Ámbito Jurídico

Contribución de Rafael Escudero Alday, profesor titular de Filosofía del Derecho
(Universidad Carlos III de Madrid)

Bajo la expresión recuperación de la memoria histórica se hace referencia al proceso iniciado en el año 2000 por asociaciones cívicas y movimientos ciudadanos con el objetivo de conseguir la debida reparación las víctimas de la represión acaecida durante el golpe de Estado franquista y la posterior dictadura que asoló España durante casi cuarenta años.
En este proceso de recuperación de la memoria histórica, del relato de la represión política acaecida durante la guerra civil y la dictadura franquista, se distinguen dos grandes reivindicaciones. Bajo la primera se aglutinan las demandas de las víctimas de dicha represión, ignoradas durante los cuarenta años de dictadura y desatendidas en gran medida tras la llegada de la democracia. Se pide que se ponga fin a ese desamparo, que se desarrollen políticas públicas que permitan la recuperación de la memoria personal y familiar de quienes sufrieron graves violaciones de derechos, violencia de motivación política o represión a consecuencia de su ideología.
A ello se suma una segunda reivindicación, que busca ir más allá de la implementación de este programa de reparaciones para poner su foco de atención en la construcción de una sociedad y una ciudadanía más respetuosa con la legalidad, la democracia y los derechos humanos. Se pretende, así pues, recuperar una memoria democrática que, frente al relato político hegemónico que ha actuado como pilar legitimador del sistema constitucional, reivindique el relato de las víctimas del franquismo y ponga en valor lo que supuso para España la Segunda República y la Constitución de 1931.
De lo individual a lo colectivo, de la reparación de las víctimas a la conformación de un marco ideológico-político basado en los valores republicanos que se instale en el imaginario colectivo de la democracia española. Estos son los objetivos del movimiento de recuperación de la memoria histórica.
A partir de este índice se reseñará el reflejo que ha tenido este movimiento en el ámbito jurídico del ordenamiento español. Se compilarán las principales normas jurídicas aprobadas desde la muerte del dictador y los comienzos de la transición a la democracia hasta la actualidad, haciendo referencia tanto al ámbito estatal como al autonómico.
La normativa española sobre la memoria histórica y los derechos de las víctimas del franquismo es heredera directa de las circunstancias bajo las que se produjo la transición a la democracia. El pacto de olvido que presidió este proceso hizo que las reivindicaciones de verdad, justicia y reparación de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos acaecidas durante el pasado dictatorial fueran olvidadas en aras de una supuesta reconciliación necesaria para un futuro mejor y más democrático. Así, durante los años que siguieron a la Constitución de 1978 se aprobaron normas tendentes a reconocer y reparar los daños y perjuicios que la guerra civil y la dictadura causó a determinados colectivos, pero no se abordó una política pública integral de reparación a las víctimas y de reivindicación de los valores democráticos cuya defensa causó su victimización. A partir del año 2004 -en gran medida gracias a la presión del movimiento asociativo memorialista- tales demandas entraron en la agenda parlamentaria y fueron varias las normas aprobadas con tal propósito, aunque no lograran satisfacer los derechos a la verdad, justicia y reparación que el Derecho internacional reconoce a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos.
Esta insuficiencia de la legislación española en materia de memoria histórica y dignificación a las víctimas ha provocado que muchas de ellas hayan iniciado procesos judiciales, ante tribunales tanto españoles como internacionales, con el objeto de conseguir en sede judicial lo que les ha sido negado en sede parlamentaria y administrativa. Se recogen en este capítulo algunos de los procesos más significativos en este ámbito. Muchos de ellos han sido resueltos de forma negativa para las víctimas, pero otros tantos están hoy pendientes de resolución, quedando pues abierta la lucha contra la impunidad del franquismo.

I. LEGISLACIÓN Y NORMATIVA ADMINISTRATIVA

La ordenación de la legislación sobre memoria histórica y derechos de las víctimas del franquismo se articula sobre un criterio cronológico, distinguiendo así entre las distintas fases que caracterizan la evolución de este proceso desde la transición hasta la actualidad. Una primera fase está constituida por la legislación de la transición, es decir, por aquellas normas que configuraron y consolidaron ese pacto de olvido que sujeta el actual sistema constitucional español. Un segundo momento lo forman las normas de los primeros años de la democracia, que pretenden equiparar en derechos a todas las personas que sufrieron daños y perjuicios derivados de la guerra civil, pero que en ningún momento cuestionan la herencia franquista ni reivindican la Segunda República, la Constitución de 1931 o los valores democráticos y de respeto a los derechos humanos que la inspiraron. La tercera fase nace con la irrupción del movimiento de recuperación de la memoria histórica, en el año 2000, y se extiende durante los años en que este movimiento pugnó por incorporar sus demandas en el interior de la agenda política y parlamentaria. Y, finalmente, la cuarta y última fase se inicia con la aprobación de la Ley 52/2007, conocida como la ley de memoria histórica, y las normas reglamentarias que desarrollan sus contenidos. Una Ley que no satisface las demandas de verdad, justicia y reparación, dejando abierta pues la vía a procesos judiciales en los que buscar la satisfacción de los derechos de las víctimas del franquismo.

