La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) surgió a raíz de la exhumación de una fosa común en la que se encontraban los restos de 13 republicanos asesinados por un grupo de pistoleros falangistas el 16 de octubre de 1936. Ocurrió en la localidad leonesa de Priaranza del Bierzo, en el mes de octubre del año 2000. Numerosas personas acudieron al lugar de la excavación para pedir ayuda en la búsqueda de desaparecidos. Y un grupo de personas decidimos crear la asociación para prestarles esa ayuda.
Desde entonces, con la colaboración de numerosas personas, hemos podido ayudar a decenas de familias a recuperar los restos de sus seres queridos y a cientos de ellas a conocer el destino que corrieron sus familiares. Se trata de algo que hasta ahora no había hecho por ellos una democracia que tras la muerte de Franco construyó una transición fundamentada en el olvido, consolidado en la Ley de Amnistía aprobada, en octubre de 1977, con los votos de la izquierda mayoritaria en el Congreso de los Diputados. Esa ley dice en su Artículo 2.f que quedan incluidos en la amnistía “los delitos cometidos por funcionarios y agentes del orden público contra el ejercicio de los derechos de las personas”. De ese modo quedaba declarado impune cualquier delito o violación de los derechos humanos cometida antes del 15 de diciembre de 1976.
Para todo ello pedimos tu colaboración y tu apoyo a una causa que dignifica nuestro pasado, da justicia a los que la merecieron y no tuvieron, y profundiza nuestra democracia.
Los desaparecidos españoles en la ONU
Desde el inicio entendimos que nuestra labor se encaminaba a la defensa de los derechos humanos y nos asesoramos con algunos de los abogados que llevaban en la Audiencia Nacional los casos de desapariciones en Chile, Argentina o Guatemala. En la primavera de 2002 iniciamos los trámites ante el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con el fin de que exigiera al gobierno español la aplicación de la legislación internacional con respecto a la desaparición forzada. Nuestra gestión hizo que en el año 2003 España apareciera por primera vez en el informe del Grupo de Trabajo sobre Desaparición Forzada de la ONU.
A partir de entonces hemos llevado a cabo decenas de exhumaciones de fosas comunes. Pero hemos conseguido también llevar las cuestiones sobre la memoria histórica a la agenda política; entre otras cosas para que el 20 de noviembre de 2002 la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados condenara unánimemente el golpe de estado franquista.
Recuperando Memoria: homenaje republicano
Nuestra labor no ha ido sólo dirigida a la búsqueda de desaparecidos. También hemos querido reconocer a los republicanos y a las republicanas que construyeron nuestra primera democracia durante la Segunda República; “dar dignidad a los que nunca la perdieron”. En ese sentido organizamos junto a la Fundación Contamíname y con la colaboración del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid el concierto homenaje “Recuperando Memoria”. El 24 de junio de 2004 reunimos a 741 republicanos y republicanas rodeados por 25.000 personas que quisieron rendirles un homenaje que, tras el final de la dictadura franquista, todavía estaba pendiente.
Nuestros objetivos políticos se resumen en este decálogo que en septiembre de 2002 enviamos a todos los partidos con representación parlamentaria para que convirtieran en una Proposición de Ley.
Un decálogo por la memoria histórica
1. Velar por el cumplimiento del marco jurídico nacional e internacional para la búsqueda de desaparecidos, tanto del periodo de guerra civil como de la posguerra, promoviendo oficialmente las investigaciones, exhumaciones e identificaciones de acuerdo con los protocolos internacionales elaborados por arqueólogos, antropólogos y forenses. Es una tarea básica que nos debemos en el campo de los derechos humanos.
2. La creación de un equipo de estudios sobre la situación de la memoria histórica de la guerra civil y de la dictadura en la enseñanza de la guerra civil y la dictadura en la enseñanza obligatoria y en los medios de comunicación durante los periodos franquista y democrático. Parte de la reflexión sobre la memoria es entender el cómo y el porqué del olvido.
3. El reconocimiento del papel de los republicanos españoles que pusieron las primeras piedras de nuestra democracia cuando, en noviembre de 1933 se celebraron las primeras elecciones con sufragio universal masculino y femenino en nuestro país. Una fecha fundacional que debería ser conmemorada oficialmente en todo el Estado como lo viene siendo en las principales democracias del mundo.
4. La aprobación de un decreto urgente que regule la retirada de todos los símbolos franquistas (monumentos, placas e insignias oficiales, nombres de calles, etc.) en la mayor brevedad. La vigencia de estos símbolos en el contexto democrático no ha dejado de ser una muestra de la capacidad disciplinadota de las fuerzas conservadoras herederas del franquismo y de la debilidad de las transformaciones democráticas.
5. La creación de un museo estatal de la guerra civil y de la oposición franquista. Una iniciativa más del más alto rango político que impulse la elaboración del nuevo discurso oficial que dé por acabada la igualación ideológica de la transición, que equiparó la resistencia opositora al franquismo con los más recalcitrantes reaccionarios que apoyaban al antiguo régimen.
6. La total apertura de los archivos militares así como su digitalización y puesta a disposición de las personas interesadas a través de internet. Un derecho básico de acceso de la ciudadanía a documentación oficial, sustraído durante muchos años de democracia, y necesario para las personas que desean encontrar a sus familiares.
7. La anulación de todos los sumarios franquistas que llevaron a ser fusilados a más de 50.000 republicanos, una vez terminada la guerra, y que fueron instruidos por tribunales que carecían de cualquier legitimidad. Restaurar el buen nombre de estos ciudadanos y ciudadanas es un reconocimiento simbólico ineludible
8. La señalización de todas las obras públicas o privadas construidas por presos políticos, así como la previsión de indemnizaciones a los supervivientes, a las que deberían contribuir todas aquellas empresas privadas que se vieron enriquecidas por el trabajo de una mano de obra forzada. La instalación de una nave central del Valle de los Caídas de una exposición acerca de quién, cómo y porqué fue construido y que recuerde a los 12.000 presos políticos que se vieron obligados a trabajar en sus obras.
9. La creación de una comisión de historiadores que con los esquemas de una comisión de la verdad generen una gran investigación de la guerra civil y de la dictadura que posteriormente sea admitida como una versión oficial de los hechos ratificada por el Parlamento.
10. La realización de un gran acto público de reconocimiento para todos los hombres y mujeres que lucharon por la defensa de la libertada y de la democracia y en que participen las altas instituciones del Estado.
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