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Una jueza rechaza investigar un crimen del franquismo pese a reconocer que pudo ser una desaparición forzada

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº1 de Soria admite que el fusilamiento se produjo en un “contexto de crímenes contra la humanidad”.

Abundio Andaluz fue asesinado en el verano de 1936 por un grupo de falangistas cuando era vicepresidente de la Diputación de Soria.

La Asociación Recuerdo y Dignidad ha recurrido el auto y prepara por su cuenta la exhumación para el mes de septiembre.

eldiario.es / Carlos Hernández / 13-08-2017

Abundio Andaluz deberá seguir esperando a que se haga justicia. Tendrá que hacerlo bajo tierra, en el fondo de la fosa en que fue enterrado hace 81 años. Este abogado, militante de Izquierda Republicana y director del orfeón del municipio soriano de El Burgo de Osma ocupaba en el verano de 1936 el cargo de vicepresidente de la Diputación de Soria cuando fue asesinado por los franquistas. Ahora, un juzgado de la localidad ha declinado investigar el caso y se niega a abrir la fosa en la que fue depositado su cuerpo, a pesar de que reconoce que pudo tratarse de una desaparición forzada.

Tras el golpe de Estado del 18 de julio, toda la provincia cayó rápidamente en manos de los militares sublevados. No hubo, por tanto, combates ni víctimas entre los derechistas. Aún así, los rebeldes asesinaron en unos meses a cerca de 600 personas de la órbita republicana soriana: maestros, cargos públicos, sindicalistas o militantes de partidos democráticos.

El 18 de agosto le tocó el turno a Abundio. Un grupo de falangistas le arrastró hasta un lugar llamado La cuesta del temeroso y le fusiló. El azar y la chapucería de sus verdugos le provocaron una lenta agonía; antes de morir, se arrastró durante más de un kilómetro hasta adentrarse en el término municipal de Calatañazor. Un vecino encontró su cuerpo destrozado por las alimañas y lo enterró en el lugar en el que sigue reposando a día de hoy.

Ocho décadas después, el empeño de sus nietas Ana y María Luisa y la experiencia de la Asociación Recuerdo y Dignidad (ASRD) permitieron localizar el lugar de su enterramiento. Tras presentar la correspondiente denuncia para que la justicia asumiera la investigación de los hechos y la  exhumación de los restos, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Soria se hizo cargo del caso.

Abundio Andaluz retratado cuando ya ocupaba el cargo de vicepresidente de la Diputación de Soria / Cortesía de la familia Andaluz

Después de realizar diversas actuaciones, la juez acaba de dictar un auto, al que ha tenido acceso eldiario.es, sobreseyendo la causa. En él se reconoce que “los hechos (…) presentan características que hacen presumir la posible existencia de delito de desaparición forzada de personas y homicidio, fundándose en el contexto de crímenes contra la humanidad”. Sin embargo, la jueza se declara “no competente”, argumentando que debe aplicarse “el protocolo de actuación en exhumaciones de víctimas de la guerra civil y la dictadura” y que, en cualquier caso, el delito de asesinato habría prescrito.

Iván Aparicio, presidente de la ASRD, cree que esta derrota judicial, sin embargo, tiene un aspecto positivo: “El hecho de que la juez asuma que hablamos de desapariciones forzadas y de que los asesinatos pudieron cometerse en un contexto de crímenes contra la humanidad supone un acercamiento a lo que, finalmente debe acabar ocurriendo. En casos como este, lo que debe aplicarse es el Derecho Internacional. Los jueces tienen que darse cuenta de que los crímenes contra la humanidad ni prescriben, ni pueden ser amnistiados. Eso es, ni más ni menos, lo que han interpretado el resto de países que han sufrido dictaduras y situaciones de violaciones de derechos humanos similares a las ocurridas en España”.

El olvido institucional

Esa misma argumentación es la que han utilizado los abogados de la ASRD para recurrir el auto ante la Audiencia Provincial de Soria. En el escrito se recuerda, además, que  “ninguna autoridad del Estado ha dado razón del paradero de esta persona hecha desaparecer por la fuerza y por tanto, a día de hoy, Don Abundio continúa desaparecido”.

Ana Andaluz, una de las nietas del político “desaparecido”, ha sufrido en primera persona ese olvido institucional: “Todo lo que sabemos lo hemos averiguado por nuestra cuenta. Es un problema de las leyes, que no nos amparan, pero también de actitud de los jueces. La colaboración de la Justicia ha sido nula”.

Ana, aún así, se considera afortunada ya que su búsqueda comenzó hace poco tiempo. “Yo crecí en un hogar en el que apenas se hablaba de mi abuelo. Había miedo y mucho silencio. De pequeña, iba captando cosas y cuando fui creciendo me sorprendía que tuviésemos tan pocos datos de él. Fue hace dos años cuando me puse a investigar; ya había fallecido mi padre y el resto de hijos de Abundio. A día de hoy, puedo decir que conozco mucho mejor a mi abuelo de lo que le conocieron sus hijos”.

Su nieta sabe que “fue un hombre que se dedicó toda su vida a hacer el bien. Amaba la música, se implicaba en proyectos solidarios y utilizaba su trabajo de abogado para defender a los más débiles”. Hace poco más de un año, con la ayuda de la ASRD, Ana y su hermana María Luisa encontraron el lugar en el que estaba enterrado Abundio. “Me sorprendió comprobar que algunas personas del pueblo sabían, desde siempre, dónde estaba la fosa. Fue el propio alcalde de Calatañazor el que nos llevó hasta ella. Quien le enterró marcó el lugar con varias piedras formando una gran cruz”.

Paralelamente al recurso judicial, voluntarios de la ASRD  están organizando ya la exhumación del cuerpo de Abundio. Será, previsiblemente, en el mes de septiembre. Ana confiesa estar nerviosa a la espera de que llegue ese momento. “Hemos compuesto una canción con ayuda de un amigo músico y se la cantaremos ese día a Abundio. También he seleccionado unas piezas musicales que él interpretaba con el orfeón… Lo triste es que las instituciones, además de no ayudarnos con la exhumación, nos ponen obstáculos. Cuando la pasada Nochebuena escuché al rey Felipe VI decir aquello de “no reabrir heridas”… Me gustaría haberle preguntado: ¿Tú tienes algún abuelo en una cuneta? Si lo tuviera sabría que las heridas no están cerradas. Si pretendes ser el rey de todos los españoles, demuéstralo”.

