El historiador Ángel Rodríguez Gallardo, de la asociación de Memoria Histórica Ponteareas, ha denunciado ante el Tribunal Supremo un plan sistemático del franquismo para eliminar al gobierno de la Segunda República, que, ha dicho, podría llevar a pensar que se produjeron "actos de genocidio".
elcorreo.com / EFE / 01-02-2012
Rodríguez Gallardo ha sido uno de los tres testigos que han declarado hoy en el juicio a Baltasar Garzón por haberse declarado competente para investigar los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo.
El representante de la asociación de Ponteareas ha sido contundente al responder al abogado de Garzón, Gonzalo Martínez-Fresneda, que cree "imposible" que se pueda saber qué pasó con los desaparecidos sin la intervención judicial y exclusivamente con el trabajo de historiadores y personas dedicadas a la Memoria Histórica.
"Fue un plan sistemático para eliminar a los representantes del gobierno legítimo de la Segunda República y a las fuerzas que le defendieron", ha señalado después de contar que llegaron a esa conclusión tras analizar los datos de los archivos del Estado a los que no tuvieron acceso hasta el año 2000.
Lo que buscaba esta asociación con su investigación, y posteriormente con la denuncia que presentaron en 2006 ante la Audiencia Nacional, era encontrar una reconstrucción lo más fiel posible a lo ocurrido con los desaparecidos y poder reparar a los familiares que desconocían su paradero.
"Habíamos determinado que en Ponteareas se habían producido a partir de 1936 violentos crímenes sin resolver(...), había muchísimos torturados y encarcelados, pero lo que más nos preocupó eran los desaparecidos", ha explicado Rodríguez.
Una vez que Garzón se inhibió y remitió la causa a los juzgados territoriales, esta asociación se dirigió a un juzgado de Porriño, que se consideró incompetente, y aún no tienen respuesta al recurso que presentaron en Pontevedra.
En su opinión, la decisión de las asociaciones de acudir a la Audiencia Nacional no fue "coyuntural", sino fruto de un largo proceso iniciado por familiares, historiadores y personas concienciadas con la reparación que confluyeron en un momento en el que la sociedad empezaba a sentir sensibilidad para que la Justicia pudiera decir qué ocurrió.
Antes, -ha recordado-, hubo algunas denuncias en 1978 y en los años 80 que intentaron la intervención judicial e incluso la exhumación de alguna fosa, como la de La Solana en Ciudad Real o la del alcalde de Ferrol en 1986, pero ese proceso se interrumpió por el intento de golpe de Estado de 1981, tras el que el Gobierno socialista decidió "aparcar" el proceso.
Finalmente, en 1999, cuando se abrieron los archivos del Estado, las asociaciones al acceder a los datos iniciaron una nueva investigación para reconstruir lo que Rodríguez ha llamado la "actividad represiva" del franquismo.
"Todo esa recopilación nos ha llevado a darnos cuenta de que lo que se produjo fue una cosa terrorífica y de que en otros territorios del mundo se habían producido denuncias por hechos similares y aquí no", ha concluido.
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