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Una visita (obligada) a la Fundación Francisco Franco

Del muro más alejado de la habitación cuelga un retrato en el que se le ve con uniforme militar de gala y supuesta pose de estadista; sin embargo, la gran bola del mundo que aparece junto a él evoca, más bien, esa figura grotesca del Gran Dictador que clavó el genial Charles Chaplin.

eldiario.es / Carlos Hernández / 11-01-2018

Son las diez y media de la mañana. Me encuentro sentado en una pequeña sala delante de un ordenador. En la pared hay cuatro fotos en blanco y negro de Francisco Franco reunido con otros tantos mandatarios internacionales. A mi espalda reposa un busto negro que representa a un “Generalísimo” ya entrado en años. Del muro más alejado de la habitación cuelga un retrato en el que se le ve con uniforme militar de gala y supuesta pose de estadista; sin embargo, la gran bola del mundo que aparece junto a él evoca, más bien, esa figura grotesca del Gran Dictador que clavó el genial Charles Chaplin.

Pasan los minutos, miro a un lado… a otro… y no dejo de preguntarme: ¿Qué hago yo en este altar dedicado a glorificar al hombre que asesinó a cientos de miles de españoles, al tirano que encarceló y represalió a millones de compatriotas, al golpista que secuestró nuestras libertades durante casi cuarenta años, al machista que condenó a la mitad de la población a la cocina, la crianza, la cama y la pata quebrada? La respuesta está en el ordenador que tengo frente a mí. No estoy aquí por morbo, curiosidad o placer; estoy aquí por obligación. La Fundación Nacional Francisco Franco posee 27.357 documentos oficiales del Estado español. En la España democrática del siglo XXI cualquier periodista, historiador e investigador que busque documentación sobre la dictadura tiene que pasar por este obsceno museo dedicado a santificar al genocida.

Mi perplejidad va creciendo según buceo en la información que aparece en la pantalla. Telegramas remitidos por los sucesivos ministros de Asuntos Exteriores, informes de la Dirección General de Prisiones, proyectos elaborados por diversos ayuntamientos, decretos del Ministerio de Justicia, notas del Consejo de Ministros… Casi 30.000 documentos oficiales que deberían estar almacenados en archivos estatales y que se encuentran secuestrados por los herederos del dictador. Eso sí, al menos su consulta es rápida y sencilla; todo está digitalizado gracias a los más de ciento cincuenta mil euros de dinero público que José María Aznar, cuando era presidente del Gobierno, otorgó graciosamente a la fundación.

Según avanzo en el análisis voy constatando lo evidente. Los archivos están depurados, seleccionados, manipulados… ¿Alguien podía imaginar que los verdugos iban a airear las pruebas de sus crímenes? Apenas hay un par de documentos sobre prisioneros de guerra republicanos y, en cambio, varias decenas sobre voluntarios de la División Azul capturados por las tropas soviéticas durante la II Guerra Mundial. Salvo algún papel intrascendente, el grueso de la documentación del periodo 1939-1943 ha desaparecido. Esos años en los que Franco fue aliado fiel de Hitler y de Mussolini, en los que las calles de España se llenaron de cruces gamadas y de retratos del Führer, en los que los barcos nazis repostaban en nuestros puertos, en los que la Gestapo campaba a sus anchas por Madrid o Barcelona, en los que se enviaban minerales a las fábricas de armamento de Berlín, en los que Serrano Suñer y otros mandatarios del régimen viajaban con frecuencia al territorio del Reich para coordinar sus esfuerzos bélicos y represores, en los que los agentes nazis capturaban a exiliados españoles en Francia para entregarlos a la policía franquista… esos años han sido borrados de la Historia.

Pasan las horas y, como investigador, cada vez me siento más humillado. He visitado archivos por toda Europa. No creo que sea necesario decir que no tuve que acudir a ninguna Fundación Adolf Hitler en Alemania para acceder a los documentos de los campos de concentración nazis, ni a una Asociación Philippe Pétain en Francia para obtener copia de la información oficial generada por el Gobierno colaboracionista de Vichy. No puedo dejar de preguntarme qué habrán pensado y qué pensarán de nosotros, como país y como democracia, los investigadores franceses, británicos, alemanes o estadounidenses que hayan estado sentados en esta misma silla. Qué opinión tendrán de una nación que no solo permite que sea legal una fundación dedicada a “la difusión de la memoria y la obra” de un dictador, sino que la financia con dinero público, concede exenciones fiscales a quienes le donan fondos y tolera que custodie una documentación oficial que en cualquier país civilizado reposaría en archivos estatales y públicos.

En este santuario franquista, ¿a quién puede extrañar que apenas haya referencias documentales a la sistemática y sangrienta represión ejercida durante cuatro décadas? Una de las escasas excepciones es un documento de la Dirección General de Seguridad, fechado en 1972. En él se alerta sobre actividades estudiantiles contrarias al régimen. Se detallan reuniones, actos clandestinos y se señala con nombre y apellidos a un profesor universitario del que se dice que “utilizó su clase para criticar al Gobierno”. Me pregunto qué sentiría ese docente si supiera que su historia y su expediente siguen custodiados por sus verdugos.

Este último pensamiento me lleva a salirme de mi perfil profesional. Además de periodista e investigador, soy descendiente de víctimas del franquismo. No me gusta incidir en ello, pero creo que en este caso es necesario poner también el foco en este aspecto porque son muchos los hijos, nietos y bisnietos de represaliados que, buscando información sobre sus ascendientes, habrán pasado o tendrán que pasar por este siniestro lugar. Mi abuelo fue “paseado” en el otoño de 1936 por falangistas y guardias civiles por haber militado en la UGT; mi tío acabó en el campo de concentración nazi de Mauthausen después de que Franco pactara con Hitler su deportación, junto a más de 7.000 españoles que habían sido capturados por las tropas alemanas durante la invasión de Francia. Vuelven las preguntas a mi cabeza: ¿Es sana una democracia que obliga a los familiares de las víctimas de la dictadura que investigan la historia de sus seres queridos a visitar una fundación que hace apología de sus verdugos? ¿Qué diríamos si los descendientes de los judíos víctimas del Holocausto tuvieran que sentarse en una sala con retratos de Hitler para indagar sobre el terrible destino de sus antepasados? ¿Qué ocurriría si el hijo o la viuda de un asesinado por ETA tuviera que visitar la Fundación Artapalo, repleta de retratos de etarras y de serpientes abrazadas al hacha, para buscar información sobre el asesinato de su padre o esposo?

Son preguntas simples con contestaciones aún más sencillas. Y siendo así, ¿por qué en 40 años de democracia se sigue permitiendo la existencia no solo de esta fundación, sino de otras como la Ramón Serrano Suñer, la Proinfancia Queipo de Llano o la José Antonio Primo de Rivera que están dedicadas a enaltecer el fascismo, la dictadura y la represión? No sé si es parte de la respuesta, pero en cualquier caso resulta sintomático lo que encuentro en la propia pared, que aún tengo frente a mí, en la Fundación Francisco Franco. Un documento enmarcado con sumo cuidado, junto a las fotos del dictador, ordena al Abad de la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos que “habiéndose Dios servido llevarse para SI, a SU EXCELENCIA EL JEFE DEL ESTADO Y GENERALÍSIMO DE LOS EJÉRCITOS DE ESPAÑA, DON FRANCISCO FRANCO BAHAMONDE (q.e.G.e.) (…) os encarezco los recibáis (los restos mortales) y los coloquéis en el Sepulcro destinado al efecto, sito en el Presbiterio entre el Altar Mayor y el Coro de la Basílica…”. El escrito está fechado en el “Palacio de la Zarzuela, a las dieciséis horas del día 22 de noviembre de mil novecientos setenta y cinco” y firmado por “Yo el Rey”.

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Fotografía destacada: “Vista parcial de la sala de consulta para investigadores de la Fundación Nacional Francisco Franco” C. H.

Fuente:http://www.eldiario.es/zonacritica/visita-obligada-Fundacion-Francisco-Franco_6_728337185.html

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Foto a María García, con documentos del patronato de protección a la mujer. F. Otero Perandones.
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Cautiva por ser madre soltera

LAS PRESAS DE CARMEN POLO. María García, la fundadora de la primera asociación de madres solteras de España, relata los nueve meses que pasó en 1972 recluida en Peñagrande, una inclusa para jóvenes ‘descarriadas’ que dependía del Patronato de Protección a la Mujer presidido por la esposa del dictador.

diariodeleon.es / Ana Gaitero / 07-01-2018

Miles de españolas, desde los 16 hasta los 25 años, sufrieron la represión del Patronato de Protección a la Mujer del que fue presidenta la esposa de Franco, Carmen Polo, y cuya misión era «la dignificación moral de la mujer, especialmente de las jóvenes, para impedir su explotación, apartarla del vicio y educarla cristianamente».

El patronato, confesional por definición, tenía atribuciones para tutelar e internar a las mujeres en establecimientos regidos por órdenes religiosas, que en la práctica eran cárceles con un severo régimen disciplinario y de las que no se podía salir sin el permiso de la institución.

