acompañados por el empleado municipal del cementerio, que nos dio explicaciones detalladas de todos los trabajos de investigación y señalización realizados durante 2016 por el ayuntamiento, con el asesoramiento de familiares de fusilados. De ello se deduce que existen TRES LUGARES DE ENTERRAMIENTO DE REPRESALIADOS POR LOS GOLPISTAS, así como un espacio destinado al homenaje a las víctimas del franquismo, a escasos cuatro metros de una fastuosa cruz de los caídos en la guerra.

Una vez realizado y remitido a la ARMH por TLN el correspondiente informe con fotografías, coordenadas de la situación de las fosas, copia de los procedimientos sumarísimos de urgencia incoados por juzgados militares (consejos de guerra) y datos del Registro Civil relativos a ejecutados de la comarca y enterrados allí, la ARMH hará cuanto sea posible para satisfacer el deseo de los familiares de las víctimas que se han puesto en contacto con ella; desde promover futuras intervenciones en las fosas, con ayuda de las administraciones locales, hasta presionar a la Junta para que se cumpla la Ley de Memoria Histórica de Andalucía en materia de exhumaciones, y no dejar pasar el tiempo y que se siga perdiendo parte de la generación más cercana a las víctimas.

RELACIÓN PROVISIONAL DE ENTERRADOS EN LAS FOSAS COMUNES DE POSADAS (CÓRDOBA), según datos de los consejos de guerra de la provincia de Córdoba conservados en el Archivo Histórico del Tribunal Militar Territorial de Sevilla y descritos por el archivero Julio Guijarro González:

Rafael Martínez Moro, de Posadas, fusilado y enterrado el 21-8-1939.

Manuel Díaz Muñoz, de Hornachuelos, fusilado y enterrado el 7-11-1939.

Luis Durán Romero, de Hornachuelos, fusilado y enterrado el 7-11-1939.

Manuel Mejías Sánchez, de Hornachuelos, fusilado y enterrado el 7-11-1939.

Rafael Navarro Carmona, de Hornachuelos, fusilado y enterrado el 7-11-1939.

Raimundo Vázquez Fernández, de Hornachuelos, fusilado y enterrado el 7-11-1939.

Manuel Vicent González, de Hornachuelos, fusilado y enterrado el 7-11-1939.

Juan Medina Muñoz, de Posadas, fusilado y enterrado el 24-7-1939.

Francisco González Bogas, de Posadas, fusilado y enterrado el 24-7-1939.

Sebastián González Ruiz, de Posadas, fusilado y enterrado el 24-7-1939.

Manuel Martín Moreno, de Posadas, fusilado y enterrado el 24-7-1939.

Francisco Arroyo Bernete, de Posadas, fusilado y enterrado el 24-7-1939.

Onofre Soto Barranquero, de Posadas, suicidado el 13-6-1939 y enterrado el 15-6-1939.

http://www.todoslosnombres.org/content/noticias/las-fosas-del-franquismo-posadas-cordoba

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Los alcaldes de la represión

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) reclama al Consejo Comarcal del Bierzo un reconocimiento público para estos hombres que fueron paseados, condenados a muerte, encarcelados y desterrados por defender la democracia y la República

Vanesa Silván/El día de León/30-09-2017

No todos corrieron la misma suerte. Unos fueron directamente paseados, otros encarcelados, condenados a muerte o desterrados, hasta alguno pudo huir e, incluso, quien fue procesado y absuelto. Lo que está claro es que la gran mayoría de los alcaldes del Bierzo fueron perseguidos y represaliados tras el golpe de Estado de 1936, pagando de una forma u otra su defensa de la democracia y de la República. «El Consejo Comarcal debería tener en cuenta a todos estos alcaldes y hacerles el reconocimiento público que se merecen» , reclama el vicepresidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, Marco Antonio González, que recuerda que precisamente esta institución fue la primera en condenar el franquismo en España y en declarar por unanimidad su apoyo a las familias de las víctimas en el 2000.