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Fotografía destacada: Ana Andaluz deposita flores en el lugar en que se cree que fue enterrado su abuelo / Foto: Anna Turbau

Fuente:http://www.eldiario.es/sociedad/investigar-asesinato-franquismo-reconocer-humanidad_0_675432582.html

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Llega al Congreso una petición para que la ley impida organizaciones como la Fundación Franco

La Asociación para la Memoria Histórica solicita a los grupos que la regulación no ampare a aquellas que ensalcen a personas que hayan violado los derechos humanos.

Aducen que es incompatible con la democracia que el Estado ayude mediante “subvenciones indirectas” a estas organizaciones.

La Fundación Franco ha asegurado que utilizará la gestión de visitas al Pazo de Meirás para subrayar la “grandeza” del dictador.

eldiario.es / Raúl Rejón / 10-08-2017

El debate sobre si la Fundación Franco puede existir legalmente se acerca cada vez más al Congreso de los Diputados. La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica ha pedido por escrito a los diputados que revisen la ley de fundaciones para que “impida explícitamente la actividad” de organizaciones que enaltezcan o traten de convertir “en referente moral la figura de personas que hayan cometido violaciones de derechos humanos”.  No hay mención concreta a Franco pero parece una alusión clara.

La petición, que ha pasado este jueves por el registro del Congreso, explica que la actividad de las fundaciones tiene “una protección especial” como es la posibilidad de desgravaciones fiscales para sus donantes económicos. “Una subvención indirecta”, analiza la asociación. Y solicita que la regulación excluya a fundaciones que actúen o realice “campañas de difusión contra los derechos humanos”. 

La petición llega como consecuencia de las recientes manifestaciones de la Fundación Nacional Francisco Franco tras recibir el encargo de gestionar las visitas públicas al Pazo de Meirás, propiedad de los herederos del dictador español.(obligadas por la ley tras ser declarado bien de interés cultural). La fundación aseguró que utilizaría las visitas para resaltar “la grandeza de Franco”.

Aunque recibió críticas nada más hacer pública su intención, la fundación no se ha arredrado y ha reforzado ese discurso, incluso, a las afueras del propio pazo. El edificio, regalado por las autoridades franquistas al mismo Francisco Franco tras adquirirse mediante cuestaciones ciudadanas supervisadas por La Falange, es propiedad de la familia que decide quién gestiona las aperturas al público.

Tras pleitear la familia para impedir que se declarara bien de interés, la Xunta debió inspeccionar por qué no funcionaba el servicio de citación telefónica al tiempo que ayudaba económicamente a los dueños para que se prestara ese servicio.

La petición de la ARMH se centra en que una democracia no puede tolerar agrupaciones que “traten de enaltecer o ensalzar a quienes los han violado de manera flagrante”.  No es la única iniciativa de este tipo que circula ya por el Congreso. El grupo de Unidos-Podemos también se mostró dispuesto a llevar adelante una moción para, finalmente, expropiar el pazo y sacar a la fundación del pazo para impedir que lo use como escenario de enaltecimiento. Ahora, los diputados de los siete grupos tendrán esperando una nueva petición cuando regresen de sus vacaciones.

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Fotografía destacada: Partidos denuncian uso del Pazo Meirás por los Franco para exaltar a dictador EFE

Fuente:http://www.eldiario.es/sociedad/Asociacion-Recuperacion-Memoria-Historica-Franco_0_674382820.html

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La extinción de la “Fundación” Francisco Franco: una cuestión de interés general

Sus miembros se dedican a vejar públicamente a las víctimas de la dictadura, negando los crímenes franquistas con total impudor.

Su mera existencia vulnera no solo la Ley de Fundaciones, sino la propia Constitución, que vincula directamente el ejercicio del derecho de fundación a la persecución de fines de interés general.

eldiario.es / Manuel Maroto / 09-08-2017

En España existe una organización fascista que en sus estatutos recoge abiertamente como fines la “exaltación” y el “enaltecimiento” de Francisco Franco, así como “contribuir a la proyección de su ideario sobre el futuro de la vida española”. La cosa no queda en declaración de intenciones. Sus miembros se dedican, efectivamente, a vejar públicamente a las víctimas de la dictadura, negando los crímenes franquistas con total impudor (“ Franco no fusiló a nadie“). A intentar intimidar a cargos políticos y a artistas, presentando querellas infundadas y profiriendo amenazas que remiten a lo peor de nuestra historia (“ Si hay que volver a pasar ¡pasaremos!“). A ofrecer asesoría para incumplir la ley (en particular, claro, la de Memoria Histórica). También a poner financiación pública y bienes de interés cultural al servicio de la apología del franquismo.

La realidad es que la Fundación Francisco Franco, con la Constitución y con la ley en la mano, no puede tener reconocida la naturaleza de “fundación”. Su mera existencia vulnera no solo la Ley de Fundaciones, sino la propia Constitución, que vincula directamente el ejercicio del derecho de fundación a la persecución de fines de interés general. El artículo 34.1 de la Constitución Española establece, en efecto, que “se reconoce el derecho de fundación para fines de interés general, con arreglo a la ley”. A su vez, según el artículo 3 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, “las fundaciones deberán perseguir fines de interés general, como pueden ser, entre otros, los de defensa de los derechos humanos, de las víctimas del terrorismo y actos violentos, asistencia social e inclusión social, cívicos, educativos, culturales, científicos, deportivos, sanitarios, laborales, de fortalecimiento institucional, de cooperación para el desarrollo, de promoción del voluntariado, de promoción de la acción social, de defensa del medio ambiente, y de fomento de la economía social, de promoción y atención a las personas en riesgo de exclusión por razones físicas, sociales o culturales, de promoción de los valores constitucionales y defensa de los principios democráticos, de fomento de la tolerancia, de desarrollo de la sociedad de la información, o de investigación científica y desarrollo tecnológico”.