Su autoridad estaba por encima de los tribunales. Así lo decidió Franco en la ley de 20 de diciembre de 1952 que reguló el Patronato de Protección a la Mujer, que venía funcionando desde 1941 como heredero del antiguo Patronato Real para la Represión de la Trata de Blancas: «Las medidas de protección o regeneración no se suspenderán por la incoación de procedimientos ante los tribunales», señala su artículo 21. No se extinguió hasta 1985.

Las juntas nacional y provinciales asumían la tutela y guarda de las mujeres, incluso mayores de edad: «Ejercerán sobre las mujeres las funciones de vigilancia, recogida, tratamiento e internamiento».

La leonesa María García fue una de las mujeres que sufrió el yugo de esta institución. Su delito: quedarse embarazada con 16 años y no casarse. Tras ser expulsada del colegio de monjas en el que cursaba cuarto de bachillerato, ella misma solicitó el ingreso en la Institución Nuestra Señora de la Almudena de Peñagrande (Madrid), el centro de reclusión que el patronato creó para las madres solteras. «Me sentía rechazada en León y pensé que era una solución», confiesa.

«Una compañera de trabajo de mi hermana me había hablado muy bien y yo misma se lo propuse a mi padre, que tuvo que ceder la tutela al Patronato de Protección a la Mujer», añade. Su padre firmó la cesión de la tutela, como era preceptivo. Era el mes de marzo de 1972 y estaba embarazada de cuatro meses, según la exploración médica. Cuando se subió al tren con la visitadora que la acompañaba, como si fuera una policía social, no se imaginaba lo que iba a encontrar en aquel edificio de la calle Isla Malaita, 2 y 4, en aquellos tiempos a las afueras de Madrid.

«Aquello era una cárcel. Nada más entrar me encontré con cien mujeres embarazadas haciendo trabajos de costura para El Corte Inglés y rezando el rosario. Estaba asustada y me eché a llorar. Pero la monja me gritó: «Aquí no hay papá que pague» y me acompañó a la celda. Allí quise morirme y empecé a escribir a mi madre para que me sacara, pero no le enviaban las cartas», recuerda.

En la institución había mujeres de pago, «hijas de familias de la alta sociedad que iban allí a dar a luz y muchas veces daban el niño en adopción», apostilla. La mayoría pagaban con trabajo la reclusión, a pesar de que el patronato compensaba a las monjas con una cantidad por cada mujer. «Fregábamos el suelo de todas las galerías y la guardería rodillas, con estropajo y jabón, recogíamos la fruta para las monjas, que a nosotras no nos daban fruta, y por la tarde costura. Éramos negocio de todo el mundo», subraya.

Bajo la férrea tutela de las Cruzadas Evangélicas, María García vivió en Peñagrande nueve meses infernales. Las despertaban con la canción Manda rosas a Sandra y por la tarde, aparte del rosario y las jaculatorias, había sesión de radionovela. La popular Simplemente María discurría con su tono moralizante mientras ellas daban una puntada tras otra sin parar. «A ver si aprendéis», les decía.

La comida era deficitaria en nutrientes y excesiva en hidratos de carbono. «Nos daban comida para que engordáramos y tuviéramos un parto más difícil», añade. Ella no se dejó. «Cuando teníamos que bajar la fruta nos guardábamos algo en la barriga. Una vez nos pillaron y nos castigaron a comer solo plátanos pasados en puré. Desde entonces no los pruebo», explica. La col era la única verdura que se veía por allí. Acostumbrada a la huerta de casa, «me hacía ensaladas con el cogollo», apostilla.

Aún así la hora del parto fue otro duro trago de dos largos días de dolor, sin que le suministraran ningún tipo de calmante. Por no recibir, ni apoyo moral. Muy al contrario, la humillación era la moneda corriente en el trato cotidiano de las monjas hacia las mujeres ‘caídas’ o ‘descarriadas’. Si en misa solían oír al cura: «Vosotras, que sois de las cuatro letras», en el paritorio el tono se elevaba: «¡Ay zorra, ¿no te acuerdas cuando estabas debajo?», era el reproche habitual.

Las chicas se ayudaban unas a otras como podían. «Alguna murió después del parto y estoy segura de que hubo niños con problemas de salud por negligencias», afirma.

La capacidad redentora y reeducadora de aquella institución queda muy en cuestión en su testimonio: «Mi primer cigarrillo lo fumé el día que di a luz. Antes nunca había fumado. Mi madre se quedó asombrada cuando llegué a casa», asegura María García.

Si malo fue entrar en Peñagrande sin saber a lo que se enfrentaba, peor fue salir. Nada más que dio a luz sus padres iniciaron los trámites para que la dejaran en libertad y a su cargo. Pero tardaron meses en conseguirlo y tuvieron que emprender un pleito.

Los documentos no dan lugar a dudas sobre el poder que ejercía el Patronato de Protección a la Mujer y la institución de Peñagrande como su delegada sobre las mujeres que caían bajo su tutela, bien por denuncia de los padres o bien por desconocimiento de las consecuencias de renunciar a la tutela sobre las hijas.

En el expediente de María García, el número 2520/72, figura un documento del 22 de marzo de ese año que dice: «En el día de la fecha me hago cargo de la mujer María García Álvarez, la cual no será entregada a nadie, ni aún visitada sin autorización expresa de esta Junta Provincial, bajo cuya protección queda internada en este establecimiento. Dios guarde a usted muchos años», era el remate de todos los escritos oficiales.

Las súplicas de su padre para que la dejaran en libertad no surtieron efecto, pese a que aportó certificados médicos sobre la enfermedad de su mujer y alegó que su hijo también estaba fuera de casa, y de la península, pues cumplía el servicio militar obligatorio fuera de su territorio. El escrito, de su puño y letra, está fechado en el mes de septiembre. También alegó que la joven había cursado hasta tercero de bachillerato y que como estaba a punto de comenzar el curso escolar no quería que perdiera otro año. No se le dio opción a estudiar en Madrid, en los centros que el patronato tenía concertados para las jóvenes internas de Peñagrande.

Pero la respuesta, negativa y tajante, se hizo esperar más de dos meses. El 28 de noviembre de 1972, recibió respuesta negativa y tajante: «Tengo el honor de comunicarle que la citada joven, aunque se ha superado en su comportamiento, estimamos que es demasiado pronto para enfrentarse con su problema. Vemos por otra parte la necesidad que tiene de una mayor formación moral y social».

Las acciones judiciales que emprendió el padre y la huelga de hambre de su madre a la puerta del centro surtieron efecto pocos días después de este escrito. El 14 de diciembre quedaba firmada la carta de libertad de María García Álvarez, aunque la joven madre no saldría del recinto de Peñagrande hasta el 21 de diciembre, como bien recuerda 45 años después.

En el tiempo que estuvo en Peñagrande no se le dio opción a estudiar en Madrid, en los centros que el patronato tenía concertados para las jóvenes internas de la residencia de Nuestra Señora de la Almudena. La única salvación que veían para ellas era el matrimonio. María recuerda que los domingos, en la misa de 12, se abrían las puertas de la iglesia y entraban muchos hombres. Una vez situados estratégicamente en los bancos, «nos hacían desfilar a nosotras para que nos vieran y escogieran». Era muy joven pero tuvo claro que no se casaría desde el momento que tuvo a su hijo en brazos. Aquel día, mientras daba el pecho a Tomás, se juró que «nunca me casaría y que llegaría el día en que sería respetada como madre soltera en León». Hoy es una referencia para las familias monoparentales en España y a nivel internacional, como presidenta de la Fundación Isadora Duncan, hija de la asociación que creó en 1984.

El camino ha sido largo y difícil. La condición jurídica y social de las madres solteras está a años luz de la marginación y humillaciones que sufrieron, aunque la discriminación, sobre todo fiscal, sigue existiendo. María García recalca que «no fui la única» que sufrió el yugo del patronato. «Hubo algunas chicas que no lo soportaron, se suicidaron», afirma con una emoción contenida.

El regreso a León supuso volver a enfrentarse con el rechazo y los prejuicios sociales hacia las madres solteras. «Nunca le agradeceré bastante a mi padre cuando un día se presentó un hombre mayor con una chica joven en casa y le ofreció buscar a uno como él para mí: «¿Tú crees que yo voy a casar a mi hija con viejo?», le espetó. «La chica me miró como diciendo: ¡Qué suerte has tenido!».

María García recuerda también las palabras de su madre: «Quiso que volviera a estudiar, me animaba a salir a bailar y me decía que aunque ella aún tenía que educarme, al mismo tiempo yo tenía que responsabilizarme de hijo», Pero una cosa era la realidad de casa y otra la que vivía en la calle.

Las habladurías sobre abortos, novios, amantes se juntaban con las miradas acusatorias. Nunca cedió. Ni aceptó el libro de filiación que daban a las madres solteras, en lugar de libro de familia. En 1984 lo consiguió. Acostumbrada a leer la prensa en casa (su abuelo recibía periódicos de León, La Bañeza y Astorga), alzó su voz en escritos y un día convocó a las madres solteras de León para crear la asociación. «Al principio venían hombres en busca de mujeres para casarse y creo que algunas se fueron porque siempre mantuve que el matrimonio es una opción, no una solución», apostilla.