En torno a dos tercios de los alcaldes bercianos fueron represaliados, advierte González, que señala que aún tienen pendientes de revisar algunos casos. Más de una decena pagaron con su vida ese cargo y sus lazos con el Frente Popular. Una lista que encabezan aquellos que fueron directamente paseados, sin juicios ni posibilidad de defensa. Ese es el caso del que era alcalde de Castropodame, Nemesio García Álvarez, que fue asesinado en Sobrado y su cuerpo buscado junto a otros dos hombres por la ARMH en el paraje ‘Xan Carballo’. «Encontramos varios casquillos, pero no a ellos», recuerda. Así encontró también la muerte el primer edil de Folgoso de la Ribera, Marcelino Rodríguez, cuyo cadáver apareció cerca de Villadangos del Páramo, con un «traumatismo craneoencefálico con hemorragia». Esa misma suerte corrieron los alcaldes de Fresnedo, Florentino Enríquez, y de Peranzanes, Blas López, ambos paseados y enterrados en algún lugar de Cabañas de la Dornilla en septiembre de 1936. En ese mismo mes, el de Igüeña, Avelino Diez, fue asesinado por disparos de arma de fuego «en la cabeza y otras partes del cuerpo » en Colinas del Campo, a manos de la fuerza nacional y la Guardia Civil y dejando, a sus 35 años, mujer y cuatro hijos. Y unas semanas después, ya en octubre, le seguía el de Toreno, Andrés González Balboa, del que nada se sabe sobre el paradero de su cuerpo, confirmado con una raya que sigue, en el acta de defunción, a la frase: «y su cadáver habrá de recibir sepultura en el cementerio de…». Otro alcalde que perdió la vida en esos primeros años de la Guerra Civil fue Germán Ramón, al frente del gobierno local de Peranzanes, que fue paseado en Trascastro a finales de 1937. Su muerte, por disparo de arma de fuego, no fue registrada hasta 1980. Cada uno tiene su historia, pero comparten la causa de la muerte: la lucha nacional contra el marxismo.

CONDENA A MUERTE

Hubo otros alcaldes que no fueron paseados, pero que dieron igualmente la vida por sus ideas democráticas, tras juicios sumarísimos o de dudosa instrucción que se resuelven con una condena a muerte. Ese fue el triste destino de los alcaldes de Ponferrada y Villafranca del Bierzo, Juan García Arias y Antonio Gabelas, y también de los de Bembibre y Corullón, Arturo García y Juan Fernández Faba. Cuando apenas se habían cumplido los primeros diez días de la sublevación, los militares ejecutan el primer juicio sumarísimo y el fusilamiento de los primeros cargos públicos, encarnado en la figura del joven alcalde de Ponferrada, Juan García Arias, que apenas contaba con 32 años. No hubo tiempo para nada, pasó por el tribunal militar el día 29 y por las armas en la madrugada del 30 de julio de 1936. Encarcelado en San Marcos en León, aprovechó sus últimas horas para despedirse de su mujer y sus hijos a través de una emotiva carta, con algunas letras emborronadas por sus lágrima, que empezaba: «Mi queridísima Mercedes y mis queridísimos hijos: No tengo ánimos para nada más que para deciros adiós con toda mi alma».

Igualmente triste es la historia de Antonio Gabelas, que fue fusilado junto a otros ocho concejales de su corporación municipal el 21 de septiembre de 1936, o de Arturo García, uno de ‘Los 20 de Bembibre’ que fueron condenados a muerte en la ‘macrocausa’ abierta contra 36 personas para juzgar la resistencia de la villa del Boeza, siguiendo su «tradición revolucionaria», durante los días siguientes al golpe de estado y que fallecieron el 5 de mayo de 1937. Una causa similar a la abierta contra el alcalde de Corullón, Juan Fernández Faba, junto con otros siete hombres del municipio y Villafranca. Se le acusaba de haber dirigido un grupo de revolucionarios que, en la noche del 18 de julio de 1936, «recogió armas por medio de amenazas en varias casas de personas de orden en Corullón». Con 44 años, su sentencia fue a muerte «por adhesión y auxilio a la rebelión» junto a Serafín, Elio y Benigno Morcelle. Finalmente, les conmutaron esa pena por reclusión perpetua a todos menos a Juan.
Otros alcaldes bercianos salvaron la vida aunque pasaron tiempo entre rejas, con condenas por auxilio a la rebelión que iban de los 30 años de prisión a Avelino Fernández Peral (Arganza), que luego fue conmutada por 20, y Martín Valtuille (Camponaraya) a los 20 años de reclusión dictados por el tribunal militar para Darío Álvarez (Cacabelos), José Rodríguez (Noceda), Nicanor Alonso (Paradaseca), Nicasio Astorgano (San Esteban de Valdueza) -preso en la isla de San Simón (Pontevedra), donde falleció de tuberculosis en 1942- y Francisco Pérez Librán (Sancedo) o los 12 años que cumplieron Ricardo Basante (Cacabelos) y Manuel Senra (Villadecanes- Toral).