¿Cómo es posible que siga existiendo una fundación que no solo no persigue ninguno de los fines mencionados en esa larga lista, sino que cuya actividad está directamente encaminada contra algunos de los más importantes allí enumerados? ¿Cómo puede ser legal una fundación que difunde el desprecio por los derechos humanos y por las víctimas de la violencia, que exalta la dictadura contra los valores constitucionales, los principios democráticos y la tolerancia, que vincula su forma jurídica y su patrimonio al servicio de intereses que rayan en lo delictivo y son absolutamente contrarios a cualquier noción razonable de interés general?

Según el Registro de Fundaciones, la Nacional Francisco Franco es inscrita el 11 de junio de 1977, cuatro días antes de que se celebraran las primeras elecciones democráticas desde la Segunda República. Por aquellas fechas, por cierto, se denegó la inscripción como partidos políticos a aquellas formaciones que incluyeran en su denominación alguna referencia a la república, lo que impidió que pudieran presentarse a estos comicios. La Fundación Francisco Franco, sin embargo, no tuvo problemas para inscribirse. Gracias, en parte, a un régimen legal preconstitucional que la propia Ley de Fundaciones hoy en vigor califica en su exposición de motivos como “vetusto” y del siglo XIX. No es tan fácil explicar, sin embargo, por qué esta organización ha sobrevivido a la Constitución y a dos leyes de fundaciones que vinculan esta forma jurídica a la persecución de fines de interés general.

Según el artículo 31 de la vigente Ley de Fundaciones, será causa de extinción de estas entidades, entre otras, el que “sea imposible la realización del fin fundacional”. Según la doctrina, esta imposibilidad puede ser tanto material, es decir, que sea fácticamente imposible conseguir el fin fundacional, como jurídica, esto es, que haya habido cambios en el ordenamiento jurídico que hayan convertido lo que era lícito en ilícito, que los fines de la fundación haya devenido contrarios a derecho, o que los medios para alcanzarlos resulten inidóneos para ello. La propia Ley ( artículo 33.2) hace responsable al Protectorado de Fundaciones, órgano dependiente del poder ejecutivo y encargado de controlar la legalidad de estos organismos, de instar a los tribunales a que extingan una fundación en estos casos. Es evidente que tanto la Constitución como las sucesivas leyes de fundaciones y la Ley de Memoria Histórica convirtieron hace tiempo el fin fundacional de la Fundación Franco en algo absolutamente contrario a cualquier noción de interés general, por muy indeterminado que se quiera considerar este concepto jurídico. Se ha convertido en un fin, además, ilícito, por vulnerar el derecho, legalmente reconocido, a la reparación moral de quienes sufrieron un régimen ilegítimo y fueron víctimas de la represión ejercida por parte de instituciones totalmente contrarias a derecho. La controversia sobre si la apología del franquismo debe o no ser considerada una conducta delictiva no puede en modo alguno ser una excusa para tolerar las actividades de un colectivo que solo existe como fundación en flagrante abuso del régimen legal y constitucional de esta forma de personalidad jurídica. La utilización en fraude de ley de la figura de fundación bien merece la aplicación de la doctrina del “ levantamiento del velo“, y con ella una indagación seria sobre los intereses que yacen detrás de esa organización, atrincherada tras un reconocimiento legal que no le corresponde.

Va siendo hora de levantar el velo, también, de los ojos de las instituciones, y de que el legislador reforme la Ley de Fundaciones para establecer, de manera si cabe más meridianamente clara, la ilegalidad de fundaciones como esta. Pero, con la Constitución y la actual ley en la mano, más aún hace que viene siendo hora de extinguir la “fundación” Franco, como si de los dinosaurios se tratara. Aun con cuarenta años de retraso, será una buena ocasión no solo para poner fin a la flagrante vulneración del principio de igualdad ante la ley que supone la existencia de esta organización, y al desprecio a las víctimas de los crímenes franquistas que es parte fundamental de su actividad cotidiana. Lo será, también, como contribución a resignificar lo que política y jurídicamente debe significar “interés general”.

Manuel Maroto – Profesor de Derecho Penal de la Universidad de Castilla-La Mancha

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Fotografía destacada: Foto compartida en Twitter por la Fundación Francisco Franco del 1 de abril de 1939.

Fuente:http://www.eldiario.es/tribunaabierta/extincion-Fundacion-Francisco-Franco-cuestion_6_674092605.html

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El franquismo del PP

La derecha española es heredera, familiar, social e ideológicamente, del franquismo, por lo que reconocer sus crímenes la obligaría a una renuncia imprescindible para reparar una Historia culpable de la que así son cómplices. 

eldiario.es / Ruth Toledano / 19-07-2015

El otro día, en una fiesta de cumpleaños muy divertida, una joven artista me contó que su padre, que no había cometido otro delito que el de ser comunista, había pasado veinte años en una cárcel franquista. Me contó cómo la vida de su familia había sido truncada por el dictador y que su padre, una vez en libertad, nunca llegó a recuperarse del todo. Después seguimos bailando. Pero esa cifra, veinte años, vuelve desde entonces a mi cabeza una y otra vez. Y, con ella, los 500.000 encarcelados por el fascismo español. Y los 550.000 exiliados que huyeron del terror de ese fascismo. Y los 300.000 niños robados a sus madres por rojas. Y los cientos de miles de desaparecidos. Y los cientos de miles de depurados, despedidos de su trabajo y despojados de sus bienes por ser republicanos.

También, con esa cifra, vuelven los 80.000 republicanos asesinados entre 1936 y 1939. Y los 115.000 antifranquistas asesinados entre 1939 y 1975, año en que el general Francisco Franco murió en la cama de la impunidad. Con esa cifra vuelve también la tía abuela de Ismael Serrano, que aún sigue en una fosa común, como bien  recordó el cantante en un tuit a Pablo Casado (que se burló de quienes quieren recuperar de las cunetas los restos de sus familiares para darles digna sepultura y luego los suyos lo nombraron vicesecretario de Comunicación del PP). Y vuelve Emilio Silva Faba, fusilado por republicano en la comarca del Bierzo y cuyos restos fueron los primeros de un represaliado del franquismo identificados por una prueba de ADN. Su nieto, Emilio Silva Barrera, es el presidente de la  Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), que hace dos meses recibió en Nueva York el premio ALBA/Puffin al Activismo en Derechos Humanos, uno de los más prestigiosos del mundo.

