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Hambre, agotamiento y muerte: refugiados republicanos en Almería tras la Desbandá

Casi 100.000 refugiados, procedentes de la columna de la Desbandá en febrero de 1937, llegaron exhaustos a Almería. Una investigación inédita de los historiadores Eusebio Rodríguez Padilla y Francisco Colomina Sánchez refleja la otra cara de aquellos días, la desesperación por la supervivencia de estos refugiados en una ciudad sumida en el caos.

publico.es / María Serrano / 17-02-2019

Madrugada del 7 al 8 de febrero de 1937. Hace ahora 82 años. Miles de ciudadanos huyeron desde la ciudad de Málaga ante la llegada de las tropas sublevadas y la propaganda radiofónica que infundía Queipo de Llano a todos los vecinos de la provincia. Más de 300.000 ciudadanos hicieron la carretera a pesar del peligro, de las terribles consecuencias que significaba partir sin equipaje ni recursos a ningún parte.

Pegados al mar, perseguidos y bombardeados por las tropas franquistas, huérfanos, ancianos, mujeres y hombres desconsolados por tantas pérdidas llegaron a una de las últimas ciudades republicanas al final de la guerra, Almería. El gobernador civil Morón Díaz acogería a más 100.000 refugiados. “Venían la mayoría de la Desbandá. Era una huida hacia ninguna parte“, apunta el investigador Eusebio Rodríguez Padilla a Público. En menos de un mes, la provincia de Almería triplicó sus habitantes. “Pasaron de 50.000 a una cifra desorbitada, 150.000 personas para las que no había apenas recursos”.

Era una estampida hacia el abismo. Desde la caída de Málaga en enero de 1937, Andalucía Oriental estaba movilizada en una huida masiva para sobrevivir. “Solo queríamos escapar de las bombas y las muertes diarias de demasiados vecinos y amigos que sembraron de muerte. Los cuerpos se encontraban descuartizados en plena carretera”, alegan los testimonios. De aquellos supervivientes, ya solo quedan las vivencias de los niños que reconstruyen el terrible episodio. Los investigadores Eusebio Rodríguez Padilla y Juan Francisco Colomina Sánchez han elaborado una investigación inédita en el libro La Desbandá de Málaga en la provincia de Almería (editorial Círculo Rojo). Ambos historiadores señalan a Público cómo en aquella España republicana, una de las provincias más alejadas de los combates fue Almería, que “se convirtió en un destino idóneo para los refugiados. Un lugar donde la guerra no llegaría nunca”. El libro cuenta cómo recayó en los Comités locales y los ayuntamientos, la atención a los refugiados encargados de procurarles alojamiento, atención sanitaria y alimentación.

Anuncio del Comité Nacional de Refugiados el 18 de febrero de 1937

Padilla y Colomina afirman que “la actuación de los refugiados malagueños en su deambular por la provincia reflejaba lo padecido en el viaje”. Tenían un fuerte estado de indignación. Demasiadas muertes vividas en el camino.

Así lo reflejaba también la prensa local ante la llegada de la primera oleada el 8 de febrero de 1937. “No podemos negar la congoja que nos invade al ver desfilar por las calles de nuestra ciudad esa interminable caravana de evacuados. Todos estamos obligados a poner nuestro esfuerzo para evitar lo que tan sólo es una simple consecuencia de la lucha (…)”.

La llegada de 100.000 refugiados a una ciudad colapsada

La auténtica avalancha de los malagueños plantea a las autoridades almerienses un grandísimo problema humanitario. La cifra oficial más certera que se baraja es la dada por la corresponsal de Holanda Het Voll, que eleva hasta los 150.000 la población refugiada a partir de 1937.

Hay una pregunta clave en medio de este escenario y es si se acabó el sufrimiento para los refugiados al llegar a suelo republicano. Rodríguez Padilla remarca que “la intención de las fuerzas sublevadas y la aviación italiana y alemana era hacerles aún más la vida imposible a estos refugiados“. En la tarde del día 12, cuando las calles estaban repletas por una cola de más de cuarenta mil refugiados en estado de agotamiento empezaron a caer bombas. La sirena sonaría treinta segundos antes de que cayera el primer bombardeo. La calle quedaría convertida en una auténtica carnicería.

En la documentación del gobierno civil de Morón Díaz consta cómo en aquella jornada negra se “arrojaron cuarenta bombas graduadas de gran potencia, causando medio centenar de muertos y cerca de cien heridos”.