1. La legislación de la transición: configuración y consolidación jurídica del pacto de olvido

1.1. Continuidad, sucesión y equidistancia
1.2. Amnistía e impunidad

2. La normativa de los primeros años de la democracia: equiparación sin reivindicación

2.1. Indultos, amnistías y rehabilitación
2.2. Pensiones e indemnizaciones
  2.2.1. Militares y excombatientes
  2.2.2. Pensiones derivadas de la guerra civil
  2.2.3. Indemnizaciones por tiempos de prisión
2.3. Devolución de patrimonio incautado a sindicatos y partidos políticos
2.4. Concesión de la nacionalidad española

3. La irrupción del movimiento de recuperación de la memoria histórica: su reflejo en la agenda político-jurídica

3.1. Declaraciones institucionales
3.2. Un incipiente marco institucional
3.3. Indemnizaciones y prestaciones económicas
3.4. Devolución de patrimonio y documentación incautada

4. La Ley de memoria histórica y su desarrollo normativo: ni verdad ni justicia

4.1. Indemnizaciones y reparaciones de carácter económico
4.2. Reparación moral
4.3. Exhumaciones
4.4. Simbología y lugares de memoria
4.5. Registros, archivos y documentación

II. CASOS

La insuficiencia de la legislación española ha llevado a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos cometidas a consecuencia de la represión franquista a acudir a los tribunales en búsqueda de verdad, justicia y reparación. Las demandas son variadas y con diferentes peticiones y argumentaciones, pero todas ellas responden a un patrón común: reclamar el cumplimiento de las obligaciones internacionales que competen al Estado español en esta materia y que hasta la fecha sigue negándose a satisfacer. En ese apartado se compilarán los casos más significativos que se han presentado ante los tribunales por parte de víctimas y asociaciones de recuperación de la memoria histórica. En primer lugar se reseñan algunos de los casos que han llegado ante el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional solicitando de estos órganos la anulación de las sentencias y demás resoluciones dictadas por razones ideológicas por tribunales del franquismo en flagrante violación de los más elementales derechos de defensa. A continuación, se realiza la cronología judicial del conocido como “caso Garzón”, donde se entremezclan las cuestiones relativas a la querella por prevaricación judicial a la que tuvo que enfrentarse el magistrado de la Audiencia Nacional por abrir una investigación sobre los crímenes del franquismo con la negativa del Tribunal Supremo a posibilitar la investigación judicial de tales crímenes en los tribunales españoles. En el siguiente apartado se recogen los ítems más significativos de la causa abierta por las víctimas en la sede judicial argentina, al constatarse que la vía judicial española está cerrada a sus legítimas demandas. Finalmente, se recopilan los casos más relevantes que se han presentado ante el Tribunal europeo de Derechos Humanos, donde las víctimas reclaman allí el cumplimiento por parte de España de sus obligaciones internacionales en esta materia. Una cronología detallada de los procesos abiertos en distintas sedes judiciales puede encontrarse en la página web del diario chileno El Clarín: http://www.elclarin.cl/fpa/espana.html

1. La lucha por la nulidad de las sentencias y condenas franquistas

1.1. La nulidad antes de la Ley de Memoria Histórica
1.2. La opción de la Ley de memoria histórica: ilegitimidad e injusticia, pero no nulidad

2. El derecho a la verdad y la obligación de investigar: el “caso Garzón” y las víctimas del franquismo en el Tribunal Supremo

2.1. Crónica de un proceso judicial con un final anunciado: la negativa a investigar los crímenes del franquismo.
2.2. Normativa internacional aplicable a los crímenes de la dictadura franquista

3. Las víctimas del franquismo y el principio de jurisdicción universal: la causa argentina

3.1. Encontrar justicia en sede diferente a la española
3.2. Instrumentos internacionales alegados en sede judicial argentina

4. La búsqueda de la justicia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos

4.1. Casos más significativos
4.2. Jurisprudencia de referencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos

 

Memoria Histórica | Ámbito Jurídico
Publicado por ARMH

7 pensamientos en “Ámbito Jurídico

  1. Mikel Prat

    Buenos días,

    En mi ciudad hay monumentos que, creo, incumplen la Ley de Memória Histórica. Me gustaría saber qué puedo hacer para denunciar estos casos.

    Muchas gracias.

    Responder
  2. Jesus Navarro

    EL 19 DE OCTUBRE PROXIMOSE CUMPLE EL 80 ANIVERSARIO DE LOS FUSILAMIENTOS DE CARAVACA ENTRE ELLOS EL DE MI TÍO GABRIEL NAVARRO LÓPEZ. SE PODRÍA ORGANIZAR ALGO AL RESPECTO. CRO ESTOS COMPAÑEROS SE MERECEN QUE NOS ACRDEMOS DE ELLOS. DALUDOS

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  3. Manuel Amor

    La Iglesia parroquial de Reinosa, Cantabria, sigue luciendo en su fachada la inscripción de los muertos franquistas, con José Antonio a la cabeza, y símbolos de La Falange.

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  4. Albert Collado Dalmau

    En los últimos años de la 2ª Republica 1934-1935
    También sucedieron hechos que deberían estar reflejados en la memoria histórica, donde están los archivos sobre procedimientos judiciales de estos años

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