Podría llamar la atención que este premio venga de Estados Unidos mientras en España la tarea de la ARMH es despreciada o, peor, obstaculizada. Pero no sorprende: la derecha española es heredera, familiar, social e ideológicamente, del franquismo, por lo que reconocer sus crímenes la obligaría a una renuncia imprescindible para reparar una Historia culpable de la que así son cómplices. Si el franquismo aplicó el terrorismo de Estado, los descendientes del franquismo que no lo condenan justifican o defienden ese terrorismo. Mientras organizaciones e instituciones internacionales reconocen el esfuerzo de los hijos y nietos de la injusticia, ese esfuerzo es ninguneado en la España donde los herederos del franquismo han podido ganar elecciones democráticas. “No es casual”, señala Emilio Silva Barrera, “que este premio venga de Estados Unidos o que la causa que hay abierta contra el franquismo, a raíz de la querella que promovimos el 14 de abril de 2010, esté en un juzgado argentino”. La ARMH no ha recibido aún reconocimiento alguno por parte del Estado español ni de la Unión Europea: “Decirle al viejo continente que tiene pendiente la resolución de graves violaciones de derechos humanos sería algo así como una falta de respeto, tratándose de este continente civilizado”, ironiza Silva.

La ARMH denuncia que ‘los padres de la Constitución’ dejaron en las cunetas a muchos abuelos y reclama el fin de un olvido y un silencio que aún fomenta el PP. Ante el anuncio de Manuela Carmena de la posible sustitución de nombres franquistas de calles madrileñas, la Delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa, ha mostrado su oposición con un razonamiento tan pobre y sospechoso como insultante: “Se aprende de lo pasado”. Claro que se aprende de lo pasado, señora Dancausa, precisamente para eso es necesaria una memoria capaz de juzgar qué de ese pasado merece reconocimiento y qué merece repulsa. Pretender que una calle que lleva el nombre de un general franquista o que conmemora a los caídos de la División Azul (división de soldados franquistas y falangistas que se unió al ejército nazi) sea una forma de aprender lección alguna supone una burda manipulación. No hay que ser muy lista para comprender que poner a una calle el nombre de algo o de alguien lleva implícito un reconocimiento. Así que es fácil deducir que las motivaciones de Dancausa poco tienen que ver con ilustrar la verdad y mucho con el franquismo heredado por su partido.

La ARMH lo considera una humillación a las víctimas. Una humillación que nos alcanza si “una representante de un Gobierno democrático defiende los honores en espacios públicos a militares golpistas, criminales de guerra y miembros de una dictadura que obligó a exiliarse a medio millón de personas, asesinó a más de cien mil civiles cuyos cuerpos siguen todavía desaparecidos, secuestró las elecciones durante cuatro décadas, convirtió a las mujeres en ciudadanas de tercera clase y persiguió a los homosexuales como delincuentes”.

Como no podía ser otro modo, a los planes de Carmena también se ha opuesto Esperanza Aguirre, rabiosa perdedora de la alcaldía de Madrid que se ha tenido que mal conformar con ser portavoz del PP en el Ayuntamiento. Ha anunciado que los populares se opondrán a las intenciones de la alcaldesa, pasándose por el forro que ese cambio venga avalado por una Ley de Memoria Histórica que ya lo marca y que, simplemente, no se ha cumplido. Tras una reacción como la de Aguirre, solo puede haber mucho franquismo -familiar, social e ideológico- presente. Tanto franquismo como para que ella, la lideresa en descomposición, aún quiera ir más allá: pide la derogación de esa Ley. Es decir, desaparecerán los nombres franquistas de las calles, pero acechará el espíritu antidemocrático mientras no salgan de las instituciones residuos tóxicos como Aguirre o el diputado del PP Rafael Hernando, que  se atrevió a escupir que “los familiares de las víctimas del franquismo se acuerdan de desenterrar a su padre solo cuando hay subvenciones” (y luego los suyos lo nombraron portavoz parlamentario del PP). Porque “ser demócrata”, recuerda la ARMH, “significa ser antifranquista, así como oponerse al uso de la fuerza en el ejercicio del poder”.

Más de 170 calles enaltecen aún en Madrid a responsables y símbolos de la dictadura franquista. De cumplirse la Ley de Memoria Histórica a través de la iniciativa de Carmena y su equipo de Gobierno, Madrid se convertiría en el primer municipio que obedece a la normativa y hace un gesto para reparar una injusticia que, desde la muerte de Franco, suma cuatro décadas de impunidad a las cuatro anteriores de violencia del dictador. Ochenta años de víctimas abandonadas por la Justicia. Lección del pasado sí será, como propone la ARMH, que la retirada de esos nombres y esos símbolos vaya acompañada por la correspondiente explicación de quién, qué y por qué no merece estar en el callejero de nuestras ciudades.

Se lo debemos a Emilio Silva Faba, a la tía abuela de Ismael Serrano y a todos los españoles que, como el padre de la joven artista que conocí en un cumpleaños, fueron víctimas de un terrorismo de Estado que, mientras no se repare con el respeto debido, deslegitimará la Transición e impedirá que este país avance hacia una verdadera democracia.

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http://www.eldiario.es/zonacritica/franquismo-PP_6_410918913.html

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BIENVENIDOS A ESTA WEB DE LA MEMORIA HISTÓRICA

Diez años agujereando el olvido, el silencio, la niebla con la que la dictadura quiso cubrir sus terribles crímenes, los más atroces que pueden cometer algunos seres humanos.

Diez años reapareciendo, recuperando, desolvidando. ayudando a regresar a los desaparecidos, a las desaparecidas, a los que fueron secuestrados, asesinados y abandonados.

Diez años de esfuerzos de mucha gente, de muchos lugares, de testigos que comparten su memoria para señalar cunetas, parajes, espacios en los que las fosas esconden su secreto.

Diez años para aprender, para saber, para conocer la dimensión criminal del franquismo, para entender por qué tuvieron que callar, por qué portaron hasta el presente, en silencio, la memoria que los hacía testigos de delitos atroces, que los amenazaba.

 

 

Diez años de conocer a hombres y mujeres que tuvieron que cavar en su memoria una fosa y enterrar en ella los recuerdos de los asesinos, de los prepotentes, de los pequeños dioses del fascismo que decidían sobre la vida y la muerte.