La formación, primero en estudios básicos y luego profesionales, fue uno de los pilares de la Asociación de Madres Solteras Isadora Duncan, como se llamó inicialmente. «La independencia económica y emocional son fundamentales», añade. A mí nunca me abandonó un hombre, hizo dejación de sus funciones como padre», recalca.

Nunca había querido contar aquel episodio con detalle. Recordar Peñagrande, «era muy doloroso», admite. Después de lo vivido y de aparecer en Las desterradas hijas de Eva, el libro de Consuelo Consuelo García del Cid sobre los abusos y maltrato a las mujeres sometidas al imperio del patronato, cree que es el momento de que «la historia de las mujeres salga a la luz», especialmente, las «obreras y campesinas» que siempre han quedado al margen, incluso a veces, del feminismo centrado en las élites intelectuales y sociales. «Si alguien ha tocado de lleno en la línea de flotación del patriarcado somos las madres solteras», subraya.

La fundación trabaja también con mujeres migrantes y con menores y desarrolla programas de empoderamiento de las mujeres para su autonomía emocional y económica, así como de apoyo y educación en igualdad a menores. La incorporación de las niñas al mundo de la ciencia y la tecnología, con particular atención a la robótica, son proyectos punteros.

El camino ha sido largo y difícil. La condición jurídica y social de las madres solteras está a años luz de la marginación y humillaciones que sufrieron, aunque la discriminación, incluida la fiscal, sigue existiendo. La fecundación in vitro ha cambiado el concepto social de madre soltera. «A ellas se las ve como madres por elección, a nosotras no. Éramos las de las cuatro letras».

María García se ríe al contar una anécdota con el cura de su pueblo: «Pasé de ser puta a santa cuando aprobaron la ley del aborto, me ponía como ejemplo de que no había abortado». Lo que no esperaba el sacerdote es que ella respondiera que «defiendo el aborto libre y gratuito. La decisión es nuestra».

Bajo el yugo tras liberarse de Peñagrande

Documentos que acreditan el férreo control que el Patronato de Protección a la Mujer ejercía sobre las jóvenes. María García obtuvo la carta de libertad el 14 de diciembre de 1972 y salió de Peñagrande siete días después. Pese a ser reintegrada al hogar familiar —otro documento especifica que será entregada a su hermana Josefa— el Patronato deja claro y por escrito: «Salió del Colegio, quedando en Vigilancia Tutelada desde esa fecha».

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Fotografía destacada: María García Álvarez, presidenta de la Fundación de Familias Monoparentales Isadora Duncan, con su expediente del Patronato de Protección a la Mujer. F. OTERO PERANDONES –

Fuente:http://www.diariodeleon.es/noticias/afondo/cautiva-ser-madre-soltera_1216690.html

 

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Una treintena de herederos de franquistas mantienen los títulos nobiliarios que les otorgó el dictador

Gobiernos populares y socialistas han renovado en democracia los títulos que concedió el dictador a numerosos líderes de la represión franquista.

Un sobrino de Primo de Rivera mantiene su ducado y un hijo del general que perpetró la masacre de Badajoz, el de Marqués de San Leonardo de Yagüe.

“Como no se hace referencia alguna en la Ley de Memoria Histórica, las sucesiones seguirán adelante”, explica un experto en derecho nobiliario.

eldiario.es / Carlos Hernández / 06-01-2018

En la España democrática del siglo XXI sigue habiendo títulos nobiliarios dedicados a homenajear a quienes protagonizaron los peores crímenes de la guerra y la posterior dictadura. Las distinciones fueron otorgadas en su día, con carácter perpetuo y hereditario, gracias a una ley promulgada por el propio Franco en la que anunciaba su intención de agradecer así las “acciones heroicas” desarrolladas durante “nuestra cruzada”.

Setenta años después de la promulgación de esa legislación franquista y a pesar de que el dictador lleva más de cuatro décadas bajo una losa, un sobrino del fundador del partido fascista español ostenta el tratamiento de Duque de Primo de Rivera, un nieto del Carnicero de Sevilla posee el Marquesado de Queipo de Llano y un hijo del general que perpetró, entre otras, la masacre de Badajoz mantiene el título de Marqués de San Leonardo de Yagüe.

No son tres casos excepcionales. De los cuarenta Ducados, Condados y Marquesados otorgados graciosamente por Franco –algunos han decaído aunque podrían ser rehabilitados en cualquier momento–, unos treinta recayeron en algunos de sus compañeros de rebelión. La nobleza franquista tiene apellidos tan innobles como los de los generales golpistas Saliquet, Varela, Dávila o Vigón.

En otros casos, los nombres de los títulos aportan una importante carga simbólica como el Condado del Alcázar de Toledo, concedido en honor del general Moscardó, o el del Castillo de la Mota en agradecimiento a Pilar Primo de Rivera, presidenta de la Sección Femenina, por haber estimulado, según se explicó en el decreto de otorgamiento, “las tradicionales virtudes de la mujer española”.

Muchos de estos títulos quedaron vacantes por la muerte de sus titulares durante el actual periodo democrático. Sin embargo, desde el primer ejecutivo de Adolfo Suárez al último de Mariano Rajoy, pasando por los de Felipe González, José Luis Rodríguez Zapatero y José María Aznar, todos los gobiernos autorizaron a los descendientes de los golpistas a heredar el ducado, marquesado o condado otorgado en su día por el ‘Generalísimo’.

Francisco Franco saluda al ministro de Marina, Adolfo Baturone, durante una recepción en el salón del Trono del palacio de Oriente, en octubre de 1971. Detrás, el ministro del Ejército, Juan Castañón de Mena.EFE

Ignorando a las víctimas y sin reformar la ley

Dos de los ministros de Justicia de Felipe González, Tomás de la Quadra-Salcedo y Enrique Múgica, no dudaron en estampar su firma para garantizar a los Primo de Rivera su “derecho” a ostentar el Condado del Castillo de la Mota y para que un nieto del General Vigón pudiera mantener el Marquesado concedido a su abuelo en 1955 por su contribución “al triunfo de las Armas Nacionales (…) durante la Cruzada”.

Más recientemente, el también socialista Mariano Fernández Bermejo bendijo la sucesión en dos marquesados, los de Mola y Somosierra, creados por el dictador en memoria del general Mola y de su mano derecha en la sublevación militar, el también general Francisco García Escámez.

Tras el cese de Fernández Bermejo, su sucesor en la cartera de Justicia, Francisco Caamaño, fue el único que decidió archivar en un cajón las peticiones de sucesión que le fueron llegando. Cuando el PP ganó las elecciones en 2011 y Alberto Ruiz Gallardón fue nombrado ministro del ramo, las solicitudes volvieron a ponerse sobre la mesa para ser tramitadas con la mayor rapidez y diligencia. Hasta seis sucesiones de títulos nobiliarios franquistas fueron expedidos por Gallardón. Entre ellos algunos tan simbólicos como los marquesados de Queipo de Llano, Varela o Dávila.

Izquierda Unida y la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) llevan años alzando la voz contra la pervivencia de estas altas distinciones que consideran contrarias al más mínimo espíritu democrático. Emilio Silva, presidente de la ARMH, cree que “el hecho de que todos los gobiernos de la democracia hayan aceptado renovar estos títulos concedidos a golpistas, criminales de guerra y violadores de los derechos humanos, es un síntoma de cómo la transición a la democracia fue una puerta giratoria por la que la élite franquista siguió siendo élite de la democracia”.

Por su parte, los juristas consideran que el momento para haber acabado con la “Nobleza de Franco” fue la Ley de Memoria Histórica: “Legalmente puede haber duda de que constitucionalmente se pueda hacer, ya que se trata de tomar una medida con efectos retroactivos”, afirma el experto en derecho nobiliario Álvaro López Becerra. “En cualquier caso al no hacer referencia alguna en la Ley de Memoria Histórica, las sucesiones seguirán adelante, como se viene haciendo desde hace siglos con el resto de títulos nobiliarios”.

Siglos de Nobleza, con un breve paréntesis republicano

Un mes y medio. Ese es el tiempo que tardó la II República en acabar con el privilegio que supuso, durante siglos, ostentar un título nobiliario en España. El presidente Niceto Alcalá Zamora firmó el 1 de junio de 1931, seis semanas después del fin de la Monarquía, un decreto en el que se anunciaba que, desde ese día, no se concedería “ningún título ni distinción nobiliaria” ya que, según se argumentaba, representaban  una “reminiscencia de pasadas diferenciaciones de clases sociales”.

La medida no incluía la retirada de los títulos existentes hasta ese momento, pero sí los vaciaba de todo contenido: “no conllevarán anejo ningún derecho, opción a cargo ni privilegio de cualquier clase que sea (…)”. En diciembre, la Constitución solemnizó el cambio en su artículo 25: “El Estado no reconoce distinciones y títulos nobiliarios”.

Cinco años después, el Golpe de Estado liderado por Franco revirtió la situación. Ya durante la guerra, los sublevados recuperaron en los documentos oficiales el tratamiento de marqués, conde o duque para los miembros de la antigua Nobleza. Aún así, no fue hasta mayo de 1948 cuando el ya dictador promulgó una ley que restablecía la legalidad vigente anterior a 1931 en materia de “Grandezas y Títulos del Reino”.