Algunos alcaldes incluso fueron absueltos como los de Benuza, Berlanga del Bierzo, Cubillos del Sil y Oencia. Llama la atención el caso de Daniel Martínez Gago, de Carracedelo, que pasó de ser alcalde del Frente Popular a miembro del requeté de Ponferrada -un cuerpo de voluntarios que luchaba en defensa de la tradición religiosa y en contra del marxismo- antes de que finalizara el año 36, con su «trilema permanente: Dios, Patria, Rey». La denuncia contra él se saldó con una una multa 2.000 pesetas.

DESTIERROS Y HUIDAS

El destierro también era otra forma de condena, que conoció el que fuera alcalde de Camponaraya entre 1931 y 1936, Pedro Méndez Valtuille, que huyó y estuvo escondido durante la Guerra Civil hasta que fue apresado y juzgado. La sentencia le llevó a ser desterrado a La Coruña, aunque pudo regresar tras ser indultado en 1942. El que no quería esperar a ver qué podía pasar fue Santos Fernández Blanco, que estaba al frente del municipio de Los Barrios. Desde el balcón de su casa habían dado mítines y en su bodega guardado armas de milicianos y ahora veía cómo la mayoría de sus «camaradas» habían sido fusilados o huido al monte, como los hermanos Girón. Dejó a su familia y huyó primero a Portugal, para después exiliarse a Francia. No era la primera vez que salía de España, con sólo 14 años ya había emigrado a Estados Unidos como polizón en un barco -se alistó en el ejército y tras sufrir un accidente en el que una bala le atravesó su cráneo obtuvo una pensión gracias a la mediación de un hijo del vigésimo séptimo presidente norteamericano, al cual había salvado de morir ahogado-. Santos pudo reunirse con su mujer y su hija en Hendaya en 1950, aunque cuentan que ya había rehecho su vida en el país vecino, donde falleció dos años, en 1952, después de un ataque al corazón.

DEPORTADO A UN CAMPO DE CONCENTRACIÓN

El alcalde de Palacios del Sil, Elpidio González González, acabó en el campo de concentración de Gusen (Austria) tras la Guerra Civil. El primer berciano en llegar a este lugar, el 24 de agosto de 1940 según los datos del Portal de Archivos Españoles (Pares) del Ministerio de Cultura, en uno de los primeros trenes de la muerte que transportó deportados desde Francia a los campos nazis. Apenas resistió un año a la pesadilla del campo de concentración, donde falleció el 24 de septiembre de 1941. Una carta certificaba su muerte y se la comunicaba «en francés» a su familia, en una carta dirigida a Araceli González González. No fue el único berciano que acabó con sus huesos en campos de concentración nazis. En el listado de deportados españoles aparecen también los nombres de Agustín Ovalle, Manuel Crespo, José Pérez Canedo, Ceferino García, Eduardo Samprón, Antonio Abella, José Alonso y Rogelio Canedo en Mauthausen-Gusen y Eulogio González en Buchenwald. La mayoría de ellos sobrevivió al horror y fallecieron entre los años 1941 y 1942, apenas unos meses después de su llegada. Solo dos fueron liberados, Rogelio Canedo Yebra, de Carracedo (Carracedelo) y que llevó el número 3868 a su llegada el 14 de marzo de 1941, siendo liberado dos meses después, y José Alonso, que vió la liberación de Mauthausen por las tropas estadounidenses el 5 de mayo de 1945. Él era de San Andrés de las Puentes (Torre del Bierzo) y tenía tan sólo 27 años cuando llegó a ese lugar, donde permaneció casi cuatro años viviendo en el horror continuo de Mauthausen-Gusen, por donde pasaron cerca de 10.000 republicanos españoles -una treintena procedentes de la provincia de León.

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El batallón de republicanos asesinados por franquistas que se convirtieron en un poema prohibido

Se cumplen 80 años del asesinato a manos de falangistas de los 14 militares republicanos que formaban parte del conocido como batallón Galicia.

Una copla cantada en secreto durante la dictadura se fue transmitiendo de generación en generación para honrar su memoria.

“Yo nací en el 36 y apenas tenía seis meses cuando se marchó. Mi madre murió sin saber lo que le había pasado”, lamenta Luz, la hija de uno de ellos.

eldiario.es / Carlos Hernández / 28-09-2017

Era un poema secreto. Se cantaba durante toda la dictadura en las humildes casas de los pastores y agricultores que habitaban las montañas que separan Asturias y Galicia. Solo conocerlo ya era un símbolo de resistencia antifranquista.