Diez años conociendo familias aplastadas, sometidas, olvidadas, insignificantes para un Estado que hasta ahora no ha querido darles verdad, ni justicia, ni reparación. Cuando hace diez años un grupo de arqueólogos y forenses trabajaba en una cuneta a la entrada de la localidad leonesa de Priaranza del Bierzo nadie podía imaginar que ese agujero en el silencio era el primero de muchos otros.

Allí aparecieron 13 cadáveres de civiles republicanos; los primeros asesinados por la represión franquista exhumados con técnicas arqueológicas y cuyos cuerpos fueron estudiados con técnicas de antropología y medicina forenses. Desde entonces hemos ayudado a miles de familias. A cerca de 1.500 a encontrar a sus seres queridos. A muchas otras a saber, a conocer, a encontrar documentos o testimonios para dar respuesta a dolorosas preguntas que llevaban años contestadas por un silencio político, judicial y administrativo.

Somos una asociación formada por familiares de desaparecidos y personas solidarias con su causa, su sufrimiento, su derecho a la reparación. No tenemos una sede propia como tal, por lo que en esta que estás es nuestra casa. Acabamos de mudarnos.

A través de esta página podrás enterarte de las actividades que llevamos a cabo, proporcionarnos información u ofrecerte a echarnos una mano. Gracias por interesarte por la recuperación de esta memoria.

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CRÍTICA AL PROGRAMA DE TVE SOBRE LA MEMORIA HISTÓRICA

Artículo de Vicenç Navarro, 22 de octubre de 2010

Este artículo analiza críticamente el documental de TVE sobre la Memoria Histórica que se basa en entrevistas a José Alvarez Junco, Javier Pradera, Santos Julià y Julián Casanovas. El artículo argumenta en contra de las tesis sostenidas en el documental de que una vez enterrados los desaparecidos es importante cerrar el capítulo de recuperar la memoria histórica y dejar de exigir responsabilidades por los asesinatos y crímenes cometidos por los vencedores de la Guerra Civil. El artículo sostiene que la recuperación de los desaparecidos conlleva la recuperación de su memoria y la corrección de la historia de nuestro país, que continúa promoviendo la visión de que lo que llaman erróneamente “los dos bandos” compartieron las responsabilidades de lo acaecido. La limitada democracia española requiere una corrección de la historia de España, para que ésta esté basada en los valores democráticos que la mayoría de los desaparecidos defendieron. Televisión Española ha presentado un documento, “Tengo una pregunta para mi: ¿vivimos en deuda con el pasado?”, que consiste en cuatro entrevistas a cuatro personas a las que se les pregunta su opinión sobre lo que ha  venido a llamarse en España “recuperación de la memoria histórica”. Los entrevistados son José Álvarez Junco, una de las personas que escribió la ley conocida por tal nombre; otros dos son Javier Pradera y Santos Julià, que han sido muy críticos con aquellos sectores de las izquierdas que quieren recuperar la memoria de los vencidos, exigiendo responsabilidades; y  Julián Casanovas, historiador que critica lo que él define como intento de politizar la memoria, hecho que considera criticable, pues cree que se debiera dejar tal labor de recuperar y conocer el pasado a los historiadores.

Todos ellos expresan preocupación por como se está llevando este proceso, atemorizados de que pueda desembocar en unas tensiones que consideran innecesarias e improductivas. Piden que se encuentre a los muertos desaparecidos y, si sus familias así lo desean, los entierren y se les honre. Pero están preocupados por que este proceso se desmadre y vaya ahora a reavivar lo que ellos llaman “los fantasmas de la Guerra Civil”. Creo que ésta es también la postura del gobierno socialista y la del mayor partido de la oposición, el PP. Antes de expresar mi desacuerdo con tales posturas, creo justo intentar resumir la postura de cada uno de los entrevistados.


De los cuatro entrevistados, el más interesante y más sorprendente considero que es José Álvarez Junco. Éste explica que cuando la Oficina de la Presidencia del Gobierno de España le pidió que escribiera la Ley (como miembro de una Comisión encargada de prepararla) se le instruyó que hiciera una ley que satisficiera tanto a los descendientes políticos de los vencedores, como de los vencidos. Era una ley, según le dijeron en Presidencia, “para cerrar heridas”, aceptable por parte de los dos bandos. (Por cierto, un elemento común en las respuestas de los cuatro entrevistados, es que todos definen lo que llaman la Guerra Civil como una guerra entre dos bandos, definición que no comparto y a la cual me referiré más tarde). La ley, por lo tanto, tenía que satisfacer tanto a las derechas (al PP), como a las fuerzas democráticas herederas de las que existieron en las Cortes Republicanas y de las que lucharon contra la dictadura, de las cuales las izquierdas eran la gran mayoría. No era, aclara José Álvarez Junco, una ley de la memoria histórica, sino una ley de reconocimiento a las víctimas de los dos bandos de la Guerra Civil y de la dictadura. Ahora bien, este reconocimiento tenía límites, según José Álvarez Junco. El nuevo estado democrático –dice él- era continuista del estado anterior, y por lo tanto no podía anular juicios aprobados por el estado anterior. Es más, de hacerlo tendría que conllevar pagos, compensaciones y reivindicaciones que el nuevo estado no estaba dispuesto a realizar.


Por lo demás, José Álvarez Junco considera el mandato que había recibido de la Comisión suficientemente complejo como para desanimarle a ir mas allá de reconocer a las víctimas, pues ello nos llevaría a considerar cuál es la memoria, de las muchas que hay, que merece ser recuperada. De ahí que la mejor solución era dejar tal decisión a las familias de los desaparecidos y que éstas –las que así lo desearan- recuperaran la memoria de sus seres queridos. Por otra parte -añade José Álvarez Junco- no es fácil definir quién es una víctima, o si la víctima merece el reconocimiento y/o el homenaje ¿Es, se pregunta José Álvarez Junco, merecedor de reconocimiento como demócrata un maquis comunista, cuando – según José Álvarez Junco- tal maquis intentaba establecer una dictadura estalinista?