El tirano se autoadjudicó “la gracia y las prerrogativas” de dar y quitar unos títulos nobiliarios que, según se decía en la Ley, “se han respetado y conservado secularmente, pues el pueblo español, amante siempre de sus tradiciones, en ningún momento dejó de reconocer e identificar a sus titulares con las dignidades que ostentaban”. Para el nuevo régimen el objetivo era doble: “mantener vivo el perenne recuerdo de las grandes glorias de la nación, a la par que expresar su gratitud a aquellas personas que le han prestado servicios relevantes”. Servicios que, por si alguien tenía alguna duda, provenían, según el texto legal, de las “acciones heroicas” de “nuestra Cruzada”.

Franco utilizó por primera vez su prerrogativa en 1948 y lo hizo con un decreto cargado de simbolismo. Lo firmó el 18 de julio y eligió a cuatro nuevos nobles muy conocidos: el líder del partido fascista español, José Antonio Primo de Rivera; el líder conservador asesinado por republicanos en 1936, José Calvo Sotelo; el general que dirigió el Golpe de Estado, Emilio Mola; y el “héroe” de El Alcázar, José Moscardó.

A partir de ahí empezó un goteo que benefició a militares, políticos y empresarios y en el que apenas se colaron nombres honorables. El Ducado de Carrero Blanco en memoria del penúltimo presidente del Gobierno de la dictadura y el de Ramiro de Maeztu fueron los últimos títulos otorgados por Franco, poco antes de morir y de ser enterrado como el gran emperador que siempre quiso ser.

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Fotografía destacada: Decreto de 18 de julio de 1948 en el que Franco concedió sus primeros títulos nobiliarios a José Antonio Primo de Rivera, José Calvo Sotelo y los generales Mola y Moscardó.

Fuente:http://www.eldiario.es/sociedad/titulos_nobiliarios-Franco_0_726177544.html

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Las víctimas del franquismo lucharán para que se elimine el Ducado de Franco tras la muerte de la hija del dictador

En Alemania o Italia sería impensable que existiera un ducado de Hitler o un marquesado de Mussolini, según los expertos.

El privilegio lo concedió el rey Juan Carlos a la recién fallecida hija de Franco en 1975 y lo heredará su primogénita, Carmen Martínez Bordiú.

Aunque los juristas ven complicado poder eliminar el Ducado, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica acudirá a la Fiscalía para impedir la sucesión.

eldiario.es / Carlos Hernández / 30-12-2017

“Deseando dar una muestra de mi Real aprecio a doña Carmen Franco Polo (…) y en atención a las excepcionales circunstancias y merecimientos que en ella concurren…”. Estas fueron las palabras con las que el Rey Juan Carlos I justificó, en un decreto del 26 de noviembre de 1975, la concesión a la hija del dictador recién fallecido de “la Merced Nobiliaria de Duquesa de Franco, con Grandeza de España, para sí, sus hijos y descendientes…”. 42 años después, la muerte de la titular del Ducado abre el debate sobre la conveniencia o no de mantener un título nobiliario que nació con el único objetivo de honrar a los descendientes del hombre que tiranizó España durante 40 años.

“En Alemania sería impensable que existiera un Ducado de Hitler o en Italia un Marquesado de Mussolini —señala el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, Emilio Silva—. Sin embargo aquí llevamos cuatro décadas de democracia con un título que simbólicamente ensalza al dictador”. De hecho, tal y como explica a eldiario.es Marcial Martelo de la Maza, abogado especializado en Derecho Nobiliario, “a día de hoy los ducados y el resto de títulos solo tienen un valor simbólico; representan un valor honorífico. No conllevan ningún privilegio fiscal ni de ningún otro tipo. De hecho, más bien es al contrario porque para ejercer el derecho de sucesión se debe pagar un impuesto”. Impuesto que, excepcionalmente, no tendrá que pagar el sucesor o sucesora de Carmen Franco porque D. Juan Carlos estableció una exención fiscal para la primera vez que se heredara el título.

Decreto de 26 de noviembre de 1975 en el que se concede a Carmen Franco el título de Duquesa

“El procedimiento para solicitar la sucesión es sencillo —señala Martelo de la Maza—. Tras el fallecimiento se abre un periodo de un año para presentar las solicitudes. La Ley es muy clara: hereda la línea descendiente y sin prevalencia del hombre sobre la mujer”. Todo apunta, por tanto, a que la nueva Duquesa de Franco será la nieta mayor del dictador, Carmen Martínez Bordiú, salvo que eludiera voluntariamente solicitar ese privilegio para permitir así que el título recayera en su hermano Francisco.

La ARMH acudirá a la Fiscalía para impedir la sucesión

Sea como fuere las asociaciones que agrupan a familiares y víctimas del franquismo no están dispuestas a que la sucesión se consume. La ARMH prepara ya una denuncia ante la Fiscalía General del Estado. Emilio Silva, explica a eldiario.es los motivos: “Mantener este reconocimiento a un criminal de guerra que violó sistemáticamente los derechos humanos no solo puede atentar contra la Ley de Memoria Histórica, sino que va en contra de los principios fundamentales de la democracia recogidos en la Constitución y supone una falta de respeto para las víctimas de la dictadura”.

Los expertos, sin embargo, creen que jurídicamente es prácticamente imposible detener el proceso de sucesión.  Martelo de la Maza recuerda que “todas las sucesiones son una prerrogativa regia. La sucesión es automática, de padres a hijos. La cuestión es si, en este caso, hay colisión con la Ley de Memoria Histórica. Pero lo lógico es que la sucesión se consume”. Más categórico es el también experto en derecho nobiliario y procesal Álvaro López Becerra: “La Ley de Memoria Histórica no dice absolutamente nada al respecto. Podían haber incluido en ella alguna referencia a los títulos nobiliarios concedidos a personalidades vinculadas con la dictadura, pero no lo hicieron. Si no se cambia la ley, no se puede hacer nada”.  Ambos letrados coinciden también en que el actual Rey, Felipe VI, tiene poco margen de maniobra en este asunto: “Se podría excluir la sucesión si el Rey declarara indigno al sucesor —afirma Martelo de la Maza—. Sin embargo aquí no está claro que fuera aplicable la «indignidad» porque lo que está en cuestión no es la valoración personal del sucesor sino lo que el título pueda tener en sí mismo de desprecio hacia las víctimas del régimen”.

La ARMH, aún así, cree que debería ser una tarea de todos, incluido el Rey, el impedir que se perpetúe el Ducado de Franco: “Todas las instituciones del Estado deberían preservar los valores democráticos e impedir los reconocimientos que la dictadura franquista se otorgó para darse autobombo. Si la Casa Real participó en la concesión de ese título debería intervenir para que años después no se renueve y no suponga una forma de humillar a las víctimas de la dictadura, dando honores a quien encabezó un golpe de Estado, fue aliado de Hitler y cometió incontables violaciones de Derechos Humanos”.

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Fotografía destacada: El rey Juan Carlos junto al dictador y su mujer

Fuente:http://www.eldiario.es/politica/victimas-franquismo-lucharan-Ducado-Franco_0_724077931.html

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La desmemoriada ley de la memoria

El 28 de diciembre de 2007 entró en vigor la Ley de la Memoria Histórica. Han pasado diez años y la mayoría de las consecuencias de la represión franquista siguen sin resolver.

eldiario.es / Emilio Silva / 27-12-2017

A principios de diciembre de 2004, Isabel González entró en las dependencias del Palacio de la Moncloa para acudir a una reunión con los representantes de la Comisión Interministerial que iba a elaborar la ley de la memoria histórica. Isabel llegaba desde la localidad leonesa de Palacios del Sil y buscaba a un hermano desaparecido. Casi sesenta años antes había acudido a la Sociedad de Naciones para denunciar allí las desapariciones de la represión franquista, porque ella buscaba a su hermano Eduardo y a uno de sus cuñados.

Isabel acudía a aquella reunión como parte de la representación de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), el colectivo que en el año 2000 había llevado a cabo la primera exhumación científica de desaparecidos de la dictadura fascista del general Franco y había abierto ante la ONU el caso de las personas desaparecidas en España.

Después de contar su historia, un asesor del Ministerio de la Presidencia le pidió a la representación de la ARMH que dejara de realizar exhumaciones hasta que la ley estuviera aprobada. Y la persona que escribe estas líneas le contestó. “Dígale eso a Isabel, que debería haber estado sentada en esta silla por las mismas razones en 1976 y ahora que tiene más de 80 años viene aquí a que la ayuden y le piden que siga esperando”.

Si Isabel González hubiera esperado, que no lo hizo, lo habría hecho en vano, porque la ley de la memoria se aprobó un año y medio después de que ella muriera y en su articulado hablaba del que las instituciones tenían que facilitar la búsqueda de desaparecidos, algo contrario a los derechos humanos porque en una democracia no deben facilitarse, si no deben garantizarse.

La Ley de la Memoria entró en vigor el 28 de diciembre de 2007, un día después de haber aparecido publicada en el BOE. En su preámbulo hacía una declaración de la debilidad política que iba a tener porque repetía que la memoria de las víctimas de la dictadura era “personal y familiar”, que es algo así como dudar de que sea un asunto público y por lo tanto político. ¿Alguien desde el Estado le diría a una víctima del terrorismo que su memoria es personal y familiar?