Los comités refugiados piden ayuda desinteresada a los vecinos de Almería

Los Comités Locales de Refugiados, las organizaciones sindicales, el Socorro Rojo Internacional o la organización anarquista Solidaridad Internacional Antifascista empiezan a funcionar sin descanso para dar cobertura en medio del caos.
El Comité lanzaría un mensaje a la población civil en el Diario Adelante. “Rogamos a todos los ciudadanos de Almería y a los comités locales de la provincia que nos faciliten camas para poder atender a las familias que vienen huyendo del terror fascista”.

Estos Comités tenían una misión clara, liberar a los Ayuntamientos de sus obligaciones con los desplazados y también se encargaron de la distribución de refugiados entre las familias para su alojamiento. La ley obligaba a los vecinos a dar comida y cobijo a los recién llegados. Y es que el problema de los refugiados en la retaguardia republicana fue asumido por el Gobierno como un problema de Estado.

Refugiados en Almería

Cayetano Martínez Artés era presidente en 1936 del Comité Provincial del Socorro Rojo Internacional en Almería. A pesar de su ayuda desinteresada y su escasa vinculación política, al finalizar la guerra fue condenado a muerte y ejecutado el 6 de septiembre de 1939. Su única significación era estar afiliado al PSOE. Su profesión era oficial de correos.

El comité también atendía guarderías Infantiles junto al Socorro Rojo Internacional. Sofía Plaza García regentaba una de ellas. Esta protagonista anónima tenía solo 20 años de edad. Era soltera, enfermera, natural de Fiñana y vecina de Almería. A la finalización de la guerra fue condenada a la pena de 12 años y un día de prisión por su ayuda a los refugiados durante la guerra civil.

Ante el desplazamiento de refugiados hacia otros puntos de la provincia el gobernador Morón Díaz, iba también distribuyendo a los recién llegados entre todos los municipios de la provincia.

José Gutiérrez fue uno de aquellos alcaldes que se volcó en el pueblo de Dalías con los refugiados. “Este alcalde republicano se acercaría al domicilio del maestro de escuela y levantó un inventario de los muebles, propiedad del maestro, para que fueran trasladados y así acoger a una familia de refugiados. También requisó algunos muebles a personas de significación derechista en el pueblo para atender a los que no tenían medios”, destacan testimonios orales del municipio.

“No se pudo dar cabida en el cementerio a todos los cadáveres”

El deplorable estado físico en el que llegaron los refugiados queda constatado en el libro de urgencias del Hospital de Almería. “Mayoritariamente llegaban con llagas con úlceras en piernas y pies, agotamiento físico y heridas de metralla”. Hay que destacar que, del total de ingresos, un mínimo de 152, se corresponden a menores de 16 años. Seis de ellos era bebés.

Uno de los episodios más negros y desconocidos que se documentan en la investigación “La Desbandá de Málaga en la provincia de Almería” fue la enorme columna de refugiados que llega hasta el municipio de Adra. Miles de ancianos, mujeres y niños. Sin embargo, el 8 de febrero vivieron el peor asedio de las bombas de la Legión Cóndor. La aviación alemana quiso hostigar a los refugiados que se encaminaban a Almería. Centenares de evacuados cayeron muertos en la propia vía por la metralla. “Fue tan grande la dimensión de la masacre que el cementerio municipal no pudo dar cabida a todos los cadáveres. Se hizo necesario abrir zanjas en los alrededores de Puente del Río (Adra-Almería)”, aclara la investigación.

Refugiados desplazados a Ciudad Real, Murcia, Alicante, Valencia

Los refugiados menos afortunados tuvieron que improvisar refugios en las calles de Almería durante meses. Hicieron su vida diaria en la intemperie hasta el 23 de abril de 1937. En aquella fecha el Delegado de Evacuación procede a la re¬cogida de refugiados por las calles de Almería para enviar a los hombres a Fortificaciones y a las mujeres, niños y ancianos a otras provincias donde se les podría dispensar mejor calidad de vida. Otros fueron trasladados a zonas costeras del levante, así como las provincias de Ciudad Real, Murcia, Alicante, Valencia, Castellón, Tarragona y Lleida.

Recorte de prensa local el día del bombardeo en Almería a los refugiados. Febrero 1937

Hay documentación que refleja que incluso algunos niños de aquella Desbandá fueron llevados a la Unión Soviética, en la expedición que sale del puerto de Valencia el 21 de marzo de 1937 en el buque Cabo de Palos.
Otra de las últimas soluciones fue llevar a los jóvenes a las columnas, ya agotadas, del Ejército Popular de la República, concretamente al “Batallones Antonio Coll y el Batallón Floreal” casi al final de la guerra.