Creo haber resumido correctamente las posturas de José Álvarez Junco. Y, repito, considero sorprendente que el gobierno socialista español quisiera hacer una ley en la que se intentara honrar a las víctimas y a la vez satisfacer a los victimizadores. Incluso numéricamente, los golpistas crearon muchas más víctimas que los que defendieron la República Democrática  y lucharon más tarde para reinstaurarla de nuevo, incluyendo, por cierto, el partido Comunista y los maquis. Como bien ha documentado el Catedrático Josep Fontana, el Partido Comunista tenía como objetivo restablecer la democracia parlamentaria existente durante la República. Es más, las víctimas de los republicanos no hubieran existido si no hubiera habido un golpe militar que desencadenó toda la violencia. Considerar como un proyecto factible el desarrollar una ley de reconocimiento que satisfaga por igual a vencedores y vencidos asume erróneamente que lo que ellos llaman los dos bandos comparten las mismas responsabilidades en lo ocurrido en aquel periodo de nuestra historia, lo cual es obviamente falso. Una recuperación justa con homenaje a las víctimas, lleva inevitablemente a denunciar a los vencedores. De ahí la continua oposición a tal proceso por parte de sus sucesores. Creer que se puede satisfacer a vencedores y vencidos es asumir y reproducir esta imagen tan generalizada hoy en España, de que la mal llamada Guerra Civil era una lucha entre dos bandos que, llevados por ideologías extremas (como subraya Julián Casanovas), cometieron barbaridades, que es importante recordar y conocer para no reproducirlas en el futuro. Pero la realidad, fácilmente documentable fue distinta.


En realidad, lo que se requiere no es sólo la recuperación de la memoria de los vencidos, sino la corrección de la historia que se ha enseñado a la juventud en este país. José Álvarez Junco indica que ha habido “silencios” sobre la historia de España. Pero, por lo visto, no se pregunta porque ha habido tales silencios. En realidad, estos silencios se deben precisamente al enorme poder que los sucesores de los vencedores tienen todavía sobre el estado español continuista del anterior y sobre la sociedad. ¿Cómo se explica que los primeros documentales que se presentan en la televisión española (el medio de educación popular más importante del país) sobre las atrocidades del franquismo (documentales como “Els Nens Perduts del Franquisme”), sin acompañarlos de los “horrores” cometidos por el otro bando (como siempre había ocurrido) no se hiciera hasta casi un cuarto de siglo después de que se inaugurara la democracia?


La función de este silencio es reproducir la versión “oficial” que se enseñó durante muchos años, que fue transformándose desde presentar a los golpistas como los buenos, a la versión existente hoy de que no hubo ni buenos ni malos, pues los dos bandos eran culpables. Esta versión de los dos bandos es la versión “oficial” que adquiere su relevancia, no por sanción del estado, sino por la ausencia de otras versiones que la cuestionen, al estar excluidas en los mayores medios (incluyendo los públicos) de información y persuasión.


José Álvarez Junco niega que haya una “historia oficial” y tampoco desea que exista. Ninguno de los cuatro entrevistados quiere hacerla, denunciando a aquellos que lo desean. Si visitan cualquier país democrático verán, sin embargo, que en las escuelas públicas se explica una única historia, resultado de unos valores democráticos definidos por las instituciones representativas gobernadas por las fuerzas democráticas. En cualquier país democrático, los libros de texto en las escuelas son aprobados por los representantes de la población. Y, en su mayoría, promueven valores democráticos, incluidos en la versión de sus historias. En España, los silencios son reflejo del miedo y/o el deseo de no mirar atrás, pues el estado actual es, como José Álvarez Junco reconoce, un estado continuista de un estado dictatorial basado en un golpe militar. De ahí el énfasis en no mirar al pasado, pues este no mirar al pasado es una manera de silenciar una visión democrática de nuestro pasado, promoviendo así indirectamente la versión de los dos bandos que comparten responsabilidades en lo acaecido. Pero este silencio también tiene su función, según Álvarez Junco: permitir la convivencia entre los herederos de los dos bandos, cada uno con su propia memoria.


Los argumentos de Javier Pradera. “Para tener la paz tenemos que aceptar la injusticia”.
Pero esto nos lleva a Javier Pradera, cuya mayor tesis es que debemos aprender a convivir con nuestro pasado tal como han hecho otros pueblos, como el americano o el francés. Javier Pradera se refiere, por ejemplo, a la Guerra Civil de EEUU, que todavía hoy perdura en el memorial de aquel país. En realidad, Pradera señala que aquella guerra fue muy semejante a la Guerra Civil española. De ahí que debiéramos aprender de EEUU a cómo convivir con el pasado y su memoria. Creo conocer bien EEUU, al haber vivido cuarenta años de mi exilio en aquel país, y conozco su historia, incluida su Guerra Civil, la cual, por cierto, tiene muy pocas semejanzas con la Guerra Civil española. Pero independientemente de sus semejanzas o diferencias, el hecho que Javier Pradera parece ignorar es que en la Guerra Civil de EEUU los buenos ganaron. No así en España. En EEUU, la bandera confederada de los vencidos y sus símbolos fueron prohibidos durante muchos años, la estructura económica de los vencidos fue destruida (con la abolición de la esclavitud) y los valores republicanos representados por el Presidente Lincoln, dirigente de los vencedores, fueron promovidos activamente en el sistema educativo de aquel país. No así en España, donde no vencieron los demócratas.


Lo mismo ocurrió en Francia, con la Revolución Francesa, que Javier Pradera presenta también como una Guerra Civil semejante a la nuestra. En aquel conflicto francés, los buenos ganaron. Y los valores de los vencedores fueron clave para establecer los regímenes republicanos en Francia y también, por cierto, en Europa. De nuevo, no así en España. Es más, estos mismos valores de la Revolución Francesa fueron los que la resistencia anti-nazi francesa (en la que lucharon muchos antifascistas españoles), salvó con la derrota del Régimen de Vichy, cuyos seguidores fueron severamente sancionados por el régimen republicano democrático, vencedor en aquel segundo conflicto. De nuevo, lo opuesto ocurrió en España.