La mejor explicación de su espíritu y de su falta de efectividad política está en el Artículo 4. Declaración de reparación y reconocimiento personal. Se trata de un certificado que recibe de formar privada en su buzón una víctima de la dictadura. Es un certificado en el que se le dice algo que ya sabe: usted fue preso político, es hijo de un desaparecido, se le condenó al exilio… El certificado no lo entrega un representante del gobierno en un acto público, en el que al menos de manera simbólica se reconocería una deuda del Estado con las víctimas. Entonces, ¿dónde está la reparación? En ninguna parte, se trata sólo de una pirueta semántica, un artificio del lenguaje. ¿Se imagina alguien que el único reconocimiento público que recibiera una víctima del terrorismo fuera una carta que le cuente lo que le ha ocurrido?

La Ley de la Memoria nació como lo hizo para no solucionar los problemas que quedaban pendientes. Prácticamente ninguno de esos problemas ha sido resuelto diez años después, porque María Teresa Fernández de la Vega la diseñó para que no resolviera nada. Esa es la razón por la cual, el primer Gobierno en incumplirla fue el mismo que la aprobó, que sólo al final de la legislatura encargó un informe de expertos sobre el Valle de los Caídos, que recomendaba sacar a Franco del Valle de los Caídos y que fue hecho público unas pocas semanas antes de la victoria del Partido Popular, o sea, estaba diseñado para dejárselo al PP para luego echarle en cara no haberlo llevado a cabo. ¿Pero por qué el PSOE que estuvo en el Gobierno casi cuatro años con la ley aprobada no lo hizo?

Eso nos lleva a pensar que igual lo que hacía y hace falta para resolver los derechos de las víctimas de la dictadura franquista es voluntad política y no una ley. Lo que hacía y hace falta es que el poder judicial español investigue, juzgue y determine cuál es la reparación a la que tienen derecho. La Ley de la Memoria fue la apropiación política de una realidad que debería resolverse en el ámbito judicial.

A esa debilidad de voluntad política podemos añadirle muchas medidas y cuestiones que ni siquiera fueron tratadas en ella. La Iglesia Católica, que fue una herramienta para el ejercicio de la represión y la legitimación del fascismo ni se menciona. Los homosexuales y las lesbianas, que también sufrieron la dura represión, no son mencionados en el texto. Las propiedades confiscadas por pistoleros de falange, caciques locales y pantomimas de juicios tampoco se mencionan en un país en el que algunos partidos políticos y sindicatos que existían en 1936 fueron reparados y las personas no. El texto de la ley tampoco incluye la palabra mujer, cuando muchas de ellas fueron rapadas y humilladas públicamente, violadas y convertidas en la dictadura en casi animales domésticos por su falta de derechos y posibilidades de llevar a cabo un proyecto de vida propio.

El primer debate parlamentario acerca de la ley se produjo el 14 de diciembre de 2006. Unos días antes, el 23 de noviembre, la jerarquía de la iglesia católica entró en el debate a través de un documento titulado “Orientaciones morales ante la situación actual de España”. En uno de sus puntos “La reconciliación, amenazada” se decía que: “Una sociedad que parecía haber encontrado el camino de su reconciliación y distensión, vuelve a hallarse dividida y enfrentada” por “una utilización de la “memoria histórica”, guiada por una mentalidad selectiva”. Unas semanas después de defender que había que dejar de actuar en el pasado, la Conferencia Episcopal española anunciaba la beatificación de más de cuatrocientos mártires de la guerra civil, volviendo a utilizar su pasado de víctima para seguir escondiendo su enorme papel desempeñado en la represión.

Con esas limitaciones marcadas por la falta de voluntad política llegó la Ley de la Memoria al Boletín Oficial del Estado. En sus diez años de vida ha dado la nacionalidad a descendientes del exilio, ha servido en algunos casos de palanca para retirar del callejero honores a los franquistas y ha dado la nacionalidad española a unos pocos brigadistas internacionales. Pero lo que no ha impedido es que en esta década hayan muerto miles de descendientes de las personas, que la represión fascista hizo desaparecer, sin haber recibido ninguna atención por parte de un Estado que ha seguido renovando los títulos nobiliarios concedidos por el dictador Francisco Franco a criminales de guerra y escondiendo en los libros de texto los contenidos de la dura represión.

La causa de la falta de políticas de memoria y de investigaciones penales de las violaciones de Derechos Humanos de la dictadura tiene que ver con la estructura social: España ha sido gobernada desde la muerte del dictador por una estructura de poder y unas élites formadas en las universidades en los años cincuenta, sesenta y principio de los setenta, cuando salvo excepciones sólo llegaban a ellas los hijos del régimen.

Frente a tantos esfuerzos por sostener y restaurar la impunidad, una sociedad civil que no ha cejado en su empeño de investigar, exhumar, identificar, enunciar y denunciar. En un año como este sirve el ejemplo de Ascensión Mendieta. Cumplió 88 años en un avión en el que viajaba a Argentina para que la justicia de aquel país le garantizase los derechos que se le negaban en España. Finalmente, este año la justicia que fue a buscar a miles de kilómetros ha permitido que la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica exhumara en Guadalajara los restos de Timoteo Mendieta, los identificara científicamente y se los entregara para darles una digna sepultura.

En un país con una ley de memoria en vigor el viaje de Ascensión Mendieta nos ha mostrado una radiografía de la cultura democrática española, marcada por la falta de voluntad política para tratar la dictadura como un enorme crimen. Algo que han hecho: la ONU, el Consejo de Europa y numerosos organismos internacionales. Los gobiernos de España viven una autarquía en materia de Derechos Humanos. Las élites le llaman consenso, le llaman sentido de Estado, pero es impunidad. Quizá la mayor debilidad de nuestra democracia y la causa y el refugio de lo peor de nuestra realidad política.

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Fotografía destacada: Maestras de la II República / PSOE Cáceres

Fuente:http://www.eldiario.es/tribunaabierta/desmemoriada-ley-memoria_6_722737734.html

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80 años de la masacre franquista de Navidad

196 hombres y mujeres fueron fusilados por las tropas franquistas en una operación que comenzó el día de Navidad de 1937.

Para desencadenar la matanza el gobernador militar utilizó como excusa un falso complot republicano.

“A mi abuelo Matías y a muchos otros les apresaron en plena cena de Nochebuena. Así era la cruel pasta de los asesinos”, declara a eldiario el nieto de una de las víctimas.

eldiario.es / Carlos Hernández / 24-12-2017

Fue el día de Navidad más sangriento de la historia de Cáceres. El 25 de diciembre de 1937 un piquete compuesto por 60 guardias civiles fusiló a 34 hombres en el campo de tiro adyacente al cuartel del regimiento de Infantería Argel 27. Entre las víctimas se encontraban maestros, sindicalistas, militantes de partidos democráticos y hasta cargos públicos como el alcalde de la ciudad, el socialista Antonio Canales, y el presidente de la Diputación, Ramón González Cid, de Izquierda Republicana. La ejecución masiva conmocionó a la ya de por sí atemorizada población extremeña. Sin embargo, la orgía de sangre no había hecho más que empezar. En los días siguientes se multiplicaron los fusilamientos en la capital cacereña hasta completar la escalofriante cifra de 196 ejecutados.

El cerebro de esta operación represiva fue el gobernador militar Ricardo de Rada, un general africanista que se sumó desde el primer minuto al golpe de Estado contra la República liderado por Mola y por Franco. Prácticamente toda la provincia de Cáceres estaba bajo control de los golpistas desde el 22 de julio de 1936, pero según ha documentado el historiador José Hinojosa, los mandos militares franquistas siempre se sintieron amenazados por las unidades guerrilleras republicanas que se infiltraban en su retaguardia desde la vecina Badajoz: “Hubo una intensa actividad guerrillera dirigida por el comandante de milicias y exlíder comunista cacereño Máximo Calvo Cano que llegó a instalarse clandestinamente en la ciudad. De Rada, que había sido destinado a Cáceres en julio de 1937, en contacto con sus superiores y especialmente con el general Saliquet, denunció en diciembre la existencia de un complot republicano para recuperar el control de la provincia. Como represalia por esa supuesta amenaza empezó todo. Los estudios históricos han demostrado que ese complot nunca existió”.

Los propios franquistas también reconocieron, años más tarde, que se trató de un burdo montaje. El dirigente de la Falange cacereña José Montes fue uno de los que lo dijo con total claridad: “No hubo complot, entre otras cosas porque no había nada organizado, siendo una cosa inventada por los militares de mayor graduación, caso del gobernador militar Rada, para demostrar su autoridad”. La invención se llevó por delante a 182 hombres y 14 mujeres. Sus nombres aparecen en un macabro documento en el que los verdugos hicieron el recuento final de su operación. Por si alguien tenía dudas, en el encabezado del mismo puede leerse: “relación nominal de personas fusiladas con motivo del abortado complot del 23 de diciembre en Cáceres dirigido por el cabecilla rojo Máximo Calvo”.