La República logró evacuar a todos los refugiados, aunque aquello también significó para muchas familias y niños la separación durante un largo tiempo. Muchos estuvieron sin verse hasta finalizada la guerra y bien entrada la posguerra.

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Fotografía destacada: Columna de refugiados. / Libro ‘La Desbandá de Málaga en la provincia de Almería’.

Fuente:https://www.publico.es/politica/hambre-agotamiento-muerte-refugiados-republicanos-almeria-desbanda.html

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“El régimen franquista castigó al 21% de los maestros de la provincia tras la Guerra Civil”

Jesús García Díaz Autor de una tesis doctoral sobre la represión del régimen franquista a los maestros nacionales en la provincia de A Coruña entre 1936 y 1945

“Los sancionados podían ser separados definitivamente del puesto, suspendidos de empleo y sueldo desde un mes a indefinidamente o trasladados a otra provincia”.

laopinioncoruna.es / José Manuel Gutiérrez / 16-02-2019

La Diputación acaba de editar el libro La depuración del Magisterio Nacional en la provincia de A Coruña (1936-1945), tesis doctoral de Jesús Manuel García Díaz que recibió el premio Luis Tilve de Investigación e Divulgación Histórica. Se trata del primer trabajo sobre este proceso contra los maestros públicos tras el inicio de la Guerra Civil, que revela que un 21% de ellos fueron castigados en la provincia al ser considerados contrarios al régimen.

 ¿Cuál es el origen de su investigación sobre la depuración de maestros en la provincia tras la Guerra Civil?

-Quería hacer una tesis doctoral y el historiador Julio Prada Rodríguez me propuso investigar la depuración de los maestros y me dio a elegir las provincias de A Coruña o Pontevedra porque otra compañera iba a hacer la de Lugo. Empecé la tesis en noviembre de 2013 y se defendió, curiosamente, el 18 de julio de 2017, en la Facultad de Historia de Ourense. Es la primera investigación completa que se hace en Galicia sobre una provincia, analiza todas las frases del proceso depurador y las compara, genera una base de datos con 200.000 entradas, analiza el tiempo de resolución de los expedientes y de espera entre las distintas instancias, así como la aportación de cada una de ellas a la resolución final y los recursos presentados. También intenta reconstruir el paisaje sociocultural de un territorio rural con su moral, mostrando los consensos y disensos de los individuos con el nuevo régimen y permite conocer la situación personal y económica de los maestros castigados.

 ¿Cree que los maestros fueron especialmente perseguidos por el régimen franquista?

-Sin duda, que no le quepa a nadie la menor duda. Era una urgencia actuar contra ellos porque eran los educadores de los nuevos españoles, por lo que había prisa por depurarlos. Hablo de depuración administrativa porque se confunde con el asesinato. Hubo maestros que fueron asesinados, pero el objetivo de mi investigación es que fueron sometidos a un expediente de depuración. Para estudiarla hay que ir al Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares, donde se encuentra el grueso de los expedientes de los maestros de toda España. Allí encontramos 2.000 expedientes de A Coruña.

 ¿Es esta la cifra definitiva de maestros depurados?

-Hay expedientes repetidos, por lo que en realidad son 1.968, pero revisando la prensa y el Boletín Oficial de la Provincia el número exacto fue de 2.061. Entre ellos hay 23 de maestros que fueron ejecutados por motivos como ser izquierdista, comunista, del Frente Popular, de la Asociación de Trabajadores de la Enseñanza o de la Federación de Trabajadores de la Enseñanza de UGT. Hay otros 21 expedientes de maestros que fueron encarcelados por ser masones, rebeldes, comunistas o espías.

 ¿Las acusaciones eran reales en todos los casos?