“Los martirios y tragedias que le han hecho pasar al comandante Moreno son imposibles de explicar. Unos le dan bofetadas, otros le dan puntapiés, otros le hacen preguntas al derecho y al revés. Y después de largo tiempo sin darle ningún sustento, una partida de palos le daban por alimento.Una vez hecho cadáver, el comandante Moreno fue llevado hasta la fosa de los demás compañeros…”.

Nadie se atrevía a escribir las estrofas en un papel por temor a ser descubierto, así que la copla fue memorizada y transmitida oralmente de amigos a amigos, de padres a hijos. El simple hecho de conocerla suponía mantener viva la memoria de las víctimas y dar a conocer el dramático final de 14 militares apresados y asesinados en 1937 por falangistas y guardias civiles. Todos eran miembros, entre ellos la plana mayor, del batallón republicano nº 219, conocido como batallón Galicia.

Ochenta años después, los voluntarios que luchan para recuperar la memoria de las víctimas saben que aquel objetivo solo se cumplirá en parte: “No se va a hacer justicia nunca. Eso ya lo sabemos, pero al menos estamos consiguiendo que haya una importante reparación”. 

Carmen García-Rodeja, presidenta de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) en Galicia asegura que ni siquiera se ha logrado eliminar completamente, en algunas localidades gallegas, el terror que se vivió durante la dictadura. “A día de hoy, todavía hay personas que no se atreven a cantar esa copla y a recordar lo ocurrido porque temen ofender a determinadas personas”, afirma. García-Rodeja asegura que “sigue habiendo miedo y eso resulta increíble e intolerable después de cuatro décadas de democracia. Por eso es tan importante lo que se ha hecho y lo que vamos a hacer en los próximas días”.

Las fosas de O Acevo se abrieron para siempre hace exactamente 10 años

Exhumados sin apoyo institucional

Comandados por el dirigente anarquista coruñés José Moreno, todos ellos fueron apresados a finales de octubre de 1937 cuando trataban de escapar de una Asturias que acababa de caer en manos franquistas. Sus captores, un grupo de falangistas y guardias civiles, en lugar de tratarles como prisioneros de guerra, les torturaron, humillaron y fusilaron en el alto de O Acevo. Vecinos de la cercana localidad de A Fonsagrada fueron obligados a cavar las zanjas en que fueron enterrados.

De nada sirvieron las súplicas de los forzados sepultureros para que les permitieran cubrir los cadáveres con ropas o mantas. Los falangistas, que habían despojado a sus víctimas de todos sus objetos de valor y de sus ropajes, no lo permitieron. La pequeña venganza de aquellos enterradores fue divulgar lo ocurrido y permitir que se compusiera así la copla en la que se llegaban a dar los nombres y apellidos de alguno de los asesinos, con la esperanza de que un día acabaran pagando sus crímenes ante la Justicia.

La ARMH excavó en 2007 las tres fosas en que se encontraba enterrado José Moreno y sus hombres. No fue una tarea fácil. No solo no contaron con apoyo institucional sino que tuvieron que enfrentarse a una jueza de Castropol que intentó frenar la exhumación. “Pese a todo, lo hicimos –recuerda García-Rodeja–. Aquello fue una reparación para las víctimas, para las familias y también para la gente de bien de A Fonsagrada que no comulgó con aquellos crímenes. Ahora, diez años después y coincidiendo con el ochenta aniversario de su asesinato, vamos a dar otro paso más en la reparación de estas víctimas del franquismo”.

Recordar a “Los Catorce de O Acevo”

“Estoy muy ilusionada; por encima de la tristeza, en este momento prima la alegría que siento”. Lourdes es nieta del Comandante Moreno, líder de los combatientes asesinados en O Acevo. Junto a sus hermanos ha viajado desde México, el país en el que nacieron, para asistir a los actos de homenaje.

“Cuando era pequeña, mi padre no me contaba cuentos como Caperucita, sino que me narraba la historia de su padre, mi abuelo. Estoy feliz de que por fin se le recuerde, a él y a sus compañeros. La lástima es que mi papá no pueda verlo, como tampoco pudo ver la exhumación de los restos de su padre. Falleció antes de ver cumplido su sueño”, sostiene.