196 vidas truncadas

“A mi abuelo Matías y a muchos otros los detuvieron durante la cena de Nochebuena. Sabían que estarían en sus casas con sus familias. Así era la cruel y endurecida pasta de los que ordenaron sus asesinatos”. Matías Escalera comparte nombre y apellido con su abuelo, uno de los primeros en ser fusilados: “Mi abuela envió a mi padre, que aunque era el mayor de cuatro hermanos solo tenía doce años ¡doce años!, a seguir de lejos al grupo que le llevaba detenido. Quería saber a dónde le trasladaban. Y mi padre les siguió hasta el mismo cuartel, en donde estuvo esperando, a la intemperie, hasta que le echaron de allí los centinelas. Mi abuela Lucía fue también una víctima más desde aquel día. Representa a miles de mujeres que se vistieron de negro siendo jóvenes y murieron de negro, ancianas, guardando una silenciosa memoria de sus maridos asesinados, con una dignidad imbatible…”

Memorial erigido en el cementerio de Cáceres en recuerdo de las víctimas del franquismo

“Buena parte de los que fueron fusilados el día de Navidad junto a Matías —señala José Hinojosa—, como el alcalde de Cáceres, el presidente de la Diputación o un grupo de trabajadores ferroviarios de la UGT, llevaban meses en prisión y habían sido condenados a muerte en consejo de guerra. A partir de ahí, y hasta el 21 de enero, no pararon de fusilar. Entre las víctimas destacan algunos colectivos como los 40 militares del ejército franquista que fueron acusados de tener ideología republicana, los 16 mineros ejecutados la noche de Reyes o los 47 vecinos de Cáceres vinculados a organizaciones republicanas”.

En Navas del Madroño, un pueblo de apenas 3.000 habitantes, fueron asesinadas 54 personas en un solo día. En Malpartida de Cáceres fusilaron a una decena, entre ellos al popular tabernero Juan Doncel que pudo despedirse de su familia en una emotiva carta: “Escribo a mi esposa e hijos para despedirme de ellos. No podréis dudar de la conducta de vuestro padre que siempre ha sido bueno, honrado y trabajador. Os lo juro por la ceniza de mi padre. Querida esposa, a ti te toca con la ayuda de nuestros hijos defender el pan del día. De lo que disponemos tú dispondrás. ¿Qué más os voy a poner? tengo en la imaginación tanto que no puedo poner más. Un adiós para todos, para ti Josefa y María, Víctor, Dionisia, Rafael, Luisa, mi Alfonso y mi Antoñita, qué pequeñitos y sin padre. Recuerdos a mi hermana y a todos en general. Se despide tu esposo para siempre. Adiós a todos”. Pero Josefa no pudo “defender el pan del día”. Poco después de recibir la carta fue también detenida y, finalmente, fusilada el 2 de enero junto a otras 26 personas. Sus hijos fueron internados en orfanatos franquistas.

El documento en el que el ejército hizo balance de su acción terminaba con una “suma total”: 34+12+1+6+11+27+9+16+16+54+7+3=196. En el frío listado aparecen apellidos repetidos que indican la ejecución de padres e hijos o de hermanos. Entre los fusilados el 4 de enero pueden leerse los nombres de Ángeles, Antonio y Asunción Brú Casanova, cuyo hermana Rafaela ya había “desaparecido” a manos de los franquistas en agosto de 1936. “Esta gran masacre empezó en una fecha muy simbólica, la Navidad, y la Iglesia no hizo absolutamente nada para evitarlo —recuerda José Hinojosa—. Y eso que entre las víctimas había personas como el propio alcalde de Cáceres que habían tenido buenas relaciones con el estamento eclesiástico durante su mandato. La Iglesia se limitó a intentar que los reos aceptaran la extremaunción antes de ser fusilados”.

Documento en el que el ejército franquista hizo recuento de los 196 hombres y mujeres que fusilaron con la excusa del falso complot republicano.

Tras más de 40 años de olvido, en 1979 fueron exhumados los primeros cuerpos de las víctimas. Historiadores como Manuel Veiga, Julián Chaves y José Hinojosa han ido sacando a la luz los documentos oficiales y los testimonios que revelan la magnitud y la crueldad de la matanza. Desde 2010, la Asociación Memorial en el Cementerio de Cáceres lucha por recuperar la memoria de las víctimas y ha logrado que el ayuntamiento cacereño erija un monumento que recoge los nombres de 675 hombres y mujeres asesinados por el franquismo, entre ellos las 196 personas que perecieron mientras sus verdugos celebraban la Navidad de su “segundo año triunfal”.

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Fotografía destacada: Matías Escalera, fusilado el 25 de diciembre de 1937, fotografiado junto a su esposa Lucía. CARLOS HERNÁNDEZ DE MIGUEL

Fuente:http://www.eldiario.es/sociedad/anos-masacre-franquista-Navidad_0_721977932.html

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La fosa de “Les Candases”, en la capilla del Barjola

Carlos Suárez invita a la reflexión con la recreación de las exhumaciones de un grupo de mujeres fusiladas en Bañugues.

lne.es / M. G. Salas / 22-12-2017

Una fosa común en la penumbra y sonidos de picos y palas removiendo la tierra. La capilla del Museo Barjola, en Gijón, ofrece un viaje hasta el cementerio de Bañugues (Gozón), donde el pasado mayo se halló uno de los cuerpos de “Les Candases”, las siete mujeres fusiladas y arrojadas por el Cabo Peñas el 2 de junio de 1938.

El artista plástico avilesino Carlos Suárez fue testigo de esa exhumación: “Experimenté una sensación muy especial, que me impactó; la historia fluyó de la tierra”. Y es ese sentimiento el que protagoniza la obra “Cita con la historia”, que expone el ganador de la primera edición del premio “Museo Barjola” hasta el 25 de febrero en Gijón.

La muestra consta de tres piezas: la física, con la reconstrucción de la fosa común; la sonora, con sonidos de las excavaciones, y la documental, con dos fotografías del momento de las exhumaciones. Suárez explica que el objetivo “es generar, a través de las emociones y el silencio, una reflexión de cómo una historia primero se oculta y luego se recupera”. Se refiere a “Les Candases”, tres de ellas enterradas en el cementerio de Bañugues tras devolver el mar sus cadáveres a la orilla. El forense Francisco Etxeberria encontró los restos de Rosaura Muñiz González, de 58 años, casada y con seis hijos en el momento de morir. Carlos Suárez siguió durante tres días las labores de búsqueda, en las que le llamó la atención, sobre todo, el silencio.

El avilesino entiende las propuestas artísticas como “un proceso de investigación” y cree que es “necesario tocar desde el punto de vista artístico la memoria histórica”. No es una línea nueva dentro de su trayectoria profesional, Suárez lleva cinco años estudiando el pasado. Empezó con una tesis doctoral sobre “Desplazamiento, memoria e identidad” y continuó con la exposición sobre “El vaciado de la huelga belga” en el Museo de Bellas Artes de Asturias. “Cita con la historia” es una evolución más dentro de esta temática. El catálogo de la obra, que realizará Marco Recuero, aspira a convertirse en “un libro” más que en un folleto sobre la exposición. “Es una pieza más, porque contextualiza la muestra e incorpora toda la información recabada”, destaca Suárez, que ,además de su faceta artística, desarrolló una labor documental gracias a la colaboración de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) de Asturias.

A Carlos Suárez le gusta “trabajar con otra gente para enriquecer la obra”. Y así lo hizo también con la ambientación sonora, realizada por Juanjo Palacios. “Quise dejar a un lado el testimonio oral y centrarme en el paisaje sonoro, de tal forma que fomente la imaginación del visitante”, cuenta.

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Fotografía destacada: El avilesino Carlos Suárez, ayer, delante de la fosa del museo. M. LEÓN

Fuente:http://www.lne.es/sociedad/2017/12/22/fosa-les-candases-capilla-barjola/2212727.html

 

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El grafitero que pinta la memoria histórica ahí donde está

El ilustrador Alto pinta en muros calaveras y huesos para recordar las fosas comunes que aún permanecen esparcidas por nuestro país.

yorokobu.es / Alberto G. Palomo / 19-12-2017

A veces la memoria peca de caprichosa. Selecciona recuerdos que no querríamos retener y elimina aquellos que en su día soñamos con registrar para la eternidad. En España, hablar de ella no suele asociarse a un aspecto neurológico o a prácticas en psicoanálisis, sino a un periodo histórico reciente, aún palpable. Nos lleva a un país dividido y a la usual excusa de no desempolvar el pasado. Es casi sinónimo de revancha, olvido o derrota.

Bajo las cunetas aún quedan miles de cuerpos sin identificar, de lápidas sin nombre. Ahora, ese infausto honor patrio ha saltado a algunos muros de las ciudades. El artista urbano conocido como Alto pinta calaveras y huesos con un número de cuatro dígitos para recordar esta herida abierta.

Alto, seudónimo de alguien a quien su círculo conoce como Toño, provenía de la ilustración, del cómic y la animación. Tras un viaje a Grecia en 2004 descubrió en Atenas un mural de Zap 51, un artista griego con múltiples obras en la capital helena. «Me impresionó ver los típicos dibujos infantiles en paredes enormes», recuerda por teléfono. Algo le pinchó: descrubrió que quería pintar en las calles.

 

Poco después, Alto se introdujo en el colectivo Keller, un grupo de arte urbano donde aprendió las técnicas del espray con «chavales muy jóvenes». El lugar para las reuniones era el antiguo edificio de la Tabacalera de Madrid, reconvertido en Centro Social Autogestionado. «Tenían ilusión por pintar y no había presión. Me sentía muy a gusto, muy cómodo, y me acogieron en seguida», comenta.