Y ahí está la especificidad de España. Los malos ganaron y la democracia que resultó de la transición no fue una rotura, sino una adaptación, con la abertura a las fuerzas democráticas, pero dentro de un enorme desequilibrio en las relaciones de fuerza. Pradera admite que se han hecho enormes injusticias con los vencidos durante el proceso democrático, siendo el olvido uno de ellos. Pero lo considera necesario para mantener la paz. Pradera, con la arrogancia y tono insultante que le caracteriza, se refiere, con un tono condescendiente, a una presentación del Juez Garzón, indicando que Garzón hizo “el discurso predecible” cuando indicaba que “la Paz era imposible sin ir acompañada de Justicia”. La realidad, señala Pradera, es distinta. La Paz requiere, en muchas ocasiones, la perpetuación de la injusticia. Y lo ocurrido en España –subraya Pradera- es un ejemplo. Lo que Pradera confunde, sin embargo, es el significado de los términos utilizados en tal frase. Paz es mucho más que la ausencia de tiros en la calle. Existe violencia institucional en España, tanto dentro como fuera del Estado, violencia que ocurre en bases diarias con vencedores y vencidos. Y parte de esta violencia es la represión en contra de la memoria y de la historia de los vencidos. Es violencia negar a los vencidos (que fueron en su gran mayoría los defensores de la democracia) que su historia sea la historia de la democracia española, como también es violencia que en muchas partes de España exista todavía hoy miedo a recuperar esta memoria y es violencia que sea tan difícil encontrar a los muertos desaparecidos del lado de los vencidos, o que sea imposible llevar a los responsables de aquella violencia a los Tribunales. ¿De qué Paz habla Pradera?


Pero las consecuencias de la propuesta de Pradera de aceptar las injusticias tienen, incluso, un coste mayor para España, pues implica condenarla a una democracia sumamente incompleta y recortada, viviendo bajo el silencio. En el proyecto democrático es un enorme error abandonar la exigencia de que se conozca el pasado y se demanden responsabilidades por lo ocurrido, como bien exigía el juez Garzón en el enjuiciamiento del franquismo. En realidad, ha sido el conocimiento de las atrocidades realizadas por tal régimen el que ha ido concienciando a la población de la maldad de aquel régimen. Hoy, ya el 30% de los votantes del PP (el partido heredero de los vencedores) apoya el enjuiciamiento del franquismo, desaprobando la acción del Tribunal Supremo de condenar al Juez Garzón por su intento. Tal elevado porcentaje entre los herederos de los vencedores sería impensable hace sólo unos años. España no tendrá una democracia completa y madura hasta que no tenga una derecha democrática, homologable a la derecha europea (la cual ha denunciado al Tribunal Supremo por tal acto). De ahí la enorme importancia de que se conozca lo que fue el golpe militar y sus consecuencias, intentando en aquel proceso que el estado español deje de considerarse continuista del régimen dictatorial anterior y se defina como el heredero de la II República. Creo que ello ocurrirá, pero la labor es más  dura y difícil que en otros países, porque aquí los que ganaron no eran los buenos. Pero para ello se requiere que los nietos y los biznietos de los vencidos (y muchos de los vencedores) presionen para que se conozca el pasado oculto y se exijan responsabilidades a los vencedores y a aquellos que gozan de privilegios heredados del golpe y de la dictadura. Sus valores democráticos así se lo exigirán.


Naturalmente que en esta recuperación de la historia de las fuerzas democráticas hay que incluir las luces y sombras de los vencidos. Pero estas últimas no pueden apagar el hecho de que eran los que llevaban razón, defendiendo mejor los intereses de la población y de su mayoría, las clases populares. Los aliados en la II Guerra Mundial cometieron atrocidades como el bombardeo de Dresden. Pero estas atrocidades no anularon el hecho de que los aliados tenían una superioridad moral sobre los nazis y el mundo ganó cuando vencieron aquel conflicto. La perpetuación y promoción de quienes son los buenos y malos es fundamental para fortalecer la cultura democrática, todavía poco desarrollada en España, lo cual me lleva a recuperar mi desacuerdo con el tercer entrevistado, Santos Julià.


Las memorias de Santos Julià
Santos Julià afirma que los dos bandos tienen sus propias memorias, lo cual es obvio y nadie cuestiona. Este no es el punto de debate. El punto de debate es qué memoria debe priorizar en el estado democrático en este momento, pues toda historia –conocimiento y comprensión del pasado- se basa en la memoria individual y colectiva, oral y escrita de la sociedad. En cualquier estado democrático, tal como he indicado anteriormente, el estado prioriza los valores democráticos que se transmiten en su historia. Y en España ello no ha ocurrido durante la época socialista, aún cuando el silencio oficial permite la reproducción de la historia promovida por el Estado durante los gobiernos conservadores del PP (es decir, el de los dos bandos). De ahí que aquella Ley debiera haber ido mas allá que el hecho de enterrar a los muertos, pues de no hacer más, con aquellos muertos se enterrará también nuestra historia democrática. El intento del Gobierno Socialista español de no ofender a los vencedores era, indirectamente, aceptar la versión histórica anterior de “los dos bandos”.


Santos Julià está en desacuerdo con que se exijan responsabilidades a los vencedores. En realidad, considera que la Amnistía era un indicador de la madurez de la democracia española, perdonándonos los unos a los otros. Esta actitud, probablemente procedente de su pasado como sacerdote, es profundamente insatisfactoria desde el punto de vista democrático, pues pone en el mismo nivel a victimizadores y a víctimas, además de abandonar el intento de recuperar la memoria y la historia democrática. Tal Ley de Amnistía no tuvo nada que ver con la madurez de las fuerzas democráticas, sino con el enorme desequilibrio de fuerzas entre las izquierdas y las derechas en el momento de la transición. Es muy probable que si en España hubiera habido una ruptura, en lugar de un proceso continuista, se habría sancionado a los golpistas y  sucesores, y se hubiera considerado al nuevo estado democrático, un estado heredero de la República. Ahora bien, la correlación de fuerzas en España, no permitió que tal rotura ocurriera, y es posible que la manera como se hizo tal transición era la única posible. Pero definirla como modélica es idealizar aquel proceso, pues la democracia que tenemos dista mucho de ser homologable a las otras democracias existentes en la UE. Sus enormes insuficiencias han determinado, entre otros hechos, un estado del bienestar muy insuficiente (como documento en mi libro Bienestar insuficiente, Democracia incompleta. Sobre lo que no se habla en nuestro país. Anagrama. 2002)


Puede ser que las izquierdas no tuvieran otra alternativa, en un estado en el que su jefe de estado –el Monarca- consideraba al Dictador como su padre y el Ejército estaba a punto de interrumpir cualquier abertura. Santos Julià confunde madurez con debilidad. Las derechas, continuadoras de la nomenclatura de aquel estado dictatorial, tienen  todavía un enorme poder sobre este estado continuista, y la muestra de ello es que nada menos que el Tribunal Supremo lleve a los tribunales al único Juez que ha intentado enjuiciar al franquismo, y ello en respuesta a una denuncia realizada por el Partido fascista, la Falange. Una situación bochornosa, de escándalo internacional, que es a la ve esclarecedora de la naturaleza escasamente democrática del Estado español.