-La mayor parte de las denuncias se debían a las rencillas y envidias en el medio rural, y sobre todo a venganzas. El proceso de depuración tuvo tres fases, en la primera de las cuales intervino la autoridad gubernativa militar en julio y agosto de 1936. Si acusaban de algo, los militares castigaban directamente sin posibilidad de recurso y hubo 473 maestros sancionados. Como el curso se echaba encima, le pasaron esta labor a la máxima autoridad educativa de cada región, que en Galicia era el rector de la Universidad de Santiago, a quien le llegaron 164 expedientes, de los que hubo 121 sancionados y 43 absueltos. En ese periodo también actuó la Junta de Decanos, que revisó los casos de 12 maestros y sancionó a 8. La segunda fase está marcada por el decreto del 8 de noviembre de 1936, con el que los sublevados organizaron el plan de depuración con numerosa legislación, en la que figuraban las comisiones provinciales de depuración. Por la de A Coruña pasaron 1.967 expedientes y hubo un 27% de absueltos. Los expedientes pasaban después por la Comisión de Cultura y Enseñanza, que solía confirmar las decisiones anteriores y analizó 190 expedientes de los que absolvió al 39%. La última fase llegó en enero de 1938 con la creación del Ministerio de Educación Nacional, cuya Oficina Técnica Administrativa actuó hasta 1944 y dictó 695 resoluciones, con un 99% de absoluciones. También existía la Comisión Superior Dictaminadora, que emitió 1.095 resoluciones sobre maestros coruñeses, de las que el 69%. Al ver que la depuración se les iba de las manos, crearon el Juzgado Mayor de Revisiones para analizar los recursos y que analizó 645 expedientes, de los que absolvió al 66% de los maestros.

 Había una auténtica maquinaria administrativa para desarrollar este proceso.

-Y muy bien pensada. Al final tuvieron una resolución definitiva 1.963 maestros de la provincia, de los que fueron castigados el 21% y absueltos el 79%. El número total de maestros en la provincia era de 2.184 y examinaron a todos, aunque no sabemos qué pasó con todos ellos.

 ¿En qué consistían los castigos impuestos?

-Podían separarlos definitivamente del puesto, suspender de empleo y sueldo desde un mes a indefinidamente y trasladar a otra provincia y si eras nacionalista a la otra punta del país. Las infracciones podían ser políticas, sociales, profesionales y religiosas o morales. Te ponían denunciar por tener una criada en casa si eras soltero, si ibas con amigos al baile si eras jovencita, si no vestías como ellos querían o te pintabas las uñas, algunos fueron acusados de mujeriegos y alguna maestra de pegarle al marido, así como de no tener “fervor por el glorioso movimiento salvador”. Se pedía un informe de cada maestro del párroco, del alcalde, de la Guardia Civil y de un padre de familia de buenas costumbres. También podían informar la Falange, algún vecino, empresario, algún maestro delator e incluso algún inspector de educación, pero eran tenidos en cuenta sobre todo los de los curas, que eran los más meticulosos, ya que contaban con unos cuestionarios muy puntillosos en los que se preguntaba sobre cuestiones profesionales, sociales, políticas, sindicales y religiosas.

 ¿Quedaban marcados socialmente los castigados?

-A pesar de que los absueltos fueron más que los sancionados, eso no quiere decir que para los que se libraron ese periodo fuera un camino de rosas, ya que hubo 266 maestros perdonados al final del proceso pero que en una fase anterior habían sido sancionados. Los que volvían a trabajar no tenían más remedio que tragar con ruedas de molino y amoldarse a la nueva ideología, aunque hubo maestros que acogieron muy bien el nuevo régimen.

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Fotografía destacada: Jesús García Díaz, con su obra, esta semana.| Víctor Echave

Fuente:https://www.laopinioncoruna.es/coruna/2019/02/16/regimen-franquista-castigo-21-maestros/1375798.html

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Emilio Silva: “En ocho meses de gobierno no se ha hecho prácticamente nada en memoria histórica”

El cofundador de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) Emilio Silva fue entrevistado en la sección semanal de memoria histórica de La Cafetera de radiocable.com. Silva criticó que “en ocho meses de gobierno con el tema de la memoria no se haya hecho prácticamente nada”. Y el gobierno “se haya dedicado a focalizarlo todo” en la exhumación de Franco.

radiocable.com / 14-02-2019

En caso de que venza la legislatura estaremos ante “una oportunidad perdida”, dijo. Porque “en ocho meses se podrían haber hecho bastantes cosas”– insistió.

“A Franco se le podía haber sacado”– aseguró. Y rescató el ejemplo del alcalde de Pamplona,  en noviembre de 2016, “con los restos de Mola y Sanjurjo que estaban en el Monumento a los Caídos”.

Emilio Silva considera que “el gobierno debería haber sido más valiente y haber sacado a Franco directamente”. Y señaló que “el PSOE lleva años jugando electoralmente con los restos de Franco”. Y recordó cuando en 2011 encargó un informe a un grupo de expertos que presentó a finales de octubre, cuando las elecciones eran en noviembre y “los presentó asumiendo que iba a perder las elecciones”.

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Fuente:http://www.radiocable.com/emilio-silva-gobierno-memoria-historica-245.html

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