La gran oportunidad le llegó en un acto municipal que habilitaba unas paredes para pintarlas. Salió elegido. «Me pareció que esta era una gran ocasión para dar voz con mi pintura a las víctimas del franquismo y tratar el tema de la memoria histórica en un proyecto financiado e impulsado por un ministerio del estado español», rememora. Lo comentó en su círculo y «apareció Manuela».

Manuela es, en realidad, Manuela Bergerot, una argentina experta en políticas de memoria histórica que reside en España. La conjunción de sus trabajos se plasmó en este primer trazado: varias personas sin cabeza al lado de unos cráneos. Así la explica: «Pillé una foto real, de una familia de la guerra, y quería que se vieran dos cosas: la cantidad de gente enterrada sin que los reconozcamos y la reflexión de cómo hemos perdido la cabeza porque no queremos revisar el pasado».

«Fue el punto de partida. Luego quise continuar, documentarme bien y ponerle número a cada fosa. Pretendía ser más riguroso con los datos, pero me di cuenta que lo importante era visibilizarlo», añade. «Me había interesado desde hacía tiempo, aunque no tengo ningún familiar en esa situación. En cualquier caso, me siento identificado con los que atraviesan un problema así y, además, es nuestra historia», apostilla quien cree que «estamos muy verdes» en cuanto a saber qué pasó.

 

Su amiga Manuela, cómplice de sus creaciones, estaba involucrada en la querella que algunas organizaciones de víctimas y familiares llevaron a los tribunales de Buenos Aires para investigar el «genocidio» español y los «crímenes de lesa humanidad» durante la Guerra Civil y el franquismo. «Había un déficit enorme en hacer llegar el mensaje y este pedazo de historia a los jóvenes. Necesitábamos un nuevo lenguaje y una nueva estética».

A lo que se refiere con mensaje es esa demanda ciudadana de enfrentarse a nuestros fantasmas y detallar lo que pasó entre 1936 y 1939, nuestra contienda fratricida, y el posterior régimen, que duró hasta 1975. Más de 40 años después del desenlace, aún hay quien no sabe dónde están enterrados sus familiares. En 2007, la Ley de Memoria Histórica, por la que «se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura» significó un avance, pero la falta de fondos e interés del Gobierno la han dejado en suspense.

Tal y como detallan en la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, todavía quedan repartidas por el territorio nacional 2.200 fosas comunes. Y se parte de la cifra de 114.226 personas asesinadas para la búsqueda de cuerpos. «El problema», precisan, «es que nunca vamos a saber cuántas hay.

El registro no es fiable y solo yendo pueblo por pueblo se consigue información». Suelen decir que de una fosa sale otra, como les pasó en Bañuelos, un pueblo de León en el que el rastro de un cuerpo les hizo desenterrar dos sepulcros con tres y once personas más. «Todo tipo de proyecto cultural —grafitis, obras teatrales, novelas…— es poco, porque partimos de la base de que en las escuelas no se habla del tema», esgrimen desde la agrupación cuando se les habla de Alto.

 

Recoge el testigo Manuela Bergerot. «No hay apenas datos, es alucinante. ¿Cómo puede ser que no se haya llevado a cabo una investigación de lo que pasó hace dos días?», se pregunta ella, que culpa al gobierno actual de esquilmar presupuestos para la investigación y de paralizar las exhumaciones, tanto a nivel local como nacional.

Por eso, para Bergerot la primera pintada del Matadero fue «incluso un acto de justicia poética». «La hicimos con dinero del Ministerio de Cultura», anota. Esa institución, precisamente, que entorpece el cumplimiento de la Ley y que convierte la lucha en un asunto personal, siendo cada afectado quien se sufraga los costes del proceso. «Se escudan en la escasez económica para no levantar los hoyos y para hacer no hacer análisis de datos genéticos», señala la activista.

 

¿Y el futuro? Para Alto, coger los botes de nuevo tiene que esperar: su trabajo y una hija de año y medio no le permiten desempolvar el espray. No quiere decir que no vaya a continuar con el proyecto en el que lleva cuatro años embarcado.

Al contrario. Le gustaría representar alguna fosa en los lugares donde se lucha por desenterrar a alguien y homenajear a los torturados y asesinados. Como el caso de Ascensión Mendieta, en Guadalajara, que siguió de cerca: esta mujer de 91 años consiguió hace unos meses exhumar los restos de su padre, fusilado en 1939. «Creo que a la historia hay que hacerle frente y no mirar a otro lado. Y no cuesta tanto reparar a las víctimas. Porque los que aluden a remover el barro sí que saben dónde están sus muertos», zanja. Por esta su obra, algunos también recuerdan a los suyos con estos detalles en las paredes.

 

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Fuente:https://www.yorokobu.es/grafitis-alto-fosas-comunes/

 

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Piden un homenaje a los madrileños deportados a los campos nazis

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica espera que en el acto de conmemoración del Holocausto se lean los nombres de los 500 republicanos deportados nacidos en la comunidad de Madrid.

nuevatribuna.es / 19-12-2017

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) presentó este martes un escrito en el registro de la Asamblea de Madrid, dirigido a la presidenta del parlamento madrileño, Paloma Adrados. En la petición se solicita que en el acto institucional que se celebre en torno al 27 de enero, Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto, se lean los nombres de las 500 personas, nacidas en localidades de la Comunidad de Madrid, que fueron deportadas a los campos de exterminio nazis.

La petición presentada por la ARMH iba a acompañada por el listado de todos los madrileños deportados. El colectivo se ha ofrecido también a localizar a familiares de esos deportados para que puedan participar en el acto institucional.

El texto es el siguiente:

“El próximo 27 de enero se conmemora, como cada año, el Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto. Se trata de una jornada especial para recordar a todas aquellas personas que fueron víctimas de la violencia del nazismo. En torno a esa fecha, la Asamblea de Madrid llevará a cabo un acto para condenar uno de los hechos más terribles de la historia de la humanidad.

Hace unos días pudimos ver a la presidenta de la Comunidad de Madrid visitando la exposición sobre el campo de concentración de Auschwitz, que ha abierto sus puertas en Madrid. En esa ocasión, en la que usted la acompañaba, escuchamos a Cristina Cifuentes hablar del deber de recordar.

A los campos de concentración nazis fueron deportados cerca de 10.000 ciudadanos españoles, exiliados republicanos, tras una gestión de los responsables de la dictadura franquista ante sus aliados nazis. De todos ellos, cerca de 500 fueron ciudadanos madrileños, nacidos en esta Comunidad, deportados y obligados a vivir el horror del exterminio, al que muchos de ellos no sobrevivieron.

Desde la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, con el compromiso de mantener viva la memoria de todas las personas que sufrieron el Holocausto, queremos proponerle a la Asamblea madrileña que en el acto de conmemoración en torno al próximo 27 de enero se lean los nombres de todas y cada una de las personas madrileñas que fueron obligadas a subir en los trenes de la muerte, que murieron allí o que fueron liberadas pero nunca pudieron regresar y morir al lugar en el que habían nacido, porque la dictadura franquista les negó el derecho a regresar y vivir en su país.

Nosotros nos ofrecemos a aportar toda la documentación necesaria y a llevar a la asamblea a algunos familiares de esas personas para que reciban el reconocimiento que merecen por todo lo que sufrieron”.

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Fuente:http://www.nuevatribuna.es/articulo/madrid/piden-homenaje-madrilenos-deportados-campos-nazis/20171219183139146510.html

 

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Las mentiras del exabad sobre el Valle de los Caídos

El antiguo responsable de la abadía aseguró en un informe que el trabajo en el valle fue voluntario y que “cobraban de hecho un salario superior al de los obreros de igual categoría laboral”.

“Ese señor es un mentiroso, pero además es un imbécil”, dice el preso político Nicolás Sánchez Albornoz que tuvo que trabajar en el valle: “¿Voluntario yo?”.

“Lo que más me duele es que 80 años después tengamos que estar rebatiendo estas barbaridades”, explica el periodista Isaías Lafuente autor de Esclavos por la patria.

eldiario.es / Carlos Hernández / 18-12-2017

“Ese señor es un mentiroso, pero además es un imbécil”. A sus 91 años, el historiador y preso político durante el franquismo Nicolás Sánchez Albornoz no puede ni quiere ocultar su indignación tras conocer el contenido del informe elaborado en 2005  por el abad del Valle de los Caídos publicado por la Cadena Ser. “Se atreve a decir que los presos que allí trabajamos éramos voluntarios —ha declarado este lunes a eldiario.es—. ¿Voluntario yo? ¿Cómo voy a ser voluntario si me sacaron de la universidad y me encerraron allí por mis ideas”. En la segunda mitad de los años 40, Sánchez Albornoz fue detenido por la policía franquista y condenado a seis años de cárcel por formar parte de una organización estudiantil. Tras pasar por las prisiones de Alcalá de Henares y Carabanchel, en 1948 dio con sus huesos en uno de los tres destacamentos penales que trabajaban en la construcción del monumento franquista, el encargado de erigir el monasterio.