El mismo sentimiento agridulce provoca el llanto de Luz mientras habla de su padre: Rafael Villar. “Yo nací en el 36 y apenas tenía seis meses cuando se marchó. Mi madre murió sin saber lo que le había pasado. Algunas personas le dijeron que le habían visto en Francia donde había rehecho su vida, de espaldas a nosotras. Eso es lo que más pena me da, saber que ella murió con la incertidumbre de ignorar el verdadero paradero de mi padre”.

Jacky consuela a su madre cada vez que rompe a llorar: “Yo también soy muy llorona, no te creas”, dice. A la hija de Luz le produce tristeza pensar que “de no ser por los voluntarios que se preocuparon por investigar lo que ocurrió y localizar su fosa, hoy seguiríamos sin saber qué fue de mi abuelo” y denuncia que “no sea el Estado el que se encargue de divulgar estos capítulos de la historia de España y por facilitar a las familias la recuperación de los restos de sus seres queridos”.

Jacky, Luz y Lourdes serán tres de los familiares que asistirán a los actos de homenaje que comenzarán este viernes, a las siete de la tarde en el puerto de Oza. Allí se descubrirá una placa en honor a los hombres y mujeres que se embarcaron en este y otros lugares de Galicia, entre julio de 1936 y enero del 37, con el objetivo de escapar de la sublevación franquista y llegar a zona republicana para seguir combatiendo. Una parte de ellos alcanzaron las costas, todavía libres, de Asturias y Cantabria y acabaron formando el batallón 219 al que bautizaron con el nombre de su querida Galicia.

El sábado por la mañana se realizará en A Fonsagrada un segundo acto junto al monumento erigido en O Acevo en recuerdo de los asesinados y, a continuación, tendrá lugar una ofrenda floral en el cementerio en el que reposan, desde que fueron sacados de las fosas, los restos mortales de las 14 víctimas.

Por la tarde tendrá lugar una mesa redonda en la que participarán familiares, antropólogos forenses, investigadores, voluntarios de la ARMH y vecinos del municipio. Todos los actos contarán con la actuación músicos como Francis Olivier, Modesto Arias, Antonio Fernández o César de Leituego y de los poetas Xulio Valcárcel, Antón Lopo, Olga Patiño, Carmen Blanco, Moisés Cima, Lois Alcayde o Marica Campo. Aunque el momento cumbre, según los organizadores, se producirá cuando la cantautora Carmen Torreiro levante su voz para cantar, esta vez sin miedo, una copla… la copla del Comandante Moreno.

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Fotografía destacada: Cuatro de los catorce militares republicanos asesinados por falangistas en O Acevo en octubre de 1937

Fuente:http://www.eldiario.es/sociedad/republicano-represaliado-franquismo-convirtio-prohibido_0_691531687.html

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Una escultura en el muelle de Oza rendirá homenaje al Batallón Galicia

El próximo viernes se inaugura una pieza diseñada por el artista Jorge Pastor que contará con la asistencia de familiares de José Moreno Torres.

laopinioncoruna.es / A.P.Q. / 27-09-2017

Una escultura del artista Jorge Pastor homenajeará en el muelle de Oza al Batallón Galicia que luchó en Asturias durante la Guerra Civil. La pieza se colocará el próximo viernes en el puerto de Oza, lugar de donde partió la embarcación La Libertaria el 5 de enero de 1937 en la que viajaban José Moreno Torres junto a otros hombres que “lucharon por la libertad”. Se trata de un acto reivindicativo que organiza el Concello en colaboración con la Asociación pola Recuperación da Memoria Histórica (ARMH) para rendir homenaje al Batallón Galicia con el fin de rehabilitar un episodio vinculado a la memoria de la ciudad.

Moreno Torres y tantos otros dieron la vida por sus ideales en la búsqueda de un mundo de principios y más igualitario. Nuestra historia debe estar ocupada por aquellos que pelearon por la libertad y no por sus torturadores”, explica el concejal de Culturas, José Manuel Sande.

El alcalde Xulio Ferreiro será el encargado de inaugurar la pieza el próximo viernes a las 19.00 horas en un acto presentado por la periodista María Valcárcel que contará con la asistencia de familiares de José Moreno Torres, miembros de la ARMH, poetas como Cesáreo Sánchez Iglesias, Olga Patiño, Lois Alcayde y Francisco X. Fernández Naval, además de la música de Carmen Torreiro y Francis Olivier.

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Fotografía destacada: José Moreno Torres

Fuente:http://www.laopinioncoruna.es/coruna/2017/09/27/escultura-muelle-oza-rendira-homenaje/1221000.html#

 

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