Julián Casanovas y la despolitización de las memorias
Lo cual me lleva a la última entrevista, la de Julián Casanovas, de cuyos libros sobre la Iglesia Española he aprendido y citado con frecuencia. Mi admiración por su trabajo no excluye mi crítica hacia sus posicionamientos expresados en la entrevista en este programa de TVE. Julián Casanovas subraya que debe despolitizarse la memoria histórica y  dejar el estudio del pasado a historiadores. Mientras –dice él-, que se entierre a los muertos desaparecidos y con ello se cierre este periodo de nuestra historia. Es una visión un tanto corporativista, que asume que la historia es tarea exclusiva de los historiadores y hay que dejarles que hagan su trabajo. Y que sean sus productos, los libros de historia, los que la juventud estudie para conocer la Historia de España. De no hacerse así, y de continuarse la “politización de la memoria y de la historia”, tal como –según él- está ocurriendo ahora, las cosas se van a complicar demasiado, con jueces y cortes internacionales interviniendo en España, convirtiéndose la recuperación en un show internacional que va a dar una muy mala imagen de España.


En esta postura hay varios supuestos cuestionables. Uno es la posibilidad de despolitizar el análisis histórico, lo cual lo veo imposible y además indeseable. Politizar quiere decir dar voz a los representantes de la población que, dividida en clases sociales, géneros y nacionalidades, tienen distintas memorias, y por lo tanto distintas historias. Es lógico y aconsejable, desde el punto de vista democrático, que sean sus representantes los que prioricen las preguntas y los métodos de investigación en el proceso histórico, realizados por los historiadores. Decir esto no es infravalorar la labor del historiador, sino reconocer que la historia es una tarea mucho más amplia que lo que hacen los historiadores. Es más, los historiadores, como seres humanos, están sujetos a la subjetividad dentro de un proceso científico. De la misma manera que las feministas exigen, con razón, que haya más mujeres entre los historiadores, a fin de ser más sensibles al punto de vista de la mujer en la recuperación de la historia humana, los vencidos tienen el derecho de exigir que haya más historiadores que, bien como hijo o nieto de los vencidos, o de los vencedores con sensibilidad democrática, sean sensibles a los valores democráticos.


Por otra parte, el método histórico se alimenta de la memoria. Y la memoria de los vencidos no se ha recogido. Cualquier memoria es política y, por lo tanto, su recogida es también política. No encuentro censurable que las izquierdas quieran recuperar sus valores políticos en aquella memoria, tal como las derechas lo han hecho (dificultando además ahora que las izquierdas lo hagan). Lo que el compromiso democrático exige es precisamente denunciar el silencio sobre el pasado, causado por las coordenadas de poder (político y mediático) existentes en España, a favor de las derechas. Julián Casanovas parece ignorar que el que controla el pasado, controla el presente. En España, el control de aquel pasado explica la relación de poder en la España actual. Las encuestas muestran como las instituciones más populares en España (excepto en Cataluña y en el País Vasco)  son la Monarquía, el Ejército y la Iglesia, los cuales (con la Banca y el mundo empresarial) son el pilar de las derechas, cuyo poder se  ha traducido en el enorme subdesarrollo social de España, donde el tiempo de visita como promedio al médico es sólo de seis minutos. Inteligencia política es la posibilidad de relacionar hechos. Si hubiera habido rotura, con el estado considerándose heredero de la República (que hizo reformas sustanciales en un corto periodo) y con las izquierdas gobernantes, hoy España tendría un estado del bienestar mucho más desarrollado que el que tiene en la actualidad. En Europa, donde las izquierdas han sido fuertes (como en los países nórdicos), el bienestar social y la calidad de vida, incluida la democrática, han sido mucho más altos que en países como España, donde las derechas han sido muy fuertes.


Por otra parte, la historia no se reproduce sólo a través de los libros de historia, sino a través de la cultura y conocimiento (que va desde el cancionero popular a películas, obras de teatro y un largo etcétera) que promueven una visión de la realidad a costa de otras. Estamos, pues, tocando el tema clave en una democracia que es la producción y reproducción de valores, o lo que mi amigo Norman Chomsky llama “los aparatos de producción del consumo ideológico dominante”. Y creo fácil de mostrar (como lo he hecho en mis libros) que tales medios en España están claramente sesgados excluyendo y discriminando a las izquierdas. La aparente placidez (o Paz, como la llama Pradera) que se da en nuestra sociedad se basa en una enorme represión que margina al que critica y responde a tal represión. De ahí que lo que se requiere es denunciar esta situación, aún cuando aquellos que así lo hagan sean acusados de politizar la realidad. En realidad, lo que están haciendo no es politizar, sino introducir nuevos valores políticos que rompen con aquella placidez, sustentado por otros valores que no son democráticos. Aplaudo así la Ley de la Memoria Histórica aprobada por la Generalitat de Catalunya, que de una manera explícita intenta no sólo enterrar a los muertos, sino desenterrar su memoria y la de los que lucharon en contra del fascismo, intervención que es protestada por las derechas acusando al gobierno de volver a los fantasmas de la Guerra Civil, politizando el pasado. Lo que el gobierno catalán hace es romper con el dominio político de aquel pasado por parte de los responsables del horror de aquellas horribles páginas de nuestra historia. Y esto es lo que creo debe hacerse.


Universidad Pompeu Fabra
Barcelona. Octubre 2010
Publicado por ARMH
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