En agosto de ese mismo año protagonizó con éxito una novelesca fuga en compañía de otro compañero, por lo que solo estuvo seis meses en el valle de Cuelgamuros. No fue demasiado tiempo y, según él mismo reconoce, fue un privilegiado: “Al tener estudios me dieron un trabajo de pluma y papel en la secretaría del destacamento”. Fue, no obstante, un periodo más que suficiente para constatar las pésimas condiciones en que vivían la mayor parte de los prisioneros: “Aún recuerdo las noches de verano en las que las chinches se metían por las narices y los oídos y chupaban por todo el cuerpo cubos de sangre”, recordaba en sus memorias.

Más hastiado que indignado se muestra el periodista Isaías Lafuente, que durante años investigó el trabajo forzado al que fueron sometidos los presos políticos del franquismo y que plasmó en su libro ‘Esclavos por la patria’. Esta obra es citada varias veces por el abad en su informe: “Te confieso que lo que diga el abad me importa muy poco —explica Lafuente a eldiario.es—. Lo que más me duele es que 80 años después tengamos que estar rebatiendo estas barbaridades, discutiendo de estos temas sin que hayamos hecho una comisión de la verdad que estableciera cómo fueron los hechos realmente. Yo con el abad no tengo nada que discutir, pero sí discuto a nuestra España democrática que no haya resuelto todos estos temas relacionados con la dictadura”.

De los “malentendidos” a las medias verdades

El informe que el abad Anselmo Álvarez remitió al Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero en 2005 pretendía, según se decía en sus páginas, acabar con “malentendidos y tergiversaciones (…) que se han vertido sobre la realidad del Valle”. Sin embargo, un análisis detallado de las aseveraciones y los argumentos que en él se aportan, viene a demostrar una burda manipulación de la realidad construida a base de la utilización de fuentes nada fiables, medias verdades y una larga lista de falsedades.

“Ninguno de estos penados trabajó de manera forzada, todos lo hicieron voluntariamente”  

Tal y como apunta Isaías Lafuente “se trata de una media verdad o más bien de una media mentira que se convierte en pura mentira”. El abad habla de voluntariedad porque los prisioneros que trabajaban en el Valle se habían acogido al llamado Sistema de Redención de Penas por el Trabajo ideado por el régimen franquista para explotar laboralmente a los cientos de miles de presos políticos que abarrotaban sus cárceles. Lo que olvida decir el abad es cómo y por qué habían llegado hasta allí todas estas personas.

En primer lugar no se trataba de delincuentes, sino de hombres cuya única falta había sido pertenecer a un partido democrático, militar en un sindicato o, simplemente, oponerse a la dictadura. En segundo lugar, su “voluntariedad” estaba forzada para evitar un mal mayor; realizar trabajos forzados era la forma de reducir la duración de las condenas y, de paso, escapar de unas cárceles insalubres, masificadas y en las que el trato solía ser aún más inhumano.

Salvando todas las distancias, los presos que trabajaron en el Valle de los Caídos eran tan “voluntarios” como los judíos deportados a los campos de concentración nazis que pugnaban por ser incluidos en empresas y grupos de trabajo externos para así escapar de las condiciones que sufrían en el interior de Auschwitz, Buchenwald o Dachau.

“Los trabajadores, libres o penados, cobraban de hecho un salario superior al de los obreros de igual categoría de los pueblos cercanos”

Absolutamente falso. Las diferentes memorias publicadas por el Patronato de Redención de Penas por el Trabajo señalan detalladamente cómo se producían esos pagos. Las empresas que realizaban los trabajos pagaban al Estado, por cada hombre, el salario medio de un obrero libre que tuviera idéntica especialización. Sin embargo, el Estado se quedaba con ese dinero y solo le daba al preso 50 céntimos diarios. En el caso de que estuvieran casados por la Iglesia y tuvieran hijos, se consignaban 2 pesetas diarias para la esposa y 50 céntimos por hijo destinados a su manutención. “Son los propios documentos franquistas los que desmienten al abad —apunta Lafuente—. El grueso del salario se lo quedaba el propio régimen”.

“Se cuidó especialmente la alimentación de los presos. En 1947 se estableció que en el caso de los trabajadores reclusos debía ser al menos de 3.000 calorías por persona y día… Llamaba la atención de los penados la abundancia y variedad de los alimentos”

Falso. Los testimonios de los supervivientes coinciden en señalar la mala y escasa alimentación que recibían. Ello, en parte, era debido a la corrupción que estaba instalada en buena parte de la oficialidad franquista. Testigo de ello fue el propio Nicolás Sánchez Albornoz que trabajaba en la secretaría de uno de los destacamentos del Valle: “Era una corrupción consentida. Los camiones llegaban con garbanzos, aceite, patatas… pero se descargaban solo unos pocos sacos. El resto lo revendían en el estraperlo en Madrid. Mandábamos a la Dirección General de Prisiones un estadillo con los menús que se daban cada día, pero todo era inventado. Me encargaban a mí que los redactara y lo hacía sin hablar con el cocinero ni con el almacén. Lo que ponía no tenía relación alguna con lo que realmente comían los presos.”

Nicolás Sánchez Albornoz.

“La iniciativa de la participación de presos en las obras fue siempre de las empresas constructoras”

Falso. Era el régimen franquista el que planificaba obras públicas en lugares que entrañaban tanta dificultad, ya fuera por su recóndita ubicación o por las características del propio trabajo, sabiendo que solo sería posible realizarlas con mano de obra esclava. “Se hacían los trabajos en mitad de la nada —destaca Lafuente—. No podías mover 1.000 o 1.500 trabajadores para que estuvieran cada día al pie del valle. Solo los trabajadores reclusos podían trabajar a cualquier hora, en cualquier condición… siendo levantados en medio de la noche para recuperar el trabajo que no se pudo culminar por un apagón, por ejemplo. Estas obras o las hacían presos o no las hacía nadie”.

14 muertos, entre obreros libres y penados

Media verdad. Es cierto que de los centenares y centenares de centros de detención franquistas (campos de concentración, cárceles, colonias penitenciarias, batallones de trabajadores, etc.) por los que pasaron más de un millón de españoles, los tres destacamentos penales que construyeron el Valle de los Caídos no estaban entre los más duros. La cifra de 14 muertos en los trabajos es real, pero muy incompleta.

De hecho, la fuente que usa el abad para dar ese dato es el médico prisionero Ángel Lausín que también relató, y esto no lo cuenta el religioso, el elevadísimo número de heridos que se produjeron: “Raro era el día que no había un accidente, porque, claro, se movían piedras muy gordas, se movían vagonetas muy grandes, transportando materiales y tierra”.

El arquitecto franquista del Valle Diego Méndez lo resumió así: “Ellos horadaron el granito, se subieron a andamios inverosímiles, manejaron la dinamita… Han jugado, día a día, con la muerte”. Según cifras del propio régimen, el 8 por ciento de los prisioneros que trabajaron en la construcción de la cripta resultaron heridos durante los trabajos. A ello hay que añadir las secuelas que sufrieron la mayoría de ellos por la inhalación del polvo provocado por las detonaciones que perforaban la montaña. Nicolás Sánchez Albornoz habla de “la muerte aplazada” de decenas de prisioneros trabajadores.

“Los fines esenciales de la fundación del Valle (Decreto Ley agosto 1957…) son la oración por todos los muertos de la guerra del 36… La idea fundacional del Valle aspiraba también a la superación de las causas remotas de la guerra: desigualdad e injusticias sociales”

Falso. El Valle de los Caídos fue concebido, exclusivamente como un monumento a los vencedores. Ya el 3 de junio del 39 el propio Franco habló por primera vez de que “nuestro monumento a la Victoria no será un monumento más”. El decreto de 1 de abril de 1940 en el que ordenó la construcción insistía en la misma idea: «Es necesario que las piedras que se levanten tengan la grandeza de los monumentos antiguos… que las generaciones futuras rindan tributo de admiración a los que les legaron una España mejor». Ese mismo día, Franco inauguró oficialmente las obras ante los embajadores de la Alemania nazi, la Italia fascista y el Portugal de Salazar.

El abad también evita mencionar que la mayoría de los republicanos que fueron sepultados en el Valle, fueron sacados de las fosas comunes en las que yacían y trasladados allí sin el consentimiento de sus familias.

El abad afirma que los testimonios recogidos por Isaías Lafuente y por otros historiadores y periodistas “reconocen que en el Valle encontraban un marco de libertad (dentro de su condición de penados) y de buenas condiciones salariales y laborales…”

El propio Lafuente responde a esta última aseveración del abad: “Es absolutamente falso que se pueda sacar esa conclusión de la lectura de mi libro. Me parece increíble que tengamos que seguir debatiendo de este tema. Tendríamos que conocer no solo el detalle real de todo lo que ocurrió allí. Tendríamos que saber el nombre y los apellidos de todos los que allí trabajaron. El problema —concluye— es que 80 años después, el Valle de los Caídos siga respondiendo al fin para el que fue construido: ser un monumento a mayor gloria de Francisco Franco y de José Antonio Primo de Rivera”.

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Fotografía destacada: Valle de los Caídos EFE

Fuente:www./sociedad/mentiras-exabad-Valle-Caidos_0_719878920.html

Publicado por ARMH
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